Por Ricardo Uceda- Diario La República.
Una lectura de la sentencia que convalida el acuerdo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público y Odebrecht revela algo sorprendente. La fiscalía aseguró a la jueza María Álvarez que ignoraba ilicitudes de la empresa distintas a las que confesó. La omisión es incongruente con el hecho de que al momento de la suscripción del acuerdo, el 15 de febrero, se conocían otros delitos no reconocidos en diferentes obras.
En el punto 92 de la sentencia, páginas 225 y 226, la jueza dice: “Así, advertimos según lo informado por la fiscalía que los hechos en relación a los cuatro proyectos sobre los que versa el presente acuerdo, serían los únicos casos donde fiscalía ha evidenciado sospecha sobre la presunta responsabilidad penal de los colaboradores eficaces (personas naturales y persona jurídica)…”. Se refiere a Odebrecht y sus funcionarios Jorge Barata, Ricardo Boleira, Renato Ribeiro y Antonio Nostre.
Más que sospechas
Los términos son claros pero a continuación la jueza los aclaró más. Estableció un requisito forzoso para que la empresa reciba pagos de un fideicomiso que concentra todos sus ingresos y permite cubrir la reparación civil. Antes, el Ministerio Público debe informar que “no exista investigación o proceso penal en curso respecto a personas naturales o jurídicas que involucren al ente jurídico Odebrecht por hechos distintos a los que son materia del presente acuerdo”. Por hechos distintos, no por los confesados.
Había más que sospechas en el caso del Gasoducto del Sur, referido ampliamente en los últimos días. Además, funcionarios de Odebrecht están involucrados en una investigación preparatoria por colusión desleal y peculado en la construcción de la carretera San José de Sisa, en San Martín. También en una investigación preliminar sobre corrupción en arbitrajes. La lista es mayor, según palabras del ex coordinador del Equipo Especial Hamilton Castro. Pidió una explicación sobre la falta de requerimientos a Odebrecht por supuestos pagos ilícitos en unos veinte proyectos.
En la sentencia se menciona que Odebrecht está haciendo contribuciones informativas en unos 16 casos, a los que identifica. La lista incluye el Gasoducto del Sur, Rutas de Lima, el Club de la Construcción, Westfield Capital, los cocteles de Fuerza Popular, y, entre otras, diversas investigaciones a partidos políticos. Pero la jueza lo dice solo como referencia de que la fiscalía quiere resaltar la voluntad de colaboración de la empresa, y no como un involucramiento de esta en posibles hechos delictivos.
Según el acuerdo, citado por la sentencia, Odebrecht se compromete a entregar a la fiscalía todas las pruebas de los delitos de corrupción y lavado de activos de funcionarios peruanos de cualquier nivel. También consta que el acuerdo permite nuevas admisiones de responsabilidad de Odebrecht, con sus correspondientes beneficios, siempre y cuando la información proviniera de su colaboración espontánea y no de otras fuentes. La forma en que está dicho merece un destaque. Se anticipa la posibilidad de que “investigaciones internas” de Odebrecht identifiquen delitos de la empresa no confesados. En ese caso, deberá comunicarlas a la fiscalía dentro de los siguientes quince días.
La plata de Chaglla
Odebrecht, sin embargo, no parece haber tenido la intención de admitir nuevos delitos. Luego de que, para sorpresa del Ministerio Público, se publicaran evidencias de sobornos en el Gasoducto del Sur, el fiscal superior Rafael Vela anunció que Odebrecht había firmado un documento reconociendo pagos ilícitos en ese proyecto. Se ignoran responsables, montos y situaciones. El documento aún no ha sido filtrado a los medios mejor informados sobre lo que hacen los fiscales de Lava Jato. Será interesante conocer la fecha, y si esta acción forzada es ubicada en la cuenta de confesiones espontáneas de la empresa.
La sentencia ya interrumpió la luna de miel entre Odebrecht y el Equipo Especial, como lo demostró en la noche del domingo el reportaje de Christopher Acosta en Latina TV. La empresa está exigiendo el reembolso de 524 millones de soles correspondientes a la venta de la hidroeléctrica de Chaglla. Según lo pactado, del total de la venta más de mil millones van al Estado para reparación civil y otros conceptos. El resto es para Odebrecht. Pero la sentencia le ató las manos al fiscal Vela, quien se juega el pescuezo si vuelve a decir que Odebrecht no afronta otras investigaciones.
Problemas mayores
Los defensores del acuerdo tenían razón al decir que admite nuevas culpas y reparaciones. Y los críticos también, en tanto debió incluir al gasoducto entre sus prioridades. Por otra parte, es llamativo que Odebrecht no admita el delito de soborno -cohecho- pues claramente lo cometió. Su desaparición del acuerdo excedería las facultades del Ministerio Público. Estas omisiones requieren una explicación pública.
Los fiscales afrontan problemas delicados. Uno de credibilidad, por haber alentado la versión de que el acuerdo abría todas las puertas del conocimiento de la corrupción. Y otro derivado de la rigidez de la ley sobre reparaciones civiles. Son calculadas en función del valor de la obra y no de la colaboración. Odebrecht y las empresas del Club de la Construcción buscarán encubrir la mayor cantidad de delitos, pues buena parte de ellas quebraría si confiesan todos sus pecados. Nadie en el gobierno ha querido admitir francamente que faltaban incentivos. Los fiscales, arropados por la adulación y una alta popularidad, debieron explicar sus limitaciones y no ofrecer el paraíso, al mismo tiempo que sus críticos, casi sin excepción, eran tratados de corruptos.
De su propio chocolate
Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
Esta semana, el gobernador regional de Arequipa envió un ultimátum al gobierno de Martín Vizcarra dándole un plazo de 72 horas para que declare nula la licencia de construcción que el Ejecutivo otorgó al proyecto minero Tía María. En conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, fue enfático en señalar que el gobierno no aceptaba ultimátums, sustentando que en una democracia y en un estado de Derecho los ucases están de más, y que es el diálogo el que impera para llegar a consensos y tomar decisiones en el marco de la ley.
No le falta razón al premier si no fuera porque el mismo Gobierno ha hecho añicos el sustento del diálogo y los consensos con la consecuente validación de los ucases y ultimátums al Congreso para que apruebe sin modificaciones (¡la esencia!) y en plazos perentorios reformas constitucionales al sistema político y de justicia, al amparo del aplauso de la opinión pública y de la mayoría de los medios de comunicación aceitados con la publicidad estatal.
En simple, el gobierno está recibiendo de su propia medicina: así como en Lima aplaudían al gobierno en su enfrentamiento con el Congreso, en Arequipa aplauden con un paro regional a los antimineros que se oponen al gobierno y a la mina.
¿Con qué derecho entonces Martín Vizcarra apura al Congreso para que el 25 de julio dé cumplimiento sí o sí (con la amenaza de cerrarlo) a una reforma política que –como la de justicia– tiene todos los visos del fracaso si sigue el derrotero irresponsable de la premura? Si pide consensos y diálogos con el gobierno regional de Arequipa y los pobladores del valle de Islay, ¿por qué se los niega al Congreso? ¿Se atreverá a disolver el gobierno regional de Arequipa como amenaza disolver el Congreso en el “marco de la constitución”?
Por otro lado, la chapucería y mediocridad del gobierno lo demuestra el hecho de que luego de haber otorgado la licencia de construcción de la mina (concluidos satisfactoriamente todos los procesos administrativos) el presidente afirme que nadie construirá nada hasta que todos los pobladores hayan quedado satisfechos con las explicaciones que el gobierno y la minera hagan para dilucidar cualquier inquietud (“Si no se aclaran las dudas no hay construcción del proyecto Tía María”). Entonces, ¿para qué se otorga una licencia de construcción si no se podrá utilizar para el objeto que es otorgada?
Otra vez, en simple, bajo los términos de Vizcarra la licencia de construcción no es más que un engañamuchachos. ¿Y qué pasa si, como suele suceder con los antimineros, toda conversación no resulta más que un diálogo de sordos?
Por último, y ya hablando de la empresa privada: ¿a quién se le ocurre en un rubro tan delicado como la actividad minera unir en un solo cargo al vicepresidente de finanzas y al de relaciones comunitarias? El financiero, por su formación, tiene un enfoque de utilidad máxima. Esa es su prioridad. Las relaciones comunitarias se enfocan en la sensibilidad social y en las personas y sus necesidades que siempre van a contrapelo con los intereses de los financieros. Es decir, si la responsabilidad recae en el mismo cargo, ¿cuál es el contrapeso interno?
Ese desencuentro es el que produce declaraciones temerarias para la coyuntura como que la minera no necesita de la licencia social porque ese no es un requisito administrativo ni está en la ley. Graves errores que ahora los empresarios y el gobierno están pagando en Arequipa por sus propias contradicciones. 
FISCAL MORI: “ESTE DESPACHO HA LOGRADO DESCIFRAR ALGUNOS ‘CODINOMES’ DEL CASO GASODUCTO”
Por Milagros Salazar Herrera- Convoca.pe
Desde mayo último, la fiscal Geovanna Mori, integrante del Equipo Especial del caso Lava Jato, está a cargo de la investigación del proyecto energético más caro en la historia del Perú: el Gasoducto del Sur. La concesión fue adjudicada en el régimen de Ollanta Humala por más de 7 mil millones de dólares, en medio de procesos irregulares. Pero no fue hasta el martes 25 de junio reciente que por primera vez saltaron a la luz pagos ocultos del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, en un reportaje publicado por Convoca.pe y medio aliados, como parte de la investigación periodística transfronteriza ‘División de Sobornos’.
Desde entonces las pesquisas sobre este caso que involucra a más de 30 personas, por el momento, ha dado un giro importante que apunta a descifrar quiénes son los personajes detrás de los diez ‘codinomes’ (seudónimos) vinculados a más de 3 millones de dólares de pagos asociados al Gasoducto del Sur, así como un ‘codinome’ referido a Kuntur, el proyecto antecesor de esta obra millonaria que se inició durante el gobierno de Alan García.
En su despacho, temporalmente invadido por cajas de cartón, documentos y algunas computadoras incautadas en el allanamiento del jueves 4 de julio a viviendas de personajes investigados por los hechos del Gasoducto del Sur, la fiscal Mori respondió a las preguntas de Convoca.pe. Ella asegura que ya identificó algunos ‘codinomes’ y explica los avances de esta investigación. Por la relevancia del caso, en el Ministerio Público se evalúa que viaje a Brasil para participar en el próximo interrogatorio a Jorge Barata y Ricardo Boleira, exrepresentantes de Odebrecht en el Perú.
Ha trascendido que hay cuatro personas que se han acercado a su despacho para colaborar en el caso Gasoducto del Sur. También se habla de una empresa que tiene este mismo interés. ¿Esto se produjo después de la publicación que realizamos la noche del 25 de junio o viene de tiempo atrás?
El tema de los colaboradores, de los testigos protegidos, se ha propiciado a raíz y en parte por la publicación de los medios de comunicación. Pero también ha sido un proceso de búsqueda por parte de este despacho.
Su despacho asumió en mayo la investigación del caso Gasoducto. ¿Usted diría que el avance más importante en el recojo de evidencias sobre pagos ilícitos asociados a este proyecto gasífero se ha producido en las últimas semanas?
Eso es un avance importante, pero tampoco descartamos otros hechos ilícitos en la investigación. Estamos tratando de madurarla para tener un buen caso y presentarlo al Poder Judicial.
Odebrecht entregó la planilla con los pagos ocultos asociados a Gasoducto el 12 de junio último? ¿La compañía o los colaboradores como Jorge Barata (exsuperintendente de Odebrecht en el Perú) han entregado información de quiénes son los personajes ocultos detrás de los ‘codinomes’?
Esa información no la tengo yo porque no estoy a cargo del proceso de colaboración eficaz. Eso lo tiene el primer despacho a cargo del doctor José Domingo Pérez. Lo que sí nosotros hemos hecho es mencionar la información brindada por nuestro fiscal superior coordinador (Rafael Vela), en el sentido de que la empresa ya viene proporcionando información de las planillas del sistema My Web Day y Drousys. Ahora, esta situación se produce y, hay que recordar, en el marco de la colaboración eficaz a la que está sujeta la empresa y toda vez que las declaraciones que se establecieron en Curitiba recientemente con Barata (en abril), se hacía mención en cada una de sus declaraciones a la copia de información adicional. Llegó a entenderse que esa copia de información adicional se viene suscitando desde la fecha que usted ha mencionado.
¿Pero su despacho ya identificó por lo menos algunos ‘codinomes’ por el caso Gasoducto?, ¿por esfuerzo propio, por otros colaboradores o por otras fuentes de información?
Claro, como ya hemos mencionado el despacho viene adaptando todos sus esfuerzos en esclarecer los hechos que se investigan y, en esa actividad proactiva, hemos logrado descifrar algunos ‘codinomes’.
¿Con la ayuda de la constructora Odebrecht o principalmente por otras fuentes?
Hay que hacer mención que el tema de la colaboración eficaz de la empresa está a cargo del primer despacho fiscal (a cargo de José Domingo Pérez). Esa información de recopilación de documentación va a ser materia de decodificación (durante los interrogatorios programados con Jorge Barata y Ricardo Boleira, exdirectivos de Odebrecht). Sin embargo, como he mencionado, nuestro despacho sigue haciendo las indagaciones respectivas y ha logrado descifrar algunos ‘codinomes’.
¿Estos ‘codinomes’ identificados corresponden a funcionarios públicos? ¿En el caso Gasoducto podemos hablar de pagos ilícitos a funcionarios?
Esa información no la puedo proporcionar porque es parte de la reserva de la investigación y además, por estrategia fiscal, me reservo esa información. Lo que le puedo decir es que nuestra estrategia siempre está orientada a la modalidad que ha seguido la empresa, ¿no? Pagos ilícitos a cambio de favorecerse con obras, contrataciones y concesiones. Esa es nuestra teoría. Ahora también hay que hacer mención, hay que traer a colación lo que ha mencionado nuestro fiscal superior (Rafael Vela) en el sentido de que la empresa ha mencionado pagos ilícitos.
Exactamente. Usted también ha explicado que cuando el fiscal Vela habla de pagos ilícitos se refiere a pagos de sobornos.
Claro, porque la ilicitud se propicia a cambio de algo, ¿no? Siempre tiene que entenderse como un soborno, ¿no? Además estamos hablando de una obra, de un proyecto, una contratación con el Estado.
Están siendo investigados 30 personas como parte del caso. ¿Esta información que usted viene recogiendo con cuatro personas y una empresa que se han acercado a colaborar a su despacho apunta a nuevos implicados en el caso Gasoducto?
Sí, más personas estarían implicadas en el caso.
Ha llamado la atención el caso del allanamiento a una propiedad de la excoordinadora parlamentaria de la Presidencia del Consejo de Ministros, Malka Maya, cercana a la exprimera dama Nadine Heredia…
Lo que ocurre es que cuando se ha producido el requerimiento del allanamiento, se ha efectuado para los investigados, pero también para personas cercanas a los investigados o que han tenido alguna vinculación con los investigados, como ha sucedido con los estudios jurídicos y, a la vez, con dos personas que vendrían a ser muy cercanas a la exprimera dama Nadine Heredia. Pero siempre en el marco de la imputación que nosotros venimos sosteniendo. Esto ha pasado por el Poder Judicial y ha sido admitido. Por esa razón hemos intervenido a estos señores y a las personas que usted menciona.
El rol que cumplía esta funcionaria era clave para impulsar proyectos de ley en el Congreso. Esta conexión del nivel de influencia para el caso Gasoducto, ¿es algo que está siendo considerado en su carpeta fiscal?
Lo que le puedo decir es que la hipótesis fiscal es que esta norma fue propiciada, fue endosada por la primera dama Nadine Heredia. Y en esta tesis se da la norma que se requería para dar paso al proceso de contratación. Entonces es sui generis, inusual, que una norma se apruebe inmediatamente, sin cumplir los protocolos y las normas que establece nuestro propio Parlamento. Pero este es un tema que lo podemos analizar como un indicio más.
Pero es algo realmente importante. En ese entonces Nadine Heredia era la máxima dirigente del partido de gobierno Gana Perú y a la vez Primera Dama. Entonces había congresistas que respondían en términos partidarios ante ella como líder de la organización.
La influencia que tenía como Primera Dama y a la vez como representante de ese partido. Eso puede sostener un tema… pero finalmente lo cierto y concreto es que todo el panorama se propicia en que se da una norma favorable para esta empresa (Odebrecht) y se produce el proyecto.
Para el caso Gasoducto, ¿hablamos fundamentalmente de pagos a funcionarios de segundo, tercer nivel?, ¿o hablamos de altos funcionarios: presidentes, ministros? ¿Cuál es su hipótesis?
Nosotros siempre traemos a colación el modus operandi de la empresa. El modus operandi de la empresa siempre ha sido acceder a las obras a cambio de pagos de sobornos a altos funcionarios, porque finalmente son los que tienen injerencia total respecto a estas concesiones y es lo que ha ocurrido en el caso Gasoducto, que es la concesión más importante del país en la que se dieron procedimientos tan céleres y normativas sin mayor preocupaciones. Entonces no se descarta pagos a altos funcionarios, pero hay que tener claro que no soy competente para conocer estos hechos, solo lo verá la Fiscalía de la Nación que en su momento se pronunciará al respecto. Mi marco de investigación es desde la señora Nadine Heredia (en el régimen de Ollanta Humala) y en la etapa del expresidente Alan García hasta los ministros porque ya no tienen esa prerrogativa de la inmunidad y entonces sí se les puede investigar.
Y en el caso de los que todavía gozan de inmunidad, lo está viendo la Fiscalía de la Nación como sucede con el exministro Eleodoro Mayorga, el expresidente Humala…
Sí, entre otros.
¿Y cómo queda el caso Kuntur que fue el proyecto antecesor del Gasoducto del Sur? También hemos identificado pagos asociados a Kuntur para el ‘codinome’ Vermelho (rojo en portugués), un proyecto adjudicado en el régimen de Alan García. ¿En ese caso cuál es su hipótesis?
Sí, precisamente este despacho emitió una resolución de ampliación de investigación (el 1 de julio de 2019) en la cual se comprenden ya estos hechos de la etapa anterior, es decir para el proyecto Kuntur, porque estamos basados en esta modalidad criminal de la empresa: presumimos que estaba siempre el interés directo en esta obra en los dos momentos: la etapa Kuntur (con el régimen de García) y la etapa Gasoducto (con el gobierno de Humala). En la etapa Kuntur ya han sido comprendidos estos hechos, que en resumen se refieren a la prolongación de los cronogramas para cumplir con esta concesión y adicionalmente la prórroga de plazos que perjudican al Estado porque se propició la carta de garantía. Por esos hechos, este despacho ha incluido en la investigación a otras personas (del gobierno de Alan García): Juan Valdivia Romero (exministro de Energía y Minas), Luis Vicente Zavaleta Vargas (exfuncionario de la Dirección General de Hidrocarburos), así como Gustavo Navarro Valdivia, Édgard Ramírez Cadenillas (exintegrantes del Comité de Seguridad Energética de Proinversión) y Fernando Pomatailla Gálvez (exfuncionario del ministerio de Energía y Minas), entre otros.
Ya se produjo el allanamiento a las propiedades de estos personajes. ¿Cuándo deberán declarar ante su despacho?
En la primera semana de agosto.
¿Estas personas podrían haber recibido pagos de sobornos?
Es que el análisis o la teoría del caso no solamente es por pago de sobornos, también estamos hablando de colusión agravada (cuando el funcionario aprovecha su posición para obtener beneficio personal o de tercero en perjuicio del patrimonio del Estado e incumple con su deber). Nosotros sostenemos que en esta etapa de Kuntur, la prolongación de los cronogramas de los plazos y de la carta de garantía han causado un perjuicio al Estado. Pero, como ya lo mencioné, dada la modalidad que usaba la empresa (Odebrecht), no se descartan pagos de sobornos, y en ese caso, sería un posible cohecho.
En la planilla de 2014 del Departamento de Operaciones Estructuradas, que hemos publicado, aparecen dos pagos. Pero por el modus operandi de la compañía, que pagaba en cuotas, ¿estas transferencias podrían ser la punta del iceberg de otros pagos que se realizaron por Kuntur?, ¿ustedes lo han contemplado en la investigación?
También hay que hacer mención a que los pagos que se producen pueden ser un registro por pagos anteriores o porque acá también hay otras empresas que tenían la modalidad de recibir dinero (como el caso Construmaq) y hacían entregas directas a los funcionarios de Odebrecht. Acá se pueden dar dos modalidades, hay que recordar los años 2007 y 2008, las modalidades en esa época también eran entregas directas de pagos.
¿En 2007 y 2008 la modalidad eran pagos de coima en efectivo?
Sí. Al hacer el análisis de esas cuentas, de los pagos, entendimos que la modalidad iba evolucionando en el tiempo: primero pagos directos, pagos a cuentas personales y luego pagos a cuentas de empresas offshore.
Esto indica que el sistema de pagos se hizo cada vez más sofisticado. Precisamente, en la planilla de los pagos vinculados a Gasoducto del Sur aparecen varias sociedades offshore. Mientras que en otros casos se observa el uso de la firma peruana Construmaq, de Gonzalo Monteverde, que sirvió para triangular los pagos ilícitos como han confesado los delatores brasileños. ¿Han identificado información adicional sobre esas offshore?
Las indagaciones se pueden hacer, pero estamos sujetos a asistencias judiciales, a información formal que tenemos que recepcionar para poder tener un detalle al respecto.
Para el caso Gasoducto hay diez ‘codinomes’. Esto revela que había toda una red de personas involucradas, también por la magnitud de inversión del proyecto…
Claro, es la magnitud de inversión del proyecto y los actores que estuvieron en esta obra, ¿no? Porque aquí no solamente participaron funcionarios, sino también se hicieron pronunciamientos sobre informes técnicos legales por parte de estudios jurídicos que lograron que se descalifique al consorcio postor, entonces ese contexto debe entenderse así. Además, hay un tema en los estudios de impacto ambiental en el que también se hicieron pronunciamientos para hacer que la empresa Odebrecht utilice los estudios de impacto ambiental de Kuntur, para la otra concesión: Gasoducto. ¿Esto qué ocasionaba? Que pongan en desventaja a los demás postores, ¿no? Porque un estudio de impacto ambiental implica tiempo, dinero, inversión. Pero para este tipo de obra era necesario hacer un nuevo estudio. Entonces, entiendo que para esta obra hay muchos actores y, además, pagos respecto a un porcentaje de la obra.
Entonces detrás de esos ‘codinomes’ no solo pueden haber funcionarios, sino también abogados, representantes de bufetes, todos estos personajes que cumplieron un papel clave en todo el proceso: desde el estudio de impacto ambiental, los informes técnicos, los funcionarios que facilitaron la adjudicación...
Sí, no se descarta aquí ninguna situación.