Más de veinte personas, entre empresarios, funcionarios y políticos, firmaron los contratos más importantes y costosos de Odebrecht con el Estado peruano.
La empresa brasileña admitió al Departamento de Justicia de Estados Unidos que entre 2005 y 2014 pagó 29 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios peruanos, para obtener importantes licitaciones en el país. Este periodo abarca tres gobiernos peruanos: el de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
RPP Data revisó los contratos de las principales obras ejecutadas por Odebrecht en los tres gobiernos mencionados. Esta es la lista de las personas que firmaron esos contratos en nombre de la empresa y del Estado.
1. INTEROCEÁNICA
Durante el Gobierno de Alejandro Toledo, el director de Odebrecht Latinvest en Perú Jorge Barata; y José Graña Miro Quesada, entonces presidente del directorio de la constructora peruana Graña y Montero, firmaron como representantes del Consorcio de la Interoceánica Sur Tramo 2 S.A. y Consorcio de la Interoceánica Sur Tramo S.A. los contratos de concesión del tramo vial Urcos-Inambari del proyecto corredor vial interoceánico sur, Perú – Brasil , del tramo 2 y del 3. Ambos consorcios eran conformados por la Constructora Norberto Odebrecht S.A., Graña y Montero S.A. y JJC Contratistas Generales S.A.
El tercer firmante fue Nestor Palacios Lanfranco, exviceministro de Transportes.
Barata está actualmente procesado por la justicia de Brasil y colabora con la Policía de ese país en la investigación del caso Lava Jato. Lo último que se sabe de su declaración a los fiscales peruano, quienes viajaron para tomar su testimonio, es que pagó 3 millones de dólares a Nadine Heredia para financiar en 2011 la campaña electoral de su esposo, Ollanta Humala.
2. IIRSA NORTE
Durante el Gobierno de Alejandro Toledo, la carretera que une Yurimaguas con Paita, estuvo a cargo de la concesionaria IIRSA Norte S.A., que estaba formada por Odebrecht, Graña y Montero S.A y el grupo Andrade Gutierrez. El vicepresidente de esta última constructora brasileña era Ronaldo Alves Pereira. Junto a Barata firmó en 2005 el contrato con el Estado peruano. Este documento también fue firmado por el viceministro Palacios, como representante del Gobierno de Alejandro Toledo.
3. HIDROELÉCTRICA
Durante el Gobierno de Alan García, la empresa Generación Huallaga S.A. (de Odebrecht Latin Finance) logró la concesión para la Central Hidroeléctrica Chaglla en 2011. El contrato para esta obra tuvo a cuatro firmantes.
El primero fue Jorge León Ballén, quien entonces era el director de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión). Entre 2009 y 2010 fue presidente del Instituto Nacional Penitenciario Peruano. Hoy es consultor en la empresa Kapak que asesora entidades públicas y privadas.
El segundo fue Orlando Chávez Chacaltana, director general de electricidad en el Ministerio de Energía y Minas. Hoy, el ingeniero sigue en el mismo ministerio como director de la Dirección Normativa de Electricidad.
El tercero en firmar fue Julio Carrasco Carrasco, como representante de la Empresa de Generación Huallaga S.A. Era entonces también el director de Odebrecht Energía Perú. Su cargo en la constructora brasileña empezó en el 2010 y se hubiera acabado en agosto del 2016.
El último fue Erlon Arfelli, como representante de la Empresa de Generación Huallaga S.A. Era el gerente general de Odebrecht Energía Perú.
4. CHAVIMOCHIC
Durante el Gobierno de Ollanta Humala, el proyecto hídrico Chavimochic (La Libertad) fue adjudicada a la Concesionaria Chavimochic S.A.C.
Javier Murgía Zannier firmó entonces como presidente del Gobierno Regional de La Libertad.
Juan Sevilla Gildermeister ratificó el documento como Jefe de La Autoridad Nacional del Agua. Javier Illescas Mucha firmó como director ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión). Desde el año 2015 hasta el 2016 trabajó en la Municipalidad de San Isidro.
Ana Claudia Oliveira aprobó el documento como la gerente de Chavimochic. Ella hubiera ocupado ese cargo hasta julio del 2016, cuando fue nombrada Gerente de Concesiones del Grupo ICCGSA.
La firma de Ricardo Boleira Sieiro Guimaraes, miembro entonces de Odebrecht y director de Chavimochic, también aparece en el documento.
5. GASODUCTO SUR
Durante el Gobierno de Ollanta Humala, en julio 2014, el contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruanao fue adjudicadó a la concesionaria Gasoducto Sur Peruano S.A, conformada por Enagás Internacional, Graña y Montero y Odebrecht Latinvest. En representación del Estado Peruano firmó Juan Ortiz Guevara, entonces director general de Hidrocarburos en el Ministerio de Energía y Minas.
En representación de la concesionaria firmaron Rodney Rodrigues de Carvalho, director de Odebrecht Latinvest y miembro de Gasoduto Sur Peruano S.A.; Luiz Cesar Lindgren Costa, gerente general y representante legal de la empresa Gasoduto Sur Peruano S.A. y David San Frutos Tome, representante de la empresa Enagas Internacional S.L.U. Los tres están dentro del proceso de investigación abierto por el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia, sobre el presunto favorecimiento a Odebrecht en la adjudicación del Gasoducto del Sur Peruano (GSP).
En el 2014, un informe de Perú21 reveló que Eleodoro Mayorga, entonces ministro de Energía y Minas en el Gobierno de Ollanta Humala, se había reunido varias veces con representantes de Odebrecht meses antes de la adjudicación del Gasoducto Sur. En estas reuniones estuvieron los anteriormente mencionados Rodney Rodrigues De Carvalho (director de Odebrecht Latinvest y miembro de Gasoducto Sur Peruano S.A.), Erlon Arfelli (empresa de Generación Huallaga S.A. y gerente general de Odebrecht Energía Perú) y Ricardo Boleira Sieiro Guimaraes (miembro de Odebrecht y director de Chavimochic).
En diciembre 2014, durante la COP20, la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Lima, Mayorga y Rodrigues, junto con otros representantes de empresas ligadas a la energía en el país, fueron panelistas de un evento en el que presentaron el proyecto del Gasoducto Sur.
En enero pasado, la Fiscalía abrió una investigación también a Eleodoro Mayorga por supuestamente favorecer a Odebrecht la licitación del Gasoducto Sur.
¿EN QUÉ VAN LAS INVESTIGACIONES?
Actualmente se sospecha que toda las obras ejecutadas por Odebrecht y otras cuatro empresas brasileñas en el Perú fueron obtenidas pagando sobornos. Pese a que las investigacions de la operación Lava Jato revelaron en un principio que las principales constructoras de Brasil obtuvieron concesiones en su país pagando coimas, luego se descubrió que esta modalidad fue extendedida por toda Latinoamérica.
De momento, la justicia peruana ha detenido a Jorge Cuba (ex viceministro de Comunicaciones), Edwin Luyo Barrientos (ex integrante del Comité de Licitación del tramo 2 de la línea 1 del metro), Miguel Navarro, (ex asesor del Viceministerio de Comunicaciones) y Jessica Tejada Zegarra, (pareja del ex viceministro de Comunicaciones). Todos son acusado por actos de corrupción.
También hay una orden de detención contra el expresidente Toledo, quien se encuentra en Estados Unidos.
La operación Lava Jato inicio en marzo de 2014 con el arresto en Brasil de Alberto Youssef, un contrabandista de dinero. Sin embargo, tres años antes en Perú, IDL-Reporteros había denunciado irregularidades en los contratos y costos de las obras de Odebrecht en Perú.
Fuente: Radio Programas del Perú.
Las cuentas con levadura de Odebrecht
Odebrecht, el controvertido gigante brasileño de ingeniería civil, goza de una extraordinaria bonanza en este país durante los últimos seis años: el Estado desembolsó 6 mil 100 millones de soles (más de 2 mil 200 millones de dólares) para pagar obras en las que Odebrecht es el socio dominante. Es, de lejos, el primer proveedor del Estado. El problema es que las obras que ejecuta terminan invariablemente multiplicando su costo original; y los cientos de millones de dólares adicionales que el Estado le paga provienen, hasta el último centavo, de nuestros impuestos.
Por Emilio Camacho-IDL Reporteros
Cuando se hace un examen somero de las principales obras civiles que Odebrecht ejecuta en contrato con el Estado, lo que salta a la vista es que todas registran gigantescos sobrecostos sobre los montos calculados originalmente.
¿Por qué? ¿Acaso las obras de ingeniería civil no pueden calcular razonablemente sus costos en los proyectos?
Odebrecht tiene una respuesta, y la dio Jorge Barata, el principal directivo de la empresa en el Perú, cuya figura se hizo familiar, frecuentemente al lado del ex presidente Alan García, durante el régimen anterior. Barata aseguró, en un correo electrónico a IDL-Reporteros, que “en la industria de la construcción pesada la característica de incertidumbre, por ejemplo, al atravesar un macizo rocoso o al cortar un cerro para comenzar una carretera es mucho mayor que en otras industrias más previsibles. Son variables que muchas veces están fuera del alcance de previsión de los mejores técnicos, o del manejo o previsión del contratista”.
El problema es que esa incertidumbre representa, en el cien por ciento de los casos que revisó IDL-Reporteros, siempre un gran sobrecosto para el Estado, nunca un ahorro.
La suma de estos costos adicionales (la ‘característica de incertidumbre’ de Odebrecht) pareciera revelar, si todas las constructoras operaran igual, que al lado de la ingeniería civil, la poesía es una ciencia exacta.
Si se agregan todos los adicionales cargados al Estado, luego de la adjudicación y la firma de contrato, en los cuatro proyectos más importantes entregados a la empresa brasileña, el resultado es más de 750 millones de dólares.
En una presentación de fines del año pasado, el presidente de Ositrán, Juan Carlos Zevallos, puso como ejemplo el caso de la Carretera Interoceánica Sur. Entre el 2005 y 2009, los tramos 2 y 3 de esta vía, adjudicados a Odebrecht con un costo calculado en 253 y 350 millones de dólares, pasaron a costar 602 y 508 millones de dólares respectivamente.
Pasaje en tren
No se trata solo de terminar pagando mucho más de lo proyectado sino hacerlo por obras que en realidad cuestan menos de lo que se cobra. Y en las obras de Odebrecht ese es por lo menos un tema en discusión.
El pasado 18 de julio, días después de que el ex presidente Alan García decidiera inaugurar a la carrera el Tramo 1 del Tren Eléctrico, el contralor Fuad Khoury informó que el valor de esta obra se había incrementado en 100 millones de dólares y anunció el inicio de una auditoría. Un día después y en respuesta a Khoury, el entonces ministro de Transportes, Enrique Cornejo, aseguró que “cada sol del tren eléctrico está justificado”.
Pero la tercera veeduría efectuada por la Contraloría al tramo 1 del Tren Eléctrico, de junio de este año, en la que se basó Khoury para anunciar el inicio de su auditoría, pone en duda la aseveración del ex ministro.
Contraloría hizo serias observaciones al aumento de costos de Odebrecht en el Tren Eléctrico.
Cuando se revisa cada una de las ‘interferencias’ hay más sorpresas. La empresa realizó trabajos adicionales en el cruce de las avenidas Grau con Aviación, y Aviación con Joaquín Madrid. Según Odebrecht, en estos lugares gastó en movimiento de tierras, demolición del pavimento y aprovisionamiento de tuberías y accesorios, pero presentó el costo de cada una de estas actividades de manera global, sin precisar los precios unitarios. La Contraloría considera que esto no permite “determinar la razonabilidad de los costos aprobados, generando el riesgo del pago de montos no sustentados”.
Pasa lo mismo con los insumos requeridos por la empresa. Por ejemplo, se consigna un costo de 439 mil dólares por el cerco provisional del viaducto del Tren Eléctrico, pero no se precisa cuánto cuesta cada metro del cerco, a pesar que este detalle debía incluirse. Se habla de un costo de 63 mil dólares por “equipamiento para taller de instalaciones fijas”, pero no se indica en qué consiste este equipo, ni los precios unitarios de las herramientas. También se menciona un costo de 408 mil dólares por “equipamiento para taller de M.R”, y otro de 213 mil dólares por “equipamiento adicional en patio taller”, pero no se dice en qué consisten específicamente estas compras. “No es posible conocer la cantidad de equipos, materiales y otros, ni la calidad de los mismos que se van a adquirir”, dice la Contraloría.
Es más, hay partidas que son una total incógnita, como la de “instalaciones varias”, valorizada, según Odebrecht, en 505 mil dólares, sin que se tenga ningún detalle de la misma.
¿Así contrata el Estado? ¿Qué tienen en común los contratos estatales con compañías privadas que incluyen cuentas con levadura?
¿Y qué hubo con el Metro 2 de Lima?…¿Cuantas veces más se va a pagar por un Metro en Lima?…¡Comparando el ratio de costo por kilómetro y por cantidad de pasajeros…verán que en este Metro hay gato encerrado!…siempre existió la alternativa -mucho menos costosa- de utilizar la vía del ferrocarril central, cuya concesión permite hacer hasta tres (3) rutas de tren o Metro moderno eléctrico, en la ruta Ricardo Palma-Chosica hasta el Callao.
¿Y por qué no investigan al Metro 2? Se pagará mucho más por kilómetro y por pasajero transportado. Se desestimó la ruta actual del ferrocarril central…que tiene permiso para tres rutas de tren eléctrico desde hace más de un siglo y permite transportar pasajeros desde Chosica al Callao.