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Laboratorio de Estudios Sociales (LARES)
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dispuso la inmediata investigación en los procesos de contratación del personal en las áreas del Consejo de Defensa Jurídica del Estado y Procuraduría Anticorrupción en los últimos meses.
Esto a raíz de las denuncias periodísticas que revelaron que los socios y amigos del procurador anticorrupción Julio Arbizú lograron ingresar a estas dependencias del sector Justicia.
Mediante oficio 163-2012-JUS/DM, el titular del sector, Juan Jiménez, dispuso la perentoria fiscalización de los procesos de contratación del personal, con el fin de determinar si hubo irregularidades y deslindar responsabilidades si fuera el caso.
Según el documento, se verificará si los procesos se llevaron a cabo dentro del ordenamiento legal y los principios éticos y transparencia que deben primar en la Gestión Pública.
Martín Belaunde, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, dijo que apoya esa medida ministerial y que de establecerse la comisión de irregularidades, los procesos de selección deberían anularse.
“No se puede fingir un concurso público para favorecer a amigos o socios. Si hay actos indebidos, esas personas tienen que salir del ministerio”, afirmó el legislador.
No cabe duda que la suerte del procurador anticorrupción Julio Arbizu González, militante del Partido Nacionalista (Gana Perú), mejoró notablemente con el régimen presidencial de Ollanta Humala, fundador y dirigente de esa agrupación política.
Pero extrañamente, aquella “buena suerte” se ha extendido a los socios y amigos del referido procurador, que a través de supuestos concursos de selección fueron contratados en las mismas dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) dirigidas por Arbizu.
Entre agosto y setiembre últimos, Julio Arbizu fue secretario técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Y el 4 de octubre pasado fue designado procurador anticorrupción. Ambos órganos forman parte del citado ministerio.
En efecto, cuatro de los cinco miembros del vigente consejo directivo de la consultora Laboratorio de Estudios Sociales (LARES), que también integra Arbizu, entraron a laborar al Minjus, específicamente a esas dos oficinas mencionadas.
LARES fue creada el 24 de marzo del 2011, dos semanas antes de las elecciones generales de abril de ese año, es decir en plena campaña electoral, de acuerdo con la partida registral N° 12672465.
Entre los fines de esta organización se encuentran: “el desarrollo de estudios e investigaciones, capacitación, realización de eventos y publicaciones (sobre derechos humanos y democracia); la difusión, diseño, elaboración, ejecución y evaluación de proyectos. Y podrá desarrollar servicios de consultoría (…)”.
Los miembros de la directiva de LARES, hasta el 2015, son Víctor Quinteros Marquina, presidente ejecutivo; Julio Arbizu González, director de proyectos; Jaris Mujica Pujazón, director de investigaciones; Inés Martens Godinez, secretaria; y Soledad Arriagada, tesorera.
LOS CONTRATADOS
Víctor Quinteros (38) y Jaris Mujica (30) fueron contratados en la misma procuraduría anticorrupción que dirige Arbizu (37), según documentos oficiales.
Quinteros Marquina, abogado egresado de la Universidad Católica (PUCP) -igual que el mencionado procurador-, al parecer fue el único postulante en la Convocatoria N° 278-2011, en cuyo “proceso de selección” obtuvo el puntaje máximo de 100 puntos, el 26 de octubre pasado. Desde entonces percibe S/. 9,000 mensuales.
El antropólogo Mujica Pujazón, también de la PUCP, fue contratado de manera similar, mediante la Convocatoria N° 277-2011, en el que uno de los requisitos mínimos precisamente era tener “título profesional en Antropología, Sociología o Ciencias Políticas”. Como en el caso de su socio Víctor Quinteros, fue candidato único, le dieron 100 puntos y en la misma fecha. Cada mes recibe S/. 10,000.
Por su parte, la abogada Inés Martens (30) -de la PUCP- participó en la Convocatoria 225-2011 para ocupar un puesto laboral en la secretaría técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, en setiembre último, cuando Arbizu estaba a cargo de ese organismo. La calificaron con 97 puntos y desde octubre del año pasado gana S/. 7,000 mensuales.
Contactado por Correo, Julio Arbizu no negó que sus socios hayan ingresado a laborar a dependencias del MINJUS a cargo de él.
“¿Hay algo malo con eso? No hubo favorecimiento pues participaron en un proceso y ganaron un concurso. Y si fueron candidatos únicos fue porque nadie más se presentó a las convocatorias públicas”, adujo el procurador antes de colgar el teléfono de manera abrupta.
No solo los socios del procurador anticorrupción Julio Arbizu lograron ingresar a dependencias del Ministerio de Justicia bajo su cargo, también lo hicieron sus amigos y sus respectivas parejas sentimentales, en un caso esposa y en el otro, concubina.
Según verificaciones realizadas por Correo, se trata de Arturo Martínez Ortiz (37) y su cónyuge Rocío Armas Cárdenas (42), así como de Víctor Quinteros Marquina (38) y su pareja de hecho Inés Martens Godínez (30).
Las mencionadas parejas postularon a diferentes oficinas dirigidas por Julio Arbizu, al parecer para evitar suspicacias. Arturo Martínez e Inés Martens entraron a la secretaría técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE); y Víctor Quinteros y Rocío Armas a la Procuraduría Anticorrupción, de acuerdo con documentos oficiales.
Fuentes judiciales indicaron que Martínez Ortiz fue compañero de estudios de Arbizu en la Universidad Católica (PUCP) y que desde entonces conservan una estrecha amistad.
Una relación similar mantiene el procurador anticorrupción con Quinteros Marquina, a quien también conoció en las aulas universitarias. Víctor Quinteros e Inés Martens son además socios de Julio Arbizu en la consultora Laboratorio de Estudios Sociales (LARES).
POSTULANTES ÚNICOS
El 29 de setiembre pasado Arturo Martínez resultó “ganador” de la Convocatoria 228-2011, en la cual -todo indica- fue el único candidato a un puesto laboral en el CDJE, cuando precisamente Arbizu era secretario técnico de ese órgano del MINJUS.
Como sucedió en otros casos revelados hace unos días, Martínez obtuvo la máxima calificación en “experiencia y currículum vitae”, así como en “entrevista personal”, es decir, 100 puntos. Percibe S/. 7,000 mensuales.
Por su parte, Rocío Armas, esposa de Martínez, “ganó” la Convocatoria 280-2011, el 26 de octubre último.
Por “coincidencia”, Armas tampoco tuvo competidores y fue calificada con 100 puntos. Se desempeña como coordinadora de la Unidad de Análisis Financiero de la Procuraduría Anticorrupción y su sueldo mensual es de S/. 9,000.
Correo confirmó que Martínez y Armas siguen casados, pues viven en el mismo domicilio en la calle El Prado en Surco.
Adicionalmente está el personal que fue contratado como postulantes únicas en todas las convocatorias de la Procuraduría, tales como las secretarias, asistentes administrativas que no tienen ni un año de colegiadas y como abogadas ganan el doble.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dispuso la inmediata investigación en los procesos de contratación del personal en las áreas del Consejo de Defensa Jurídica del Estado y Procuraduría Anticorrupción en los últimos meses.
Esto a raíz de las denuncias periodísticas que revelaron que los socios y amigos del procurador anticorrupción Julio Arbizú lograron ingresar a estas dependencias del sector Justicia.
Mediante oficio 163-2012-JUS/DM, el titular del sector, Juan Jiménez, dispuso la perentoria fiscalización de los procesos de contratación del personal, con el fin de determinar si hubo irregularidades y deslindar responsabilidades si fuera el caso.
Según el documento, se verificará si los procesos se llevaron a cabo dentro del ordenamiento legal y los principios éticos y transparencia que deben primar en la Gestión Pública.
Martín Belaunde, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, dijo que apoya esa medida ministerial y que de establecerse la comisión de irregularidades, los procesos de selección deberían anularse.
“No se puede fingir un concurso público para favorecer a amigos o socios. Si hay actos indebidos, esas personas tienen que salir del ministerio”, afirmó el legislador.
No cabe duda que la suerte del procurador anticorrupción Julio Arbizu González, militante del Partido Nacionalista (Gana Perú), mejoró notablemente con el régimen presidencial de Ollanta Humala, fundador y dirigente de esa agrupación política.
Pero extrañamente, aquella “buena suerte” se ha extendido a los socios y amigos del referido procurador, que a través de supuestos concursos de selección fueron contratados en las mismas dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) dirigidas por Arbizu.
Entre agosto y setiembre últimos, Julio Arbizu fue secretario técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Y el 4 de octubre pasado fue designado procurador anticorrupción. Ambos órganos forman parte del citado ministerio.
En efecto, cuatro de los cinco miembros del vigente consejo directivo de la consultora Laboratorio de Estudios Sociales (LARES), que también integra Arbizu, entraron a laborar al Minjus, específicamente a esas dos oficinas mencionadas.
LARES fue creada el 24 de marzo del 2011, dos semanas antes de las elecciones generales de abril de ese año, es decir en plena campaña electoral, de acuerdo con la partida registral N° 12672465.
Entre los fines de esta organización se encuentran: “el desarrollo de estudios e investigaciones, capacitación, realización de eventos y publicaciones (sobre derechos humanos y democracia); la difusión, diseño, elaboración, ejecución y evaluación de proyectos. Y podrá desarrollar servicios de consultoría (…)”.
Los miembros de la directiva de LARES, hasta el 2015, son Víctor Quinteros Marquina, presidente ejecutivo; Julio Arbizu González, director de proyectos; Jaris Mujica Pujazón, director de investigaciones; Inés Martens Godinez, secretaria; y Soledad Arriagada, tesorera.
LOS CONTRATADOS
Víctor Quinteros (38) y Jaris Mujica (30) fueron contratados en la misma procuraduría anticorrupción que dirige Arbizu (37), según documentos oficiales.
Quinteros Marquina, abogado egresado de la Universidad Católica (PUCP) -igual que el mencionado procurador-, al parecer fue el único postulante en la Convocatoria N° 278-2011, en cuyo “proceso de selección” obtuvo el puntaje máximo de 100 puntos, el 26 de octubre pasado. Desde entonces percibe S/. 9,000 mensuales.
El antropólogo Mujica Pujazón, también de la PUCP, fue contratado de manera similar, mediante la Convocatoria N° 277-2011, en el que uno de los requisitos mínimos precisamente era tener “título profesional en Antropología, Sociología o Ciencias Políticas”. Como en el caso de su socio Víctor Quinteros, fue candidato único, le dieron 100 puntos y en la misma fecha. Cada mes recibe S/. 10,000.
Por su parte, la abogada Inés Martens (30) -de la PUCP- participó en la Convocatoria 225-2011 para ocupar un puesto laboral en la secretaría técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, en setiembre último, cuando Arbizu estaba a cargo de ese organismo. La calificaron con 97 puntos y desde octubre del año pasado gana S/. 7,000 mensuales.
Contactado por Correo, Julio Arbizu no negó que sus socios hayan ingresado a laborar a dependencias del MINJUS a cargo de él.
“¿Hay algo malo con eso? No hubo favorecimiento pues participaron en un proceso y ganaron un concurso. Y si fueron candidatos únicos fue porque nadie más se presentó a las convocatorias públicas”, adujo el procurador antes de colgar el teléfono de manera abrupta.
No solo los socios del procurador anticorrupción Julio Arbizu lograron ingresar a dependencias del Ministerio de Justicia bajo su cargo, también lo hicieron sus amigos y sus respectivas parejas sentimentales, en un caso esposa y en el otro, concubina.
Según verificaciones realizadas por Correo, se trata de Arturo Martínez Ortiz (37) y su cónyuge Rocío Armas Cárdenas (42), así como de Víctor Quinteros Marquina (38) y su pareja de hecho Inés Martens Godínez (30).
Las mencionadas parejas postularon a diferentes oficinas dirigidas por Julio Arbizu, al parecer para evitar suspicacias. Arturo Martínez e Inés Martens entraron a la secretaría técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE); y Víctor Quinteros y Rocío Armas a la Procuraduría Anticorrupción, de acuerdo con documentos oficiales.
Fuentes judiciales indicaron que Martínez Ortiz fue compañero de estudios de Arbizu en la Universidad Católica (PUCP) y que desde entonces conservan una estrecha amistad.
Una relación similar mantiene el procurador anticorrupción con Quinteros Marquina, a quien también conoció en las aulas universitarias. Víctor Quinteros e Inés Martens son además socios de Julio Arbizu en la consultora Laboratorio de Estudios Sociales (LARES).
POSTULANTES ÚNICOS
El 29 de setiembre pasado Arturo Martínez resultó “ganador” de la Convocatoria 228-2011, en la cual -todo indica- fue el único candidato a un puesto laboral en el CDJE, cuando precisamente Arbizu era secretario técnico de ese órgano del MINJUS.
Como sucedió en otros casos revelados hace unos días, Martínez obtuvo la máxima calificación en “experiencia y currículum vitae”, así como en “entrevista personal”, es decir, 100 puntos. Percibe S/. 7,000 mensuales.
Por su parte, Rocío Armas, esposa de Martínez, “ganó” la Convocatoria 280-2011, el 26 de octubre último.
Por “coincidencia”, Armas tampoco tuvo competidores y fue calificada con 100 puntos. Se desempeña como coordinadora de la Unidad de Análisis Financiero de la Procuraduría Anticorrupción y su sueldo mensual es de S/. 9,000.
Correo confirmó que Martínez y Armas siguen casados, pues viven en el mismo domicilio en la calle El Prado en Surco.
Adicionalmente está el personal que fue contratado como postulantes únicas en todas las convocatorias de la Procuraduría, tales como las secretarias, asistentes administrativas que no tienen ni un año de colegiadas y como abogadas ganan el doble.
Fuente: Diarios Perú21 y Correo.