Ollanta Humala y Susana Villarán, parte de “banda” creada por Lula da Silva

Por SCARLET REYES VERÁSTEGUI- Diario EXPRESO.
Las declaraciones brindadas por Jorge Barata, exrepresentante de la empresa Odebrecht, en el marco de la colaboración eficaz, delatarían la existencia de una organización delincuencial a escala internacional encabezada por el hoy encarcelado expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, e integrada por Ollanta Humala y Susana Villarán, afirmó el legislador de Concertación Parlamentaria, Pedro Olaechea.
“Se está configurando una banda, así de sencillo, y nadie se da cuenta. Eso es grave, Barata entregó 3 millones de dólares de parte de Lula a Ollanta Humala y a Villarán [por el No a la Revocatoria] porque tenían la misma línea”, dijo.
Recordó que Lula fue sentenciado por delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, donde el juez federal Sergio Moro consideró que ejercía “un papel relevante en la trama criminal” del caso Lava Jato en Brasil.
En septiembre de 2018, Marcelo Odebrecht confirmó que algunos de los aportes  que realizó a Humala Tasso fueron solicitados directamente por Lula y su partido político. En el caso de Villarán de la Puente, Barata afirmó que como en 2011 el gobierno brasileño le exigió apoyar la campaña de Humala, supuso que situación similar sucedería con la ex alcaldesa.
En esa línea, indicó que como consecuencia de los pagos que se realizaron a las gestiones en mención, la empresa brasileña logró “sustraer más US$ 12 mil millones”.

La venta de Chaglla, otra estafa de Odebrecht

Por PLINIO ESQUINARILA- Diario EXPRESO.
En el peor de los casos el Perú debió comprar la hidroeléctrica Chaglla a Odebrecht, si es posible a mayor precio del adquirido por la transnacional oriental China Three Gorges (CTG), para de esa forma deshacerse de un contrato leonino por el cual Electroperú debe pagar, por 15 años, una tarifa de energía eléctrica muy por encima del precio del mercado y, por lo tanto, subsidiada por los contribuyentes en favor del nuevo concesionario chino. La publicitada venta no se justifica con el solo pago hecho por la firma carioca de las deudas a Sunat y desembolsos a otra agencia peruana. Es pues un engaño más del Gobierno y de fiscales y procuradores del caso Lava Jato.
Nos referimos a la cancelación, el pasado 25 de abril, de un poco más de 434 millones de soles de parte de Odebrecht a la Sunat, así como el pago de parte de las acreencias en Cofide (que suman US$ 100 millones) y de la primera cuota de la reparación civil por 80 millones de soles del paquete de los 610 millones de reparación civil al Estado peruano.
Hay técnicos calificados que piensan todo lo contrario. Es el caso del economista Manuel Romero Caro, quien considera que la hidroeléctrica de Chaglla tiene garantizada por el Estado, vía Electroperú, la compra de su producción a un muy buen precio a US$ 60 MegaWatt/hora (MWh) aproximadamente, pero resulta que el precio spot está en menos de 10 dólares MWh, por lo que de partida pierde 50 dólares por MWh.
“Esta cifra representará miles de millones de dólares a lo largo del plazo de la concesión, monto que al final lo terminará pagando la ciudadanía”, advierte.
El efecto negativo del abusivo contrato ya le ha pasado factura a Electroperú. Tanto es así que una conocida clasificadora de crédito informó, en abril de 2018, que le retiraba la categoría AA+ a dicha empresa.
El problema es el “riesgo de injerencia política por parte del Estado peruano en la compañía, el cual se ha materializado en los últimos ejercicios a través de un encargo de Proinversión”.
Se refiere al encargo a Electroperú de cumplir con su rol de comercializador a través de contratos, la compra obligada y por contrato de potencia y energía bajo la modalidad take or pay con Chaglla.
DEBIMOS COMPRARLO
Y en el transcurso de la concesión, que está rubricada hasta 2030, el monto de los subsidios que debemos pagar a través de Electroperú ya estaría superando, hace dos años, los 550 millones de soles.
“Por lo que, como lo alertáramos oportunamente, hubiera resultado muy conveniente que Electroperú comprara Chaglla, pagando un precio superior al del actual comprador chino. Y una vez adquirida, acordar con el Gobierno la rescisión del nefasto contrato antes reseñado”, comenta.
“Una vez logrado el objetivo, Chaglla podría ser privatizada. De esta manera la ciudadanía se ahorraría de pagar miles de millones en subsidios y Odebrecht hubiera recibido un mayor precio por Chaglla”, advierte el experto.
“Al no haberse efectuado la medida recomendada, la ciudadanía tendrá que pagar, a través de Electroperú, miles de millones de dólares en subsidios a los nuevos dueños de Chaglla”, reitera.
Tanto es así que, según la Comisión Lava jato del Congreso, nos han expuesto a perder US$ 3,000 millones en los 15 años de los contratos hasta 2030. (Ver nota aparte).
EL OTRO PROBLEMA
De otra parte, el haberle permitido a Odebrecht vender su principal activo en el Perú, que equivale al 60 % de lo que aún mantiene en territorio nacional, significa que “no tendríamos con qué cobrarle la reparación civil y otros rubros en la eventualidad que el Poder Judicial no aprobara el acuerdo de colaboración con Odebrecht”.
Tal como sucediera con dicho acuerdo, “hemos cedido mucho para recibir muy poco. Por lo que parece que la presión al Gobierno de los acreedores de Odebrecht, que son los más beneficiados [con la venta a la citada transnacional china] debe de haber sido exitosa”.
Se habla que cobraron no menos de US$ 300 millones. Para explicar este tema, Romero Caro se remonta a las declaraciones del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, a la prensa extranjera el 29 de noviembre de 2018, cuando manifestó que si la venta de Chaglla sería de US$ 1,200 millones –y que ahora ha sido de US$ 1,400 millones–, la transacción se reduciría casi a la mitad “porque el comprador asumiría el pago de diversas deudas”.
Esa mitad sería de US$ 640 millones, precisando Zeballos que “de prosperar la venta, el 50 % correspondería a la empresa vendedora (Odebrecht) y el otro 50 % pasaría al Estado como reparación civil, es decir US$ 320 millones”. Sin embargo algo cambió en el mundo financiero entre fines de noviembre y el 8 de diciembre de 2019, fecha en que se firma el acuerdo preliminar de colaboración con la transnacional brasileña que se filtró a los medios de comunicación.
DEFAULT
Es que en ese lapso de tiempo, las calificadoras de riesgo colocaron en default una deuda de bonos de Odebrecht, y los acreedores deben de haber presionado bastante, recuerda el experto.
Finalmente, como es público, la reparación fue de solo 610 millones de soles –unos 183 millones de dólares– pagaderos en 15 años.
Este tipo de operaciones de compra-venta de proyectos de empresas investigadas en el caso Lava Jato se rigen por la Ley Nº 30737, que “ya era un terno a la medida de los acreedores de Odebrecht”, pero resulta que, en el acuerdo firmado, el equipo especial de la Fiscalía exoneró a la constructora del requisito de dar el 50 % de la venta de Chaglla al Perú.
¿Sobornos?
Considerando la política de Odebrecht, de obtener “condiciones especiales” para sus proyectos a través del pago de sobornos, ¿alguien se sorprendería si la extraordinaria ventaja que el Estado le asegure la compra de su producción a US$ 60MWh se hubiera obtenido de esa manera?”, se pregunta Romero Caro.

Esta es la gran verdad que ocultan del caso Lava jato

Según los cálculos de la Comisión Lava Jato del Congreso, el modelo económico y financiero que calcula los megawatts por hora afectará “a más de tres millones de usuarios del servicio público de electricidad con los contratos derivados de la licitación pública internacional” que favoreció a la Empresa de Generación Huallaga, concesionaria de la Central Hidroeléctrica de Chaglla.
Una visión conservadora asume que “el valor estimado de tales pérdidas es de 330 millones de dólares distribuidos en los 15 años de vigencia de los tres contratos”. Se refiere, aparte de Chaglla, a las pequeñas Cerro del Águila S.A. y Consorcio Generadora Pucará.
Estas nuevas centrales, sobre todo Chaglla, vendieron a Electroperú con sobreprecios del 17.8 % respecto al mercado del servicio público de electricidad.
Esto porque Proinversión dispuso que la nueva energía de las centrales debiera ser comprada por las empresas distribuidoras del Estado en provincias, con el agravante que los sobreprecios fuesen asumidos por los pequeños usuarios eléctricos de estas empresas.
Pero este abuso tuvo que ser revisado en la segunda versión de los contratos, y es así que se decide trasladar –desde el Ejecutivo– esta obligación a Electroperú, empresa que por la concesión estaba obligada a comprar la energía de Chaglla para luego revenderla, con subsidio, a las empresas distribuidoras del Estado, asumiendo desde entonces las pérdidas económicas año a año.
Dicho de otra forma, según la Comisión Lava Jato del Congreso, “Electroperú S.A. se encontraría con energía excedente que debe comprar a precio alto y que se ve obligada a comercializar a precios menores, absorbiendo las pérdidas con sus propias utilidades o con su propio patrimonio”, es decir, con nuestros impuestos.
Y todo ello en un horizonte de 15 años, y que será con claridad entre 2017 y 2030. En una visión más realista, los técnicos probaron que el precio promedio de potencia y energía eléctrica vendida a Electroperú “resultó entre US$ 57.51 y US$ 63.03 MWh (…), con un valor promedio de US$ 59.9 MWh, una obligación anual de pago de facturas de US$ 200 millones que hicieron un total de US$ 3,000 millones para los 15 años de los contratos”.