Por Fabiola Valle- Diario Perú21.
El presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia encabezarían una organización criminal dedicada al lavado de activos, beneficiándose con fondos que financiaron las campañas electorales de 2006 y 2011 del Partido Nacionalista Peruano (PNP).
Según la formalización de la denuncia ante el Poder Judicial enviada por el fiscal Germán Juárez Atoche, con el expediente 69-2015 –pesquisa a la que Perú21 tuvo acceso– se precisa que “los hechos punibles de lavado de activos se habrían realizado a través del Partido Nacionalista”.
“En el presente caso se evidencia una organización, con estructura propia (financiera, logística, sistemas y otros para cumplir sus fines) cuyos integrantes tienen diversas tareas o funciones dentro del seno de dicha organización”, señala el magistrado.
En este mecanismo de conversión, según el informe, estaría implicada gente del entorno de la primera dama como Antonia Alarcón (su madre), su hermano Ilan Heredia (tesorero del PNP), Cristina Arroyo Labourex (ex embajadora de Perú en Francia) y Rocío Calderón Vinatea (amiga).
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Todo ello con la ayuda de Santiago Gastañadui (congresista oficialista), Eduardo Sobenes, Eladio Mego, Martín Belaunde Lossio (ex asesor), Jorge Chang, Mario Torres, Maribel Vela y Susana Vineatea (madre de Rocío Calderón).
En el manejo de fondos tuvo protagonismo Ilan Heredia, quien ejecutaba las disposiciones tomadas por la pareja presidencial. Juárez señala que a Ilan no solo se le habría confiado la contabilidad financiera del partido sino también las empresas creadas por estos.
Se precisa que Belaunde Lossio también habría prestado su colaboración.
La denuncia fiscal señala que Rocío Calderón “se habría encargado de ocultar, con la colaboración de su madre, Susana Vinatea Milla, el presunto patrimonio de Humala-Heredia de origen ilícito”. Incluso, logró que Heredia realizara gastos a nombre de ella, tras no poder justificar sus haberes para que el sistema financiero no los detecte.
PARTIDO NACIONALISTA
Humala y Heredia, según el documento, habrían logrado no solo captar dinero de procedencia ilícita para financiar las campañas electorales del partido (2006-2011) hasta lograr la presidencia de la República, sino que para tal efecto “dieron una apariencia de legalidad a dichos activos mediante aportantes falsos que se habría desarrollado en permanencia temporal desde su fundación (2005) hasta la actualidad”.
A ello se suman los pagos que recibía la primera dama por concepto de servicios profesionales. El matrimonio en mención contaría, según la pesquisa, con la colaboración de los investigados.
En ese escenario, el fiscal Juárez determinó que en esta presunta red se puso de manifiesto toda una “estructura, y si bien es cierto se puede alegar que dicha organización tiene un fin político, ello no quita el hecho de que a través del mismo se pueda o se haya podido cometer un presunto delito como el que se está investigando”.
Los investigados que ocultaron dinero también se habrían beneficiado con sumas importantes, según el escrito.
LAS CAMPAÑAS
En relación a las campañas presidenciales, describe el oficio, Humala y Heredia “habrían recibido dinero de presunta procedencia ilícita a fin de hacer posible la postulación del hoy presidente”.
Se indica que en la contienda electoral de 2006 se presume que recibieron dinero de la República Bolivariana de Venezuela, remitido por el extinto presidente Hugo Chávez a través de las empresas venezolanas Inversiones Kaysamak C.A. y Venezolana de Valores.
Mientras que en la campaña electoral de 2011, se menciona el dinero aportado por las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, el mismo que, según el fiscal, sería procedente de presuntos actos de corrupción producidos en el Brasil, cuya investigación se viene realizando en ese país.
El magistrado indicó que la firma OAS habría entregado a la esposa del presidente dinero precedente de una coima. Se trata de las obras del Mejoramiento del Hospital Antonio Lorena, en Cusco. El file precisa que se encontró información que probaría que Heredia recibió el 2.5% del valor de esa edificación. Por ello, el ex gobernador regional de Cusco, Jorge Acurio, electo en 2010, es investigado por la Fiscalía de esa región.
La pesquisa presume que el dinero fue “ingresado al Perú a través del financiamiento del citado partido, justificándolo con falsos aportantes, así como también a través de las adquisiciones de propiedades, creación de empresas y ahorros en cuentas bancarias que incluso estarían a nombre de terceros para darle legalidad al dinero”.
Unas 49 personas negaron haber entregado dinero al Partido Nacionalista. Entre ellos figuran Víctor Huarancca, Karina Gamarra, Wilmer Zeña, Jesús Caldas, Víctor Ortiz, Luis García, Margarita Vizcardo, Fernando Govea, entre otros.
DINERO EN EL SISTEMA
El expediente también indica que Antonia Alarcón y Rocío Calderón abrieron cuentas de ahorro en dólares a fin de percibir dinero proveniente del exterior, de la firma venezolana Kaysamak C.A., cuyos abonos formaban parte de casi la totalidad de sus ingresos en dichas cuentas (97% y 95%), respectivamente. Además, existe la similitud de que los abonos realizados en la cuenta de Heredia provenían de esa esfera.
En su declaración fiscal, el presidente Ollanta Humala manifestó que personalmente convenció a Julio Makaren (representante de la empresa Inversiones Kaysamac C.A.) para que colaborara con el proyecto de construcción de un partido político en Perú. Finalmente, la firma entregó dinero al PNP.
LAS EMPRESAS DE HEREDIA
Se atribuye a Nadine Heredia el hecho de “haber constituido la empresa Todo Graph, la ONG Prodín, así como adquirir equipos para la transmisión televisiva (aparentando la existencia de empresas formales para participar en licitaciones, todo ello con parte del dinero de presunta fuente ilícita)”.
Hay indicios de que el dinero, según el expediente, se lavó por intermedio de terceras personas a fin de darle una apariencia de legalidad a las adquisiciones patrimoniales.
Considerando las cuantiosas sumas de dinero que habría recibido la pareja presidencial (del Gobierno de Venezuela, así como de las empresas brasileras Odebrecht y OAS), según el documento, se indica “que ellos no habrían utilizado todo el dinero obtenido en las campañas electorales mencionadas, sino que parte de dicho dinero se encontraría formando (hasta la actualidad) parte de su patrimonio”.
Con ese dinero ilícito, según la Fiscalía, se habría adquirido el inmueble ubicado en la urbanización Chama, en Surco, así como una camioneta Grand Cherokee.
Para ello, añade, “la investigada Nadine Heredia, con el objeto de justificar sus ingresos ante el sistema financiero, habría simulado la existencia de contratos por servicios profesionales con las empresas Apoyo Total S.A., The Dayly Journal C.A., Aceite de Palma, Operadora Canal de Noticias CA, Drona Ver, fingiendo la realización de trabajos profesionales para estas”.
Eso no es todo. La familia Humala-Heredia también habría contado con el apoyo de Martín Belaunde Lossio y Jorge Chang para la simulación de servicios en la empresa Centros Capilares.
Este engranaje, se presume, contó con el apoyo de Eladio Mego, con quien habría simulado la celebración de un contrato de mutuo acuerdo, a fin de que este último abonara (en supuesta calidad de préstamo U$ 20,000.00), bancarizando a través de su cuenta dinero de una presunta fuente ilícita que, en los hechos, sería de la esposa del presidente.
ACTOS DE INVESTIGACIÓN
El magistrado Juárez solicitó al Poder Judicial los siguientes actos de investigación: que se levante el secreto bancario, tributario y bursátil a partir del año 2009 de todos los coinvestigados y de la empresa Todo Graph y de la ONG Prodín.
Además, que se practique una pericia contable a todos los investigados y al Partido Nacionalista Peruano, Todo Graph, la ONG Prodín y el Partido Unión por el Perú. También que se tomen, una vez más, las declaraciones de los aportantes.El fiscal Germán Juárez, a cargo de investigar a Nadine Heredia, requirió al Poder Judicial el impedimento de salida del país para la primera dama y los otros investigados.
Perú21 se comunicó con el área de prensa de Odebrecht para solicitar su descargo sobre los aportes que habría hecho la citada firma a la campaña de Humala, según el informe del fiscal, pero dijeron que no tenían información al respecto.
DESCARGOS
Perú21 trató de comunicarse con Eduardo Roy Gates, abogado de Heredia, para pedir su descargo pero no tuvimos respuesta.
Hace unos días, nos dijo que se pronunciará luego de la audiencia judicial.
Este diario se contactó con el área de prensa de Palacio de Gobierno para pedir el descargo de la pareja presidencial y de su entorno familiar y amical más cercano sin éxito.
En diálogo con Perú21, Hugo Canevaro, abogado de Martín Belaunde, dijo que aún no tenía conocimiento sobre la denuncia fiscal que acusa a su patrocinado de formar una presunta red criminal.
Perú21 llamó a los teléfonos fijos de Eduardo Sobenes, Eladio Mego y Mario Torres pero no hubo respuesta. Un familiar de Cristina Arroyo recibió el mensaje pero no devolvió la llamada. A través de un familiar tratamos de comunicarnos con Jorge Chang sin éxito. El legislador Santiago Gastañadui tampoco contestó.
Presunta red criminal
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