Por Rodrigo Cruz Arana- Diario El Comercio
LEA AQUÍ LA MOCIÓN PRESENTADA POR LOS LEGISLADORES DE COSTA RICA
En el Congreso de Costa Rica existen tres bancadas que les gustaría escuchar al ex presidente Alejandro Toledo aclarar el origen de los fondos de la empresa Ecoteva Consulting Group. Quisieran que el ex jefe de Estado les cuente si su vicepresidente, Luis Liberman Ginsburg, tiene algún vínculo con esa sociedad.
En busca de ello, las fuerzas políticas costarricenses Acción Ciudadana, Movimiento Libertario y el Partido Unidad Social Cristiana presentaron una moción ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público para llamar a comparecer a sus compatriotas Luis Liberman (vicepresidente de Costa Rica), José Melvin Rudelman (presidente del Bufete Rudelman), Javier Cascante Elizondo (superintendente General de entidades financieras) y a Jean-Luc Rich (gerente general de Scotiabankk; en calidad de accionistas de Ecoteva Consulting Group.
“Nosotros no podemos citar al ex presidente Toledo, tenemos claro que él es un ciudadano peruano, nosotros no tenemos ninguna potestad (…) Yo esperaría que él pudiera aceptar una invitación de parte nuestra, pero indiscutiblemente no podríamos forzarlo a compadecer”, declaró para elcomercio.pe el diputado Néstor Manrique Oviedo.
No obstante, Manrique Oviedo precisa que el propósito de esta moción es para establecer los vínculos o las razones que tiene su vicepresidente con la empresa Ecoteva Consulting Group. Asimismo, considera que el descargo del ex presidente Toledo sería importante.
“Yo creo que él (Toledo) puede venir y aclarar la situación a los costarricenses, recordemos que en esto también están otras personas. En caso de hacerlo, y no es que el presidente lo haya hecho, pero hay suposiciones”, manifestó.
En esa línea, el diputado está convencido de que este tema se tiene que aclarar porque el prestigio internacional de Costa Rica corre riesgo. Ya que estos movimientos financieros, que comprometen a uno de los más altos funcionarios de su país, corresponden “a un caso típico de lavado de dinero que enmarca lo que es el crimen organizado internacional”.
“Nuestro prestigio en América Latina está en caída libre, y eso es lo que lamentamos tremendamente (…) El daño que se le esta haciendo a nuestra país es muy grande”, agregó.
De aprobarse la moción presentada hoy, el diputado Néstor Manrique no descarta pedirle información al Congreso peruano para facilitar el proceso de investigación. “No solo es un asunto de imágen, es un asunto de acciones concretas, la mujer del César no solo debe parecer honesta, sino debe serlo”, añadió.
CUATRO SERÍAN LAS SOCIEDADES INVOLUCRADAS
Cuatro son las sociedades investigadas por el Ministerio Público de Costa Rica que tienen alguna relación con el líder de Perú Posible, afirmó el fiscal adjunto del país centroamericano, José Pablo González.
El fiscal adjuntó señaló que de las cuatro sociedades investigadas (dos de ellas serían Ecostate Consulting y Quality Cleanners), solo una tiene su cuenta congelada en Costa Rica. El resto solo tendría relaciones comerciales.
“Es importante la investigación que está realizando Perú para poder nosotros en Costa Rica probar la legitimación. Esto porque para poder probar el lavado debe provenir de una actividad ilícita”, declaró González al medio costarricense crhoy.com
Caso Toledo es el segundo escándalo
Por Óscar Libón- Diario Perú21
Patricia Pérez Hegg, diputada de Costa Rica, señaló que se suma al irregular viaje de la presidenta Chinchilla a Lima.
Usted ha planteado que el caso del expresidente Alejandro Toledo sea investigado en el Parlamento de su país…
Así es. Además, estamos a la espera de que la Fiscalía (de Costa Rica) cumpla con la colaboración al Perú. Pero tampoco podemos ser ilusos en pensar que se pueden hacer cosas aquí sin que haya costarricenses involucrados, y esa es una información que nos interesa a los ciudadanos ‘ticos’.
¿Cuál es el motivo de ese pedido?
Aparte de que se está involucrando al vicepresidente Luis Liberman, porque fue mencionado por el exmandatario Toledo cuando se viene a Costa Rica a hacer este tipo de empresas (‘fantasmas’), necesariamente debe haber costarricenses implicados. La pesquisa lo determinará.
¿Qué instancia del Congreso indagará el caso?
Irá al Pleno. Aunque primero, por iniciativa de algunos diputados de la oposición, solicitaremos información oficial al fiscal. Por mi parte, hice lo propio con el tema del viaje irregular de la presidenta Laura Chinchilla a Lima. Es la segunda vez que tenemos un escándalo de la Casa Presidencial relacionado con el Perú.
¿Esperarán a tener los resultados de la Fiscalía?
Sí. Que cumpla con las diligencias, y tiene un plazo para realizarlas. Tengo entendido que es de diez días.
¿Citarán al exmandatario Alejandro Toledo y al vicepresidente Luis Liberman?
Eso depende de la información que nos proporcione la Fiscalía, que debe identificar a las personas implicadas y establecer sus responsabilidades.
Avión parrandero
Diego García-Sayán Larraburre nació en Nueva York, el 2 de Agosto de 1950. Ingresó a la Pontificia Universidad Católica del Perú para seguir estudios de Derecho en 1968, graduándose de Bachiller en 1975 y consiguiendo el título de abogado en 1976. Realizó estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Austin (Texas). Es abogado de profesión, escritor y ha participado en la política del Perú, asumiendo la cartera de Justicia, a finales del año 2000, durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua.
Cabe destacar que en noviembre del año 2000, Diego García-Sayán, firma dos resoluciones con carácter de “estrictamente secreto” (no publicadas en el diario oficial El Peruano), sobre conmutación de penas y rebajas de sentencias para liberar a dos terroristas de la cárcel. Una semana después firmará otras once resoluciones supremas, éstas sí publicadas el 2 de diciembre del 2000 en la gaceta oficial, para beneficio de indultos; y a los tres días, se publicarían otras 8 resoluciones otorgando perdón a igual número de terroristas sentenciados. Y el 10 de diciembre del 2000 salen a luz otras diez normas de indulto a condenados por “traición a la patria”. Es decir, en 15 días, Diego García-Sayán indultó a 31 sentenciados por terrorismo.
Según cifras publicadas por el diario Perú21 hasta el año 2003 había en las cárceles peruanas 1,064 subversivos, de los cuales sólo permanecen 290, ya que el Poder Judicial sigue liberando a terroristas de SL y del MRTA, al declararles fundados sus pedidos de semilibertad o de liberación por exceso de carcelería.
Como titular de Justicia, García-Sayán mantuvo a los procuradores ad hoc del caso Montesinos contratados por Alberto Fujimori, es decir, José Ugaz de Proética y a su socio Luis Vargas Valdivia. Pero antes de incorporar a Ronald Gamarra (del Instituto de Defensa Legal) a la procuraduría en asuntos de derechos humanos, convocó a Javier Ciurlizza Contreras como jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Justicia y el 16 de enero del 2001, lo nombró presidente de la Comisión de Indultos, Derecho de Gracia y Conmutación de Penas para los casos de terrorismo. Ciurlizza habría de ser secretario ejecutivo de la CVR, para finalmente recalar en una dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En el 2001, es nombrado ministro de Relaciones Exteriores por el ex Presidente Alejandro Toledo. Durante su gestión en esta cartera, el 19 de Febrero del 2002, resalta un hecho: la ex agente de inteligencia peruana, Leonor La Rosa Bustamante, fue indemnizada con 120 mil dólares por el presidente Toledo. Miguel Jugo Vieira y Heriberto Benítez Rivas, en representación de la Asociación Pro Derechos Humanos, presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual fue avalado por los ministros Diego García-Sayán y Fernando Olivera.
García-Sayán fue nombrado Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el período 2004-2009, sin dejar su cargo como Director General de la Comisión Andina de Juristas (CAJ) que es una “asociación internacional privada sin fines de lucro y de acción regional, que brinda servicios jurídicos de interés público”. Desde que inició sus actividades en 1982, ha trabajado en temas para el “desarrollo y la justicia de los países de la región, como son el fortalecimiento del Estado de Derecho, la democracia y sus instituciones, y la vigencia plena de los derechos humanos”. Diego García-Sayán también es miembro de otras ONGs como DESCO y además es fundador de CEPES.
La CAJ trabajó para el gobierno de Fujimori
Cabe destacar que el 7 de noviembre de 1995, Diego García-Sayán fue contratado por la Viceministra de Justicia del gobierno de Alberto Fujimori, Miriam Schenone Ordinola, según Resolución Ministerial N°386-95-JUS y también para un proyecto de “Redes de Informática” por la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial que controlaba Vladimiro Montesinos Torres. Miriam Schenone fue compañera de promoción en la Universidad Nacional Federico Villarreal del Procurador Público Adjunto Luis Gilberto Vargas Valdivia, gemelo ideológico de José Ugaz y miembro de su Estudio de Abogados. En resumen, la Comisión Andina de Juristas de Diego García-Sayán, trabajó con el gobierno de Alberto Fujimori, particularmente en el ámbito de la reforma de la administración de justicia y la Academia de la Magistratura, como parte de un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) suscrito en 1998.
Schenone y Vargas, también viajaron juntos a Estados Unidos, del 5 al 12 de noviembre de 1994, para extraditar a Carlos Remo Manrique Carreño (caso CLAE), designados por el entonces presidente Alberto Fujimori, según Resolución Suprema N°105-94-JUS del 3 de Noviembre de 1994. Simultáneamente, la esposa de Diego García-Sayán, Eda Rivas, fue designada como Gerente de dicha Comisión Ejecutiva para llevar a cabo la Reforma Judicial en el Perú. La contrató el Comandante José Dellepiane. El Dr. José Ugaz Sánchez Moreno, Procurador Público designado por el entonces Presidente de la Republica, fue luego ratificado por Diego García Sayán.
José Ugaz y Diego García-Sayán firmaron el documento internacional de George Soros, dirigido al Secretario General de la ONU, pidiendo la legalización de las drogas en el mundo.
La CAJ, mantiene fuertes vínculos institucionales con diferentes organizaciones, especialmente con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y CELS en Argentina, y el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Diego Portales y la Corporación Forja en Chile, mediante la participación de expertos de estas instituciones en sus cursos internacionales de derechos humanos.
Gestión diplomática
George Soros publicó una carta pública al secretario general de la ONU, Kofi Annan, en dos páginas enteras del New York Times el 8 de junio de 1998. En ésta señala: “la guerra global a las drogas ahora está causando más daño que el propio abuso de las drogas”. Es decir, no hay que pelear contra las drogas. Esa carta la firman muchas personalidades, entre ellas, Diego García Sayán, asesor principal de Toledo, a favor de la legalización de las drogas.
Fueron 600 personas que firmaron la carta de Soros para la legalización de las drogas. Por el Perú lo hicieron Diego García Sayan, Julio Cotler, Javier Diez Canseco, Gustavo Gutiérrez, Anel Towsend, Javier Alva Orlandini, Javier Pérez de Cuéllar y Mario Vargas Llosa.
El ex Ministro de Justicia Diego García Sayán y el Embajador Manuel Rodríguez Cuadros, Representante Permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), durante la celebración del 110º Periodo de Sesiones Ordinario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington DC. Estados Unidos de América realizado en Febrero 2001, se reunieron con el Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Sr. Claudio Grossman, su Primer Vicepresidente Juan Méndez, su Segunda Vicepresidente Marta Altolaguirre, los comisionados Robert Goldman y Peter Lauirie, y el Secretario Ejecutivo Jorge Taiana, para propiciar una solución amistosa en determinados casos; al reconocer responsabilidad y adoptar medidas para restituir derechos afectados y reparar supuestos daños causados, comprometiendo al Tesoro Público en casos cerrados definitivamente y de denuncias que ya habían sido consideradas con Archivo definitivo por haber sido materia de Informes Finales declarativos no vinculantes entre 1987 y 2000, así como allanarse a otros 26 informes finales.
En esta reunión, se comprometió al Estado Peruano, acordando que: “Tanto el Gobierno del Perú como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entienden que la solución que se busca se logrará teniendo en cuenta las obligaciones internacionales que el Estado peruano ha asumido teniendo en ejercicio de su soberanía, y los siguientes criterios específicos: – el reconocimiento de la responsabilidad del Estado peruano en los casos en los que se hayan afectado los derechos humanos; – la reparación de los daños y consecuencias a las víctimas, o a sus familiares, por las violaciones a los derechos humanos de las víctimas; – la realización de las investigaciones a que hubiere lugar en el ejercicio autónomo del poder judicial y la determinación de las responsabilidades respectivas; – la adopción de las medidas cautelares recomendadas por la Comisión, y la puesta en práctica de procedimientos de solución amistosa con la participación de la CIDH, los peticionarios y las víctimas o sus familiares”.
El allanamiento es una forma de conclusión del proceso con declaración sobre el fondo, cuando el demandado reconoce la demanda o se allana al petitorio. En el primer caso acepta la pretensión dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de ésta. El allanamiento es improcedente cuando el representante no tiene autorización expresa para hacerlo.
Tanto el Estatuto como el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tienen carácter vinculante para los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el único documento que tiene carácter obligatorio es la Convención misma.
Comisión Andina de Juristas, APRODEH y APCI
El abogado colombiano Jaime Restrepo denunció que, al igual que en Colombia, el Perú pierde los casos por los lobbies que tienen algunas ONG como la Comisión Andina de Juristas (CAJ), IDL y APRODEH ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Restrepo además agrega que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, y la Corte IDH, en Costa Rica, que es el sistema, está infiltrado por izquierdistas y donde militan personas que tienen relaciones con grupos terroristas del continente.
Desde el 2004, Diego García Sayán es juez miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica. Luego fue Vicepresidente de dicha corte y el 25 de Noviembre del 2009, fue electo para ser su Presidente, lo cual rige desde el 2010, por un período de dos años. Eso quiere decir que su mandato debería haber terminado el 2012.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibe y procesa las denuncias sobre casos de violación de DD.HH. Si se determina la responsabilidad del Estado, se eleva un informe a la Corte de San José. Esta tiene competencia contenciosa para ver los casos y emitir sentencias. En el año 2010, la CIDH admitió 364 peticiones de denuncia contra nuestro país e inició trámite en 86 de estos casos. Estas cifras nos convierten en el país más denunciado del sistema interamericano. También somos el país con más sentencias desfavorables. El Perú ha tenido 26 procesos por violación de derechos humanos ante la Corte de San José y, en todos estos casos, los fallos han sido adversos.
Algunos de estos dictámenes favorecieron a personas procesadas por terrorismo. Entre los casos más recordados, está la sentencia a favor de los senderistas amotinados en el penal Castro Castro. El tribunal estableció, en el 2006, que el Estado debía pagar US$50 mil a los familiares de cada uno de los 41 muertos tras la incursión de las fuerzas del orden en el penal en 1992. También se recomendó que los internos sobrevivientes recibieran US$20 mil. Posteriormente, la sentencia se corrigió y se determinó que el Estado definiera el modo en que se realizarían las reparaciones. Entre los favorecidos con el fallo original estuvieron la prófuga de la justicia, Mónica Feria; Atilio Cahuana, por entonces, ideólogo de las huestes de ‘Artemio’ en el Huallaga; y los dirigentes del Movadef. Otras sentencias que dieron que hablar fueron las que ordenaron el pago de indemnizaciones a los emerretistas Lori Berenson, Jaime Castillo Petruzzi, Lautaro Mellado, Alejandro Astorga y María Pincheira.
En setiembre de 2006, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) encargada de supervisar a las ONGs, nombró a Mariela Marcela Pinto Rocha, en el puesto de asesora principal de este organismo. Ella es una profesional especializada en educación inicial, que ha trabajado desde el 2001 en el ministerio de Justicia a cargo del proyecto de reforma de los centros carcelarios. Estuvo vinculada sentimentalmente a Diego García-Sayán. Luego fue nombrada funcionaria del Museo de la Memoria.
Fuente: Perunews.com