Estimados amigos:

Con agrado les dejo el cuestionario completo que respondí a Hugo Caro destacado periodista del reconocido diario El Espectador de Bogotá. También les dejo foto con la nota de dicho medio de comunicación.

Les deseo un lindo día

Daniel Parodi Revoredo

Si mira un año hacia atrás, ¿qué sensación le queda de lo que ha pasado en el Perú desde la caída de Castillo?

 Lo que veo es una paradoja. Pedro Castillo fue un Presidente que dañó una institucionalidad que atravesaba por un proceso continuo de precarización desde el año 2016 en adelante. Sin embargo, su salida no hizo más que acelerar dicho proceso. Esto sucedió porque a Castillo lo reemplaza una alianza entre el Poder Ejecutivo y el Poder legislativo, con la presidenta Dina Boluarte como cabeza visible, la que termina por quebrar una correlación de fuerzas en la que el Estado, a pesar de Castillo, mantenía algunas salvaguardas institucionales que hoy prácticamente han desaparecido.

Perú tiene un historial importante de crisis política, como tener cuatro presidentes en cuatro años, pero ¿qué tiene de diferente la situación que ha marcado la presidencia de Dina Boluarte?

Si hay diferencias visibles con Dina Boluarte. Para comenzar, nuestra primera presidenta mujer en la historia republicana se inaugura con una triste masacre de ciudadanos protestantes, la gran mayoría muertos cuando se encontraban indefensos e, inclusive, sin siquiera participar de las protestas sociales. El repudio al alto número de víctimas humanas ha sido mundial y ha convertido al gobierno peruano prácticamente en un paria internacional.

Luego, contradictoriamente, las protestas de hace un año no lograron hacer caer al gobierno a pesar de su pérdida de legitimidad debido a las víctimas de la represión. El Ejecutivo, firme con el apoyo del Congreso y de las Fuerzas Armadas, mantiene posiciones, mientras que la oposición política, desconcertada y dispersa, parece haber quemado sus mejores balas en las protestas que enlutaron al país.

A partir de allí, empoderada, la alianza Ejecutivo-Legislativo avanza en el copamiento institucional y comienza a convertir en realidad lo que el conservadurismo no pudo concretar en 2011, 2016 y 2021 debido a las tres derrotas consecutivas de la candidata Keiko Fujimori.

Y por ello quiero volver a la figura de la paradoja. Con Dina Boluarte, quien llega al poder a fines de 2022 como vicepresidenta en la fórmula de un partido de izquierda radical, se generan las condiciones para la puesta en marcha de una reacción conservadora, dirigida desde el Congreso de la República, que supone el copamiento de la Fiscalía de la Nación, del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, quedando pendientes en la agenda los poderes electorales y el Estado en su conjunto.

Con una desaprobación importante y un fracaso buscando legitimidad internacional (como por ejemplo la cita con Biden), ¿en qué posición está en este momento Dina Boluarte? ¿Qué rumbo podría tomar su gobierno?

 Dina Boluarte es instrumento de los poderes fácticos y es también su prisionera. ¿En qué sentido lo digo?: la presidenta es responsable política de las decenas de muertes que sucedieron hace un año y pende de un hilo. Su libertad depende de su permanencia en el poder y esta depende a su vez del Congreso, de amplia mayoría conservadora.

Al mismo tiempo, al Congreso también le viene bien la permanencia de Boluarte en el cargo. Su caída implicaría adelanto de elecciones lo que abriría un escenario de incertidumbre. Las cosas, tal y como están, le vienen bien a la derecha conservadora, entonces es mejor dejarlas como están. Digamos que Boluarte y el Congreso se necesitan recíprocamente, se retroalimentan. El plan del Congreso es progresar en el copamiento institucional.

¿Cómo puede afectar el reciente escándalo de corrupción con el Ministerio Público a la inestabilidad del país?

 Lo que ha demostrado la investigación y denuncia de la fiscal Marita Barreto y la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú (DIVIAC) es que el Estado no ha sido tomado por completo, hay resistencia. En tal sentido, la referida denuncia -que ha puesto en jaque a la Fiscal de la Nación Patricia Benavides y a varios Congresistas que al parecer intercambiaban favores con la alta funcionaria- evidencia el cruento enfrentamiento, en las entrañas del Estado, entre quienes pretenden su cooptación para someterlo a intereses subalternos y quienes luchan por mantener su independencia, así como la transparencia de la función pública.

En suma, la denuncia contra la fiscal, a la que se suma la intervención de la policía nada menos que al recinto parlamentario, pueden interpretarse de dos maneras: o constituyen un contragolpe eficaz contra el avance de la alianza conservadora en pro del control del Estado o no es más que un manotazo de ahogado que no revertirá el rumbo que han adquirido los acontecimientos desde que Dina Boluarte accedió al poder.

¿Convocar elecciones podría ser una alternativa para normalizar la situación?

 En primer lugar, vamos a ver hasta dónde escala la crisis suscitada por la denuncia contra la Fiscal, la protesta convocada por diferentes gremios y grupos organizados de la sociedad civil para el 7 de diciembre, el año del golpe y detención del expresidente Pedro Castillo, a ver si se presenta una coyuntura que precipite una convocatoria a elecciones anticipadas. Hasta hoy no lo veo claro.

En segundo lugar, en el caso de ir a comicios adelantados, hay que tomar en cuenta la crisis de representación y representatividad por la que atraviesa el Perú desde que recuperó la democracia en septiembre de 2000.  Esta supone la crisis y ausencia de partidos políticos institucionales y de dimensión nacional, que formen cuadros y que realicen las labores que les son propias. La situación se ha agudizado desde la crisis política de 2016, cuando Keiko Fujimori no reconoce la victoria electoral de Pedro Pablo Kuczynski y sabotea su gobierno a través de su amplia mayoría congresal. Desde entonces comenzó la danza de presidentes en el Perú, 6 en 7 años.

En el Perú no solo no hay partidos, tampoco hay clase política, cuadros políticos, ciudadanos que entiendan la política como procurar el bien común para la colectividad y esto sucede en la derecha y en la izquierda. Al mismo tiempo, se nos ha presentado una situación similar a la de otras latitudes: no hay centro, ni derecha, ni izquierda auténticamente democráticos, de esas que tenían como consenso la Constitución y la plena vigencia de los derechos fundamentales. Hemos sido asaltados por “la guerra de los extremismos culturales”, como en todas partes, y yo no sé si eso lo resuelve una elección.

¿Están quedando en un segundo plano las situaciones de derechos humanos que pasaron a principio de año?

 Sí y no. Sí, porque con la reciente denuncia de la fiscal Barreto contra su jefa, la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la coyuntura se ha enfocado en dicha demanda. También pasa a un primer plano la lucha política entre conservadores e institucionalistas en pro de la conquista o el rescate del Estado.

Ahora bien, al mismo tiempo te digo que no, y un no muy grande porque esos crímenes han ingresado a la memoria colectiva del pueblo peruano, han ingresado a la historia del Perú, así como ingresaron las víctimas inocentes de la lucha contra el terrorismo en décadas pasadas. Acordarnos de diciembre de 2022 y enero de 2023 da dolor, duele de verdad, da muchísima pena, creo que, en primer lugar, por lo burdo, lo absurdo, lo innecesario. Vimos a tantos jóvenes caer que ni siquiera estaban participando en las manifestaciones, y con esto no justifico las armas de fuego en la represión contra los manifestantes, claro que no, pero qué hace una bala tumbándose a un transeúnte, segándole la vida a un universitario o una universitaria. Nunca olvidaremos esos días y definitivamente llegarán los tiempos en que respondan ante la justicia los responsables de esos crímenes.

¿Cómo crees que agrava la situación política la libertad de Fujimori? Teniendo en cuenta que se suma a la coyuntura actual en la que la Fiscal Patricia Benavides está sujeta a una acusación que hace temblar a buena parte de la clase política del país

 En primer lugar, siendo las 9 y 14 de la mañana, hora de Perú, del día 6 de diciembre de 2023, debemos aún hablar de la presunta liberación de Alberto Fujimori. El Tribunal Constitucional la ha ordenado pero el Presidente de la Corte Internacional de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique, ha requerido que el Estado peruano se abstenga de ejecutarla hasta que se examine si es conforme con las condiciones establecidas en la resolución emitida el 7 de abril de 2022. Entonces, hasta ahora el clima es de incertidumbre.

Luego, acelerar la liberación de Fujimori por parte del Tribunal Constitucional, precisamente cuando se devela la supuesta corrupción y tráfico de influencias alrededor de la Fiscal de la Nación Patricia Benavides más se parece a la gigantesca cortina de humo de un sector que ve muy vulneradas sus posiciones. De hecho, ayer, el principal implicado en el proceso, Jaime Villanueva, operador de Benavides, se ha allanado a colaborar con la justicia y a validar toda la información de los chats en los que él aparece dialogando con diferentes parlamentarios, políticos y empresarios de alto vuelo, al parecer, traficando influencias.

Pensando en posibles escenarios, no me parece que la eventual liberación de Fujimori resulte como lo piensan quienes ven en ella un distractor de las denuncias alrededor de la Fiscal de la Nación. Creo, al contrario, que será como añadirle carburante a la indignación acumulada desde los sucesos de hace un año, ya potenciados por las últimas denuncias. Con Fujimori libre es posible que enfrentemos una coyuntura de mayores movilizaciones en contra de la alianza Ejecutivo-Legislativo pues hay un importarte sector, a la izquierda del espectro político, muy sensible a esta temática.

Luego, otra idea que circula por estos días en Perú, considerando que Alberto Fujimori tiene 85 años, es que nadie debe morir en la cárcel, por ello me parece que utilizar el tema de su liberación como distractor frente a un escándalo que remece, en su conjunto, a la alianza gobernante, lo aleja de las calles más de lo que lo acerca porque su liberación se produce con una finalidad política y no humanitaria, lo que la vicia de plano. Es posible que sea liberado en los próximos días, pero también que vuelva a prisión poco tiempo después, esto ya le ocurrió en una ocasión.

Yo creo que Fujimori debería estar en su casa, pero la actual coyuntura puede, al contrario, prolongar su estancia en el penal de Barbadillo.