Con falacias no, por favor
Por José Ignacio Tola Claux- www.elmontonero.pe
Sobre la polémica entre el Arzobispo de Arequipa y el ministro Del Solar.
En medio de la tragedia que vive el Perú, le había dado la vuelta a la página a este tema, por considerarlo de poca importancia, hasta que leí un artículo publicado por El Comercio, escrito por el señor Raúl Zegarra, quien se presenta como “teólogo y filósofo”. El señor Zegarra hace referencia al intercambio producido entre Del Río y Del Solar. Todo comenzó cuando en una ceremonia religiosa, el día 6 de marzo, en la que ambos estuvieron presentes, el monseñor Del Río solicitó al gobierno, por intermedio de dicho ministro, que se eliminase del currículo escolar la ideología de género.
Cabe decir que la solicitud del arzobispo en ese momento fue bastante ponderada y respetuosa. Cuando le llegó el turno de intervenir, el ministro Del Solar, en respuesta al arzobispo, hizo una bonita reflexión sobre el Cristo de la amargura y la necesidad de “no juzgar a los demás” y de amarnos los unos a los otros tal como señala la Sagrada Escritura. Fuera de contexto habría que suscribir al 100% las palabras del ministro. El problema es que fueron dichas en respuesta a un pedido del arzobispo, dejando entender, al menos de manera indirecta, que el prelado estaba promoviendo alguna cosa contraria al espíritu del amor cristiano.
En realidad la respuesta del ministro dejó al descubierto nuevamente la estrategia que el gobierno ha establecido para este tema; es decir, desviar la atención encasillando a los opositores al currículo en la categoría de promotores del odio, retrógradas y, ahora según Del Solar, poco cristianos. Lo del ministro en esa ocasión, además de una falacia, fue -por decir lo menos- una falta de tino, al sugerir que un obispo de la Iglesia católica no sabe lo más básico del cristianismo. En una respuesta sucesiva, que ha sido muy criticada por sus formas, el arzobispo de Arequipa trata de aclarar precisamente esto último.
Y a esto se añade el reciente artículo de Zegarra, quien hace una reflexión acerca del verdadero criterio interpretativo de la Sagrada Escritura, que sería, según San Agustín, el amor a Dios y la caridad con el prójimo. En este sentido, sugiere el articulista que la posición de del Solar estaría más acorde con la Biblia que la del arzobispo de Arequipa, “cuyos estudios –dice Zegarra– no parecen iluminar aquello que la luz de las Escrituras y la historia de su interpretación muestran con toda claridad”.
En primer lugar habría que preguntarse ¿en qué momento intentó el arzobispo de Arequipa hacer una interpretación de las Escrituras cuando solicitó que se eliminara la ideología de género? El señor Zegarra cae en la misma falacia del ministro Del Solar, al sugerir que todo aquel que se opone al currículo está en contra del amor al prójimo y es un promotor del odio.
Y a esta falacia se añade una segunda, que podría ser la de “falsa atribución”, y que consiste en sacar de contexto unas afirmaciones de San Agustín y presentarlas con un simplismo verdaderamente ridículo. Siguiendo su razonamiento se podría concluir que cuando Jesús llamó “sepulcros blanqueados” o “raza de víboras” a los fariseos estaba yendo contra el espíritu de caridad que él mismo proclamó. ¿Desde cuándo hacer una crítica es atentar contra la caridad?
Este tipo de actitudes denotan cerrazón y poca voluntad de diálogo y escucha. Son este tipo de intervenciones y señalamientos falaces los que convierten -lo debería ser ocasión de debate respetuoso y alturado- en una guerra ideológica en la que no se usa como argumento la verdad, sino la falacia y la media verdad, que a veces es peor que la misma mentira.
Asesinato de Pedro Martínez Vélez OSA, docente fundador de la PUCP, el 1 de octubre de 1936
De la Orden de Padres Agustinos han sido asesinados por las milicias republicanas, sólo en Madrid, noventa religiosos, de los cuales doce pertenecían a la Residencia de la calle de Valverde, número 25; cincuenta y tres, a la del histórico Real Monasterio de El Escorial; doce, al Colegio Seminario de Leganés; cinco, a la Residencia de la calle de la Princesa, número 23; tres, a la de Columela, número 12; y seis, a de la calle de Montalvo, número 28.
En un registro practicado el día 22 de julio de 1936 por las milicias en el Colegio de Padres Agustinos de esta capital, donde destrozaron algunas imágenes, como no encontrasen armas, el que capitaneaba el grupo marxista habló por el teléfono del Colegio con Margarita Nelken Mansberger, diputada comunista, la que ordenó que fueran conducidos a la cárcel los religiosos agustinos para ser juzgados.
Lorenzo Lauri se convirtió en el primer Nuncio Apostólico en el Perú al establecerse relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el Perú el 20 de julio de 1917.
Entre las víctimas anteriormente citadas, se encuentran el Padre Julián Zarco, Bibliotecario de El Escorial y Académico de la Historia; el Padre Melchor M. Antúnez, Profesor de la Central, de Árabe y miembro de la Escuela Árabe de Madrid; el Padre Pedro Martínez Vélez, del que en unas declaraciones hechas por el Cardenal Lorenzo Lauri y publicadas en el periódico ABC, se decía que consideraba al Padre Martínez Vélez como uno de los españoles más importantes que habían pasado por la América de habla hispana; el Padre Avelino Rodríguez, Provincial de la Orden, Abogado, profesor de la Universidad libre de El Escorial, que momentos antes de ser asesinado perdonó a los criminales; absolviendo a cada uno de sus compañeros de martirio; el Padre Sabino Rodríguez, Doctor en Ciencias Naturales, investigador muy docto en Biología; y el Padre Mariano Revilla Rico, Asistente General, autor de valiosas obras sobre Sagradas Escrituras.
Los cincuenta y tres Padres Agustinos, pertenecientes a la comunidad del Real Monasterio de El Escorial, fueron trasladados a la Cárcel de San Antón, de Madrid, y juzgados en dicha prisión por unos tribunales compuestos por chequistas, entre los que figuraban también mujeres; se preguntaba a los religiosos si estaban dispuestos a coger las armas para defender al Gobierno rojo y si condenaban la actitud de los Obispos y del Clero de la zona nacional, y al contestar negativamente a ambas preguntas los religiosos, se les hacía retirar, no sin antes pronunciar el que presidía el tribunal la palabra Libertad, que era, en definitiva la contraseña para indicar la pena de muerte. A los últimos religiosos que fueron juzgados, tan sólo se les pedía el nombre y apellido.
Fuente: www.causageneral.org
Monseñor Barreto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
La petición fue hecha después de que los pueblos amazónicos de Perú, Brasil y Ecuador relataron la violación de su derecho al territorio en la audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, realizada el 17 de marzo en Washington.
La Red Eclesial Panamazónica (REPAM) de la lglesia católica, ante la vulneración del derecho al territorio de los pueblos indígenas y comunidades amazónicas en América del sur ha propuesto a la CIDH que evalúe la posibilidad, a través de la Relatoría sobre los derechos de los pueblos indígenas, de elaborar y publicar un Informe temático sobre la situación del derecho al territorio de los pueblos indígenas y comunidades amazónicas. Consideramos que dicho documento sería una herramienta jurídica muy útil para la promoción y defensa, a nivel nacional e internacional, de las comunidades indígenas y no indígenas de la Amazonía.
La Iglesia católica liderada por los representantes de los pueblos indígenas y Monseñor Pedro Barreto, vocero del CELAM, ha dado cuenta de los graves impactos que el extractivismo y otras actividades legales e ilegales en la Amazonía, han tenido y tienen en perjuicio no sólo del ambiente y los recursos naturales, sino también de los derechos humanos de las poblaciones locales, indígenas y no indígenas, en especial, su derecho al territorio. Llamando a una reflexión a las autoridades sobre la necesidad de buscar y encontrar nuevos caminos para tratar de armonizar el respeto de los derechos humanos y del ambiente con el desarrollo económico y productivo.
En esta segunda presentación de casos centró la atención en el derecho al territorio como requisito para el ejercicio de otros derechos. Identificando el mayor problema de la región amazónica en la expansión de las industrias extractivas y el nuevo modelo económico, frente al cual los Estados han direccionado sus normativas y políticas públicas. “Una explotación irracional que va dejando una estela de dilapidación, e incluso de muerte, por toda nuestra región”, como refiere el documento de Aparecida.
De acuerdo a los casos relatados por los pueblos awajún wampis de Perú, tundayme de Ecuador y jaminawa arará de Brasil, la situación del derecho al territorio de los pueblos indígenas en la Panamazonía, gira en torno a una problemática constante sobre la falta de regularización de tierras y el reconocimiento de su propiedad colectiva y aplicación de la consulta previa.
Los intereses estatales por la explotación de recursos naturales y la implementación de megaproyectos han limitado los deberes de responsabilidad y garantía de muchos Estados, negando la participación de pueblos indígenas para la decisión y consulta de actividades de gran impacto en sus territorios.
De acuerdo al informe presentado a la CIDH por Mauricio López, secretario ejecutivo de REPAM, el Derecho al territorio no se limita a la adjudicación de tierras, este derecho parte de la cultura que un pueblo o comunidad identifica en su espacio donde se desarrolla sus actividades cotidianas. Así como el territorio señala una relación con el hábitat, también se extiende a una interpretación de la productividad humana ya sean para obtener recursos naturales o crear nuevas formas de producción.
La REPAM exige a los Estados amazónicos respeten el derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada. Caso Lote 116 (Perú), relatada por el representante del pueblo awajun.
Que los Estados garanticen la demarcación de las tierras de los pueblos indígenas y comunidades amazónicas. Caso pueblo Jaminawa Arará (Brasil) y pueblos Tagaeri y Taromenani (Ecuador).
En relación con los desalojos colectivos y despojos ocurridos en Ecuador, en la Provincia de Zamora Chinchipe, parroquia Tundayme, al sur del país, lugar en el coexisten campesinos y grupos de pueblos indígenas Shuar, ha denunciado el impacto de la empresa Ecuacorrientes (ECSA) que está implementando el megaproyecto minero llamado Mirador de cobre y oro. A estos procesos de desalojo se suma la actual interposición de demandas de servidumbre por parte de la empresa ECSA, así como también juicios de reivindicación de tierra para lograr el desplazamiento total de la población en la zona de influencia del proyecto minero.
En base a este panorama sobre la realidad de la amazonía, la REPAM se ha propuesto reclamar y trabajar por una agenda renovada para la defensa de los territorios y los derechos de los pueblos indígenas y campesinos de la región donde ellos tengan las herramientas propias para documentar sus casos y presentarse ante las instancias pertinentes con el acompañamiento pertinente de la Red.
Consecuente con esta propuesta, la red católica, solicita espacios de participación e información para la construcción de una estrategia regional que permita identificar a los países que comparten la amazonia en un solo cuerpo con características únicas, así como fuertes problemáticas que necesitan también visibilizarse en conjunto y entretejer esfuerzos.
Finalmente la Red Eclesial Panamazónica, constatando que existe una preocupación sobre el marco normativo para la protección de los derechos de los y las campesinas afirma que urge un tratamiento específico para levantar estándares que vinculen su derecho colectivo al territorio reflejado en el ejercicio de su derecho a la vivienda adecuada y de otros derechos fundamentales como el de identidad cultural.
Fuente: www.redamazonica.org