“La CONAP tiene una posición positiva, proactiva y dialogante, y por eso apoyamos la reglamentación de la ley (…) La próxima semana tendremos una reunión con la comisión multisectorial y espero que los hermanos andinos respalden el proyecto”, manifestó.
Según dijo, un eventual retraso en la entrada en vigencia del reglamento no detendrá los proyectos de inversión y si no hay una ley reglamentada, las comunidades originarias no serán consultadas sobre esas inversiones.
El dirigente de la CONAP explicó que en los seis talleres macrorregionales y en el encuentro nacional celebrado en Lima sobre la materia, no se habló nunca de fijar un plazo de 30 días para elaborar un texto sustitutorio del reglamento de la Ley de Consulta Previa.
“Hay algunas organizaciones originarias que tienen intereses políticos porque llegan a las mesas de diálogo con una posición intransigente y poco dialogante, diciendo que no aceptarán otra cosa que la derogatoria o cambio de todo el texto”, declaró a la Agencia Andina.
Mencionó que en las reuniones participaron la CONAP, la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) y la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP).
De ellas, mencionó que la CONAP, la CCP, organizaciones de base de la selva central y sectores de la comunidad awajún expresaron su respaldo a la aprobación del texto del reglamento que recogió todos los aportes presentados durante el diálogo promovido por el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA).
“La comisión multisectorial que reúne a las organizaciones de pueblos originarios y los 16 viceministerios del Ejecutivo debe recoger las posiciones para lograr el consenso requerido, y no atrasemos más la reglamentación de la ley de Consulta”, indicó.
La ley de Consulta Previa se basa en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece las consultas previas a las comunidades antes de realizar actividades extractivas en sus territorios.
Esta ley da el derecho a los pueblos nativos de opinar sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten a sus derechos, y también prevé que se les consulte sobre los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional que los involucren.
Viceministro de Interculturalidad
Ivan Lanegra recordó que la Ley de Consulta Previa, aprobada en el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, fue saludada por instituciones nacionales e internacionales, que la calificaron como un “gran paso” en la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
“Además, estas organizaciones participaron en todos los eventos, de hecho los han dirigido y han tenido a su cargo el trabajo de los talleres de evaluación interna cuyo objetivo fue discutir la propuesta de reglamento”, explicó.
No obstante, ratificó que el Ejecutivo tiene la voluntad de buscar acuerdos con los pueblos indígenas, tomando en cuenta sus aportes y propuestas, y en ese marco, destacó que las Confederaciones Campesina del Perú (CCP) y de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) hayan decidido continuar participando en el proceso la reglamentación de la norma.
“Esto nos muestra que es absolutamente compatible avanzar en un proceso de diálogo real y al mismo tiempo tomar en cuenta la preocupación de los pueblos indígenas y producir una norma que va a ser mejor para todos”, subrayó.
En ese sentido, expresó su confianza en que los dirigentes de las organizaciones que han mostrado disconformidad, reflexionen y puedan retomar el diálogo en un proceso muy importante para el desarrollo de los pueblos indígenas.
“Empezamos la revisión del articulado de la propuesta, se han hecho diversas modificaciones orientadas a atender los distintos puntos de vista de los actores de la comisión multisectorial, en particular los pueblos indígenas”, declaró a Andina.
Señaló que hasta el momento las consultas involucraron a todas las organizaciones de representación de las poblaciones indígenas.
Estimó que en los próximos días debe culminar la etapa de revisión, para entregar la propuesta este mes al Poder Ejecutivo para su aprobación.
“Hemos avanzado muy bien, y hemos logrado muchísimos acuerdos, son apenas unos pequeños puntos de observaciones que hasta el momento hemos encontrado, en realidad en todos los demás puntos hay acuerdos”, dijo.
La Ley de Consulta Previa otorga a las comunidades nativas del Perú el derecho de pronunciarse sobre cualquier proyecto de inversión o iniciativa legal o administrativa, que podría afectarlos.
Esta norma se aprobó en concordancia con lo estipulado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que consagra el derechos a la consulta a favor de las comunidades.