Ministra Rocío Barrios Alvarado pone su cargo a disposición tras ser denunciada por la fiscalía
El fiscal anticorrupción Edwin Manrique Durand acusó a la ministra de la Producción, Rocío Barrios Alvarado, por el delito de peculado doloso por presuntamente apropiarse de dinero público cuando era directora general de la Oficina de Asuntos Administrativos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en 2014.
Pero la situación se complica para Barrios porque en su Declaración Jurada de Intereses no consignó que tenía una investigación abierta en la fiscalía anticorrupción. En el apartado seis del formato de Declaración Jurada que presentó el 8 de abril del año pasado cuando ya era ministra de la Producción, Barrios no consideró como relevante que el Ministerio Público la tenía bajo la lupa.
Barrios ha sido imputada por peculado al presuntamente apropiarse de dinero público cuando era directora general de la Oficina de Asuntos Administrativos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en 2014.
Según la acusación, la ministra y otras cinco personas habrían simulado contratos, entre julio y diciembre de 2014, por servicios de las empresas Casa Importadora Andrea SAC y Grupo Torres & Torres Luna SAC para el mantenimiento de 40 vehículos pertenecientes a la PCM.
Según el Ministerio Público, el costo por los contratos ascendió a S/177,279. No se registraron órdenes de servicios, ni existen constancias de conformidad y tampoco se hay evidencias de que el servicio finalmente se concretó, indica el documento fiscal.
La ministra de la Producción, Rocío Barrios, reconoció que debió informar en su Declaración Jurada de Intereses sobre la investigación que seguía en su contra el fiscal anticorrupción Edwin Manrique Durand por el presunto delito de peculado doloso.
“Quizás sí [debí consignarlo] por un tema de transparencia absoluta. Le soy honesta, yo no lo tenía mapeado, porque no es una denuncia formal”, declaró a Canal N.
Según la Fiscalía, Barrios se habría apropiado de dinero público cuando era directora general de la Oficina de Asuntos Administrativos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en 2014. Por ello pide 9 años de cárcel.
Admite que debió consignar investigación en su Declaración Jurada de Intereses
Contó que, tras conocer sobre la acusación, se comunicó con el presidente de la República, Martín Vizcarra, y el jefe del Gabinete, Vicente Zeballos, para poner su cargo a disposición porque “eso es lo correcto y lo lógico”.
Rocio Barrios detalló que, a través de un mensaje, le indicó al mandatario: “Quiero recalcarle una vez más que mi cargo está disposición para lo que usted considere pertinente, porque es lo que corresponde”. También dijo que les envió sus descargos.
Fuente: Diario Perú21.
Fiscalía pide nueve años de cárcel para ministra de la Producción
Por ALVARO REYES y CARLOS VIGURIA- Diario Perú21.
Entre julio y diciembre de 2014 –durante el gobierno de Ollanta Humala–, siendo directora general de la Oficina de Asuntos Administrativos de la Presidencia del Consejo de Ministros, Rocío Barrios Alvarado, la actual ministra de la Producción, y otras cinco personas simularon contratos por el servicio de mantenimiento de 40 vehículos por el monto de S/177,279.
Esas operaciones no estaban justificadas. Nunca se registraron órdenes de servicio ni existen constancias de conformidad y tampoco hay evidencias de que el servicio finalmente se concretó.
Esa es la acusación que el fiscal anticorrupción Edwin Manrique interpuso el último 31 de enero ante el Poder Judicial. Es decir, Manrique ya cuenta con las pruebas definitivas que demuestran su imputación y que serán tomadas en cuenta en el juicio. Este no es un caso que recién empiece; de hecho, fue en marzo de 2018 cuando la Fiscalía formalizó la investigación.
¿El gobierno de Martín Vizcarra no sabía del proceso que afrontaba la integrante del gabinete ministerial? Anoche, en el programa 20/20 de Canal N, Barrios señaló que cuando el presidente la convocó, le mencionó que tenía una investigación por “un tema del órgano control, pero que no tiene mayor asidero legal”. Pero no le dijo la verdad completa pues luego admitió que su abogado fue notificado de la formalización de la investigación y, obviamente, no se trataba de una simple acción de control.
AUTORIZÓ LOS PAGOS
A Barrios se le acusa de haber autorizado, a través de una resolución emitida el 30 de diciembre de 2014, el pago de la deuda generada por esos presuntos servicios.
La PCM abonó S/110,123 y S/67,155 a las empresas Casa Importadora Andrea SAC y Grupo Torres & Torres Luna, respectivamente, por el mantenimiento de las camionetas. De acuerdo con el fiscal Manrique, Barrios aprobó esos desembolsos sin constatar que se cumplieron todos los procedimientos previos, una norma básica de carácter administrativo.
Por estos hechos, el Ministerio Público imputa a Rocío Barrios el delito de peculado y pide nueve años y tres meses de prisión para todos los investigados.
En su manifestación a la Fiscalía, la ministra declaró que sí existieron informes que señalaban que las empresas sí prestaron servicios.
PUSO CARGO A DISPOSICIÓN
La ministra Barrios informó en 20/20 que, al conocer de la denuncia, mientras se encontraba en Iquitos, se comunicó con el presidente Vizcarra y con el premier Zeballos y puso su cargo a disposición. “Le escribí un chat (al presidente) que estoy presentando mis descargos pero también recalcarle que mi cargo está a disposición para lo que considere pertinente”, dijo.
Al ser consultada por qué no consignó en su declaración jurada de intereses el proceso por peculado, como reveló Perú21 anoche en su web, Barrios dijo: “No sé si debió estar consignado, quizá sí por transparencia absoluta. No lo tenía mapeado porque no era una denuncia formal”.
Sin embargo, rechazó la denuncia. Dijo que los hechos no ocurrieron en su gestión. “Yo no originé esa contingencia”, subrayó. Alegó que los servicios sí se prestaron y que por eso se pagó. Negó haberse quedado con un sol del Estado.
SEMILLERO
Rocío Barrios no es la única ministra del actual gabinete que trabajó en la gestión de Ollanta Humala. Vizcarra reclutó también a dos viceministros del gobierno humalista: Susana Vilca (Energía y Minas) y Jorge Montenegro (Agricultura).
Fiscalía investiga a ministro de Transportes por colusión
Carlos Lozada Contreras juramentó al cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones el 13 de febrero de este año tras la salida de Edmer Trujillo, quien renunció por cuestionamientos en cuanto al Hospital Regional de Moquegua. Sin embargo, ahora es Lozada quien está en medio de un caso de corrupción, el cual se dio cuando era director ejecutivo de Provías Nacional.
Según el programa Cuarto Poder, la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios formalizó una investigación en contra de cinco personas, incluida el actual ministro Carlos Lozada por delitos de colusión simple en agravio del Estado.
La investigación recientemente formalizada está referida a irregularidades presentadas en el 2018 en contratos suscritos por Provías Nacional, cuando Carlos Lozada era director ejecutivo.
La entidad para la cual trabajaba el actual ministro Lozada hizo un contrato con la constructora española San José, para una obra que consistía en la mejora de la carretera Checca-Mazocruz, en Puno, proyecto actualmente paralizado y con contrato resuelto.
Las irregularidades presentes en la obra fueron denunciadas por empresas que perdieron la licitación de esta, sosteniendo que el contrato se suscribió con una firma sin RUC acreditado ni código de cuenta interbancario. Esto llama la atención, pues en el contrato firmado el 15 de mayo de 2018, la empresa española en cuestión aparece sin RUC, un requisito básico para que alguna persona, tanto natural como jurídica, genere ingresos.
En el documento que la empresa San José le presenta a Provías, un día antes de la firma del contrato, esta aclara estar constituyendo una sucursal en nuestro país, por lo cual, una vez realizada, recién se obtendrá un Registro Único de Contribuyente (RUC).
Según la Fiscalía, ninguno de los implicados en la investigación, incluidos el ahora ministro Lozada, hizo observación de este detalle en el contrato, que fue firmado sin inconvenientes a pesar del detalle del RUC, por lo cual la empresa recibió dinero por avances en la obra sin contar con este registro de ingresos.
Sin embargo, a pesar de ello, para enero de 2019 la obra apenas tenía un avance del 45% con un desembolso que sobrepasaba los S/94 millones y, el 18 de febrero de este año, Provías resolvió el contrato con la empresa San José pues, según el ente público, la empresa se mostraba renuente a retomar las obras.
Fuente: Revista CARETAS.
Por Graciela Villasís Rojas– Diario El Comercio.
La fiscal Geovana Mori, integrante del equipo especial Lava Jato, dispuso la formalización y continuación de la investigación preparatoria a la ex primera dama Nadine Heredia y varios exfuncionarios –entre ellos, algunos ministros de la gestión del entonces presidente Ollanta Humala– por el Caso Gasoducto del Sur Peruano (GSP).
El Comercio accedió a la disposición fiscal que recoge nuevas evidencias sobre la presunta colusión en la que habrían incurrido funcionarios de la administración de Humala para favorecer a la empresa brasileña Odebrecht en la adjudicación del millonario proyecto.
Los correos
La decisión de la fiscal Mori se dio después de que el último 13 de febrero el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena resolvió que la investigación preliminar a Heredia por este caso culmine en un plazo máximo de diez días. En respuesta a ese pedido, en un documento de 292 páginas, Mori dispuso proseguir con la formalización de la pesquisa por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada contra la esposa de Humala, los exministros Jorge Merino (Energía y Minas), Eleodoro Mayorga (Energía y Minas), Carlos Paredes (Transportes y Comunicaciones), Luis Miguel Castilla (Economía y Finanzas), el ex primer ministro René Cornejo y una decena de exfuncionarios.
Según los documentos que formalizan la investigación preparatoria, el 17 de febrero del 2014, Rodney Carvalho –de la constructora Odebrecht, empresa que controlaba el consorcio– envió un correo electrónico a Daniel Hokama Kuwae, en ese entonces funcionario de la firma, con el asunto “Reunión en 30 minutos”. En esta comunicación, le preguntó si había “algún mensaje” para Jorge Merino, entonces titular de Energía y Minas. “Me avisas urgente”, concluyó.
Horas más tarde, ese mismo día, nuevamente Carvalho se dirigió a Hokama y le informó que Merino confirmó que había un acuerdo de todos los ministros respecto a que era “solo un contrato”, así como para aumentar las exigencias para los 200 kilómetros de operaciones, además de incluir el factor tiempo. “Esa es tu chamba”, le precisó.
E-mail del 17 de febrero del 2014 en el que Rodney Carvalho le informa a Daniel Hokama que le fue bien con Barata y que el exministro Jorge Merino confirmó que hay un acuerdo de todos los ministros para aumentar las exigencias en la licitación del gasoducto del sur.
E-mail del 17 de febrero del 2014 en el que Rodney Carvalho le informa a Daniel Hokama que le fue bien con Barata y que el exministro Jorge Merino confirmó que hay un acuerdo de todos los ministros para aumentar las exigencias en la licitación del gasoducto del sur.
Para la fiscalía, este correo evidencia que Odebrecht contaba con información privilegiada a través del entonces ministro de Energía y Minas. Según la página web de Perú-Petro, Daniel Hokama es actualmente gerente general de esa empresa estatal (adscrita al Ministerio de Energía y Minas).
Otro dos correos electrónicos incluidos por la fiscalía son los que fueron enviados también por Carvalho la mañana del 10 de abril del 2014.
Esta cadena de mensajes fue remitida a Jesús Saldaña Fernández y David San Frutos Tomé, ambos de la empresa española Enagás (que tenía el 25% del consorcio por el GSP), al exjefe de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, así como a Hernando Graña. “Sería interesante que ustedes hicieran la consulta a Pro Inversión acerca del operador estratégico de modo a estar seguro que ustedes podrán utilizar la empresa correcta tanto en la operación como en la concesión [sic]”, señaló.
Para la fiscalía, por el contenido de esta comunicación, el tema del operador de la concesión fue fundamental para el consorcio y fue tratado por los socios con funcionarios de Pro Inversión. “Me avisa para hacer seguimiento”, dijo Carvalho en uno de ellos. Según la fiscalía, los socios del consorcio fueron “beneficiados en la versión final del contrato de concesión que fue aprobado por acuerdo del Comité Pro Seguridad Energética […] donde se aprecia el cambio de una cláusula fundamental, como es la de operador calificado”.
El comité
Otro elemento que incorpora la fiscalía es que, pese a que Pro Inversión tenía un comité encargado de los proyectos de hidrocarburos, se resolvió crear un grupo con el objetivo de que se abocara a nuevos proyectos por una solicitud expresa de Humala.
Para la fiscalía, este nuevo comité denominado Pro Seguridad Energética estuvo estrechamente vinculado al consorcio ganador del proyecto, que formó Odebrecht.
Un indicio de la injerencia de Palacio –de acuerdo con la disposición fiscal– apunta a que, previamente a la designación formal de los miembros del comité (que se iba a encargar de conducir el proceso de selección de la empresa que realizaría el GSP), Heredia “habría realizado actos ejecutivos en la designación de miembros del comité” .
Según Mori, para este fin, la ex primera dama habría recurrido a su prima Tania Quispe, en ese entonces superintendenta de la Sunat. Quispe –señala la fiscal– habría convocado en el 2013 al entonces asesor del Minem Mario Antonio Nicolini del Castillo, por su experiencia en temas de gas y petróleo, para que integrara el Comité Pro Seguridad Energética que se iba a constituir y que, efectivamente, se constituyó.
Quispe, quien tiene una investigación preliminar por los presuntos delitos de omisión de deberes funcionales y contra la administración pública-peculado en agravio del Estado (caso Club de la Construcción), ha señalado ante la fiscalía que recordaba haber recibido el CV de Nicolini y que al parecerle interesante, “lo envió al presidente Ollanta Humala”.
En tanto, Nicolini ha indicado a la fiscalía que acudió a Palacio de Gobierno el 22 de febrero del 2013 a pedido de Quispe. Manifestó que fue recibido por Heredia, quien le ofreció presidir el comité. Sin embargo, rechazó la propuesta al no estar interesado porque tenía trabajo y estaba haciendo una consultoría para una empresa en la India.
“Lo dicho por el testigo da cuenta de las injerencias de la imputada Nadine Heredia, en su calidad de primera dama, también en esta etapa de conformación del Comité Pro Seguridad Energética”, precisó la fiscal Mori en su resolución.
Colaboradores implican a Merino y Heredia
La formalización de la investigación incluye los testimonios de José Alejandro Graña y Hernando Graña Acuña, exdirectivos de la constructora Graña y Montero (GyM).
Graña Acuña relató que en una reunión con el exministro Jorge Merino conversó sobre cuál sería la mejor forma para que GyM participe en el proyecto. Afirmó que el entonces titular del MEM fue categórico en responderle que Odebrecht “era la empresa con mayores posibilidades y que debíamos ir con ellos”.
En su testimonio, Graña Acuña también hizo referencia a la injerencia de Heredia en la no ejecución de una carta-fianza, ya que habían decidido hacer una nueva licitación del proyecto. La ex primera dama le dijo que no se preocupara porque “el nuevo proyecto consideraba casi la misma ruta que Kuntur” con garantía del Estado.
Sobre este punto, José Graña detalló que Jorge Barata le señaló que Heredia se había comprometido a ayudarlos en la convocatoria debido al aporte de campaña que habían realizado.
Abogado de Heredia aún no fue notificado
Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia, indicó a El Comercio que todavía no conoce la disposición de la fiscal Mori que formaliza la investigación preparatoria por el Caso Gasoducto del Sur. “Aún no nos han notificado, de modo que no podría dar ninguna opinión”, dijo.
En tanto, el exministro Luis Castilla expresó que recién ayer fue notificado y evalúa la disposición con su defensa.
Los abogados de los exministros Jorge Merino y Carlos Paredes se excusaron de dar una declaración.
Este Diario también llamó y dejó mensajes a los exministros René Cornejo y Eleodoro Mayorga, pero no obtuvo respuesta.
La exjefa de la Sunat Tania Quispe señaló que no tuvo nada que ver con el tema del gasoducto del sur. “La señora Nadine nunca me pidió que buscara a nadie para el comité. Yo derivé el CV de Mario Nicolini a Palacio a pedido de él, pues este buscaba colaborar con el gobierno”, acotó.
Nadine Heredia actuó como “funcionaria pública de facto” en Caso Gasoducto
Por Martín Calderón– Diario El Comercio.
La ex primera dama Nadine Heredia actuó como una “funcionaria pública de facto” durante el mandato de su esposo, Ollanta Humala, para favorecer a la empresa Odebrecht en la adjudicación del proyecto del gasoducto sur peruano (GSP). Así lo aseguró la fiscal Geovana Mori, integrante del equipo especial Lava Jato, en la disposición fiscal de formalización y continuación de la investigación preparatoria a Heredia y otros exfuncionarios.
Para sustentar esa afirmación, la fiscal Mori cuenta, entre otras pruebas, con el testimonio de un personaje clave en el caso: el exjefe de proyecto del GSP Luis Sánchez Torino, a quien imputa los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada.
Sánchez declaró ante la fiscalía el 24 de noviembre del 2016, el 5 de marzo del 2018 y el 17 de junio del 2019. Señaló, entre otros detalles, que Heredia participó en una reunión de coordinación sobre el proyecto GSP, convocada por el entonces presidente Humala a fines del 2013.
En la reunión estuvieron, de acuerdo con el testimonio, dos representantes de la consultora Wood Mackenzie, Nadine Heredia y los miembros del Comité de Pro Seguridad Energética Guillermo Lecarnaqué, Gustavo Navarro Valdivia y Rosa Ortiz Ríos.
Sánchez confirmó a El Comercio esa versión y aseguró que está dispuesto a seguir colaborando con la justicia.
“Declaré en una de mis testimoniales que hubo varios presentes, entre ellos estuvo la señora [Heredia]. Sé que estuvo presente, pero no recuerdo más […] Yo era jefe de proyecto y cumplía funciones técnicas”, dijo.
De acuerdo con la fiscalía, el proyecto estaba direccionado a favor de Odebrecht por disposición de “las altas esferas, como de la primera dama Nadine Heredia”.
La investigación preparatoria de la fiscal Mori imputa a Heredia los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada, y la identifica como “funcionaria pública de facto y/o de hecho por delegación de funciones de parte de su cónyuge, Ollanta Humala Tasso”.
El testimonio de Sánchez refuerza las declaraciones del exrepresentante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata. Estas también fueron incluidas por la fiscal Mori.
Barata señaló que sostuvo comunicaciones “con los ministros responsables de la conducción del proceso, como por ejemplo con el señor [Jorge] Merino Tafur, Eleodoro Mayorga, con la propia señora Nadine Heredia”.
Agregó que en las reuniones o comunicaciones “normalmente se llevaban varios puntos porque Odebrecht tenía en ese entonces en el país una lista larga de proyectos de interés e inversiones”.
“En estas se trataba de listar las dificultades que teníamos en la conducción de cada uno de los proyectos y especialmente en el gasoducto sur peruano […]”, detalló.
Funciones
El personaje clave en este caso, Luis Sánchez Torino, es incluido por la fiscalía en la estructura de la presunta asociación ilícita que operó para favorecer a Odebrecht.
Sánchez aparece en el tercer nivel de la estructura junto a Edgar Ramírez Cadenillas, expresidente del Comité de Pro Seguridad Energética; Gustavo Navarro Valdivia y María del Rosario Patiño Marca de Álvarez, exfuncionarios del mencionado comité.
“Yo no he sido informado oficialmente. Me llama la atención y me he comunicado con mi abogado. He estado yendo a dar mis testimoniales como jefe de proyecto. Siempre he ido a las citaciones para informar sobre mi participación”, dijo a este Diario.
En el primer nivel de la estructura de asociación ilícita se encuentran Humala y Heredia, mientras que en el segundo aparecen los exministros Luis Miguel Castilla Rubio, Jorge Merino Tafur, Carlos Paredes Rodríguez, René Cornejo Díaz y Eleodoro Mayorga Alba.
Según la fiscalía, funcionarios de Odebrecht sostuvieron un pacto colusorio con Heredia y contaron con información privilegiada del proceso para la licitación del GSP.
Más testimonios
La fiscalía cuenta con las declaraciones de Navarro Valdivia, quien –de acuerdo con los documentos que formalizan la investigación preparatoria– también señaló que Heredia participó en una reunión convocada por Humala por el proyecto GSP.
En la disposición fiscal se menciona la declaración de Mario Nicolini Castillo, asesor del entonces ministro de Energía y Minas Jorge Merino Tafur.
Según la fiscalía, Nicolini señaló que conoció a Heredia en Palacio, en una reunión a la que fue citado.
La ex primera dama tenía el currículum de Nicolini y le preguntó si quería presidir el Comité de Pro Seguridad Energética que se iba a armar. Él le contestó que no estaba interesado pues tenía trabajo, de acuerdo con la fiscalía.
Consultado por El Comercio, el abogado de Heredia, Wilfredo Pedraza, nos indicó que aún no había leído la disposición fiscal y que lo hará.