Cómo explotó (e implosionó) Lava Jato en Brasil

La operación Lava Jato puso en la cárcel a los dueños del PIB brasileño. La clase política destruyó al sistema anticorrupción que lo hizo posible.

Por Guilherme Amado/ Metrópoles.
Aquel domingo 9 de junio de 2019, Sergio Moro, el entonces ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, no había cumplido ni seis meses en el cargo. Era la figura más popular del gobierno, consecuencia de su actuación en el caso Lava Jato, todavía un efecto de su etapa como juez de la operación anticorrupción más audaz de la historia de Brasil. Pero ese día todo empezaría a cambiar. Al final de la tarde, el sitio web The Intercept Brasil publicó el primero de una serie de 35 reportajes que serían conocidos como ‘Vaza Jato’, elaborados a partir de mensajes de teléfonos celulares de los fiscales de Lava Jato obtenidos por un hacker y entregados al sitio web. Diálogos entre los integrantes de la fuerza tarea de Lava Jato y entre ellos y Moro en momentos cruciales de la operación.
El conjunto de publicaciones mancharía para siempre la imagen de la operación al revelar la falta de imparcialidad de Moro para juzgar las acciones del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Moro actuó junto a los fiscales y en contra de la defensa de Lula, ignorando la neutralidad que la ley brasileña exige a los jueces. Esos mensajes serían el remate de un proceso que llevaba meses, de desmantelamiento de Lava Jato y de todo el sistema anticorrupción que permitió su existencia.
Los mensajes acabaron siendo utilizados como factor de convencimiento para los ministros del Tribunal Supremo de Brasil, que en 2021 decidieron anular las condenas de Lula. Primero al resolver que la Justicia Federal de la ciudad sureña de Curitiba no tenía jurisdicción para juzgar los casos del expresidente, ya que no habría cometido en el estado de Paraná los crímenes que se le imputaban. Y después, al declararlo imparcial por juzgar a Lula y condenarlo a prisión, al haber formado parte del gobierno de Bolsonaro, principal opositor del expresidente.
Gozando nuevamente de la presunción de inocencia, sin ninguna causa judicial en su contra, Lula se convirtió en el mayor símbolo del fracaso de la operación iniciada en 2014. Y Sergio Moro, otrora su verdugo, comenzó ahí su infierno astral: intentó postular su candidatura a la presidencia de la República en 2022, que abandonó a la fuerza luego de traicionar al partido que inicialmente lo afilió y pasarse a otro partido, creyendo que tendría más recursos para la campaña presidencial.
La decisión a favor de Lula no fue la única en los tribunales superiores que anuló decisiones de la operación Lava Jato. Desde 2017 se había iniciado un movimiento de reacción en el Tribunal Supremo y el Congreso brasileño para cortar las alas que habían permitido que las investigaciones alcanzaran a los más tradicionales partidos de centroderecha, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), de Fernando Henrique Cardoso, que gobernó el país entre 1995 y 2003, y el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), el mayor partido del país, descendiente del homónimo MDB, que fue el único partido de oposición durante la dictadura militar y que gobernó el país desde la redemocratización con José Sarney, entre 1985 y 1990, y Michel Temer, de 2016 a 2019.
La operación de asfixia comenzó ya durante el gobierno de Temer, él mismo blanco del Ministerio Público Federal, pero alcanzó su ápice en el gobierno de Jair Bolsonaro, elegido en medio de la ola anti-política, que cobró fuerza con Lava Jato y, contradictoriamente, en paralelo con la promesa de fortalecer la lucha contra la corrupción.
La reacción a las grandes iniciativas contra la corrupción, como fue Lava Jato, es recurrente, dijo el director ejecutivo de Transparencia Internacional en Brasil, el economista Bruno Brandão. “Lava Jato no surgió del vacío. Surgió de un largo proceso de evolución de las leyes, las instituciones y la propia sociedad brasileña, con marcos legales más fuertes y modernos contra la corrupción. Ahora vivimos un retroceso en todas sus dimensiones”, analizó.La situación no es exclusiva de Brasil, según Brandão. “Con más independencia, las instituciones pasan a actuar contra la clase política con más capacidad, eficiencia, y hay una respuesta de este mismo sistema político para cohibir esa independencia. Este movimiento pendular no es exclusivo de la sociedad brasileña”, explicó.
Estas reacciones incluyen cambios legislativos, como la aprobación de la ley que sanciona el abuso de autoridad, que entró en vigor a principios de 2020. La ley tipifica una serie de conductas consideradas abuso de autoridad, que ahora son consideradas delitos. También reforzó las prerrogativas de los abogados en el trato con sus clientes. La aprobación fue una medida de los congresistas para protegerse contra los métodos utilizados por Lava Jato para avanzar en la investigación.
Los cambios también definieron nuevas reglas para los acuerdos con la justicia, conocidos en Brasil como ‘delaciones premiadas’. “El punto fundamental de la ley fue la regulación: impedir que se iniciara un proceso penal sobre la base de la ‘delación premiada’ o realizar un allanamiento y la prohibición de ofrecer el beneficio del arresto domiciliario en la negociación de la denuncia”, explicó el abogado Pierpaolo Bottini, que defendió a varios investigados en Lava Jato, como el expresidente de la constructora Camargo Corrêa, Dalton Avancini, y el actual presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira.
La operación Lava Jato comenzó en Brasil en marzo de 2014. Nacida de una investigación sobre lavado de dinero en una gasolinera de Brasilia, tiró del hilo de una gigantesca maraña de corrupción de contratistas, cambistas y políticos en Petrobras, otras empresas del Estado Federal, el Congreso Nacional, los gobiernos estatales y el Poder Judicial de Brasil.
En el extranjero, la operación reveló casos de corrupción en casi toda América Latina, Estados Unidos, Suiza, Portugal y decenas de otros países. Las contratistas Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa y la multinacional JBS fueron sus principales protagonistas. En los hechos referentes exclusivamente a Petrobras, hubo 80 casos, que investigaron a grandes figuras de la política nacional. Se recuperaron 6.1 mil millones de reales. Hubo 361 condenas en primera y segunda instancia en Paraná, Río de Janeiro y São Paulo.
“Lava Jato logró cosas inéditas, como poner tras las rejas a corruptos y recuperar miles de millones en un país en el que la regla es no recuperar un solo centavo. Lava Jato reveló el monstruo de la corrupción brasileña”, resumió el exfiscal Deltan Dallagnol, que coordinó la fuerza tarea de Lava Jato y, al igual que Sergio Moro, cambió públicamente de bando y ahora es un político que aspira a ser diputado federal. Recientemente declaró que, en una eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022, prevista para octubre, votará por Jair Bolsonaro. Aunque Dallagnol no lo admita públicamente, se especula que también votó por Bolsonaro en 2018.
“Solamente en Curitiba, hubo 179 acciones penales, en las que al menos 174 personas fueron condenadas a cumplir más de 2,500 años de prisión”, dijo Dallagnol. “Hoy, 80% de esas acciones siguen en pie, siempre y cuando el Tribunal Supremo y otros tribunales no apliquen los criterios que tuvieron en otros casos, revisando normas, cambiando las reglas del juego y aplicando al pasado”, agregó.
De hecho, en los tribunales superiores el éxito de la operación no fue el mismo. El Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo revisaron una parte significativa de las decisiones tomadas por tribunales inferiores, siendo la más notoria la condena del expresidente Lula. La operación que causó un cataclismo en el establishment político brasileño es hoy una sombra de lo que fue. En el Tribunal Supremo se revisó una decisión que el propio tribunal había tomado, la que autorizó la detención de investigados tras una condena en segunda instancia.
Un punto emblemático de ese giro fue la multa de 75 mil reales (unos 24 mil dólares) impuesta al exfiscal Deltan Dallagnol por haber elaborado una presentación en PowerPoint para ser utilizada en una conferencia de prensa, en la que Lula fue señalado como cabecilla de una organización criminal. En la decisión, el Tribunal Superior de Justicia apuntó que durante la presentación de las diapositivas, Dallagnol no utilizó términos técnicos, sino expresiones y calificativos ofensivos al honor y la imagen del expresidente.
En otro frente, también en una especie de vendetta, el Tribunal de Cuentas de la Unión, que tuvo ministros investigados por la operación Lava Jato, investiga ahora si el exfiscal malversó fondos públicos en la compra de boletos de avión mientras formaba parte de la fuerza tarea. Si es declarado culpable, Dallagnol podría quedar inhabilitado.
“Se ha vuelto peligroso combatir la corrupción en Brasil. El sistema corrupto no solamente busca la impunidad, como sucedió en Italia, sino también venganza contra quienes se atrevieron a luchar contra la corrupción para que nadie ose enfrentarse al establishment”, afirmó Dallagnol.
Para él, hoy “vemos corruptos sueltos, liberados o anulados sus procesos, mientras el sistema busca que fiscales y jueces paguen la cuenta del combate a la corrupción. Es una inversión total de los valores, es la cola que mueve al perro”, arremetió, repitiendo el lenguaje que ahora adopta en las redes sociales, más cercano al personaje de aquel que durante años sus críticos dijeron que era el verdadero Dallagnol.La historia de cómo la cola empezó a mover al perro remite a una mezcla de errores internos y presiones externas, y pasa inevitablemente por la figura de Jair Bolsonaro.
En 2018, el actual presidente brasileño estaba en su octavo mandato como diputado cuando logró convencer al electorado de que era el candidato antisistema que se buscaba en ese momento, cuando la mayor parte de la clase política brasileña enfrentaba acusaciones de corrupción o financiamiento electoral ilegal.
En un principio todo indicaba que Bolsonaro daría el apoyo necesario para que Lava Jato continuara. El juez Sergio Moro fue invitado al cargo de ministro de Justicia, con la promesa de ser nombrado por Bolsonaro para un puesto en el Tribunal Supremo.
La prensa fue en gran parte responsable de inflar la imagen de Moro hasta convertirlo en un superhéroe. La otra cara de la moneda fue la criminalización de la política, que acabó creando el clima político que hizo posible la elección de Jair Bolsonaro. Pero a lo largo de tres años y medio, el presidente fue uno de los líderes del desmantelamiento de la operación y del sistema que permitió su existencia. “Fue un retroceso sin precedentes en la independencia de las instituciones de control. Tenemos una injerencia política muy grave en la Policía Federal, en los organismos de inteligencia, como la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin)”, dijo Bruno Brandão, de Transparencia Internacional.
El economista recuerda que el problema va más allá de la lucha contra la corrupción. “Esta gravísima injerencia en la Policía Federal y en el sistema de inteligencia brasileño es algo muy preocupante. No solamente desde el punto de vista del combate a la corrupción, sino también de la democracia misma, porque debilita las garantías y los derechos de los ciudadanos brasileños”, explicó.
Un actor clave en este proceso fue el fiscal general de la República, Augusto Aras, cuya elección rompió una tradición que se había construido desde 2003 en Brasil, de que el presidente de la República elegía el fiscal general después de que los fiscales de la República propusieran una lista con tres nombres. Aras ni siquiera se postuló en 2019 y fue elegido por Bolsonaro tras prometer lealtad perruna. Y efectivamente Aras fue un perro dócil con su amo. “Es cada día más escandaloso el proceso de neutralización de la Fiscalía General de la República, que tiene importancia crucial en la lucha contra la gran corrupción”, dijo Brandão. “Fue esa frontera de impunidad para los poderosos que Lava Jato intentó cruzar y sufrió una reacción abrumadora”, agregó.
En su audiencia en el Senado en 2019, Aras criticó el modelo de fuerza de tarea utilizado por la operación Lava Jato. “El modelo de fuerzas de tarea, con personalización, culminó en una serie de irregularidades que salieron a la luz pública, como los episodios revelados en ‘Vaza Jato’, la frustrada gestión de grandes cantidades recaudadas en acuerdos de colaboración y acuerdos de lenidad, a través de fondos no previstos en la ley”, afirmó en su momento.
Así, el 1 de febrero de 2021, cerca del final de su primer mandato al frente de la Fiscalía General de la República, Aras efectivamente extinguió la fuerza de tarea. La operación Lava Jato sería dirigida por un grupo de combate contra el crimen organizado responsable de varias investigaciones, pero con mucho menos estructura y sin una fuerza asignada para ello.
Pero antes de que terminara la fuerza de tarea, Bolsonaro ya había dicho que Lava Jato había acabado. El 7 de octubre de 2020, en un discurso en el Palacio del Planalto, bromeó: “Quiero decirle a esta maravillosa prensa nuestra que no quiero terminar con Lava Jato, yo terminé con Lava Jato porque no hay más corrupción en nuestro gobierno”. Fue aplaudido, aunque era mentira.
Varios casos de corrupción han salido a la luz durante el gobierno de Bolsonaro, involucrando a los ministerios de Educación, Salud y Medio Ambiente, además de denuncias contra los hijos del presidente, con evidencia de que malversaron dinero de sus oficinas de diputados locales antes de que su padre fuera electo.“La figura de la Fiscalía General de la República en el modelo brasileño, en el que existe un foro privilegiado tan amplio, es central. [El foro] es un manto protector de la élite política brasileña y es una excrecencia. Frente a este sistema, la Fiscalía General de la República tiene una función primordial y crucial para enfrentar la gran corrupción de las más altas figuras de la República. Cuando neutraliza este punto, desmantela toda la capacidad de hacer frente a la gran corrupción”, explicó Brandão.
Sin embargo, las consecuencias no se limitan a esto. “El impacto va mucho más allá, llega a la defensa de los derechos fundamentales de la sociedad brasileña, como el derecho a la vida, que se evidenció con la omisión ante la tragedia humanitaria [de la pandemia de Covid-19] y la responsabilidad penal que se atribuye a la gestión del gobierno de Bolsonaro por parte de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que investigó el asunto”, dijo.
Los golpes contra Lava Jato no se limitaron al grupo de fiscales que la componían. Eran parte de un ataque sistemático al aparato estatal que investigaba la corrupción. El primer objetivo fue el Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf), que había pasado a estar bajo el paraguas del Ministerio de Justicia cuando Sergio Moro aún era un superministro. Luego, a principios de 2020, pasó al Banco Central.
El Coaf recibió especial atención de Bolsonaro porque fue un informe suyo el que fundamentó la investigación al senador Flavio Bolsonaro, el hijo mayor del presidente, y la presunta malversación de dinero de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro cuando aún era diputado estatal.
La Policía Federal también sufrió una flagrante intervención de Bolsonaro, que acabaría provocando, entre otras cosas, la caída de Sergio Moro. Bolsonaro cambió cuatro veces el directorio de la Policía Federal. La corporación castigó y persiguió al menos a 18 delegados, algunos por realizar investigaciones que incomodaban al gobierno. Durante la operación Lava Jato, durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), estos cambios no ocurrían.
El Tribunal Supremo también tuvo su papel en la disolución de Lava Jato. También en 2017, la máxima corte comenzó a tomar una serie de decisiones que habían hecho posible el éxito de la operación desde 2014. Entre ellos, decidir sobre la inconstitucionalidad de la conducta coercitiva, la revisión de la prisión tras la condena en segunda instancia, la competencia de la Justicia Electoral en delitos que tienen relación con las elecciones y la definición de que el delator debe declarar antes de ser denunciado.
Otro cambio importante fue el que definió qué tribunal juzgaría los casos de la operación Lava Jato. Los casos que involucran al expresidente Lula y que no estaban relacionados con Petrobras, la petrolera estatal brasileña, fueron retirados de la Justicia Federal de Paraná y enviados a Brasilia.
“Había varios temas que estaban siendo reconocidos por el Tribunal Supremo como exageraciones, ilegalidades, y eso hizo que se redujera el ámbito de actuación de la Lava Jato”, dijo el abogado Pierpaolo Bottini, en una visión que en parte coincide con la de los expertos anticorrupción.
“Muchas de estas cuestiones involucran derechos fundamentales y garantías procesales que no son minucias. La cuestión del foro competente y del juicio natural son una garantía fundamental del debido proceso legal y debe ser entendida como tal”, ponderó Bruno Brandão, de Transparencia Internacional.
El economista no está de acuerdo con todo, afirmó que está en contra, por ejemplo, del entendimiento del Tribunal Supremo de que los casos relacionados con campañas electorales son responsabilidad de la Justicia Electoral. “Esta decisión quizá tuvo el mayor impacto en el desmantelamiento de este enfrentamiento con la gran corrupción”, reflexionó. “La Justicia Electoral no está equipada, especializada y habilitada para perseguir este tipo de criminalidad compleja como en estos esquemas”, resumió.
Los problemas en el Tribunal Supremo son otros, opinó. “El gran problema es la actuación errática del Tribunal Supremo y otras instancias del Poder Judicial brasileño, que cambia frecuentemente de interpretación. No hay estabilidad en las decisiones”, criticó. Además, Brandão también es contrario a la dilación en el juzgamiento de los casos y la cantidad de decisiones concentradas en un solo juez y de los grupos de magistrados.
Para Bottini, estos excesos de la operación terminaron echando a perder el legado de Lava Jato. “Nadie puede negar que identificó actos de corrupción, pero los instrumentos y procesos utilizados fueron cuestionados y en ocasiones excedieron los límites legales. Esto terminó afectando a todo el legado y deslegitimando la operación en su conjunto”, señaló.
Bruno Brandão está de acuerdo en que los errores existieron y son graves, pero no cree que por eso se echó abajo la operación. “Lava Jato tuvo errores, algunos muy graves, y deben ser identificados y corregidos para seguir evolucionando en la lucha contra la corrupción. Pero no podemos ser tan inocentes de pensar que Lava Jato fue arruinada por sus errores”, dijo.
“Se está destruyendo por sus éxitos. Y esta es una experiencia de lucha contra la corrupción en todo el mundo. La corrupción siempre contraataca”, concluyó.
* Este artículo forma parte de una serie sobre el caso Lava Jato en América Latina realizada por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, con la participación de periodistas de La Nación (Argentina), Metrópoles (Brasil), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Colombia), El Universo (Ecuador), Quinto Elemento Lab (México), La Prensa (Panamá), IDL Reporteros (Perú), Sudestada (Uruguay) y Armando.info (Venezuela).
** El Economista publica este contenido de la serie Viaje al centro de Lava Jato con autorización de Metrópoles (Brasil) y de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas.