Sus vínculos con la gestión de Vladimir Cerrón en Junín
El hijo de suboficial Zárate trabajó en obras en Huancayo. En el 2019 y 2020, su madre ganó más de S/1.5 millones en contratos con el gobierno regional
Por Miguel Gutiérrez R.- Diario El Comercio.
Al suboficial de la policía Carlos Zárate Villalobos, cuya función es dar seguridad al gobernador de Junín, Fernando Orihuela Rojas, no solo se le permitió cumplir irregularmente la función de resguardar y movilizar al fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en sus reuniones en Lima.
Su hijo también fue contratado para ejecutar diversas obras desde que Cerrón asumió el cargo de gobernador de Junín por segunda vez.
El Comercio viajó a Huancayo, Junín, y encontró que Óscar Zárate Misayauri empezó a trabajar para el gobierno regional desde el 2019, el mismo año en que el líder de Perú Libre volvió a ser gobernador regional.
Zárate Misayauri fue contratado desde los primeros meses por la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para que se encargara de distintos proyectos.
Con apenas 22 años y recién egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Continental de Huancayo, fue incluido en el personal para una obra en Satipo.
En los documentos de supervisión de obras ejecutadas a los que accedió este Diario, en los primeros meses del 2019 Zárate Misayauri figuraba como asistente técnico para el mejoramiento de los servicios de salud del hospital de Pangoa.
De acuerdo a informes del gobierno regional del mismo año, fue contratado por segunda vez como asistente técnico para mejorar los servicios de un colegio del distrito de Chongos Bajo.
El año siguiente, Óscar Zárate Misayauri fue convocado para participar en el mejoramiento de la carretera Chupuro-Huasicancha, en Huancayo. Su cargo fue asistente técnico de campo.
En el 2020 también fue asistente del coordinador de los servicios de salud del hospital de Pangoa. Meses después, como parte de las acciones para enfrentar la pandemia del COVID-19, el gobierno regional lo convocó para la construcción de un laboratorio y la compra de una congeladora en el distrito de Pilcomayo, en la provincia de Huancayo.
La familia Zárate y sus vínculos con la gestión de Vladimir Cerrón en Junín.
Pago extra
En tanto, su padre, el suboficial Carlos Zárate Villalobos, recibía “bonificaciones especiales” del Gobierno Regional de Junín por cumplir funciones de resguardo.
Resoluciones firmadas por el gobernador regional, Fernando Orihuela, de Perú Libre, muestran que este dispuso esos pagos extraordinarios por sus servicios.
Entre enero y mayo del 2020, Zárate Villalobos y otros dos efectivos recibieron S/26 mil adicionales a sus salarios de la Policía Nacional. Al suboficial se le entregaron S/16 mil extras por prestar servicios de seguridad a funcionarios entre julio y agosto del año pasado.
El pago de las bonificaciones se mantuvo hasta julio de este año, con montos de S/1000 mensuales, a pesar de que Zárate Villalobos aparece acompañando a Cerrón en sus actividades en Lima.
La madre del suboficial de policía también tiene un rol importante en esta historia.
Los contratos de Gregoria Villalobos, una mujer de 69 años de edad, que no registra formación profesional ni empresas activas ingresos, aumentaron significativamente cuando el partido de Cerrón asume la administración del gobierno regional y de los principales municipalidades provinciales y distritales de Junín.
Los contratos que consistían en transporte de carga pesada y material de construcción se realizaron en los gobiernos locales de Huancayo y principalmente en la provincia de Chupaca, de dónde procede el suboficial PNP Carlos Zárate y sus familiares.
Si en el 2017 Gregoria Villalobos facturó con el gobierno regional y municipios S/37 mil, durante el primer año de gobierno de Vladimir Cerrón, la madre del policía Zárate llega a facturar alrededor de S/770 mil.
Pese a ser retirado del cargo Cerrón por una sentencia por corrupción, Gregoria Villalobos siguió facturando el 2020, un monto similar: S/762,650. En total, más de un millón y medio de soles en solo dos años de gobierno de Perú Libre, solo a nombre suyo y sin necesidad de constituir una empresa.
Pero el vínculo de la familia con el exgobernador regional va más allá. De acuerdo a los registros de la ONPE, Óscar Zárate Palomino, padre del suboficial de la policía, aportó S/30 mil en especies para la campaña de Vladimir Cerrón a la región en el 2018.
Por otro lado, el líder de Perú Libre y Carlos Zárate Villalobos nacieron en el distrito de Áhuac, en la provincia de Chupaca.
Además, el suboficial Zárate Villalobos y Vladimir Cerrón formaron parte de la misma promoción en el colegio Santa Isabel, una emblemática institución educativa de Huancayo.
La fiscalía anticorrupción sindica al líder de Perú Libre de haberse coludido con la contratista que ejecutó la construcción y mejoramiento del hospital El Carmen de Huancayo (Junín).
La fiscalía anticorrupción pide 16 años de cárcel para Vladimir Cerrón
El Comercio supo que la magistrada Mary Huamán acusa al exgobernador regional de Junín de presunta colusión agravada.
Por Rodrigo Cruz– Diario El Comercio.
La fiscalía anticorrupción de Junín, representada por la magistrada Mary Huamán, solicitó el pasado 27 de agosto 16 años de cárcel para el exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón por el presunto delito de colusión agravada, de acuerdo a documentos a los que accedió El Comercio.
En su requerimiento, presentado ante el Quinto Juzgado Penal de Huancayo, Huamán acusa a Cerrón –entre otras cosas– de haberse coludido con representantes del consorcio El Carmen II (conformado por las empresas Neptuno Contratistas Generales S.A.C., Construcciones Moyua S.L. y Activa Perú M&O Construcción S.A.C.) cuando era gobernador regional con el fin de favorecerlo en la construcción y mejoramiento del hospital El Carmen , un proyecto valorizado en más de S/150 millones.
Además del fundador de Perú Libre, fueron acusados por el mismo delito exfuncionarios del GORE Junín, como Carlos Mayta Valdez (exgerente de Infraestructura), David Chanco García (exgerente de Infraestructura), Pedro Montoya Torres (exsubgerente de Infraestructura), Gustavo León Chávez (exsubgerente de Infraestructura). Como cómplices fueron incluidos los arquitectos María Castañeda Pinto y Antonio Sánchez-Horneros Gómez.
Parte del requerimiento presentado por la fiscalía anticorrupción ante el Quinto Juzgado Penal de Huancayo.
Parte del requerimiento presentado por la fiscalía anticorrupción ante el Quinto Juzgado Penal de Huancayo.
El empresario Edison García Poma, representante legal del consorcio El Carmen II, también fue acusado por la fiscalía por el delito de colusión agravada como cómplice. Por el delito de falsedad ideológica fueron acusados Gabriel Calderón Ponce, Edwar Vidalón Gálvez, la ingeniera María Ninanya Cristóbal, Verónica García Tovar, Clodoaldo Alegre Zorrilla, Víctor Peña Dueñas, entre otros.
En el requerimiento de más de 200 páginas, la fiscal Huamán pide una condena por negociación incompatible contra Ofelia Ríos Pacheco, actual subdirectora de Administración Financiera del Gobierno Regional de Junín, y por el mismo delito al ex coordinador de adquisiciones Luis Martínez Huamán.
Promoción Javier Heraud 1987- Colegio Santa Isabel de Huancayo.
-Doble acusación-
El contrato del hospital El Carmen de Huancayo fue firmado el 19 de diciembre del 2014, a menos de dos semanas de que concluyera la primera gestión de Cerrón en Junín. El acuerdo está firmado por García Poma y Rodrigo Luya Pérez, entonces director regional de Administración y Finanzas. Contra este último, la fiscal también ha pedido una pena de ocho años de cárcel como autor de colusión agravada.
En el caso de Luya se trata de una doble acusación por ese delito debido a que forma parte de otra fase en el proceso de contratación. En ella incluye también a Vladimir Cerrón y a Mayta Valdez. Como es de público conocimiento, este último fue condenado junto al líder de Perú Libre por corrupción (negociación incompatible) a mediados del 2019.
Mary Huamán es la misma fiscal que ha solicitado 2 años y 11 meses de prisión para Cerrón por el delito de malversación de fondos por presuntamente haber manejado irregularmente el presupuesto para la obra Reforestación de la Margen Derecha del Valle del Mantaro.
El martes último, la magistrada presentó los cargos contra Cerrón en una audiencia virtual, en la que solicitó además que sea inhabilitado para ejercer cargos públicos por el mismo período.
Este Diario intentó comunicarse con la defensa legal de Cerrón, pero al cierre de esta edición no respondieron nuestras llamadas. Por el momento, la acusación fiscal contra Cerrón por el caso del hospital El Carmen es la que tiene la pena más elevada.
Familia de policía que le brindó resguardo habría obtenido más de S/25 millones en contratos
La procuradora anticorrupción, Nora Flores, denunció al fundador de Perú Libre por peculado y colusión. Solo en la Región Junín los contratos de los familiares del Policía, Carlos Zárate, ascendieron a S/18’293,719.57
Por Karem Barboza Quiroz– Diario El Comercio.
El fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón y otros fueron denunciados por la Procuraduría Anticorrupción de Junín, a cargo de Nora Flores, por los presuntos delitos de peculado y colusión, por el resguardo policial irregular y los contratos del suboficial PNP Carlos Zárate.
En la denuncia por presunto peculado también fueron incluidos el gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela Rojas, así como el efectivo policial Carlos Zárate.
Mientras que, por el delito de colusión han sido implicados Cerrón, Orihuela, Gregoria Villalobos Cerrón (madre del PNP Carlos Zárate), Yeni Estrada Velasco, Luz Misayauri Sovero, Oscar Zárate Misayauri, Óscar Zárate Palomino, Víctor Zárate Palomino y los que resulten responsables.
Según la denuncia, las personas implicadas habrían ganado un total de S/25’055,209.51 en contratos con el Estado, en las regiones Junín, Cusco y Huancavelica.
Sin embargo, solo en la región Junín, los contratos ascendieron a S/18´293,719.57. Mientras que otros S/6.7 millones los obtuvieron en Cusco y Huancavelica -según pudo verificar El Comercio en la página de Seace- pero sobre ello no tiene jurisdicción la procuraduría ni la fiscalía de Junín.
Contratos en Huancavelica y Junín
¿Cuáles son los hechos?
Según la denuncia, el primer hecho se relaciona con el resguardo que el suboficial PNP, Carlos Zárate Villalobos, habría prestado al exgobernador de la región Junín, Vladimir Cerrón, pese a que este ya no era funcionario público y además, cuando sobre él pesa una condena por corrupción de funcionarios en la modalidad de negociación incompatible desde el año 2019.
En esa línea, la procuradora Flores sostuvo que Zárate Villalobos, quien pertenecía a la Dirección de Seguridad del Estado -desde el 1 de enero de 2019 hasta el 30 de agosto del 2021- estaba asignado como resguardo del actual presidente del gobierno regional de Junín, Fernando Orihuela Rojas.
Sin embargo, según denuncias periodísticas, se difundieron imágenes cuando el mencionado agente, presuntamente prestaba resguardo a Vladimir Cerrón durante el 22 de julio (en la rueda de prensa que otorgó en el local de Perú Libre en el centro de Lima) y 26 de julio en el Centro de Convenciones de Lima en San Borja.
Todo ello, sostuvo la defensora del Estado, “evidenciarían que el PNP Carlos Zarate Villalobos no habría cumplido con sus funciones de resguardo al actual gobernador regional de Junín, señor Fernando Orihuela Rojas durante los días 22 y 26 de julio del presente año”.
A ello, se agregó en la denuncia, que el resguardo del suboficial PNP Carlos Zárate Villalobos a Vladimir Cerrón Rojas (en Lima) habría contado con conocimiento y consentimiento del actual gobernador regional de Junín.
Junín con más de S/18 millones
El segundo hecho denunciado por la procuradora anticorrupción, como ya se indicó, se vincula a los contratos que realizó la familia del efectivo policial Carlos Zárate, con el Gobierno Regional de Junín y municipios de la jurisdicción.
Sin embargo, los contratos de los implicados no solo se circunscribieron a la región Junín; según la denuncia, también fueron beneficiados Cusco y Huancavelica.
Así, el monto total con el que se beneficiaron los familiares del efectivo policial -que eran militantes de Perú Libre y sus empresas- ascendió a S/25’055,209.51 en contratos con el Estado.
“Conocida la noticia, verificamos tal información en el portal web del SEACE, por lo que a fin de contextualizar señor Fiscal, identificamos a los siguientes familiares directos, quienes presuntamente habrían sido favorecidos con diversos contratos con entidades públicas, tanto en nuestra región como en las regiones de Cusco y Huancavelica”, se indica.
Haciendo el desagregado de los contratos de los familiares en la región Junín se tiene el monto de S/18′293,719.57 millones.
Además del Gobierno Regional de Junín y la Municipalidad de Junín, los contratos se dieron en municipalidades cuyos alcaldes son militantes de Perú Libre, como la Municipalidad Provincial de Chupaca, cuyo burgomaestre es Marco Mendoza Ortiz.
Aquí se otorgó un contrato a Gregoria Villalobos -madre del efectivo policial- por mantenimiento periódico del camino vecinal: tramo 4 en el distrito de Áhuac (RES-PROC-4-2020-CS/MPCH-1) por S/823,808.00.
Otro caso fue en la Municipalidad de la Concepción, cuyo alcalde Benjamín de la Cruz Palomino, es militante de Perú Libre. Aquí se le otorgó a la empresa “Constructora Yenlu” pagos por S/1′́044,817.88 por trabajos de mantenimiento periódico – rutinario de caminos vecinales del tramo Aco- Santa Cruz de Vilca- Quicha Grande, distrito de Aco, provincia de Concepción (CP-SM-1-2019-GRJ-DRTC/CS-1).
Según la denuncia, Gregoria Ayeé Villalobos Cerrón (madre del suboficial Carlos Zárate) habría obtenido un promedio de S/2’464,162.14 en contrataciones con diversas entidades públicas tales como el Gobierno Regional de Junín -Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, Municipalidad Provincial de Huancayo, Municipalidad Distrital de El Tambo y Municipalidad distrital de Áhuac.
La empresa “Constructora Yenlu” de Yeny Estrada Velazco (cuñada), esposa de Luis Gustavo Zárate Villalobos (hermano), obtuvo S/4′821,455.03 en contratos en total. Esto fueron otorgados por el Gobierno Regional de Junín – sede central, su dependencia Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, así como por la Municipalidad distrital de El Tambo y las Municipalidades Provinciales de Chupaca y Concepción.
La empresa Corporación Gemzar E.I.R.L. cuyo gerente es Milton Medardo Zárate Palomino (tío del efectivo policial Carlos Zárate) -según el Seace- habría obtenido contratos en Junín (Gobierno Regional de Junín, sede Transportes, Municipalidad distrital de Chilca, Municipalidad distrital de El Tambo, Municipalidad Provincial de Huancayo y Municipalidad distrital de Pilcomayo) por S/.10′́167,210.40 millones.
Luz Rosario Misayauri Sovero (esposa de Zárate Villalobos), obtuvo contratos por S/183,124.00 en Junín. Además figura como gerente general de la empresa Ospack Contratistas Generales SAC, que hasta el momento no ha tenido contrato con el Estado.
Otra empresa, Z & P GROUP SAC, cuyo titular es Víctor Hugo Zárate Palomino (tío del efectivo policial) se habría adjudicado procesos por aproximadamente por S/601,769.00. Según Seace, estos se dieron en el Gobierno Regional de Junín y la Municipalidad Provincial de Huancayo, ambas ligadas al partido Perú Libre.
Y, Oscar Zárate Misayauri (hijo), obtuvo S/56,000.00 por sus labores en el Gobierno Regional de Junín desde el año 2019, cuando fungía como gobernador Vladimir Cerrón. Además, trabajó en la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, pese a que obtuvo el grado de bachiller recién el 16 de setiembre de 2019.
“Pese a ello, presuntamente habría formado parte del equipo técnico para la construcción de un laboratorio y la compra de una congeladora en el distrito de Pilcomayo, tendiente a enfrentar la pandemia del COVID-19”, se indicó.
La procuraduría resalta también que Óscar Jesús Zárate Palomino, padre del suboficial Zárate Villalobos, habría aportado S/29,800.00 soles en especies para la campaña de Vladimir Cerrón Rojas, en las elecciones regionales del 2018, tal como se señala en los registros de la ONPE.
Las diligencias
La denuncia presentada por la Procuraduría Anticorrupción de Junín, que contempla nuevos hechos y delitos, se sumará a la investigación que abrió la Fiscalía Anticorrupción por presunta negociación incompatible.
Por ello, la procuradora Nora Flores solicitó que se requiera al juzgado de investigación preparatoria que corresponda el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los denunciados.
Se solicitó que se levante el secreto bancario de Fernando Orihuela Rojas, Vladimir Cerrón Rojas, Gregoria Aydee Villalobos Cerrón, Yeni Estrada Velasco, Luz Rosario Misayauri Sovero, Óscar Zárate Palomino, Víctor Zárate Palomino a fin de obtener indicios que los vinculen con la presunta comisión del delito materia de investigación.
“El levantamiento del secreto de las comunicaciones de los números telefónicos identificados de cuáles son titulares los denunciados, a fin de verificar mediante triangulación de llamadas entrantes y salientes, las comunicaciones que hayan mantenido los mismos, bajo en el marco de los supuestos denunciados”, se indicó.
También pidió que se realicen diligencias de constatación en las obras, prioritariamente las más onerosas y que se requiera a las personas y empresas contratadas que remitan copias de los expedientes mediante el cual fueron favorecidos con la buena pro.