Por Ricardo Uceda- Diario La República.
Existen testigos de que el ex asesor del partido Podemos José Luis Cavassa se atribuyó el ascenso a la categoría de magistrada suprema de la actual Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Ocurrió en 2013. El autor de esta columna ha podido hablar con dos. Al menos uno de ellos –es posible que tres–, ha brindado esta versión a la fiscal Rocío Sánchez, recientemente desplazada del liderazgo de la investigación de Los Cuellos Blancos del Puerto.
Dos de los testigos dijeron haber escuchado de boca de Cavassa que contribuyó al ascenso de Ávalos, mediante sus influencias ante el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Según la versión, Cavassa y Ávalos se habrían reunido, antes de las entrevistas personales que realizaba el ex CNM, en una oficina de Cavassa ubicada en San Isidro. Consultada ayer al respecto, la Fiscal de la Nación respondió: “No me he reunido con dicha persona antes ni después de mi nombramiento como Fiscal Suprema. Si existiera información en otro sentido, es falsa”.
Actualmente en prisión domiciliaria, Cavassa está investigado por supuesta intervención dolosa ante el ex CNM para favorecer a Podemos en 2018, cuyo líder, José Luna, también es uno de los imputados. Anteriormente fue operador político del ex gobernador de Áncash César Álvarez, preso por corrupción. En el juicio contra Álvarez Cavassa está acusado de varios delitos y el fiscal ha pedido en contra suya 30 años de penitenciaría. Sus problemas con la justicia comenzaron mucho antes, por su implicación en una falsificación de firmas para inscribir al partido de Alberto Fujimori, Perú 2000.
Ascenso súbito
El ascenso de Zoraida Ávalos fue decidido en el CNM para que pudiera integrar la Junta de Fiscales Supremos que debía elegir a Carlos Ramos Heredia a la cabeza del Ministerio Público. Así lo relató en 2014 El Informante en este diario: “En el proceso que terminó designándola, los seis postulantes que quedaban luego del examen escrito desaprobaron en la evaluación curricular, de modo que ninguno podía pasar a la entrevista personal. Entonces el CNM recalificó las trayectorias profesionales. A la predestinada Ávalos le pegó una patada para arriba sobrenatural: sus 50 puntos se convirtieron en 87.50. Quedó primera en el cuadro final”.
El CNM del 2013 estaba presidido por Máximo Herrera, y la dupla Álvarez-Cavassa tenía una influencia decisiva. Una vez en la Junta de Fiscales Supremos, el voto de Zoraida Ávalos fue uno de los cuatro que definieron la elección de Carlos Ramos como Fiscal de la Nación, en contra de Pablo Sánchez. La acompañó en el voto otra fiscal que igualmente había ascendido por un favorecimiento del CNM, Nora Miraval. Ramos fue separado del cargo en 2015 y destituido en 2019 por inconducta funcional en las investigaciones sobre Álvarez.
Otras versiones
El hecho de que ahora aparezcan testimonios indicativos de que Zoraida Ávalos fue favorecida en el CNM es compatible con una observación histórica de los hechos y con las referencias de fuentes distintas, desde hace más de cinco años. El 28 de abril del 2014, el periodista Rodrigo Cruz publicó en el diario El Comercio la declaración de dos fiscales relegados en el proceso –uno identificado, Víctor Cubas, y otro bajo reserva–, quienes denunciaron que el CNM actuó sesgadamente para favorecer el nombramiento de las magistradas Ávalos y Miraval, señalando como evidencias las evaluaciones escritas y curriculares de ambas.
“Fue una manipulación escandalosa”, dijo uno de ellos. “Un acto completamente irregular y arbitrario”, expresó Cubas, quien presentó una denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
Cavassa, de acuerdo con lo que afirmó a dos testigos, se habría reunido también con Nora Miraval, actualmente en el retiro, en su oficina de San Isidro. Miraval se incorporó en enero del 2014 a la Junta de Fiscales Supremos y cesó un año después por límite de edad.
El factor Cavassa
Hasta el momento las indagaciones de la Fiscalía se han concentrado en las influencias ilegales de José Luis Cavassa para copar la ONPE en el 2018, y aún no tocan su incidencia en el Ministerio Público en años anteriores. No es posible anticipar lo que declarará sobre sus presuntas gestiones en favor de Ávalos y Miraval. De ser ciertas, es un imputado con mucho poder de negociación, un poder que se extiende al dueño de Podemos, José Luna, quizá la cabeza más importante de Los Cuellos Blancos.
La Fiscal de la Nación ha efectuado recientemente cambios sustantivos: le ha quitado el control de las investigaciones a la fiscal Rocío Sánchez para entregárselo a Sandra Castro. Aunque Castro ha dicho que su intervención será para “reforzar” el trabajo, una interpretación distinta es que Zoraida Ávalos desea que el factor Cavassa sea manejado por alguien de su confianza. Entretanto, la fiscal Sánchez está sometida a investigación por chats aparentemente impropios con el asesor del Partido Morado Carlo Magno Salcedo.
Refutaciones
La fiscal Sandra Castro vive en la calle Los Robles, en San Isidro, en el conjunto de edificios donde habita también Martín Vizcarra. Ayer pedimos confirmar, tanto a la oficina de la magistrada, como a la del presidente, si es cierto que ambos se entrevistaron más de una vez y que mantienen una línea de chat que los comunica. La misma corroboración fue pedida al despacho de Zoraida Ávalos, pues ella habría estado en una de las reuniones. Como se ha dicho en esta página, existen testigos de que Vizcarra sabía de los operativos contra Los Cuellos Blancos antes de que se produjeran.
La oficina de prensa de la Presidencia de la República negó ayer, enfáticamente, que Martín Vizcarra estuviera en alguna de las reuniones mencionadas. La Fiscal de la Nación dijo que solo vio al presidente en reuniones oficiales. La fiscal Sandra Castro respondió:
–¿Quién dice eso? Tendré que querellar a quien lo sindique sin fundamento.
Silvana Carrión, encargada de la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato en Perú Fuente: RPP.
Procuraduría identificó perjuicio por S/1400 millones en caso Interoceánica Sur
La procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, informó que se ha identificado 1,400 millones de soles como daño patrimonial al Estado peruano en el proceso en el que se investigan las irregularidades de la carretera Interoceánica Sur (tramos 2 y 3).
“Este monto es dinero que el Estado ya desembolsó a raíz de los sobrecostos ilegales, las valorizaciones indebidas y las adendas que fueron aprobadas durante la ejecución del proyecto y tienen base en informe de control y pericias ordenadas por la Fiscalía”, contó en una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP.
Silvana Carrión indicó que, como daño extrapatrimonial (indemnización), la Procuraduría solicitó 2,000 millones de soles. “Estos dos montos son los que vamos a ir a litigarlos en el juicio”, manifestó.
La Fiscalía presentó acusación en este caso contra Alejandro Toledo (expresidente de la República), Avraham Dan On (seguridad del expresidente), Sergio Bravo Orellana y Alberto Pasco Font (miembros del comité de Pro Inversión); José Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña y Gonzalo Ferraro Rey (Graña y Montero); Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone (JJC Contratistas Generales); y José Fernando Castillo Dibós (ICCGSA).
Asimismo, las empresas que formaron las concesionarias “Interoceánica Sur – Tramo 2 S.A.” e “Interoceánica Sur – Tramo 3 S.A.”, y que han sido incorporadas en el proceso como terceros civilmente responsables a la solicitud de la Procuraduría son Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e ICCGSA, además de incluir a las mismas empresas concesionarias.
PEDIDO A SUNAT
La procuradora Silvana Carrión manifestó, además, que ha requerido a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) la entrega de la lista de las grandes empresas que se habrían visto beneficiadas con una posible prescripción de su deuda, en caso el Tribunal Constitucional (TC) hubiera declarado fundada la demanda, a fin de ver si alguna estas se encuentra vinculada a las investigaciones del caso Lava Jato.
Fuente: Radio Programas del Perú.