La ministra de Educación, Patricia Salas, informó que las pérdidas que dejó el incendio que se desató en un almacén de su sector en Breña ascienden a unos S/.280 millones, cifra que –dijo– es preliminar.
En una conferencia de prensa, la funcionaria precisó que se quemaron unos 500 mil textos escolares, lo que representa un 60% del material para año que aún no había sido entregado a los colegios. El otro 40% ya está en las aulas, acotó.
Los más afectados son los niños de educación inicial, pues se quemaron 30 mil módulos en matemática y 2 mil para desarrollo psicomotriz dirigidos a ese nivel. Los libros de primaria y secundaria ya estaban distribuidos. Además, se perdieron 40 mil computadoras personales y 21 mil notebooks para profesores.
“Los mayores afectados niños y niñas de las regiones de la selva peruana, en donde habíamos retrasado un poco la distribución de textos por los motivos de lluvias y fenómenos climáticos que afectan el país”, señaló Salas al ser consultada por la demora de la entrega de dicho material pese a que el año escolar inició el 1 de marzo pasado.
Incendio provocado
El gerente de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad de Lima, Arnold Millet, indicó hoy que le parece “sospechoso” que hayan ocurrido dos incendios de gran magnitud en estas últimas semanas cuando la alcaldesa Susana Villarán no se encuentra en la ciudad. La autoridad viajó a Estados Unidos para un encuentro de burgomaestres.
El funcionario acudió esta mañana al cruce de las avenidas Venezuela y Tingo María, a fin de evaluar los daños y prestar la ayuda que sea necesaria.
Criticó que el almacén, donde se guardaban más de medio millón de libros y otros materiales inflamables haya estado ubicado a pocos metros de dos grifos. “Anoche se tuvo que aislar dos puntos de expendio de combustible, porque el viento y las llamas apuntaba hacia esos lugares”, acotó.
Quemando iglesias y depósitos de libros
Por Mauricio Ottiniano
La última idea que ha tenido la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, para levantar su alicaída imagen en medio de la recolección de firmas pro-revocatoria ha sido contratar como asesor a un radical anticlerical.
Su nombre es Ramón Pérez Almodóvar y aunque quizá muchos no lo recuerdan, fue asesor de imagen de Ollanta Humala durante la segunda vuelta de la campaña electoral del 2006.
Pero, ¿quién es Pérez Almodóvar? Pues se trata de un periodista español sin mayor experiencia en asesoría de imagen, más conocido por su postura de izquierda radical, su anticlericalismo militante y su odio declarado a los Estados Unidos.
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Periodismo por la Universidad de La Laguna, es reconocido en su país por haber colaborado en Canarias para el periódico El Mundo y Onda Cero. También estuvo en Canarias 7, Diario de Avisos y La Gaceta de Las Palmas.
Entre sus polémicos artículos, destaca una sacrílega “carta a Dios” que pinta de cuerpo entero el poco respeto que tiene por la Iglesia Católica y el desprecio a la fe de muchos creyentes, incluso, de otros credos.
Anticlerical
El 30 de enero del 2006, Pérez Almodóvar, flamante asesor de imagen de la alcaldesa de Lima, escribió un artículo en el diario virtual Canarias Digital.org en el que de manera burlona se dirige a Dios diciéndole “he visto que mis SMS (mensajes de texto) no te llegan (o se pierden en el espacio o te haces el loco) ni tampoco respondes mis correos electrónicos”.
El artículo es una protesta por algunas acciones tomadas por la Iglesia Católica de Tenerife luego de que se incendiara el obispado de esa localidad.
Al respecto, el periodista le dice a Dios: “Ha habido un incendio en el palacete que servía de sede en la isla a los representantes del Vaticano, ese Estado montado en tu honor y que no es más que un parque temático religioso“.
Luego, refiriéndose a algunos religiosos de su comunidad, le sigue “contando” a Dios que “la verdad es que dan risa esos aprendices del timo de la estampita cuando los tuyos han montado bancos, tiendas y otros negocios por el mundo”.
En alusión a Jesucristo, Pérez Almodóvar sostiene que la Iglesia usa a sus religiosos “para vender esas imágenes de tu hijo abriendo y cerrando los ojos (hay que ver cómo dominan en el Vaticano el relativismo y la perspectiva)”.
Por si fuera poco, le dice a Dios: “Ya conoces el dicho popular: la única iglesia que ilumina es la que arde“.
Pero hay más. Tras la elección de Benedicto XVI como Papa, Pérez Almodóvar volvió a lanzar sus dardos contra la Iglesia calificando a la Santa Sede como “la transnacional más antigua del mundo, Vaticano S.A.”, al cónclave de cardenales que eligieron al Papa como “Consejo de Administración” y al Santo Padre “General Manager”.
“En el ámbito de las transnacionales capitalistas, Vaticano S.A. lleva una gran ventaja sobre sus estrictas competidoras: posee un Estado propio. A través del despliegue de sus embajadas y por la presión social que ejerce el propio Estado, consigue firmar convenios, o concordatos en ventajosas condiciones para la empresa”, señala con ironía el periodista.
Izquierda radical
Pero Pérez Almodóvar no solo es anticlerical. Es, sobre todo, un radical de izquierda. Durante los primeros meses del segundo gobierno de Alan García mantuvo un discurso que parece calco del que mantenía Humala en sus primeros años de vida política.
Así, en un artículo publicado el 16 de octubre del 2006 en la página web rebelión.org titulado “El imperialismo y el APRA”, señala que la estrategia de los grupos de poder peruanos, “aliados con las transnacionales y apoyados por medios de comunicación y encuestadoras que manejan a su antojo o que se venden por cuatro soles”, es la de borrar del mapa político al líder nacionalista, Ollanta Humala.
Además, sostiene que las millones de personas marginadas “no tendrán alternativas políticas en la falsa democracia que se vive en Perú”, pues están abandonadas por un Estado que no existe, que ha privatizado sus servicios sociales y ha desnacionalizado sus recursos naturales.
Además, como buen izquierdista radical, el nuevo asesor de imagen de Villarán odia a Estados Unidos.
Por ello, cuestiona que tras visitar al entonces presidente de ese país, George Bush, Alan García le pidiera ayuda para contrarrestar el fundamentalismo andino que surge en la región -en alusión a los gobiernos de Evo Morales en Bolivia y Hugo Chávez en Venezuela- “con el afán de convertirse en otro peón del imperialismo en la región y conformar un eje con la Colombia de Uribe y el Chile de Bachelet que enfrente a Morales, Chávez y a Rafael Correa en Ecuador”.
En otro artículo de noviembre del 2004, señala que Bush ha ampliado el espacio de la extrema derecha de Estados Unidos en unos 8 millones de electores y se ha convertido en el presidente más votado de la historia. “Es como Adolf Hitler”, agrega.
Escritor por encargo
El periodista español es también coautor del polémico libro “De Locumba a Candidato a la Presidencia”, una suerte de entrevista dividida en 20 capítulos en la que el entonces candidato presidencial, Ollanta Humala, intenta desmarcarse de cualquier responsabilidad en el “Andahuaylazo”, el levantamiento liderado por su hermano Antauro en el que murieron cuatro policías y dos reservistas.
El libro, editado por Ocean Press y Ocean Sur, fue escrito por el propio Humala en asociación con Ramón Pérez Almodóvar. La obra tiene 170 páginas y la imprimió en México Quebecor World S.A. el 2009.
Sin embargo, en medio de la campaña electoral del 2011, lejos de beneficiarlo, el libro le ganó fuertes críticas a Humala por su ambigua posición con Sendero Luminoso.
Y es que en “De Locumba a Candidato a la Presidencia” el entonces candidato de Gana Perú cuestionó a las autoridades que en su momento no catalogaron a dicha organización terrorista de “fuerza beligerante”, lo que le hubiese permitido gozar de un “trato humanitario”.
“El Estado peruano, por medio de su gobierno de turno, jamás le dio a SL la categoría de fuerza regular o fuerza beligerante y, por lo tanto, el propio Estado peruano le negó el tratamiento decoroso conforme lo dispone el Derecho Internacional Humanitario”, señaló Humala en el 2009.
“Todo lo contrario, le dio la categoría de simples ‘delincuentes terroristas’, que por su alta peligrosidad y lo avezado de su comportamiento, rebasaron el control de las fuerzas policiales y obligaron al Estado a recurrir a sus Fuerzas Armadas como medida de emergencia”, añade el entonces candidato presidencial.
Fuente: Diario Correo.
Inclusión social
La ex primera dama Pilar Nores sigue dedicada al trabajo social en nuestro país. La presidenta del Instituto Trabajo y Familia habló sobre los programas de ayuda creados por al actual gobierno de Ollanta Humala para combatir la pobreza en el Perú.
“El tema es que en ningún caso los programas que se están desarrollando son integrales como nosotros hemos desarrollado. (…) No se pueden atacar los problemas independientemente. Para conseguir un resultado duradero hay que atacar a todos los objetivos al mismo tiempo y de forma estructural”, declaró a Canal N la esposa del ex mandatario Alan García.
Según Nores, la pobreza estructural es la que se debe atacar. Esta es la llamada extrema y la que “a pesar del crecimiento económico que ha tenido el país en los últimos años no se ha podido reducir”.
“Yo no veo que se haya creado ningún programa adicional para las zonas de pobreza estructural. Yo veo que los programas que se han creado, desde Pensión 65, la beca para estudiantes, son programas directamente relacionados con un programa específico pero no para la pobreza estructural”, afirmó.
Fuente: RPP, Diarios El Comercio y Perú21.
Archivo por meses: marzo 2012
Gana Perú separa rocambolesco boborrachín
Dosaje
El congresista Jorge Antonio Rimarachín Cabrera fue desafiliado del Partido Nacionalista Peruano, confirmó esta colectividad política.
La decisión fue tomada por el Tribunal de Honor del partido como sanción por las declaraciones de Rimarachín, quien calificó de “cortina de humo” la captura del cabecilla terrorista Florindo Flores Hala, “camarada Artemio”.
De acuerdo a la resolución de ocho puntos, el Partido Nacionalista considera que Rimarachín quebrantó la fidelidad y lealtad a la agrupación política al emitir esas declaraciones.
El Tribunal de Honor, presidido por Werner Cabrera, señala que con estas declaraciones Rimarachín afectó de manera “importante y grave” la imagen del presidente Ollanta Humala, del Partido Nacionalista, e infringió el Código de Ética partidaria.
Como máximo dirigente del partido, agrega, el jefe del Estado ha puesto en marcha una lucha frontal contra el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia, hecho que es a su vez una política del Partido Nacionalista.
Señala que al haber sostenido que la captura de “Artemio” era una “cortina de humo como en los tiempos del fujimorismo”, Rimarachín ha colocado al partido en un nivel “cuasi delincuencial”, comparándolo “con un periodo dictatorial nefasto y de oscura trayectoria”.
La resolución aclara que no se está afectando la libertad de expresión ni el derecho del mencionado legislador de expresar discrepancias con el partido, sino que su accionar ha atentado contra la disciplina partidaria, establecida en el código y reglamento correspondiente.
“A mí no me han separado por eso, sino por ponerme al lado de mi pueblo, por defender el agua (…) Por lo tanto yo estoy apelando como militante. Se ha violentado el debido proceso”, indicó Rimarachín en RPP.
“Ojalá que el poder minero no esté metiendo sus manos en el partido”, agregó el parlamentario cajamarquino, quien se opone al Proyecto Conga, que fue suspendido por la convulsión social en la región.
Irónicamente, Rimarachín fue asesor de Werner Cabrera Campos durante los últimos tres años que estuvo como parlamentario nacionalista.
Fuentes: Agencia Andina de Noticias, Diarios La República y Perú21.
Artemio decidió entregarse
Comunicado a la opinión pública de Tierra y Libertad
El Partido Nacionalista Peruano ha anunciado la “desafiliación” del Congresista Jorge Rimarachin de sus filas, por haber manifestado que la captura del llamado camarada Artemio era una cortina de humo para desaparecer de los medios y de la agenda política nacional la Marcha Nacional por el Agua y la agenda de políticas públicas que esta ha planteado al país.
Tierra y Libertad considera de la mayor importancia la captura de este jefe senderista en actividad, y espera que podamos igualmente derrotar a las últimas columnas de terroristas vinculados al narcotráfico y remanentes senderistas del VRAE, usando la inteligencia, sentando bases para el desarrollo y protegiendo los derechos humanos de la población. Sin embargo, consideramos que las interrogantes planteadas por el Congresista Rimarachin son plenamente pertinentes. Si la columna de Artemio estaba infiltrada hace meses, ¿quién y con qué criterio decidió intervenirlo exactamente en ese día, hora y lugar? ¿Por qué no se hizo esto antes? ¿Por qué no se hizo después? Frente a estas legítimas interrogantes, la respuesta más adecuada es la información, y no la expulsión de quien hace las interrogantes.
Entonces, más allá de las interrogantes legitimas que se mantienen sobre la captura de Artemio, pensamos que usar este argumento es solamente el pretexto para la expulsión. Pensamos que la verdadera razón para la expulsión del Congresista Rimarachin es que –a diferencia de sus líderes partidarios hoy en el gobierno y de la mayoría de sus colegas de Gana Perú hoy en el Congreso– él si se ha mantenido fiel a las ofertas de campaña electoral del PNP, se ha sumado a la resistencia del pueblo y las autoridades de Cajamarca contra el Proyecto Mina Conga, y ha cuestionado la orientación económica general del Gobierno de Gana Perú, que apuesta por la gran minería como motor del crecimiento y sustento de su concepto de “inclusión social”.
Saludamos la consecuencia del Congresista Jorge Rimanachin con sus principios y sus compromisos electorales y lamentamos que esto le haya costado la expulsión del PartidoNacionalista Peruano. Somos respetuosos de la autonomía de los partidos, pero en este caso no podemos guardar silencio ante un hecho político que consideramos injusto. Estamos seguros que con personas leales a sus principios como él, nos seguiremos encontrando en las luchas del pueblo cajamarquino y en la búsqueda de construir una nueva representación política sustentada en una visión nueva del crecimiento y el bienestar sobre la base del uso sostenible de los recursos naturales renovables, y no sobre la base de su depredación por intereses empresariales inmediatistas.
Lima, jueves 8 de febrero del 2012
Comisión Política Nacional de Tierra y Libertad
Que tal cuajo
Por José Clemente
En sus cortos 13 años como oficial, el ahora mayor en retiro del Ejército Antauro Humala acumuló un amplio legajo de sanciones y arrestos por haber formado un grupo militar etnocacerista, desobedecer a sus superiores, provocar accidentalmente la muerte de personal de tropa y llevarse, incluso, baterías de camiones portatropas, según lo revela el legajo disciplinario del hermano del presidente de la República al que tuvo acceso Perú21.
Pese a tales antecedentes, el líder etnocacerista ha insistido con su pedido de reincorporación en el grado de coronel ante el Poder Judicial, como lo reveló Perú21 el 7 de marzo último.
Estos antecedentes de la carrera militar de Antauro, así como el pronunciamiento de la Procuraduría del Ejército, figuran en el expediente judicial de reincorporación al Ejército del Perú, en el grado de coronel, del controvertido exoficial, al cual también accedió Perú21.
La demanda judicial fue planteada inicialmente ante el Noveno Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo, el cual –ante los argumentos en contra de la Procuraduría Pública Especializada en Asuntos Judiciales Relativos al Ejército– declaró infundado el pedido de Humala en el año 2009.
Ahora el caso se encuentra en revisión ante la Tercera Sala en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima, cuyos magistrados acudirán el 7 de mayo al penal Virgen de la Merced, en Chorrillos, para escuchar sus argumentos.
Según el expediente, el entonces procurador del Ejército, Juan Pablo Ramos, sostuvo que el pase al retiro del autor del ‘Andahuaylazo’ fue en “estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes” y que “no hubo arbitrariedad ni abuso”.
Humala había argumentado que la decisión de separarlo de las filas de esa institución, a los 34 años de edad, fue injusta, que se le privó de su derecho pensionario y que se transgredió el debido proceso y el derecho constitucionalidad de igualdad.
Sin embargo, el general Ramos informó al Noveno Juzgado Transitorio que, pese a que el demandante fue pasado al retiro por causal de renovación, este tenía un total de 12 sanciones en su legajo que significaron 42 días de arresto simple.
FALTAS DE TODO TIPO
Basándose en un documento del Ministerio de Defensa (Acta de Acuerdo CEMD N° 623-2007), el procurador militar reveló que Antauro tuvo seis días de arresto simple impuestos por la Comandancia General del Ejército “por organizar y conformar un grupo etnocacerista dedicado a realizar un análisis crítico negativo y cuestionante del Ejército, empleando una metodología marxista”.
Tuvo, además, otros ocho días de arresto “por despojarse la polaca de uniforme y la gorra, arrojándola a la fosa” en una ceremonia fúnebre. Igualmente, dos días más “por un accidente con arma de fuego, con la consecuencia del fallecimiento de personal de tropa”.
Recibió, asimismo, dos días “por conducir su auto a excesiva velocidad atentando contra la integridad física del personal de la tropa y familiares de los oficiales” de una Villa Militar. También le dieron cuatro días de arresto “por sacar dos baterías de los vehículos portatropas y, al día siguiente, llevarse otras dos”.
“Señor juez, para que su despacho pueda emitir una sentencia, consideramos oportuno referirnos a los antecedentes disciplinarios del demandante, que son absolutamente negativos, perjudiciales y un mal ejemplo para los oficiales del Ejército”, enfatizó el procurador Ramos en su alegato previo a la sentencia de primera instancia.
Pese al ‘Andahuaylazo’ del 2005, el líder de los etnocaceristas pidió en 2006 su reposición al Ejército Peruano, el reconocimiento de honores y grados, remuneraciones y otras prerrogativas.
Fuma porrito de marihuana
Fuentes castrenses confirmaron que la seguridad externa es controlada exclusivamente por la policía militar apostada en dos garitas de control con sus respectivas tranqueras y que solo el interior del “penal civil” es custodiado por INPE.
El líder etnocacerista está ahora bajo régimen carcelario ordinario. Por lo tanto, podrá recibir a amigos y familiares tres veces por semana en una celda de 12 metros cuadrados que habita solo.
SU REGRESO
Mientras tanto, se supo que Antauro está interesado en acelerar su proceso judicial para que sea reincorporado en el Ejército, como informó ayer Perú21. El caso está actualmente en revisión en la sala contencioso-administrativa de la Corte Superior de Lima.
“No hay nada que opinar, eso ya parece (un caso) de Ripley, humor negro; sería terrible. Imagínate si están afectadas las familias de los policías que fueron asesinados, hacer eso (reincorporarlo) sería afectar no solo al presidente Humala, sino afectar a las Fuerzas Armadas. Yo creo que ni pensar una cosa como esa”, manifestó ayer el expremier Yehude Simon.
El expresidente del Consejo de Ministros dijo que está convencido de que sí hubo una presión familiar sobre el presidente Ollanta Humala para hacer el traslado, pero también del etnocacerismo, con objetivo de cambiar las condiciones carcelarias de Antauro.
A su turno, Fredy Otárola insistió en que la reubicación se dio con el fin de preservar la seguridad de los padres del mandatario, pero también la del hermano del presidente. Argumentó que no hay ningún penal seguro en el país.
Antauro Humala va a publicar su cuarto libro con una edición de 20 mil ejemplares. El proceso judicial para su reincorporación al Ejército también incluye que se le otorgue una pensión.
Antauro sustenta su pedido en que fue pasado al retiro a los 33 años y no le otorgaron este beneficio porque era muy joven. Le dieron de baja porque había formado su “logia” etnocacerista en el cuartel militar. Ahora quiere volver como coronel y no como mayor del Ejército Peruano.
Fuente: Diario Perú21.
Batman y Robin Hood
Por Américo Zambrano
Gestiones y presiones de Isaac Humala para sacar del penal de Piedras Gordas a su hijo, Antauro Humala Tasso, sentenciado por el ‘Andahuaylazo’.
El etnocacerista sigue siendo una molesta piedra en el zapato presidencial. Su traslado del penal de máxima seguridad de Piedras Gordas, en Ancón, donde cumplía una condena de 19 años de prisión por homicidio y secuestro, al reclusorio militar Virgen de la Merced, ubicado al interior del Comando de Educación y Doctrina del Ejército, en Chorrillos, provocó un lío en el Ejecutivo y motivó que el Congreso de la República cite al ministro de Justicia Juan Jiménez y al presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Luis Pérez Guadalupe.
Ambos ya declararon que la problemática mudanza se emprendió por “razones de seguridad”, pero ninguno dio la orden. ¿Quién lo hizo entonces? Según fuentes cercanas al hermano del Presidente, la decisión provino de Palacio de Gobierno y tuvo como intermediario clave al patriarca Isaac Humala.
A este enroque familiar se refirió Antauro Humala cuando declaró a CARETAS 2192: “La mesa está servida. No sé si será cuestión de días o semanas, pero yo salgo (de Piedras Gordas). Las condiciones están dadas”.
El tiempo no tardaría en darle la razón. El 30 de diciembre, tres meses después de que la Corte Suprema confirmara su sentencia, Antauro fue llevado de Piedras Gordas al Hospital Militar, aquejado de cólicos renales.
Al parecer, los dolores desaparecieron pronto porque, al día siguiente, pasó la noche de Año Nuevo con su novia Ina Andrade (CARETAS 2214).
El lunes 23 de enero fue “dado de alta” y retornó a Piedras Gordas, pero no por mucho tiempo. La Virgen se le presentó tras la captura de ‘Artemio’ y sus lugartenientes, el domingo 12 de febrero. Una semana después, Antauro envió una carta al director del penal solicitando su inmediato traslado. Alegó que, por tratarse de un militar en retiro, podría ser víctima de un “atentado senderista”. Su pedido inicial era que lo envíen al penal Sarita Colonia del Callao, pero luego se decidió por la cárcel militar Virgen de la Merced. La idea, siempre según fuentes cercanas a Antauro Humala, se la habría brindado el coronel EP (r) Adrián Villafuerte Macha, con quien aparentemente mantiene una fluida comunicación telefónica desde prisión.
Ambos, por cierto, se conocen desde 1990, cuando el entonces teniente EP Antauro Humala estaba destacado en el Batallón Contrasubversivo 324, en Jauja. El jefe de esa dependencia era, nada menos, Villafuerte, quien hoy es asesor presidencial en temas de defensa y seguridad nacional.
EL OTRO BINOMIO
Inicialmente el INPE no aceptó el pedido de Antauro, por lo que fue necesaria la intervención de don Isaac Humala. El padre y abogado del reo habría intercedido ante al Presidente con un argumento lo suficientemente persuasivo: no solo la vida de Antauro corría peligro sino también la de él y su esposa, pues ambos visitaban cada semana Piedras Gordas con un solo agente de Seguridad del Estado que funge de chofer.
A los pocos días, el jueves 1, el vicepresidente del INPE, Gerson Villar, visitó la celda del hermano del Presidente para anunciarle que sería recluido en Chorrillos la noche siguiente. El pretexto era el traslado de los lugartenientes de ‘Artemio’, Víctor Ramírez Ordóñez, ‘Lander’ y Teófilo Trujillo Huarauya, ‘Cubillas’, a Piedras Gordas, el pasado lunes 27, y la existencia de un presunto informe de inteligencia policial que advierte de supuestos atentados contra Antauro, sus padres y hermanos Ulises y Alexis. Fuentes de la Dirección Antidrogas (DIRANDRO) negaron que ese documento exista, pero trascendió que otra unidad de inteligencia filtraría una “nota secreta” con esas características para justificar la mudanza.
El Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo inspeccionaron el martes 6 el reclusorio militar y corroboraron que el perímetro, de 320 metros cuadrados, no tiene concertinas eléctricas de seguridad. Tampoco hay bloqueadores de celulares. El recinto cuenta con 10 celdas de unos 9 metros cada una. Hay 12 internos, 9 de los cuales son militares procesados por delitos de función. Antauro posee una celda propia y comparte el baño.
Es cierto que el Jefe de Estado ha deslindado de su hermano en diversas ocasiones y todo indica que no mantiene una comunicación directa con él, pero la presión que ejerce su padre ha sido decisiva en los últimos acontecimientos. Si para las encuestas la pareja presidencial conforma un binomio virtuoso, el de Isaac Humala y su hijo Antauro puede ser a la larga el binomio fastidioso.
Fuente: Revista CARETAS.
Cárcel dorada
Peligro de fuga
El ex ministro de Defensa del actual gobierno, Daniel Mora, cuestionó el traslado de Antauro Humala del penal de Piedras Gordas al penal civil Virgen de la Merced. Este último se encuentra ubicado en las instalaciones del Comando de Educación y Doctrina del Ejército, en Chorrillos.
“Un penal militar debe albergar a reos que cometieron delito de función (…) un reo común como es Antauro Humala no puede estar en un penal militar”, señaló Mora, quien si bien reconoció que no hay impedimento legal para ello, opinó que la decisión afecta la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. “(…) había otra alternativa como la Base Naval”, agregó.
“No queremos que se esté manoseando permanentemente a las Fuerzas Armadas, para dar solución a esto (se recurre a) las Fuerzas Armadas; que el terreno para los delincuentes, las Fuerzas Armadas; que la acción cívica para que vaya el presidente, las Fuerzas Armadas; vamos a ir vulnerando poco a poco esa institucionalidad que nos está costando recuperar”, señaló en entrevista al programa “Abre los ojos”.
El también congresista insistió: “Estamos vulnerando un penal que era para reos militares, (Antauro Humala) es un militar en retiro, cuando cometió el delito era militar en retiro, un ciudadano común y corriente, cometió un delito común, así de simple”.
Cuando Mora fue titular de Defensa se le cuestionó por afirmar que el hermano del presidente no participó de forma directa en el Andahuaylazo, pues no empuñó un arma. Luego aclaró que sí consideraba que era responsable de la asonada.
Así se vista de seda, Antauro se queda
A su turno, la congresista oficialista y ex jefa del INPE, Rosa Mavila, señaló que ella hubiera tomado una decisión distinta sobre este caso.
“Yo lo hubiera llevado a Castro Castro, donde hay condiciones reales de seguridad, donde el interno puede estar aislado y esa presunción de cárcel dorada no existe”, dijo en entrevista al mismo programa.
Mavila dudó que el penal Virgen de la Merced sea más seguro que Piedras Gordas, y contó que ahora Antauro Humala no tendrá celda individual y estará en un pabellón compartido.
En todo caso, consideró que el cambio favorece más a la familia del interno -en condiciones para visitarlo- que a él mismo. El INPE ha justificado el traslado por medidas de seguridad.
“Me parece más riesgosa la eventualidad de una hostilización o secuestro a la familia del presidente y esta variable debió pesar más a la hora de decidir el traslado”, agregó.
El traslado de Antauro Humala es un privilegio y una estrategia política que realiza el presidente Ollanta Humala con la finalidad de buscar el indulto de su hermano y del expresidente Alberto Fujimori, advirtió el congresista Yohny Lescano. Con esta acción se prepara el indulto, puesto que ambos reos tienen privilegios en sus celdas, según el legislador. “Me parece que el presidente Ollanta Humala debería retirar esta medida, porque esto le va hacer mucho daño”, argumentó el parlamentario.
Y el exjefe del INPE Gustavo Carrión consideró que si la intención del INPE era velar por la seguridad del interno Antauro Humala, lo pudo haber trasladado al penal Miguel Castro Castro, donde existe un área especial ocupada por condenados en casos de corrupción.
Las razones del Ejecutivo obedecerían a que se buscó favorecer al hermano del presidente Ollanta Humala, sostuvo Carrión al tiempo que rechazó que se mencione que el traslado del hermano del mandatario fue para resguardar la seguridad de sus padres. “De ser así, bastaba con cambiar la fecha de visitas para que no coincidan con los familiares de los demás presos”, anotó.
Fuente: Infografía La República, El Comercio y Diario16.
CONAP y CCP apoyan Reglamento de Consulta
![Reglamento](http://blog.pucp.edu.pe/blog/wp-content/uploads/sites/231/2012/03/ccp_conap.jpg)
“La CONAP tiene una posición positiva, proactiva y dialogante, y por eso apoyamos la reglamentación de la ley (…) La próxima semana tendremos una reunión con la comisión multisectorial y espero que los hermanos andinos respalden el proyecto”, manifestó.
Según dijo, un eventual retraso en la entrada en vigencia del reglamento no detendrá los proyectos de inversión y si no hay una ley reglamentada, las comunidades originarias no serán consultadas sobre esas inversiones.
El dirigente de la CONAP explicó que en los seis talleres macrorregionales y en el encuentro nacional celebrado en Lima sobre la materia, no se habló nunca de fijar un plazo de 30 días para elaborar un texto sustitutorio del reglamento de la Ley de Consulta Previa.
“Hay algunas organizaciones originarias que tienen intereses políticos porque llegan a las mesas de diálogo con una posición intransigente y poco dialogante, diciendo que no aceptarán otra cosa que la derogatoria o cambio de todo el texto”, declaró a la Agencia Andina.
Mencionó que en las reuniones participaron la CONAP, la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) y la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP).
De ellas, mencionó que la CONAP, la CCP, organizaciones de base de la selva central y sectores de la comunidad awajún expresaron su respaldo a la aprobación del texto del reglamento que recogió todos los aportes presentados durante el diálogo promovido por el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA).
“La comisión multisectorial que reúne a las organizaciones de pueblos originarios y los 16 viceministerios del Ejecutivo debe recoger las posiciones para lograr el consenso requerido, y no atrasemos más la reglamentación de la ley de Consulta”, indicó.
La ley de Consulta Previa se basa en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece las consultas previas a las comunidades antes de realizar actividades extractivas en sus territorios.
Esta ley da el derecho a los pueblos nativos de opinar sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten a sus derechos, y también prevé que se les consulte sobre los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional que los involucren.
![Viceministro de Interculturalidad](http://blog.pucp.edu.pe/blog/wp-content/uploads/sites/231/2012/03/ivan_lanegra.jpg)
Viceministro de Interculturalidad
Ivan Lanegra recordó que la Ley de Consulta Previa, aprobada en el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, fue saludada por instituciones nacionales e internacionales, que la calificaron como un “gran paso” en la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
“Además, estas organizaciones participaron en todos los eventos, de hecho los han dirigido y han tenido a su cargo el trabajo de los talleres de evaluación interna cuyo objetivo fue discutir la propuesta de reglamento”, explicó.
No obstante, ratificó que el Ejecutivo tiene la voluntad de buscar acuerdos con los pueblos indígenas, tomando en cuenta sus aportes y propuestas, y en ese marco, destacó que las Confederaciones Campesina del Perú (CCP) y de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) hayan decidido continuar participando en el proceso la reglamentación de la norma.
“Esto nos muestra que es absolutamente compatible avanzar en un proceso de diálogo real y al mismo tiempo tomar en cuenta la preocupación de los pueblos indígenas y producir una norma que va a ser mejor para todos”, subrayó.
En ese sentido, expresó su confianza en que los dirigentes de las organizaciones que han mostrado disconformidad, reflexionen y puedan retomar el diálogo en un proceso muy importante para el desarrollo de los pueblos indígenas.
“Empezamos la revisión del articulado de la propuesta, se han hecho diversas modificaciones orientadas a atender los distintos puntos de vista de los actores de la comisión multisectorial, en particular los pueblos indígenas”, declaró a Andina.
Señaló que hasta el momento las consultas involucraron a todas las organizaciones de representación de las poblaciones indígenas.
Estimó que en los próximos días debe culminar la etapa de revisión, para entregar la propuesta este mes al Poder Ejecutivo para su aprobación.
“Hemos avanzado muy bien, y hemos logrado muchísimos acuerdos, son apenas unos pequeños puntos de observaciones que hasta el momento hemos encontrado, en realidad en todos los demás puntos hay acuerdos”, dijo.
La Ley de Consulta Previa otorga a las comunidades nativas del Perú el derecho de pronunciarse sobre cualquier proyecto de inversión o iniciativa legal o administrativa, que podría afectarlos.
Esta norma se aprobó en concordancia con lo estipulado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que consagra el derechos a la consulta a favor de las comunidades.
Peritos del proyecto Conga en Cajamarca
Los peritos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Conga recorren las lagunas del área de influencia directa del proyecto, como parte de su trabajo de campo, informó el jefe de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Víctor Caballero.
Los expertos Rafael Fernández Rubio, Luis López García y José Martins Carvalho partieron a bordo de un helicóptero desde la base del Ejército peruano con sede en el distrito cajamarquino de Baños del Inca.
“Tras su arribo están recorriendo las lagunas, recogiendo algunas muestras, tomando fotos y haciendo sus indagaciones, para determinar donde se instalará el “botadero” (depósito de relave y desmonte)”, explicó Caballero, quien acompaña a los peritos.
En diálogo con la Agencia Andina, el jefe de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la PCM aseguró que estas labores se realizan con las debidas garantías del caso.
Los expertos sobrevolaron el ámbito del proyecto en helicóptero e hicieron trabajo de campo en El Perol, y luego retornaron a la ciudad de Cajamarca para continuar su trabajo de gabinete.
Algunos sectores de Cajamarca protestaron en diciembre pasado contra el proyecto minero Conga, al referir que afectaba la captación de agua de cuatro lagunas (El Perol, Mala, Chica y Azul); esta posición fue respaldada por el gobierno regional.
El Ejecutivo promovió mesas de diálogo con las autoridades representativas de la zona para tratar el tema, con las cuales se determinó la realización de un peritaje internacional al EIA del proyecto.
Pese a los avances, basados en el diálogo, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, se negó a participar de las reuniones para abordar el tema.
Santos dijo que realizan un peritaje paralelo con apoyo del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), que tendrá un informe listo en unos diez días.
Peritos internacionales del proyecto Conga
El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), César Villanueva, recomendó esperar con serenidad los resultados del peritaje del proyecto Conga e insistió en su pedido de apostar por el diálogo para resolver cualquier diferencia.
Opinó, además, que los expertos contratados para evaluar el estudio de impacto ambiental de esa inversión minera “son altamente calificados” y habrá que esperar los resultados de su informe.
Los españoles Rafael Fernández y Luis López García y el portugués José Carvalho, contratados por el Gobierno para ese peritaje, realizaron un trabajo de campo en las lagunas que se encuentran en el área de influencia del proyecto minero, ubicado en la región norandina de Cajamarca.
Villanueva dijo que cualquier diferencia que exista sobre ese proyecto de 4,800 millones de dólares debería superarse desde una perspectiva técnica.
“Pienso que los peritos profesionales son altamente calificados y verán el tema técnico y mi recomendación es dialogar para superar cualquier desconfianza”, subrayó.
Para Villanueva, resulta importante que impere el desprendimiento de las partes que tienen visiones contrarias sobre esa inversión minera, para encontrar soluciones y no “cerrarse en una sola posición”.
“El presidente regional (de Cajamarca, Gregorio Santos) tiene que reflexionar y buscar el camino del diálogo porque no hay otra salida, esa es la invocación que hacemos”, declaró a la agencia Andina.
Añadió que la ANRG continúa realizando esfuerzos para lograr que Santos tenga un acercamiento con las autoridades del Poder Ejecutivo.
Villanueva dijo esperar que los opositores al proyecto apuesten pronto por el diálogo para discutir temas de “fondo” y no se recurra a medidas extremas, como las protestas o el desconocimiento anticipado del peritaje internacional.
“No podemos pasarnos en el país en una discusión de esta naturaleza. Creo que somos gobernantes con responsabilidad para sentarnos a conversar y sustentar nuestros puntos de vista, pero hay que buscar una solución beneficiosa para todos”, insistió.
Un sector de las autoridades y población de Cajamarca protestaron en diciembre pasado contra el proyecto Conga, al considerar que destruirá cuatro lagunas ubicadas en su área de influencia y afectará la provisión de agua.
La empresa a cargo del proyecto señaló que se construirán reservorios de agua para garantizar la preservación del recurso hídrico.
El Ejecutivo promovió mesas de diálogo con las autoridades representativas de la zona para tratar el tema, con las cuales se determinó la realización de un peritaje internacional al estudio de impacto ambiental del proyecto.
El presidente regional de Cajamarca se negó a participar de las reuniones para abordar ese tema.
León en Conga fue gato con Luchetti
Hernán Büchi, el ex ministro de Economía de Chile, mentor del programa económico peruano y hombre fuerte del grupo Luksic, acaba de dar pruebas suficientes de la muñeca que posee para los negocios. Como presidente de Luchetti acaba de conseguir que el Municipio Metropolitano cambie la luz roja por luz ambar en el caso de la construcción de la planta de fideos construida en la zona adyacente a los Pantanos de Villa.
Tras prolongada sesión de Concejo, se aprobó un dictamen suscrito por el presidente de la comisión Jorge Ruiz de Somocurcio y los regidores Ricardo Giesecke y Olimpia Méndez, según el cual Luchetti deberá obtener la certificación ISO 14000 relativa a la minimización de los efectos ambientales de la planta, presentar una carta bancaria irrevocable que garantizará el cumplimiento de la ordenanza y pagar una multa cuyo monto se determinará luego de un proceso administrativo. La sustentación del dictamen estuvo a cargo del regidor Ruiz de Somocurcio, quien señaló que la decisión estaba basada en una resolución directoral de INRENA.
En la práctica esto significa que Luchetti podrá no sólo concluir la construcción de su planta sino empezar a operar más pronto de lo esperado y por lo menos durante cinco años. En ese lapso una empresa internacional de control de calidad -excepto SGS que tuvo a su cargo los estudios de impacto ambiental- se encargará de verificar el cumplimiento de los requisitos.
Santiago Agurto, autor de otra resolución, señaló en la sesión que el informe de INRENA estaba incompleto y que habría que ver el modo de completar el estudio. Del mismo parecer fueron Luzmila Zapata, que reclamó respeto por la condición de santuario ecológico de los Pantanos de Villa, y Luis Carlos Rodríguez. La regidora Martha Moyano insistió en cambio en la demolición de la planta.
Vendrían después tres horas de exposiciones, unas a favor del dictamen de Ruiz de Somocurcio (calificado como de mayoría hasta que se aclaró que sólo tenía la firma tres personas cuando la comisión estaba integrada por siete miembros).
Al final se sometió el tema a votación nominal a pedido del regidor Manuel Masías. Votaron a favor de la demolición de la planta el propio Masías, Martha Moyano, Luzmila Zapata, Alex Olivares y Jorge Bonifaz, otros cuatro, entre ellos Agurto y Rodríguez, por la continuación de las negociaciones, y 26 a favor de Luchetti.
Mientras tanto, el alcalde Alberto Andrade estaba en Surco en la inauguración de la Plaza de Armas del distrito porque según se dijo “dejó en libertad de conciencia el voto de los regidores porque en la MLM no se trabaja por consignas”.
Fuente: Revista CARETAS 1496.
Justicia y Solidaridad del CELAM
![Pedro Barreto SJ](http://blog.pucp.edu.pe/blog/wp-content/uploads/sites/231/2012/03/pedro_barreto_sj.jpg)
A su llegada a Lima, informaron medios peruanos, tenían previsto entregar en el Congreso de la República una iniciativa legal que impida la actividad minera en cabeceras de cuenca y glaciales. Algunos analistas y actores directos en esta cuestión advirtieron la necesidad de contar con una política nacional sobre el uso y el tratamiento de las aguas.
A este respecto, el presidente del departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), monseñor Pedro Barreto SJ, destacó que la Gran Marcha Nacional del Agua “es el reconocimiento y la sensibilidad que la sociedad civil tiene sobre el agua, uno de los elementos que el hombre con todo su desarrollo no puede crear”, según informó el CELAM.
Barreto, quien es también arzobispo de Huancayo y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, recordó que el uso del agua por las empresas mineras, produce la contaminación del recurso hídrico afectando a la salud y a la vida de la población. “No se debe permitir la irresponsabilidad de las empresas mineras”, dijo. “Hay que seguir avanzando para lograr una actividad minera con una agricultura adecuada y para lograrlo será siempre importante una vigilancia cívica responsable”, afirmó.
Según informa el CELAM, la marcha contó con una Misión de Observadores internacionales y peruanos, liderada por Pedro Arrojo, doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza, España, y actualmente profesor emérito del Departamento de Análisis Económico de esta misma universidad. Esta misión informará sobre el desarrollo de la Marcha y observará de manera independiente y objetiva las causas que motivan los múltiples conflictos en Perú relacionados con la gestión de aguas, ríos, lagos y acuíferos en muchas comunidades.
Fuente: Agencia de Noticias ZENIT.
Monseñor Barreto amenazado
Por Manuel Tovar- Diario La República
Monseñor Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, denunció que es objeto de amenazas de muerte por personas desconocidas que lo llaman a su celular o le envían mensajes a través del personal del proyecto El Mantaro Revive.
“Esta mañana estuve con el celular apagado por una reunión con el premier, el ministro de Agricultura, el presidente regional de Junín y otras personalidades, pero la ingeniera Paula Meza y el señor Percy Malca, que trabajan en el proyecto El Mantaro Revive, con una diferencia de tres minutos cada uno, recibieron una llamada directa de amenaza contra su vida”, indicó monseñor Barreto.
Agregó que, en una de esas llamadas, a uno de los trabajadores le dijeron que el arzobispo “también debería ya comprar su ataúd porque sus horas están contadas”.
Paula Meza, directora de El Mantaro Revive, contó que la llamada se realizó desde un teléfono público a las 10:23 de la mañana. “Te has equivocado. No sabes con quién te has metido. Vas a morir”, le dijeron.
Las amenazas se producen luego de que monseñor Barreto emitió un comunicado que critica el pedido de Doe Run para ampliar el plazo para la presentación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, PAMA.
CALIDAD DE AIRE
El arzobispo de Huancayo anotó que es probable que las amenazas sean consecuencia de la publicación de los resultados del monitoreo comparativo de calidad del aire realizado por El Mantaro Revive.
Dicho monitoreo estableció que durante el tiempo en que Doe Run lleva paralizada se ha producido una disminución en la presencia de dióxido de azufre y plomo en el aire de Cerro de Pasco.
“Esta buena noticia ha creado este desconcierto, pero estas amenazas lejos de desanimarnos nos refuerzan a seguir con el ejemplo de Jesús, que dio su vida por nosotros”, indicó monseñor.
Barreto precisó que no se opone a la reactivación del complejo metalúrgico de La Oroya, pero que primero se debe cumplir con el PAMA en salvaguarda de los pobladores de Cerro de Pasco.
“Esperamos que pronto se abra luz sobre estas actitudes cobardes (…). No vamos a echarnos atrás, seguiremos firmes en este camino en defensa de la vida. Tampoco nos van a asustar, no vamos a dejar de trabajar a favor de la población desde nuestra misión evangelizadora”.
PAMA
Doe Run, la empresa que maneja el complejo metalúrgico de La Oroya, pretende que el gobierno, por tercera vez, le prorrogue por otros 30 meses la presentación del referido programa.
Según monseñor Barreto, Doe Run utiliza a sus trabajadores mineros para presionar al Congreso para la ampliación del PAMA, con lo cual se deja de lado, dijo, el cuidado de la vida y la salud de los pobladores de Cerro de Pasco.
El congresista Casio Huaire Chuquilpachaico presentó el proyecto de Ley Nº 636 que permitiría que se amplíe el plazo para la presentación del PAMA por Doe Run y, además, el perdón de diversas multas.
El arzobispado de Huancayo denunció las amenazas a la DIRINCRI. El coronel Juan Asmat Bucalo, jefe de la Región Policial Centro, dispuso un resguardo especial para el arzobispo y sus colaboradores.
En el frontis del edificio del gobierno regional, numerosos trabajadores de Doe Run Perú reclamaron a gritos la pronta reactivación del complejo metalúrgico de La Oroya, que tiene más de mil días de paralizadas sus labores.
Corrupción en el MINJUS
![MINJUS](http://blog.pucp.edu.pe/blog/wp-content/uploads/sites/231/2012/03/minjus.jpg)
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dispuso la inmediata investigación en los procesos de contratación del personal en las áreas del Consejo de Defensa Jurídica del Estado y Procuraduría Anticorrupción en los últimos meses.
Esto a raíz de las denuncias periodísticas que revelaron que los socios y amigos del procurador anticorrupción Julio Arbizú lograron ingresar a estas dependencias del sector Justicia.
Mediante oficio 163-2012-JUS/DM, el titular del sector, Juan Jiménez, dispuso la perentoria fiscalización de los procesos de contratación del personal, con el fin de determinar si hubo irregularidades y deslindar responsabilidades si fuera el caso.
Según el documento, se verificará si los procesos se llevaron a cabo dentro del ordenamiento legal y los principios éticos y transparencia que deben primar en la Gestión Pública.
Martín Belaunde, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, dijo que apoya esa medida ministerial y que de establecerse la comisión de irregularidades, los procesos de selección deberían anularse.
“No se puede fingir un concurso público para favorecer a amigos o socios. Si hay actos indebidos, esas personas tienen que salir del ministerio”, afirmó el legislador.
No cabe duda que la suerte del procurador anticorrupción Julio Arbizu González, militante del Partido Nacionalista (Gana Perú), mejoró notablemente con el régimen presidencial de Ollanta Humala, fundador y dirigente de esa agrupación política.
Pero extrañamente, aquella “buena suerte” se ha extendido a los socios y amigos del referido procurador, que a través de supuestos concursos de selección fueron contratados en las mismas dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) dirigidas por Arbizu.
Entre agosto y setiembre últimos, Julio Arbizu fue secretario técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Y el 4 de octubre pasado fue designado procurador anticorrupción. Ambos órganos forman parte del citado ministerio.
En efecto, cuatro de los cinco miembros del vigente consejo directivo de la consultora Laboratorio de Estudios Sociales (LARES), que también integra Arbizu, entraron a laborar al Minjus, específicamente a esas dos oficinas mencionadas.
LARES fue creada el 24 de marzo del 2011, dos semanas antes de las elecciones generales de abril de ese año, es decir en plena campaña electoral, de acuerdo con la partida registral N° 12672465.
Entre los fines de esta organización se encuentran: “el desarrollo de estudios e investigaciones, capacitación, realización de eventos y publicaciones (sobre derechos humanos y democracia); la difusión, diseño, elaboración, ejecución y evaluación de proyectos. Y podrá desarrollar servicios de consultoría (…)”.
Los miembros de la directiva de LARES, hasta el 2015, son Víctor Quinteros Marquina, presidente ejecutivo; Julio Arbizu González, director de proyectos; Jaris Mujica Pujazón, director de investigaciones; Inés Martens Godinez, secretaria; y Soledad Arriagada, tesorera.
LOS CONTRATADOS
Víctor Quinteros (38) y Jaris Mujica (30) fueron contratados en la misma procuraduría anticorrupción que dirige Arbizu (37), según documentos oficiales.
Quinteros Marquina, abogado egresado de la Universidad Católica (PUCP) -igual que el mencionado procurador-, al parecer fue el único postulante en la Convocatoria N° 278-2011, en cuyo “proceso de selección” obtuvo el puntaje máximo de 100 puntos, el 26 de octubre pasado. Desde entonces percibe S/. 9,000 mensuales.
El antropólogo Mujica Pujazón, también de la PUCP, fue contratado de manera similar, mediante la Convocatoria N° 277-2011, en el que uno de los requisitos mínimos precisamente era tener “título profesional en Antropología, Sociología o Ciencias Políticas”. Como en el caso de su socio Víctor Quinteros, fue candidato único, le dieron 100 puntos y en la misma fecha. Cada mes recibe S/. 10,000.
Por su parte, la abogada Inés Martens (30) -de la PUCP- participó en la Convocatoria 225-2011 para ocupar un puesto laboral en la secretaría técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, en setiembre último, cuando Arbizu estaba a cargo de ese organismo. La calificaron con 97 puntos y desde octubre del año pasado gana S/. 7,000 mensuales.
Contactado por Correo, Julio Arbizu no negó que sus socios hayan ingresado a laborar a dependencias del MINJUS a cargo de él.
“¿Hay algo malo con eso? No hubo favorecimiento pues participaron en un proceso y ganaron un concurso. Y si fueron candidatos únicos fue porque nadie más se presentó a las convocatorias públicas”, adujo el procurador antes de colgar el teléfono de manera abrupta.
No solo los socios del procurador anticorrupción Julio Arbizu lograron ingresar a dependencias del Ministerio de Justicia bajo su cargo, también lo hicieron sus amigos y sus respectivas parejas sentimentales, en un caso esposa y en el otro, concubina.
Según verificaciones realizadas por Correo, se trata de Arturo Martínez Ortiz (37) y su cónyuge Rocío Armas Cárdenas (42), así como de Víctor Quinteros Marquina (38) y su pareja de hecho Inés Martens Godínez (30).
Las mencionadas parejas postularon a diferentes oficinas dirigidas por Julio Arbizu, al parecer para evitar suspicacias. Arturo Martínez e Inés Martens entraron a la secretaría técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE); y Víctor Quinteros y Rocío Armas a la Procuraduría Anticorrupción, de acuerdo con documentos oficiales.
Fuentes judiciales indicaron que Martínez Ortiz fue compañero de estudios de Arbizu en la Universidad Católica (PUCP) y que desde entonces conservan una estrecha amistad.
Una relación similar mantiene el procurador anticorrupción con Quinteros Marquina, a quien también conoció en las aulas universitarias. Víctor Quinteros e Inés Martens son además socios de Julio Arbizu en la consultora Laboratorio de Estudios Sociales (LARES).
POSTULANTES ÚNICOS
El 29 de setiembre pasado Arturo Martínez resultó “ganador” de la Convocatoria 228-2011, en la cual -todo indica- fue el único candidato a un puesto laboral en el CDJE, cuando precisamente Arbizu era secretario técnico de ese órgano del MINJUS.
Como sucedió en otros casos revelados hace unos días, Martínez obtuvo la máxima calificación en “experiencia y currículum vitae”, así como en “entrevista personal”, es decir, 100 puntos. Percibe S/. 7,000 mensuales.
Por su parte, Rocío Armas, esposa de Martínez, “ganó” la Convocatoria 280-2011, el 26 de octubre último.
Por “coincidencia”, Armas tampoco tuvo competidores y fue calificada con 100 puntos. Se desempeña como coordinadora de la Unidad de Análisis Financiero de la Procuraduría Anticorrupción y su sueldo mensual es de S/. 9,000.
Correo confirmó que Martínez y Armas siguen casados, pues viven en el mismo domicilio en la calle El Prado en Surco.
Adicionalmente está el personal que fue contratado como postulantes únicas en todas las convocatorias de la Procuraduría, tales como las secretarias, asistentes administrativas que no tienen ni un año de colegiadas y como abogadas ganan el doble.
Fuente: Diarios Perú21 y Correo.
PUCP en el corazón de la Iglesia
Un día antes de la asamblea, el nuevo nuncio apostólico, el estadounidense James Patrick Green, le anunció a Rubio en su despacho de Jesús María que, a pedido expreso del mismo Bertone, la Conferencia Episcopal nombraba como sus representantes a los tres obispos que finalmente asistieron.
Monseñor Cipriani se puso en contacto con Rubio cuando su hija falleció tras una penosa enfermedad, lo que coincidió exactamente con la elección de Piñeiro. “Me mandó una carta de condolencia y dijo que quería verme”, reveló el rector a CARETAS. “Fui a su casa en una visita completamente privada y tuvimos una conversación de media hora que no tuvo nada que ver con los conflictos sino con mi situación personal de duelo. Tengo que reconocer que el cardenal se portó muy bien personalmente conmigo, y un poco que se restableció un contacto que tal vez nunca se debió haber perdido”.
Cipriani y Rubio se volvieron a encontrar la semana pasada en el avión que los trajo de vuelta de Roma. Allí sí charlaron sobre la situación de la Universidad por alrededor de una hora.
Las circunstancias no han mellado el buen humor de Rubio. “Ya ve, si hubiéramos firmado los cambios no estaríamos conversando ahora”, le bromeó a Monseñor Panizza al entregarle de regalo un pequeño cofre de madera, luego de culminar las casi cinco horas de sesión extraordinaria del martes. Panizza es el secretario ejecutivo de la Conferencia Episcopal mientras que el obispo Del Río, integrante de los neocatecumenos, es su vicepresidente.
“Hay que ver cómo conversamos”, insiste Rubio. “Vamos a dialogar con la jerarquía de la Iglesia como ella considere para encontrar una fórmula de solución. Ellos dirán si es con el cardenal Cipriani, con el presidente de la Conferencia, con el nuncio, o con los tres juntos”.
“Negociar es hablar”, responde tras una larga pausa. “Yo no sé si va a haber un punto medio, aunque indudablemente hay una voluntad por encontrarlo. Voy a poner todo mi esfuerzo por llegar a él, dentro de los límites que me da la asamblea”.
Fuente: Revista CARETAS.
“No hay ninguna dificultad para que los estatutos puedan ser adecuados porque no van contra la Constitución Política del país ni contra la Ley General de Universidades o del ordenamiento legal vigente”, dijo Javier Del Río Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, en diálogo con RPP.
“En el marco del acuerdo internacional entre la Santa Sede y el Perú está la posibilidad de que la Iglesia Católica lleve instituciones educativas a distintos niveles, adecuándose a sus propias normas internas, que no son contradictorias con las del país”, agregó.
Comunicado de Prensa de la Santa Sede
“Su eminencia el Cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado, ha recibido esta mañana al Doctor Marcial Rubio Correa, Rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
El Secretario de Estado ha hecho referencia al asiduo y generoso empeño con el que varios exponentes de la Universidad se dedican a la formación cualificada de los estudiantes, así como a la amplia gama de disciplinas que la PUCP ofrece a los jóvenes.
A continuación el Cardenal Bertone ha comunicado al Doctor Rubio Correa las conclusiones a las que ha llegado la Santa Sede después de un intenso diálogo y de numerosos encuentros llevados a cabo en el arco de muchos años entre el actual Gran Canciller, sus predecesores y la Universidad, como también durante la visita apostólica a la misma, realizada por el Cardenal Peter Erdö, Arzobispo de Esztergom-Budapest, los días del 5 al 11 de Diciembre de 2011.
Dichas conclusiones han tenido en cuenta, de manera particular, los resultados de la visita apostólica y la propuesta, presentada por el Rector al final de la misma.
El Eminentísimo Secretario de Estado ha notificado al rector Rubio Correa la petición de la Santa Sede de que los estatutos de la PUCP sean regularizados cuanto antes, adecuándolos a la constitución apostólica ‘Ex Corde Ecclesiae’ para el bien de la misma PUCP y de la Iglesia en Perú. Dada la importancia evidente de salvaguardar la identidad católica de la Universidad, el Eminentísimo Secretario de Estado ha pedido consiguientemente que las autoridades académicas competentes presenten, antes del próximo 8 de abril, domingo de Pascua, los estatutos con las enmiendas indicadas a la Universidad el 16 de Julio de 2011, para su aprobación.
Por último, el Eminentísimo Cardenal Bertone ha expresado su deseo de que la comunidad académica acoja cuanto señalado, de manera que la PUCP pueda realizar cada vez más su misión de ofrecer a las nuevas generaciones una sólida formación, enraizada en la fidelidad al Magisterio de la Iglesia, como garantía de la gran contribución que la Universidad está llamada a ofrecer al País”.
El Código de Derecho Canónico señala que ninguna universidad, aunque sea católica de hecho, podrá usar este título sin el consentimiento de la Iglesia. Con lo cual, es el Vaticano la autoridad única para nombrar a una casa de estudios como “católica”.
También se indica que las Conferencias Episcopales deben procurar que “con respeto de su autonomía científica” se investiguen y enseñen disciplinas “de acuerdo con la doctrina católica” en estas universidades.
Los profesores que dicten ahí deben “destacar” por la rectitud de su “doctrina e integridad de vida” y quienes no cumplan con ello deben ser “removidos de su cargo” por la “autoridad competente según los estatutos” de la casa estudios.
También se menciona que en las universidades católicas debe existir una cátedra de Teología, también para estudiantes laicos. Asimismo, deben impartirse clases en que se traten cuestiones teológicas en conexión con materias propias de las facultades. En ambos casos, los profesores deben contar con “mandato de la autoridad eclesiástica competente”. En la PUCP, existe un departamento de Teología y se dictan cursos sobre el tema en relación con otras disciplinas en estudios generales y en otras facultades.
El código también exige que en la universidad exista una parroquia para procurar una cura pastoral para los estudiantes. De hecho, en la PUCP hay una capilla y existe el Centro de Asesoría Pastoral Universitaria (CAPU), donde se realizan una serie de actividades extracurriculares sobre la fe católica.
La Secretaría de Estado del Vaticano convocó a Marcial Rubio Correa, Rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) con el propósito de comunicarle las decisiones tomadas tras la visita del enviado especial Cardenal Peter Erdö.
La información fue difundida por la Nunciatura Apostólica en el Perú, a través de un comunicado de prensa, en el que se recordó que la visita del representante papal fue para mediar en el conflicto entre el Arzobispado de Lima y las autoridades universitarias.
En aquella oportunidad, y tras la cita, el Rector de la PUCP calificó de positiva la reunión con Erdö y sostuvo que existía “disposición” para resolver el conflicto.
El Nuncio se reunió con el Cardenal Juan Luis Cipriani, quien manifestó que el Papa Benedicto XVI desea que haya mucha paz en el país y que pronto se resuelva este conflicto.
El Vaticano habría decidido darle a la Universidad Católica la oportunidad de adecuar sus estatutos a la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae. Caso contrario, se presume que mediante decreto papal, como el de 1942 –que la erigió como Pontificia– sería suprimido dicho título y el nombre de Católica.
La Vicerrectora de la PUCP, Pepi Patrón, indicó que todo lo que proponga El Vaticano será discutido como recomendaciones en la Asamblea Universitaria. En setiembre del año pasado, la Asamblea Universitaria se reunió y decidió rechazar el pedido hecho por la Santa Sede para modificar sus estatutos vigentes. El Rector Rubio Correa retornará a Lima para convocar a una asamblea universitaria extraordinaria e informar de la posición del Vaticano.
“El Papa ha dado ya su palabra y los católicos tienen que respetarla y acatarla. De lo contrario, el Secretario de Estado habrá informado al Rector cuáles pueden ser las consecuencias de no seguir la sugerencia”, señaló Fernán Altuve.
En tal sentido, el Vaticano podría disponer que la PUCP pierda los títulos de “Pontificia” y “Católica” porque la Iglesia “es dueña de su propio nombre”, dijo Altuve. En tal sentido, ante la eventual pérdida de los títulos, los bienes de José de la Riva Agüero -que permitieron la fundación de la PUCP- dejan de pertenecer a la casa de estudios, opina Altuve; y “revierten al Arzobispado de Lima”.
Ello porque se empieza a dar un uso al bien diferente al fin para el cual fueron donados.
Lo cierto es que la universidad continuaría cumpliendo con su labor educativa, en el mismo marco en que lo ha venido haciendo desde su nacimiento, a pesar de perder los títulos. Pero no se trataría de “educación católica”, fin para el cual se donaron los bienes, afirma Altuve.
“Si usted no es una universidad católica y no tiene el reconocimiento del Vaticano no puede usar eso para fines de educación católica. Entonces, usted tiene que devolver esos bienes (…) El tema es si la universidad da educación católica y es el Vaticano el que lo determina”, apuntó.
Fuente: Diarios El Comercio, La República y Perú21.
Dr. Marcial Rubio Correa entrevistado por Balo
Cuando uno acepta un cargo como el que has aceptado, ¿cuáles son los pensamientos inmediatos que te hacen decir sí o no?
A mí me llamó Valentín Paniagua el 24 de noviembre a las 3 de la tarde y me dijo: «Estoy pensando para ti como ministro de Educación, pero quiero decirte con toda franqueza que no eres el único, porque quisiera poner a una persona de provincias y si me dice que sí, la pongo, y a ti te pongo en otro ministerio, porque yo te conozco…» Yo le dije «Mira, Valentín -nos conocemos desde hace 31 años, somos bastante amigos-, yo en realidad no tengo ninguna aspiración, tú decide como quieras, yo te ayudo. Me acuerdo de que le dije, porque le dio risa: «si necesitas un chofer de confianza yo me voy a manejarte el carro, porque vale la pena; pero yo me siento cómodo en Educación, porque en los otros sitios veo que hay gente competente». Ya se voceaba a otras personas. Entonces me dijo: «déjame tu teléfono». Entonces le dí mi teléfono celular, que yo siempre lo tengo apagado, como a ti te consta; pero ese día lo tuve todo el día prendido. Hablé con el rector y le dije, «bueno, me han ofrecido esto, ¿qué hago?», porque yo tengo un cargo elegido en la Universidad que no debo dejar. Me dijo: «No, la situación del país es tan difícil que si te llaman, vas». En eso quedó la cosa. Al día siguiente era la juramentación. Llegó el mediodía, nadie me llamaba; me dije «habrá aceptado esta persona de provincia». Me senté ante el televisor a ver la juramentación. De repente a las 12:10 suena mi teléfono y me llama un primo hermano mío, primo hermano doble, además, que es diplomático; me dice: «Oye ¿qué haces en tu casa?» Y yo le respondo: «¿Cómo que qué hago en mi casa?, estoy en mi casa». Me dice: «estoy colaborando con el secretario general del Ministerio en la juramentación de los ministros y tengo aquí en mi mano la resolución de tu nombramiento como ministro de Educación». «Pero a mí nadie me ha dicho nada», le digo. Entonces me responde, «espérate un ratito». Y me pasa a don Javier Pérez de Cuéllar. «Marcial, cómo está usted, está usted de ministro, ¿dónde está usted?» «En La Molina; uy, en La Molina, ¿y cuánto le demora venirse?» Bueno, agarré mi carro, me puse la corbata caminando y salí en el carro. Tenía una custodia porque yo en ese momento era el representante de la sociedad civil en la Comisión del Servicio de Inteligencia Nacional. Ahí estaban los tenientes que me cuidaban. Nos subimos al carro mi mujer, mi hija -mi hijo estaba en otro sitio-, los dos tenientes y yo. Entonces, manejando, el teniente ya se comunicó a través de su sistema de Seguridad del Estado, y supimos que me iban a esperar. Yo estaba atorado a las 12 del día un sábado en la Javier Prado, tratando de llegar a Palacio de Gobierno. Entonces me dice: «Salga por Circunvalación, que allí lo va a esperar una camioneta». Salimos por Circunvalación, por Camacho y llegamos al peaje de la Circunvalación… y ahí había un camionetón con un capitán que dijo, «señor ministro, pase adelante». Y yo, como no estaba acostumbrado, miré a los costados, y después me dí cuenta de que el ministro era yo, que todavía no me había acostumbrado a que me dijeran ministro. Entonces le dí la llave del carro al teniente, me subí con mi mujer y mi hija a la camioneta y salimos a 160 kilómetros por hora, con dos motociclistas… y llegué a la juramentación. Me metí a la juramentación prácticamente haciéndome el nudo de la corbata. Allí juramenté y después del saludo se armó el despelote porque vino un montón de gente; los de seguridad nos metieron por una puerta a la parte de atrás de la oficina del presidente y de ahí subimos al segundo piso… y tuvimos un Consejo de Ministros que duró desde las 2 hasta las 10 de la noche, de donde salió un Comandante General, entró otro, se repuso a uno y bueno… En realidad, recién me dí cuenta de que era ministro cuando estuve sentado en ese Consejo de Ministros a las 3 de la tarde, y me dije: «¿qué diablos hago acá sentado?».
Fuente: Abelardo Sánchez León-Revista Quehacer DESCO.
Estado de Derecho, autoridad y autonomía
Por J. Eduardo Ponce Vivanco
Estas son las categorías conceptuales que deben presidir cualquier juicio sobre la situación de la PUCP y la controversia que está mellando su prestigio y tradición. El 19 de julio de 1980 el Perú y la Santa Sede suscribieron el tratado que actualmente rige sus relaciones y que, según la propia Constitución, prevalece sobre ella y la legislación nacional -como es el caso de todos los acuerdos internacionales. La frase inicial de su artículo primero estipula que “La Iglesia Católica en el Perú goza de plena *independencia* y autonomía”. Después de 17 cláusulas referentes a temas menos cruciales, el artículo XIX del mismo tratado dispone que “La Iglesia tiene plena libertad para establecer centros educacionales de todo nivel, de conformidad con la legislación nacional, en el ámbito de la educación particular”. Por su contenido y ubicación en el tratado, es evidente que esta alusión a la legislación nacional se refiere al cumplimiento de requisitos de orden administrativo pues, de no ser así, la norma específica estaría modificando el régimen general de “plena * independencia* y autonomía” que preside todo el acuerdo. Lo evidencia el mismo artículo XIX cuando precisa que para un acto de poca entidad como el “nombramiento civil de profesores de Religión Católica” se necesita que el Obispo respectivo los presente, y añade que el profesor se mantendrá en el cargo “mientras goce de la aprobación del Obispo”.
Más allá de la lógica con que fue negociado el acuerdo, su cumplimiento está sujeto a principios tan fundamentales como el respeto a los tratados y al Estado de Derecho, ambos garantizados por nuestra Constitución. Por ello es indispensable tener presente, también, que en el artículo sobre solución de controversias (XXI), el tratado establece que “Las eventuales diferencias que pudieran presentarse acerca del contenido del presente acuerdo u otros puntos que pudiesen darse se resolverán amistosamente entre las partes”.
Como los Estados no pueden tomar estas situaciones a la ligera y están obligados por las normas que rigen la responsabilidad internacional en caso de incumplimiento de la palabra empeñada entre ellos, la instancia jurisdiccional competente para resolver las controversias que no se superen por la negociación sería el arbitraje o el recurso a la Corte Internacional de Justicia.
El hecho de que el rector de la PUCP haya sido convocado por el Secretario de Estado del Vaticano y que la Santa Sede haya emitido un comunicado oficial “notificando” su posición a la universidad son claras manifestaciones de la autoridad del Papa y su determinación de ejercerla en base al acuerdo bilateral vigente con el Perú y a la normatividad que la Santa Sede aplica a las universidades católicas y pontificias. Dado el caso, el gobierno peruano no se podrá poner de costado porque es la contraparte del acuerdo bilateral (y en la actual coyuntura vecinal no podemos arriesgarnos a que se nos acuse de no respetar los tratados internacionales que hemos firmado).
Si las autonomías se definen necesariamente como facultades acotadas por su relación a una autoridad principal sustentada en normas jurídicas obligatorias, es lícito comparar el caso de la PUCP con el del gobierno regional de Cajamarca u otros que interpretan sus autonomías relativas hasta el extremo de desconocer la autoridad del gobierno central.
Como exalumno de la PUCP, hago votos para que la bonhomía, la inteligencia y la autoridad del doctor Rubio prevalezcan sobre las actitudes personales y políticas que animan a sus asesores jurídicos y a la presidenta de la FEPUC. Deberían revisar la página web de la universidad y releer el documento “Espíritu Católico” que incluye. Fue escrito por el exrector laico Guzmán Barrón, expresando una profesión de fe vibrante y respetuosa.
Su lectura sería especialmente útil a la lideresa estudiantil, cuya actitud no parece muy prometedora para dialogar con un Cardenal al que trata de “señor Cipriani” (o con SS al Papa, a quien seguramente se dirigiría como “señor Ratzinger”).