Por Martha Meier Miró-Quesada- Diario EXPRESO.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH es hoy un organismo plagado de burócratas ignorantes e izquierdistas que anhelan vivir en Washington D.C., codeándose con personas políticamente relevantes. Si no estuvieran allí, encabezarían furiosas protestas en sus países, gritando mentiras por cualquier cosa que pudiera generarles financiamiento para alguna ONG. De eso, no pasan.
El durísimo informe final evacuado por la CIDH aparece, coincidentemente, cuando el gobierno de Dina Boluarte está en el mínimo de popularidad, apenas 16% de apoyo ciudadano. Y a poco que la ONG zurda Human Rights Watch (HRW), metiera sus narices para cuestionar las acciones del Estado durante las protestas violentas. Siguiendo el orden de estos desestabilizadores aparece pues la CIDH con un duros informe final, en condicional.
El dizque “informe” recoge una versión mendaz y perversa acerca de las protestas estalladas tras el fallido autogolpe de Pedro Castillo. La CIDH acusa a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de ejecuciones extrajudiciales, propias de la malvada narrativa de quienes buscan desestabilizar, desprestigiar y polarizar al Perú. Sí pues, están desesperados porque aquí el comunismo no entra.
Un ejemplo de la supina ignorancia de los comisionados de ese ente, se vio en una reunión en noviembre de 2013, en la que se discutió sobre la situación de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (RTKNN) y la superposición de una parte del lote 8 del proyecto Camisea. La RTKNN fue creada en 1990, a fines del primer gobierno de Alan García, para frenar la invasión constante de madereros ilegales a la zona de estos grupos indígenas.
Con una extensión de 443,887 hectáreas, abarca territorios de los distritos de Megantoni y Echarate, en La Convención, Cusco; y del distrito de Sepahua en Atalaya, Ucayali.
La “brillante” representante de la CIDH Uruguay, el segundo país más pequeño sudamericano, después de Surinam, con una superficie de 17’621,500 hectáreas, sugirió cercar la RTKNN, equivalente al 25% del territorio de su país. Así son estos.
Vale recordar que a esa cita de la CIDH, llegó una delegación Nahua y por más que lo pidió no se les dio la palabra: querían solicitar que las ONG no sigan utilizando a los pueblos originarios con fines políticos y económicos, distorsionando su realidad, la relación con las empresas en sus zonas de influencia y el apoyo de los distintos gobiernos a la protección de sus territorios ancestrales y de los indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial.
En Lima, los amigos de la CIDH, les cerraron las puertas de la Presidencia del Consejo de Ministros, PCM, durante la gestión de Juan Jiménez Mayor. Cancillería no les facilitó la acreditación para la reunión. Toda una mafia encargada de que el mundo solo conozca la versión que sirva a su narrativa progre-globalista de estos inútiles de la CIDH, para seguir parasitando los derechos humanos.
Las víctimas invisibles
Por CÉSAR COMBINA– Diario CORREO.
El politizado Informe de la CIDH fue presentado con bombos y platillos por quienes apoyaron a Perú Libre el 2021. Aunque los delitos penales son personales, el informe, cataloga como “masacres” algunos actos de violencia que merecen investigación y sanción individual. Esta claro que los grupos de izquierda utilizaran el informe para demandar al Estado Peruano. El objetivo sería meter presos a Boluarte y sus ministros, además de cobrar millonarias indemnizaciones con el respectivo pago de honorarios a conocidos abogados vividores de los “derechos humanos”.
Lo triste del informe es que invisibiliza a las verdaderas víctimas de la violencia que vivimos entre diciembre 2022 y febrero 2023: Los millones de peruanos que no participaron de las marchas. Tal como hicieron con la CVR, los caviares quieren hacernos creer que las víctimas fueron quienes participaron de la violencia, cuando las verdaderas victimas fueron los comerciantes, transportistas y agricultores que lo perdieron todo por las paralizaciones, o los enfermos que no pudieron recibir tratamiento por las carreteras cerradas y los aeropuertos tomados, o las mujeres violentadas que no pudieron denunciar un caso de violencia familiar ante la policía o la fiscalía porque estas oficinas habian sido incendiadas. El informe se niega a reconocer que fue una minoria la que propició la violencia en estas protestas y que la mayoria de peruanos de Puno, Juliaca, Cusco, Abancay, Andahuaylas y Ayacucho queria paz, queria trabajar, queria vivir sin miedo. La CIDH comete otro error que la pinta de cuerpo entero: no dedica ni un solo parrafo a los miles de peruanos de marcharon por la paz en las principales ciudades del centro y sur del pais. Espero que el Ministerio de Justicia haga suya la defensa de la mayoria afectada y denuncie a Pedro Castillo y a todos los promotores de la violencia para que indemnicen a cada peruano que perdio su inversión, a cada familia que perdió a un enfermo y a cada ciudadano que no pudo hacer su vida libremente. Ellos tienen que pagar por todo lo que han hecho.
Con el perdón de los adefesios
Por Oscar Becerra- Diario EXPRESO.
He aceptado con mucho gusto ser columnista de este prestigioso diario y quiero empezar compartiendo con los lectores una reflexión sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que envió una misión el 11 de enero de 2023 al Perú para evaluar la situación tras el fallido golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo y que dio inicio a una ola de violencia en algunas regiones del país.
La CIDH acaba de emitir un informe de 113 páginas, sobre el cual me ratifico que es un despropósito. Algunos se sorprenderán pues me oyeron decir que la CIDH es un adefesio, pues resulta que esa es precisamente una de las acepciones de la palabra según el diccionario de la Real Academia Española.
Soy respetuoso del Estado de derecho, de los derechos humanos y las normas internacionales, pero no soy de aquellos que esconden sus opiniones con el disfraz de la mentira. Hoy resulta que todos los que se sienten justamente ofendidos por el “adefesio” se suman, con mayor o menor mesura a mis, acaso, premonitorias palabras.
No cabe duda que la CIDH ha cometido un despropósito, pues ha atentado contra el Orden Interno del país, al pronunciarse ideológicamente en defensa de los que atacan aeropuertos, incendian entidades públicas y privadas, bloquean carreteras, atacan a los policías y queman vivo a un policía, apedrean a militares, inoculan discursos de odio en las mentes infantiles, amenazan a autoridades regionales y queman sus casas. ¿Acaso los peruanos no veíamos todos los días a vándalos atacando policías y destruyendo el centro de Lima? Eso no eran protestas pacíficas. A partir de este pronunciamiento de la CIDH, la Policía en el Perú está deslegitimada para defender el Estado de derecho, a ellos no los protegen los adefesios.
Un dato que la CIDH también ha olvidado es que la PNP ha demostrado que una firma del narcoterrorismo encabezada por Yober José Auccatoma Leche (a) “Leche” financió parcialmente las “marchas” que se realizaron en Lima e incluso coordinaban para traer a la capital a integrantes de la etnia Ashaninka con el fin de causar disturbios. De eso la CIDH no dice una palabra.
Por otro lado, recuerden que una conspicua congresista de izquierda, impulsora desde San Isidro de estas marchas, aseguraba que las protestas sin muertes no provocan los cambios y cuando reclamé que no lleven niños a las protestas por la exposición inminente a la muerte, esta misma persona se indignó mediante la mentira, al señalar que yo estaba atacando a las madres aimaras, cuando el propósito principal de esta señorita, desde su lujoso y cuestionado departamento, era exponer a esas madres y sus hijos al peligro.
La CIDH concluye que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones contra el Gobierno en algunas regiones como Lima, Ica, Arequipa, Ayacucho y Puno. Pero solo mira a la izquierda donde se ubican los que protestan y no miran al sector de las fuerzas del orden que reciben lluvias de piedras que dejaron cientos de policías heridos, además de muertos. Sin lugar a dudas, para los adefesios ellos no existen.
Se los dije cuando me entrevisté con ellos en mi condición de ministro: en el Perú se violan los derechos de los niños desde hace mucho tiempo pero no es en las marchas, sino en la falta de educación de calidad y en el hecho de que personajes como Pedro Castillo Terrones funjan de maestros en nuestras escuelas.
Además, esta CIDH destaca que, durante las reuniones sostenidas con familiares de las víctimas fatales, varias personas manifestaron que sus parientes “fueron estigmatizados y tratados como terroristas”. O sea, se indignan porque quemar policías, incendiar aeropuertos y locales públicos no son actos de terrorismo sino manifestaciones pacíficas de protesta.
También les parece poco que el Estado haya dispuesto el otorgamiento, por única vez, de 50,000 soles por cada persona fallecida y 25,000 a las personas heridas de gravedad en las referidas “movilizaciones pacíficas”. Por ello, dejan abierta la posibilidad de un nuevo pago, puesto que lo entregado, para la CIDH, es insuficiente.
¿Debemos aceptar esto? Como país soberano es nuestro derecho expresar un enérgico rechazo y protesta porque este informe sesgado y nada serio solo responde a los intereses de políticos que promueven las ONG izquierdistas y sus consultorías, de los sombríos integrantes del Movadef y de los comunistas repartidos en las filas del atraso ideológico. Los peruanos de bien merecemos que se plantee un debate nacional sobre nuestro retiro de la CIDH.