Flamante viceministro de gobernanza territorial, Javier Fernández-Concha Stucker adelanta que gobierno no dialogará en conflictos si hay un quiebre del orden jurídico. (Foto: Félix Ingaruca/El Comercio).

“La violación del orden jurídico tiene que tener consecuencias”

Por Francesca García Delgado y Giulio Valz-Gen– Diario El Comercio.
En su primera entrevista como viceministro de Gobernanza Territorial, Javier Fernández-Concha Stucker adelanta que la nueva estrategia para disminuir la conflictividad social será mejorar la gestión pública para atender a tiempo la demanda social y evitar los conflictos. Anuncia que el Gobierno solo dialogará si existe respeto al orden jurídico, y entre las medidas a tomar ante situaciones de conflicto se podría incluir la declaración de estados de emergencia.
— ¿Cuál es su plan en este nuevo viceministerio?
Se ha creado toda una nueva organización y estructura dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para dar una mayor eficiencia a la gestión. Entre los objetivos de este viceministerio está tener una mayor presencia del Estado en el territorio nacional, tener un mayor acercamiento del Gobierno y del Estado con la población. Tener intervenciones mucho más eficientes de las que se han tenido hasta la fecha. Tener un Estado más ejecutivo y moderno.
— ¿Y esto se dará como consecuencia de los cambios que implementarán?
Se dará porque se tendrá una estructura mucho más unificada, con competencias bien definidas y no con tantas funciones como antes. El viceministerio tiene a su cargo menos funciones y podrá dedicar más tiempo al ejercicio de cada una de estas.
— ¿Usted participó en el diseño de esta nueva estructura?
Sí, di algunas sugerencias. La estructura anterior me pareció muy básica para el manejo de conflictos sociales.
— ¿Cuál fue la principal preocupación del primer ministro Fernando Zavala cuando lo convocó para el cargo?
Primero, tener un diagnóstico y una visión diferente a la que se había tenido hasta ahora. En función de eso, determinar qué aspectos podían seguir implementándose o qué podía fortalecer este nuevo modelo. El diagnóstico inicial es que el sistema anterior ha venido funcionando así por 17 años y está desgastado. No ha logrado el impacto esperado.

— ¿Cuál es el enfoque que está planteando?
Los sistemas creados por cada ministerio para afrontar la conflictividad no coordinaban entre sí. Es decir, el diagnóstico inicial de campo no era compartido. Cada uno establecía su propia estrategia en función a los intereses de su propio sector sin una visión integral. Además, se crearon mecanismos alternos. La frustración de la población debido a que sus demandas sociales no eran cumplidas generó que se crearan mesas de diálogo.
— ¿Se refiere a que no han funcionado las mesas de diálogo?
Las mesas de diálogo comenzaron a tener un impacto importante para canalizar las demandas sociales dirigidas al sector público y privado, que empezaron a asumir compromisos. En algunos casos, estos espacios se abrían después de un conflicto, con lo cual el escenario de diálogo era aún más complejo. Manejar diálogo y conflictividad al mismo tiempo es muy difícil en una negociación, es simplemente capitular. Aparecen elementos ajenos a la demanda social original que muchas veces incluyen una agenda ilegítima. En ese escenario, se comienzan a introducir variables políticas y económicas que no tenían relación con la demanda social.
— Al momento hay muchas actas firmadas y compromisos asumidos a través de mesas de diálogo. ¿Van a trabajar sobre eso?
Sí, pero el diagnóstico es que este modelo se ha agotado. No es que dialogar sea malo, el problema es que hay una secuencia en la cual en uno de los puntos se produce un incumplimiento y luego estos se embalsan.
— Entonces, ¿cuál es la solución que ustedes plantean?
Por eso se ha creado un viceministerio con tres grandes secretarías,una de ellas la de Gestión Social y Diálogo, que tiene una fase de prevención. Es decir, se busca entender el problema antes de llegar a una mesa de diálogo. Hay que entender la necesidad de la población. Es necesario hacer un seguimiento de los compromisos, estamos formulando un inventario para determinar cuáles se van a cumplir y cuáles no.
— ¿En cuánto tiempo tendrán eso listo?
Supongo que en un par de meses. Es bien complejo, estamos digitalizando las actas y entendiendo qué cosa se ha dicho. Hay una subsecretaría de manejo de conflictos que tendrá mayor presencia en campo para hacer un mejor diagnóstico inicial. Esta subsecretaría va a manejar la conflictividad, que es el punto más crítico del proceso porque se presentan violaciones del orden jurídico. Internamente hemos determinado que en el país existen 5 conflictos sociales y no los 217 que dice la Defensoría del Pueblo.

— ¿Por qué difieren tanto?
Porque para nosotros la tensión o el indicio inicial no es un conflicto. El conflicto se da cuando hay una crisis, una toma de carretera, un secuestro y se rompe el orden jurídico. Allí la posibilidad de conversar ya no existe, esa es la parte más álgida de la crisis.
— ¿A partir de ahora la PCM solo reportará conflictos en etapa de crisis?
Estamos haciendo una nueva evaluación y metodología para sincerar esto.
— ¿Están haciendo un borrón y cuenta nueva de la anterior metodología?
Lo que estamos implementando es una metodología distinta. Si tuviéramos 217 conflictos, como dicen algunas instituciones, el país estaría paralizado. Creo que primero hay que identificar realmente qué es una crisis en un conflicto, qué cosa es una tensión y qué es un preconflicto.
— Aún seguimos en el plano teórico. ¿Cómo lograrán poner este enfoque en la práctica?
Para esto es necesaria la nueva estructura que estamos implementando. Es el cuerpo que se necesita para ir armando esta estrategia, que no dará resultados de la noche a la mañana. Hoy el Estado y el Gobierno tienen muchas oficinas desconcentradas a nivel nacional, pero ninguna coordina con ninguna. La idea es mejorar la articulación y coordinación en todas estas unidades y tener una mejor gestión pública de recursos humanos y económicos con objetivos muchos más claros.
 — Es un reto a largo plazo.
Si todo esto se cumple, se reducirá la conflictividad porque tendremos un Estado más presente.
—Si mañana explota un conflicto, ¿qué procedimiento van a seguir?
Ya hemos tenido una primera experiencia con una comunidad en el corredor minero del sur y les hemos explicado el modelo. Lo que queremos es superar lo anterior, no queremos que esto tenga una nueva consecuencia y pidan la presencia de un ministro, el primer ministro o el presidente. La población no quiere ver al ministro ni al primer ministro, lo que busca es que la obra se concrete: ver la carretera construida, tener electrificación rural y salud. El diálogo tiene que ir acompañado de un cumplimento del Estado, porque si este no cumple será difícil que este o cualquier modelo se sostenga.
— ¿Aumentarán su presencia en zonas claves?
Lo que vamos a hacer es mejorar el diagnóstico en campo. Por ejemplo, hoy el Ministerio del Interior tiene prefectos y subprefectos hasta en el último caserío. El Midis tiene presencia, también Agricultura y el mismo Indeci. Queremos hacer un sistema de diagnóstico en el que todos aporten y que digan: en tal sitio está sucediendo tal cosa para hacer una estrategia, y ya lo estamos implementando. Ya tenemos reuniones de coordinación con cada viceministerio todas las semanas.
— Insisto con un punto, ¿cómo van a enfrentar la coyuntura cuando llegue la próxima crisis?
Uno de nuestros objetivos es fortalecer la legitimidad del Gobierno y el principio de autoridad. No se pueden tolerar situaciones de violencia. La violación del orden jurídico tiene que tener consecuencias. Todos somos ciudadanos de primer nivel, tenemos derechos y obligaciones, y la ley tiene que aplicarse igual para todos. Estamos fortaleciendo un Estado imparcial, queremos un Estado que llegue a la población pero que también tenga principio de autoridad.
— Ante el bloqueo de carreteras o situaciones similares, ¿se instalará el diálogo?
No, el diálogo no se va a instalar cuando haya violación del orden jurídico porque eso no es diálogo. Se instalará cuando haya una situación de conflictividad que no ha llegado a violación del orden jurídico.
— Y cuando se viole el orden jurídico, ¿cómo solucionarán el conflicto?
Hay varias formas. Una es el mecanismo de conversar y de llegar a bases sociales distintas a una mesa de diálogo
— ¿Manejan la opción de declarar el estado de emergencia?
Efectivamente. Lo otro es imponer los mecanismos que tiene el Estado para evitar la violencia. La violencia no va a ser aceptada, debemos buscar un modelo de construcción y no confrontación.
— ¿Tampoco irán los ministros a la zona?
Aquellas situaciones de violación del orden jurídico que pretendan imponer una agenda no serán aceptadas. Estamos creando un mecanismo para que el Estado tenga una presencia más efectiva y real, mucho más cercana a la población, y que eso disminuya la conflictividad.
— Uno de los cuestionamientos a su designación fue que su perfil profesional (con experiencia el sector privado minero) podría colisionar con el cargo que ocupa.
Me han etiquetado dentro de un perfil. Yo he ejercido la profesión de abogado por más de 30 años, he estado en el sector minero en los últimos 9 o 10 años. Yo no venía de tener una formación minera cuando asumí la conducción de un proyecto minero. Cuando entré a gerenciar este proyecto, las críticas que tuve era que no tenía experiencia en minería.

—También señalan no tiene experiencia en el sector público.
Lo que yo tengo es un perfil de estrategia, y lo que vengo a dar es mi experiencia para construir un modelo sostenible.
— ¿Tienen un plan específico para Tía María y Conga, que hoy están paralizados por conflictos sociales?
Tenemos una visión integral. Queremos un diagnóstico de por qué se han paralizado. Buscamos una visión propia desde el Estado y una estrategia para buscar el desarrollo integral del territorio.
— ¿Qué garantiza que esta nueva prueba para tratar la conflictividad funcione?
Los resultados son los que hablarán. Daré todo mi tiempo, conocimiento y experiencia para que esto funcione.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó la creación del Viceministerio de Gobernanza Territorial. La medida fue oficializada mediante decreto supremo en el diario El Peruano.
De acuerdo al diario El Comercio, la función de este nuevo viceministerio radicará en monitorear y buscar soluciones a los conflictos sociales en el país. Además se encargará de temas de descentralización y de la organización territorial.
Cambio en jerarquía 
La creación del nuevo viceministerio fue confirmada en el nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF), que dispone de esta forma la estructura la nueva alta dirección de la PCM:
– El Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros
– El Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial
– La Secretaría General
Según este nuevo organigrama, el viceministerio será la instancia que ocupe el segundo nivel en la jerarquía del PCM luego de la oficina del premier Zavala. Además pasaría a tener control de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial (DNTDT) y la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS).El elegido
El poder Ejecutivo dispuso que el abogado Javier Martín Fernández-Concha Stucker, sea el encargado de asumir la dirección del viceministerio. El flamante viceministro se desempeñó en el sector privado como gerente general de la empresa minera canadiense Sulliden Shahuindo.
El funcionario estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha ejercido el derecho por más de 20 años. Su experiencia le ha llevado a especializarse en estrategias de defensa y solución de conflictos sociales. Pertenece al equipo legal de la minera Sulliden en nuestro país y también fue asesor legal de la minera Rio Alto.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Ministerio de Energía y Minas apela sentencia sobre Lote 116

En salvaguarda de los intereses del Estado peruano, la Procuraduría Pública del Ministerio de Energía y Minas (MEM) apeló la sentencia sobre la Acción de Amparo del Lote 116, por considerar que afecta la seguridad jurídica al haber sido arbitrariamente emitida violando los derechos constitucionales.
En ese sentido, se apeló la sentencia ante el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima. Se espera que una vez concedida la misma, sea elevada a la Sala Civil correspondiente, con la finalidad de que se revoque dicha sentencia, declarándola infundada por haber desnaturalizado el proceso de Consulta Previa.
Finalmente, es importante destacar que el MEM, a través de la Procuraduría Pública, actúa en este y todos los casos velando por los intereses del Estado en los actos o resoluciones administrativas emitidas por el sector.
Fuente: www.minem.gob.pe
La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) considera un “grave precedente” la decisión adoptada, en primera instancia, por el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, que ordena la nulidad del contrato de exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote 116 ubicado en el Cenepa, en la región Amazonas.
El presidente de la SPH, Felipe Cantuarias, dijo que esta sentencia atenta seriamente contra la seguridad jurídica en el Perú y es una pésima señal, no sólo para el sector de hidrocarburos, sino también para el minero y para cualquier otra industria.
“El mensaje que se envía es que los contratos firmados con el Estado peruano tienen una fragilidad peligrosa, que representa un riesgo para cualquier inversión, es casi una advertencia de que nuestro país no es un buen destino para invertir”, sostuvo.
Dijo esperar que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y Perupetro apelen el fallo y logren en una segunda instancia una decisión beneficiosa para el país, en un momento en el que se necesita más inversión.
“Resulta paradójico, pero este fallo no sólo afecta a las empresas, sino que es muy injusto para las propias comunidades del Cenepa, donde la incidencia de pobreza es del 84% y la desnutrición infantil llega al 47%. La industria de hidrocarburos debería ser uno de los impulsores para su desarrollo, pero ahora esa posibilidad parece diluirse”, añadió.
El fallo judicial se basa en que el MEM y Perupetro no habrían cumplido con realizar la consulta previa y conseguir el consentimiento de las comunidades nativas, por lo que declara la nulidad del contrato que se firmó en el 2016 y ordena el retiro de las empresas operadoras que trabajaban en la etapa de exploración.
La demanda fue impulsada por las organizaciones no gubernamentales Cooperacción, CAAAP, SAIPE y el Instituto de Defensa Legal, quienes afirman actuaron a favor de las comunidades.
Fuente: Diario Gestión.