Del tácito entendimiento entre fujimoristas y cerronistas solo brotarán iniciativas roedoras.
Por Mario Ghibellini– Diario El Comercio.
La cosa es confusa. Allá en Japón, el Fuji es un monte y, como se sabe, todo monte es un cerrón (es decir, un cerro grande). Fujis y cerrones, entonces, son en el fondo lo mismo.
O, por lo menos, guardan una afinidad esencial. Una furtiva sintonía que explica que en determinadas circunstancias se los confunda. La cosa, en consecuencia, es confusa, pero en el nombre está la cosa.
La idea no es nueva. En sus diálogos, Platón le atribuye al filósofo presocrático Cratilo la tesis – supuestamente errada– de que “el que conoce los nombres conoce también las cosas” y, mal que les pese a los platónicos contemporáneos, a la luz de lo que viene sucediendo en el Congreso, parece que Cratilo tenía razón. La parlamentaria Silvana Robles acaba de renunciar a la bancada cerronista arguyendo que no puede aceptar “la unión contra natura con el fujimorismo”. Pero la verdad es que ese solo ha sido el grito que pone en evidencia que hay por allí dos emperadores circulando como Dios los trajo al mundo, pues el pacto entre Fuerza Popular y Perú Libre lo descubrieron hace tiempo los etólogos que estudian los comportamientos predominantes en el hemiciclo.
– El amor es mudo –
A nadie se le ocurre, por supuesto, que ese pacto haya sido sellado en una reunión secreta entre los líderes de esos dos partidos. Es probable, más bien, que Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón jamás hayan cruzado palabra. Pero eso no importa: si, como Ramiro Prialé sostenía, conversar no es pactar, es legítimo asumir que se puede pactar sin conversar. Todo consiste en identificar intereses comunes y actuar en consecuencia. Esto es, votar a favor de determinadas iniciativas que se intuyen convenientes también para el otro conglomerado político y luego hacerse los sorprendidos con el resultado. Pero saludarlo, eso sí, en nombre del consenso y la democracia.
¿Ejemplos? El más reciente ha sido la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos. Pero ahí están también la elección de un defensor del Pueblo llamado Josué (y que, en honor a su nombre, promete varios años de vacas flacas), el debilitamiento de la autonomía de la Sunedu y la suspensión de las primarias para las elecciones regionales y municipales del 2022. Hay quienes postulan la existencia de una común agenda conservadora como la razón de ser de estas coincidencias, pero eso es darle dignidad de ideología a un fenómeno cuyas raíces se hunden en otros fangos. “Los extremos se juntan”, diagnostican con ánimo de denuncia los legisladores de las bancadas del centro cuando no acompañan a fujimoristas y cerronistas en esas votaciones, pero no es eso lo que ocurre. Aparte del hecho de que si el centro lo conforman Podemos Perú, Acción Popular y Somos Perú, la tentación de convertirse en extremista es enorme, el abrazo entre Fuerza Popular y Perú Libre obedece, a juicio de esta pequeña columna, a motivaciones más oscuras y, por lo tanto, inconfesables. El amor entre esas organizaciones políticas no es ciego, sino mudo; y su entendimiento, tácito.
No conviene olvidar, sin embargo, que otra de las características de la pasión que, a fuerza de flechazos, contagia Cupido es ser efímera. La pregunta relevante, entonces, es si lo que hoy luce tan sólido se va a prolongar en el tiempo. ¿Es verosímil, por ejemplo, que el fujimorismo y el cerronismo apoyen a una misma lista para la próxima Mesa Directiva del Congreso? A tenor de la forma ambigua en que se expresan al respecto sus voceros, se diría que sí. Y no sería de extrañar tampoco que, además de apoyarla, la integraran.
¿Podrían terminar también las dos bancadas votando en el mismo sentido –a favor, en contra, quién sabe– a propósito de la reconsideración de la bicameralidad o en la elección del magistrado del Tribunal Constitucional que deberá reemplazar a Augusto Ferrero?
Puede ser, no sería completamente sorprendente… Pero, vamos, es claro que esa unión de gananciales tiene los días contados. Concretamente, durará lo que les tome a las dos partes volver a acumular fuerzas para la cíclica disputa por el poder.
En estos momentos, ni Keiko ni Cerrón quieren adelantar las elecciones, porque ninguno de los dos está en condiciones de postular a la presidencia con chances de triunfo. O de postular, a secas. Ambos, no obstante, muestran síntomas de querer colocarse en el partidor de esa carrera cuando el clima se los permita. Y cuando tengan la sensación de que ese tiempo ha llegado, los besitos volados se desvanecerán, las viejas acusaciones mutuas – todas ciertas, desde luego– asomarán otra vez en los gestos y los discursos, y todo volverá a ser como antes.
–Tomorrow Never Knows–
Pero, por otra parte, el único tiempo que existe es el presente. En el terreno de la política, más que en cualquier otro, nunca se sabe lo que traerá el mañana. Y, mientras tanto, Fuji y Cerrón seguirán siendo nombres que se nos confunden. Lo único de lo que podemos estar seguros es que del pacto de esos montes solo nacerán iniciativas que, como en la fábula de Esopo que el título de esta columna parafrasea, roen y corroen. Es decir, semejantes a los ratones.
Fuerza Popular sobre reportaje respecto a investigación de la DEA contra Keiko: «Fue una vil mentira»
Asimismo, pidieron «una mayor autorregulación y seriedad en el trabajo de los medios de comunicación».
Fuerza Popular emitió un comunicado afirmando que el reportaje difundido por Cuarto Poder, en el que dieron a conocer que la DEA investigaba a Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez por lavado de activos, “fue una vil mentira”.
Y es que en el programa ‘Sin Medias Tintas’ se dio a conocer sobre un audio registrado por la DEA, en el cual no hacen referencia a los 15 millones de dólares ‘lavados’ a favor de Keiko Fujimori.
“Autoridades estadounidenses oficialmente informaron a la Fiscalía peruana que no existe una investigación de la DEA contra Keiko Fujimori”, comunicó el partido político.
Tras ello, Fuerza Popular aseguró que lo señalado “ratifica que el reportaje difundido durante la segunda vuelta de 2016 fue una vil mentira”.
Además, confirmó “que el objetivo del reportaje difundido en 2016 fue para dañar la candidatura de Keiko Fujimori y las legítimas aspiraciones de Fuerza Popular”.
Fuerza Popular sobre medios de comunicación
El partido también calificó de “antidemocrático” lo reportado por medios de comunicación previo a las elecciones presidenciales contra PPK y manifestó “una intención política de influenciar al electorado”.
En consecuencia, culminaron exigiendo “una mayor autorregulación y seriedad en el trabajo de los medios de comunicación”. Pese a ello, aseveraron que están a favor de la libertad de prensa”.
“No debemos permitir que por culpa de algunos irresponsables se termine alimentando las posiciones extremistas de quienes buscan amordazar la libertad de prensa”, sostuvo Fuerza Popular.
Fuente: Diario EXPRESO.
La caída de Zoraida
Por Ricardo Uceda- Diario El Comercio.
“Es una desgracia que los fiscales caigan, con ganas o sin ellas, en brazos de las facciones políticas. Ocurrió con Pedro Chávarry, con Pablo Sánchez, con Zoraida Ávalos y ahora objetivamente con Patricia Benavides”.
El 23 de mayo, cuando el Congreso iba a votar la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, los adherentes no sumaban 66. Esta cifra equivalía a dos tercios del pleno sin los miembros de la Comisión Permanente, el mínimo requerido por el reglamento. El 21 de junio, la propuesta alcanzó 71 votos. Acusada de haber incumplido su deber de investigar la corrupción de Pedro Castillo, Ávalos se defendió diciendo que el Congreso no podía sancionarla por ejercer su criterio jurisdiccional, basado en que el expresidente estaba protegido por la Constitución. Tiene razón, y en esa medida fue afectada la autonomía del Ministerio Público. La decisión podría ser contradicha por la justicia interamericana. La vía interna es infructuosa desde que el Tribunal Constitucional impidió que los jueces suspendieran decisiones del Congreso. Pero esta posible intervención supranacional difícilmente tendrá efectos inmediatos. Lo que viene es una continuación de la pugna por el control del sistema judicial, en la que lleva las de perder el sector que desearía a otra Zoraida Ávalos conduciendo a la institución.
Lo primero que destaca es el cambio súbito que permitió inhabilitarla. Modificaron su postura los izquierdistas de Perú Libre y la bancada de los maestros, los cuales inicialmente se opusieron a una moción promovida por la derecha. Esta actitud era lógica. Además, luego de la vacancia de Pedro Castillo, ellos llegaron a considerarlo una víctima del Congreso, por lo que podía esperarse un mínimo de solidaridad con la fiscal que no quiso investigarlo. Cuando se vio la propuesta en la Comisión Permanente, votaron en contra Waldemar Cerrón y otros tres perulibristas, lo mismo que la magisterial Elizabeth Medina. Pero en el pleno hubo 12 votos a favor provenientes de estos grupos. ¿Qué produjo el cambio inesperado?
En los días previos circularon distintas versiones sobre ofrecimientos de los sectores en pugna. En un programa de televisión, Zoraida Ávalos llegó a decir que había un “asesor robusto” de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que estuvo haciendo promesas indebidas para que ella fuera inhabilitada. Lo dijo incluso en la Junta de Fiscales Supremos. Benavides retrucó, pidiendo nombres, y mencionó a dos personas que estarían haciendo lo mismo en favor de Ávalos. Hay momentos de gran tensión cada vez que se reúnen los más altos magistrados del Ministerio Público. Como ninguno de los señalamientos acompaña pruebas, no hay mucho más que decir por ahora. Lo cierto es que en el Congreso hubo un intenso lobbismo cruzado para salvar o hundir a la fiscal denunciada.
En todo caso, la hipótesis de que los miembros de la Bancada Magisterial cedieron sus votos a cambio de puestos para allegados, o de viajes o de leyes específicas, es algo que podrá comprobarse tarde o temprano. Habría algunos signos en ese sentido. Por otro lado, como el grueso de congresistas tiene expedientes abiertos en el Ministerio Público, la evolución de estos procesos es otro tema de observación para saber si allí se los trata con benevolencia después de haber votado por el castigo. Como fuere, la razón principal que explica la enorme votación contra Zoraida Ávalos es política. Se han unido la derecha, la izquierda y el centro del Congreso, e incluso independientes como Carlos Anderson y Edward Málaga, bajo una sola consigna: caviares nunca más. La mayor parte de los grupos concurrentes está llegando a un acuerdo para ganar la Mesa Directiva del Congreso en las próximas semanas. A partir de allí, pueden plantearse objetivos de superior calado.
Es una alianza peligrosa, porque practicando el sectarismo y la arbitrariedad está en condiciones de producir estropicios mayúsculos. Puede embestir a organismos autónomos, a la presidencia de la República y al mismo Tribunal Constitucional, que ha dejado sin límites las facultades del Congreso. Pero también es preciso entender que la reacción contra Zoraida Ávalos responde a una etapa de abuso del Ministerio Público contra la mayoría de organizaciones políticas, con atropellos que en su momento fueron ignorados por buena parte de la prensa y por opinólogos ahora contritos. En el caso de Perú Libre, los hermanos Cerrón responsabilizan a la inhabilitada de haberse encarnizado con su madre. Según una fuente, Ávalos no se involucró, pero al estar en la cima le cae todo. De todos modos, Ávalos cometió al menos cuatro importantes errores políticos en su gestión, sin considerar que por ellos se justifica la sanción que le fue impuesta.
El primero fue permitir los excesos del equipo de Lava Jato contra sus investigados, y un manejo inescrupuloso del material reservado de los procesos. Hubo un circo, en cuyo contexto se suicidó uno de los imputados, nada menos que un expresidente. Esto creó una convicción entre los partidos políticos y los observadores jurídicos de que hubo politización de los casos, mientras que en las encuestas y los medios abundaban los aplausos. Es verdad que una fiscal de la Nación no puede interferir en el discernimiento de los fiscales que operan, pero si las distorsiones son de fondo, puede reemplazar al coordinador. Aunque esto hubiera escandalizado a su hinchada, era a cambio de una imagen de independencia necesaria para la institución.
El segundo problema se presentó en el caso de Los Cuellos Blancos, en el que hubo un direccionamiento hacia objetivos políticamente preestablecidos desde fuera del Ministerio Público, o al menos en coordinación con operadores externos. Un tercer error explica la relación que se hace entre la gestión de Zoraida Ávalos y los intereses de Martín Vizcarra. No interesa aquí demostrar que eran aliados: hay una percepción extendida de que fue así, imagen que debió contrarrestarse con una mayor energía ante el poder palaciego. Sobre todo, si su antecesor, Pedro Chávarry, dijo que iba a investigar a Vizcarra por los numerosos expedientes que tenía dormidos de la época en que fue gobernador de Moquegua. Los expedientes continuaron durmiendo hasta que apareció un empresario que por su mejor interés decidió delatarlo. Durante el estallido del escándalo de Richard Swing, Ávalos anunció que denunciaría a la secretaria de Vizcarra, que la comprometió, cuando, por el contrario, el Ministerio Público estaba llamado a protegerla para que brindara información. Su imagen de oficialista se forja en esta etapa, con un costo para la fiscalía ante la opinión pública.
Por último, erró al abrir y cerrar, en un mismo acto, la investigación preliminar contra Pedro Castillo. Por mucho que sus convicciones jurídicas la hayan llevado en ese sentido, ¿no percibía la actuación de una voraz organización criminal? Quizá pensaba que Castillo dirigía la banda del Choclito y nada más. O quizá se inhibió para evitar que la caída del expresidente dejara la cancha libre a la ultraderecha, como temía una parte de quienes la defienden. Ávalos suscita dudas de este tipo porque la politización del ejercicio fiscal le restó credibilidad. No parece ser consciente de ello. Hacia adelante la pelea va a continuar, porque hay presiones para restablecer un supuesto equilibrio perdido con la inhabilitación. La próxima jugada le corresponde a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). ¿Va a suspender a la fiscal de la Nación en alguno de los procesos que afronta? Si esto es así, debe ofrecer fundamentos incuestionables, porque, de lo contrario, veremos la continuación de la pugna en otro terreno. El siguiente paso sería la decapitación de la JNJ en el Congreso. Por lo demás, es una desgracia que los fiscales caigan, con ganas o sin ellas, en brazos de las facciones políticas. Ocurrió con Pedro Chávarry, con Pablo Sánchez, con Zoraida Ávalos y ahora objetivamente con Patricia Benavides.