Archivo por meses: Julio 2013

EL APRA, los jóvenes y la democracia

El APRA, los jóvenes y la democracia

Daniel Parodi Revoredo

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Jóvenes apristas en marcha de indignados 

Normalmente no opino partidistamente, lo mío es más el análisis histórico-político y si hablo de mi partido, el APRA, lo hago destacando la trayectoria de su líder, la historia institucional o la ideología. Esta vez voy a hacer una excepción. Voy a hacerla porque me ha afectado la discriminación de la que ha sido objeto la juventud aprista en las últimas marchas de indignados, por parte de algunos sectores y voceros de la izquierda. Creo que, de una y otra parte, se debe dejar de lado los prejuicios del pasado para dar lugar a una política distinta, más seria e institucionalizada, que es lo que han reclamado los jóvenes movilizados, no partidarizados en su gran mayoría. Permítaseme pues, las siguientes reflexiones:

En primer lugar, la participación de la juventud del APRA en las marchas de indignados no es oportunista, como se ha señalado, sino básicamente coherente con la línea política-ideológica del Partido. Para hablar sólo de los últimos años, el APRA se ha manifestado abiertamente en contra del caudillismo-autoritario en Venezuela que trasgrede y copa las instituciones democráticas en su país. En segundo lugar, el APRA se ha manifestado siempre en contra de la reelección inmediata. La última vez lo hizo en contra de la voceada reelección conyugal, campaña que encabezó el Colectivo Renovar que agrupa a varias bases limeñas y provincianas de dicho partido.

En tercer lugar, la posición de la juventud del APRA se desprende de la ideología de su partido que tiene en la democracia un fin en sí mismo. Así lo afirmaba Víctor Raúl Haya de la Torre, quien sostuvo desde muy temprano que la democracia era el sistema que permitiría alcanzar la justicia social, al mismo tiempo que deslindó del socialismo por considerarlo ajeno a la realidad latinoamericana. Pues es esa misma democracia la que hoy se está defendiendo en las calles y no encuentro razón para vetar la participación de la juventud aprista en esta lucha.

En cuarto lugar, no olvidemos la historia: no olvidemos los miles de apristas muertos en Chanchán en 1932, que son mártires de la democracia, como lo son los que murieron después, tanto como los apristas que vivieron décadas de cárcel y persecución. No olvidemos que al APRA le tocó en suertes enfrentar la alianza oligárquico-militar, y que lo hizo precisamente para abrir el espacio a la democracia participativa en el Perú. Dentro de ello, no olvidemos que la satanizada alianza entre el APRA y Prado en 1956 permitió la pacificación del país, la amnistía política y la legalización de los partidos políticos proscritos, entre ellos también el PC de Mariátegui y Jorge del Prado. No olvidemos tampoco que la recuperación de la democracia en 1980 pasó por la Constitución del 79, presidida por Haya de la Torre,  siempre recordada por su esencia de justicia social. Finalmente, no olvidemos que las bases apristas dotaron la logística y organización para la realización de la marcha de los 4 suyos, paso fundamental para la reconquista, una vez más,  de la democracia el año 2000.

Que la trayectoria del APRA tiene tonalidades grises, claro que las tiene. Es verdad que la elección del TC en 2007, durante la segunda administración aprista, no fue idónea y es verdad, además, que la democratización interna del Partido Aprista es un paso impostergable para relegitimar el movimiento y colocarlo a la vanguardia de la modernización de la política peruana. Pero ello dista mucho de extender un veto contra la participación de la juventud aprista en las movilizaciones de indignados y de justificar que se le tilde de oportunista.  Si se tratase de vetar participaciones, tendríamos que comenzar con una izquierda que no ha deslindado del autoritarismo chavista que transgrede en su país lo que aquí estamos defendiendo. Entendámoslo bien, no se puede defender las instituciones democráticas en el Perú y aplaudir su transgresión en Venezuela.

Más allá de eso, lo que tenemos en el frente es una juventud que no quiere heredar nuestros antis, ni nuestras viejas querellas y rivalidades. Lo que tenemos al frente es una juventud indignada porque es la vanguardia que quiere construir un país más institucional  y serio, con una clase política significativamente mejor que la que tiene actualmente. Seamos claros, indignados no es, ni puede ser de izquierda, no es, ni puede ser aprista, indignados tiene que ser un frente de jóvenes sin partido, o con él, que busca la transformación de nuestra política, lo que pasa por superar su insoslayable mediocridad. Los jóvenes de la izquierda y del APRA, en ambos casos, deben comprender que su misión es acompañar y fortalecer a la ciudadanía, darle pautas de participación, pero nunca canalizar las protestas hacia una bandera política particular. Una mejor política es la meta de toda la ciudadanía, así debe serlo.

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LO QUE YA GANAMOS EN LA HAYA

LO QUE YA GANAMOS EN LA HAYA

Por: Daniel Parodi Revoredo

El fallo de la Haya se ha postergado hasta septiembre por lo que es momento de hacer una pausa y valorar el esfuerzo que, en un juicio que ya lleva más de cinco años, han realizado el gobierno y la cancillería peruanos. Por eso, un recuento de lo ya alcanzado y una evaluación de lo que podría obtenerse tras la lectura del dictamen puede servirnos para poner las cosas en perspectiva

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Mantener al equipo en el tiempo es, per se, un triunfo peruano

Llevar a Chile a la Haya

Llevar a Chile a la Corte internacional de Justicia de La Haya no fue fácil, fue más bien un proceso largo que comenzó en el año 2000 cuando el país vecino presentó ante la ONU sus líneas de base de dominio marítimo auto-adjudicándose el paralelo geográfico como frontera marítima bilateral. Desde entonces, el Perú realizó denodados esfuerzos tanto por defender sus fueros, como por propiciar una negociación bilateral con Chile para resolver el problema.

En realidad, ya desde 1986, con el embajador Allan Wagner como canciller, el Perú le había planteado a Chile el inicio de conversaciones para fijar una frontera marítima. Lastimosamente, el vecino optó por un camino unilateral. Por ello, tras la presentación de la línea de bases chilena en 2000, nuestro país comenzó a evaluar la opción de recurrir a la Corte Internacional de Justicia.

En esa línea, la propuesta de negociación directa que le hizo llegar el Perú a Chile en 2004, bajo el cancillerato de Manuel Rodríguez Cuadros, fue fundamental. Lo fue porque ratificó la vocación integracionista del Perú, como porque, al negarse Chile, quedaba despejado el camino hacia la Corte Internacional de Justicia, la que exige intentar la negociación directa como pre-requisito para acudir a sus fueros. Desde 1986 el Perú la había buscado, por lo que la negativa a conversar de Chile -el 2004- convirtió al tribunal holandés en la alternativa.

Algunos éxitos en el proceso

El Perú demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya el 16 de enero de 2008. Desde entonces a la fecha hay muchos aspectos que destacar pero quiero centrarme específicamente en tres:

El primero es la elección de los especialistas extranjeros que han defendido nuestra causa en Holanda y que en diciembre pasado nos regalaron brillantes lecciones de derecho del mar en las exposiciones orales de Allan Pellet, Rodman Bundy, Tulio Treves, entre otros. El segundo es haber mantenido el mismo equipo durante tres gobiernos y cuatro cancilleratos. Por ello Allan Wagner se mantuvo siempre como Agente ante La Haya, secundado de José Antonio García Belaúnde y Manuel Rodríguez Cuadros. En un país cuya historia republicana no se caracteriza precisamente por la unidad nacional, hay que destacar que ella sea la principal razón de nuestros recientes éxitos de política internacional.

El tercero lo conseguimos con la firma del tratado de límites marítimos con Ecuador el 2 de mayo de 2011, durante el segundo gobierno de Alan García y bajo el cancillerato de José Antonio García Belaúnde. Además de cerrar nuestro último pendiente con el vecino del norte, la firma del  convenio supuso dos importantes logros de cara al proceso en la Haya: lograr que Ecuador no participe de él y demostrar que la Declaración de Santiago de 1952 no es un tratado de límites.

Como sabemos, Chile alega que aquel instrumento internacional establece el límite marítimo  entre los tres países suscribientes. Por ello, el Tratado peruano-ecuatoriano de 2011 fortaleció significativamente la tesis del Perú: si Perú y Ecuador establecieron formalmente sus límites marítimos en 2011 no pudieron hacerlo en 1952, con lo que la Declaración de ese año no puede ser un tratado de límites sino un convenio pensado  para la protección de las especies marinas, tal y como lo establece su preámbulo.

El triángulo exterior

No pretendo adelantar ningún fallo de la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, sí podemos afirmar que tenemos mayores probabilidades de obtener el triángulo exterior que consta de 28,500 km2, lo que significa aproximadamente el 40% del área total que el Perú reivindica. Dicho triangulo no forma parte de la zona de superposición entre las pretensiones marítimas de  ambos estados –como sí lo hace el triángulo interno- más bien, se encuentra dentro de la proyección de la zona de las doscientas millas peruanas pero fuera de las chilenas, por lo que Chile lo defiende con la tesis del “mar presencial”, la que no cuenta con ningún asidero en el derecho internacional.

Puerto a tierra, obtenerlo supondría disfrutar de un espacio marino rico en especies en el cual actualmente el Perú no ejerce soberanía. ¿Cuánto es 28,500 km2? Basta algunos                ejemplos: Tumbes cuenta con un área de 4, 669 km2, Tacna con 8,170km2 y Lima con 33,820. Entonces hablamos de una extensión de mar casi del tamaño de la región metropolitana y muy superior al espacio geográfico que les corresponde a Tumbes y Tacna juntos.  Todo esto, ciertamente, no obsta lo que podría obtenerse del triángulo interno que cuenta con un área de  38,000 km2.

Las otras ganancias

Hay una ganancia en La Haya que es subjetiva pero no por eso menos importante. Es la que atañe la potenciación de la autoestima nacional al constatarse –independientemente del resultado- lo bien que el Estado peruano ha manejado la cuestión desde el año 2000 hasta la fecha. También en el plano subjetivo, el cambio de mirada hacia Chile –y viceversa- debe suponer dejar atrás el recelo y la desconfianza para fortalecer una relación que no ha dejado de mejorar a contracorriente del litigio en la Corte Internacional de Justicia.

En tal sentido, el TLC con Chile, la concurrencia conjunta a los mercados internacionales y las inversiones -14,000 millones de Chile a Perú y 10,000 millones de Perú a Chile- serían solo el punto de partida si les añadiésemos el cierre de las heridas del pasado y el principio de una relación sana en todos sus ámbitos. De allí que la integración fronteriza, la energética, la migración, la reconciliación con el pasado, la historia en común etc. deben convertirse en los pilares del vínculo binacional. Al hablar de estos aspectos, es justo resaltar los logros del cancillerato de Rafael Roncagliolo, cuya sucesora, Eda Rivas, está continuando: el buen ambiente binacional que vivimos no es fruto de la improvisación y, a la fecha, es la mejor apuesta desarrollista adoptada en conjunto por el Perú y Chile.

A manera de conclusión: nuestra única preocupación

En la recta final de la presente reflexión, nuestra única preocupación es el tufillo que nos llega de ciertos sectores de la prensa chilena, los que deslizan la idea de que puede haber fallos ajustados a derecho y fallos jurídicamente aberrantes. La afirmación no puede ser más impertinente. En realidad cualquier fallo de la CIJ no sólo se ajusta a derecho sino que es el derecho y parece bizarro pretender  que una de las partes esté en posición de establecer la legitimidad o no de la sentencia.

Se ha ganado mucho en la Haya. El Perú ha actuado como una nación moderna y organizada, el fallo es importante y debemos esperarlo con total tranquilidad porque es posible una gama infinita de combinaciones en la sentencia y no sabemos cuál será el resultado.  Pero es fundamental, a estas alturas, valorar el camino recorrido y los éxitos ya obtenidos en el proceso. Además, tan importante como el fallo es lo que hagamos con él y a ese nivel los gobiernos de ambas naciones deben estar a la altura de una historia que necesita un nuevo principio para conducir la integración de dos pueblos hacia su mutuo beneficio.

Publicada en Revista Correo Semanal el 25 de julio de 2013

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ELECCIONES INTERNAS ¿UNA SOLUCIÓN?

ELECCIONES INTERNAS: ¿Una Solución?

 

Daniel Parodi Revoredo

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El congreso podría mejorar con elecciones internas  

Actualmente los candidatos al parlamento nacional obtienen un cupo en las listas de sus movimientos básicamente comprándolo con un sustantivo aporte a la campaña presidencial, o como resultado de la repartija de una cúpula interesada. De ello se desprende la poca competencia y nivel de nuestros congresistas, tanto como la cotidianidad de elegir autoridades en base a componendas políticas, criterio que se superpone al de la probidad o calificación para el cargo. Esto es lo que ha sucedido en la controvertida elección de los miembros del Tribunal Constitucional y de la titular de la Defensoría del Pueblo

 El resultado de este pérfido círculo vicioso es devastador para la democracia, pues de esta manera las instituciones cuya finalidad es la preservación del orden constitucional y de la independencia de los poderes están expuestas al vapuleo que hemos contemplado perplejos el pasado  miércoles 17 de julio.  Una alternativa para revertir esta situación  es fortalecer la capacidad decisoria de la ciudadanía depositando en las militancias partidarias la responsabilidad de elegir sus listas parlamentarias, mediante votación directa.

 Para realizar la transferencia que planteo es preciso perfeccionar la actual ley de partidos que permite a sus cúpulas optar por otras modalidades de elección, las que han desvirtuado nuestro sistema de representación parlamentaria. Por ello, mi propuesta es que la Oficina Nacional de Procesos Electorales organice obligatoriamente las elecciones internas de los partidos, en las cuales cada militante es un voto y queda descartada la designación vía delegados. Además, la ONPE debe administrar los padrones y supervisar el escrutinio. En estas elecciones compiten, al interior de cada partido, listas de precandidatos por región y se elige democráticamente a los candidatos al congreso que tentarán una curul parlamentaria.  A nivel nacional, se adopta el mismo sistema para la elección de las planchas presidenciales.

 A mi preocupa mucho el desarrollo de una atmósfera de ingobernabilidad si no se realizan correctivos que apunten hacia el fortalecimiento de la institucionalidad política. Encuentro por ello necesario prevenir un escenario similar al de 1990 en el que, ante el desprestigio de la clase política, el hoy sentenciado Alberto Fujimori encontró la oportunidad de hacerse con el aparato estatal.

 No es fácil predecir lo que pasará en un país como el nuestro que decide sus preferencias semanas o hasta días antes de las elecciones y que, ante la ausencia de partidos políticos importantes, ve migrar “golondrinamente”  su  electorado hacia el candidato que mejor sintoniza con la percepción del momento. Esta claro, además, que una auténtica  transformación de la política peruana sólo puede ser el resultado de una revolución educativa continuada por varios gobiernos consecutivos y que priorice la formación de ciudadanos con altos valores democráticos.

 Mientras tanto, los indignados que hoy ya se manifiestan reclaman legitimidad, seriedad y respeto a las instituciones tutelares y a la fecha no existe ninguna oferta política compatible con una demanda que crece día a día. Partidarizar, institucionalizar, darle a la ciudadanía la responsabilidad de elegir los candidatos de sus agrupaciones, he ahí el camino de la modernidad política y de la democracia.

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EL REGRESO DE LA OLIGARQUÍA: a propósito de los bonos de la Reforma Agraria

EL REGRESO DE LA OLIGARQUÍA

A propósito de los bonos de la reforma agraria

Daniel Parodi Revoredo

En su clásico Las Revoluciones Burguesas, el célebre historiador británico Eric Hobsbawm nos habla de los resultados humanos de la revolución industrial y cuestiona las tesis que celebran el proceso por sus cifras de crecimiento económico. Para Hobsbawm, estos números soslayan las duras condiciones de vida que atravesaron los ejércitos de trabajadores industriales que dotaron de mano de obra a los talleres textiles de Londres y de Manchester a lo largo del siglo XIX.

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Gamonalismo serrano no debe regresar

La particular mirada de Hobsbawm al proceso industrial británico me trae a colación el actual debate nacional acerca de la sentencia del TC que ordena el pago de los bonos de la Reforma Agraria. Ciertamente, si pasamos revista a la historia de la propiedad territorial en el Perú republicano veremos cuan teñida está de abuso, exclusión explotación e ilegitimidad.

El relato comienza con la Independencia cuando los decretos bolivarianos de 1826 -que perseguían la finalidad de hacer del Perú una república de pequeños propietarios de la tierra- fueron bastardeados hasta convertirlos en terreno fértil para el despojo de cientos de comunidades y miles de familias campesinas propietarias de pequeñas parcelas. Ante la retracción del Estado como resultado de la crisis del Perú auroral, se consolidaron poderes locales de naturaleza feudal que incluso administraron privadamente la impartición de la justicia, lo que no hizo sino empeorar la explotación de la que el campesino peruano venía siendo objeto desde los tiempos coloniales.

Por su parte, el impulso de las haciendas agroexportadoras de la costa norte del país, a mediados de la década de 1850, tiene también un origen discutible. Remite a la abolición de la esclavitud por parte de Ramón Castilla en 1854, que no supuso simplemente la liberación de los afrodescendientes. Por el contrario, el Estado los compró a sus antiguos propietarios. El tema se ha explicado con el argumento de evitar el colapso de la agricultura norteña, pero aquello no elude que en dicho proceso, como señala el historiador Carlos Aguirre en su texto Agentes de su propia libertad, se manumitió a miles de esclavos inexistentes y que, por los que en efecto había, se pagó 300 pesos, el precio más alto del mercado, lo cual sólo correspondía para aquellos que tuvieren entre 20 y 30 años de edad. Al fraude del que hablamos se le sumó la simultánea importación de chinos culíes, quienes fueron traídos en base a engaños para reemplazar a los esclavos, y sometidos a condiciones de vida y trabajo similares a las de aquellos.

Cabe señalar que por eso años el Estado pagó otros bonos en condiciones curiosamente similares a las de la deuda agraria. Se trató de la deuda interna que el Perú mantenía con particulares que apoyaron al bando patriota en la Guerra de Independencia. Dicha deuda fue calculada en un millón de pesos, pero luego se disparó a cuatro millones de pesos y después a veintitrés millones de pesos. Fue tal el escándalo que Jorge Basadre denuncia en su Historia de la República que se crearon “fabricas de falsificación de bonos” por lo que el entonces Presidente José Rufino Echenique, fue depuesto por Ramón Castilla en enero de 1854. Sin embargo, la susodicha deuda se pagó y el grupo beneficiado –especuladores de los bonos igual que ahora- invirtieron esos caudales en el guano, en medio de décadas de boato y despilfarro, hasta que el contrato Dreyfus los despojó de tan pingüe negocio en 1869, otra vez en medio de grandes controversias y denuncias de corrupción por doble facturación en la extracción del abono, entre otros fraudes.

La Guerra del Pacífico golpeó mucho a los llamados “salidos del guano”, tanto como a sus pares agrícolas los “barones del azúcar” de la costa norte y los gamonales terratenientes serranos. No obstante, un pacto entre los tres sectores permitió el advenimiento de la República Aristocrática entre 1895 y 1919, periodo en los que la feudalidad y exclusión social fueron las mayores de todo el periodo independiente, como lo demuestran Alberto Flores Galindo y Manuel Burga en su clásico Apogeo y Crisis de la República Aristocrática. Esta obra difunde crudos testimonios de cómo los hacendados costeños más poderosos controlaban las bocatomas de agua para “matar de sed” a los pequeños propietarios y despojarlos de sus tierras, entre muchos más ejemplos de absoluta inequidad.

Más allá de todos estos elementos vinculados a la tenencia de la tierra en el Perú Republicano, no podemos obviar el retraso que la acción de la oligarquía terrateniente, en tanto que clase dominante, supuso en los niveles social y político. Para el primer caso, basta referir su tenaz resistencia a la repartición de la tierra en un contexto de vertiginosa transición demográfica, y para el segundo, a su pérfida y retardataria alianza con las fuerzas armadas para reprimir cualquier intento de democratización, extensión de los derechos ciudadanos y ampliación de la participación popular.

Todo ese contexto, explica la reforma agraria de Velasco, la que, a pesar de sus discutibles resultados económicos, liberó tensiones sociales en un país en el que el feudalismo, lo he dicho cientos de veces, ya no podía subsistir en tiempos en los que el hombre había llegado a la luna, en los que Carlos Santana se presentaba en Woodstock y Oswaldo “Cachito” Ramírez clasificaba al Perú al Mundial de México 70 con sus goles a Argentina en la Bombonera de Boca Juniors. Las guerrillas y tensiones sociales del Perú de entonces así lo demuestran y no dejo de preguntarme qué hubiese pasado si los grupos terroristas de los años ochentas hubiesen encontrado vigentes aquellas obsoletas estructuras señoriales.

Estoy al tanto de que los bonos de la deuda agraria hoy los poseen grupos bancarios como el BCP, tanto peor. Sólo por las formas, a mí la sentencia del TC ya me parece teñida de ilegitimidad pues se ha logrado con el voto dirimente de su presidente Oscar Urviola, antiguo funcionario de aquella entidad financiera, quien no solo no tuvo la decencia de abstenerse, sino que tuvo el desparpajo de forzar la votación la víspera de la elección de nuevos magistrados para dicha institución.

Para terminar vuelvo al maestro Eric Hobsbawm, quien seguro sostendría que la deuda que no se puede cuantificar, ni pagar, es la deuda del estado peruano no sólo con los campesinos, sino con la civilización andina en su conjunto. Cuantos proyectos de inclusión en el marco de la multiculturalidad y el respeto de la diversidad podrían financiarse con mil, cuatro mil quinientos u ocho mil millones de dólares (la última cifra es más o menos el 15% de nuestras reservas, y sigue subiendo…)  En el Perú, sin embargo, seguimos más preocupados en hacer más ricos a los ricos y estamos a punto de transferirles, una vez más, buena parte del tesoro público, cuando aun no hemos logrado derrotar la pobreza, ni mejorar la calidad de la educación, ni promover la igualdad de oportunidades. Tal vez sea legal, pero me resulta inaceptable.

Publicado el 17 de julio en La Mula

 

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EL SÍNDROME DE LOS CAUDILLOS

EL SÍNDROME DE LOS CAUDILLOS

Daniel Parodi Revoredo

Las reacciones al anuncio de no postular el 2016 de la Primera Dama Nadine Heredia nos permiten colegir que ni los analistas, ni el público en general, han asimilado cabalmente eso que algunos llaman “reglas del juego democráticas”.  Unas  voces han aplaudido la noticia, simplemente,  porque puede comprometer las futuras aspiraciones presidenciales de Alan García quien se habría quedado sin su “cortina de humo”. Otros celebran la “inteligente decisión”, la que, no obstante, podría revertirse si cambiasen las circunstancias.

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Su lógica se mantiene

Con lecturas de este tipo, no extraña la lógica caudillista que se manifiesta en las redes  sociales con comentarios tales como “prefiero a Nadine que a Keiko”  o “¿qué prefieres, a García o a Nadine?”. Y, por supuesto, nadie ha tenido la hidalguía de celebrar el triunfo del imperio de la ley; ni, mucho menos, de reconocer la lucha que algunas instituciones y colectivos ciudadanos desplegaron para que la política peruana se ajuste a derecho, ni el éxito de haber mantenido el consenso general de la no reelección inmediata que adoptamos tras la década fujimorista. ¿Se olvidaron?

Mi diagnóstico a todo eso no puede sino ser pesimista. Me parece que algunos de los que lucharon contra la dictadura fujimorista en los años 1998-2000 no lo hicieron por deplorar el autoritarismo, ni por una apuesta sincera por la institucionalidad democrática. Lo hicieron, más bien, porque no coincidían ideológicamente con esa dictadura específica. Por eso no me extraña que hoy exalten con total desparpajo al chavismo y fantaseen con el advenimiento de un autoritarismo-populista de esas características en el Perú.

A todo esto ¿cuál podría ser la otra lectura? Pues que es hora de “partidarizar” la política peruana porque debido a la ausencia de partidos políticos nuestra sociedad sigue anhelando al mismo caudillo de siempre, al Ramón Castilla de mediados del siglo XIX y al Manuel Odría implacable, represivo y paternal, repartiendo viviendas, palos y exilios;  sólo que con diferente atuendo.

¿Por qué el APRA no postuló a Velásquez Quesquén en 2011? De haberlo hecho hoy tendría mucho más que cuatro parlamentarios. Si esto le pasó al partido más antiguo y organizado del Perú, se explica sola la desaparición de Perú Posible del mapa político en 2006 y su renacimiento electoral en 2011, cuando pudo contar nuevamente con su caudillo.  Pero, ¿Por qué votar por “el cholo”? ¿por qué votar por Nadine?, ¿por qué votar por Keiko?   ¿por qué votar por Alan?¿por qué votar por Lourdes o PPK?

En países de democracias más formalizadas (basta con mirar a Chile), los candidatos presidenciales se eligen tras elecciones internas que se realizan a nivel nacional y en las que votan los militantes del partido o alianza, así como todos los que no militan en una agrupación distinta.  Si un candidato está inhabilitado pues postula otro y no hay tanto drama. El jurado electoral las organiza, se encarga de los padrones y las actas, supervisa el conteo.  Aquí tenemos a la ONPE y el JNE, lo que no tenemos es la voluntad.

Tal vez algún día nos demos cuenta que podemos hacer política basada en partidos, en instituciones, que es posible la política formal, que son viables los candidatos nuevos y que no es aceptable romper el consenso general sólo para habilitar una postulación impedida por la ley. Ese día dejaremos de ser el país del caudillo que se reencarna una y otra vez, ese día habremos derrotado el síndrome de los caudillos.

Publicado el 16 de Julio en Diario16

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LA POPULARIDAD DE HUMALA Y EL LITIGIO DE LA HAYA

Estimados amigos. El día de hoy el diario LA SEGUNDA de Chile ha publicado una nota sobre la situación en el país, en la que soy entrevistado junto con dos importantes analistas del medio local. Tengo el agrado de compartir con ustedes el cuestionario y mis respuestas completos de los que el verpertino chileno difundió algunos fragmentos.
Cordialmente
Daniel Parodi Revoredo

LA POPULARIDAD DE HUMALA Y EL LITIGIO DE LA HAYA

1. ¿A qué se debe la baja popularidad del presidente Ollanta Humala en las últimas encuestas que demostraron su aprobación más baja en los últimos dos años (de un 39%)?

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Ahora pueden retomar la iniciativa

Creo que hay dos factores fundamentales, uno tiene que ver con la baja del precio de los minerales en los mercados internacionales que ha comenzado, aunque ligeramente, a afectar la economía local. La otra tiene que ver con el escenario interno que se ha complicado los últimos meses y que ha afectado su imagen.

Así pues, la compleja situación judicial que atraviesa el ex Presidente Alejandro Toledo, su aliado político, el no indulto a Fujimori –pertinente pero polémico- y la indefinición de las intenciones políticas de la Primera Dama generaron un escenario difícil para él. Sin embargo, también creo que la tendencia es reversible y que modificarla dependerá de cómo y cuánto el Presidente redirija la atención de la opinión pública hacia problemas fundamentales como la educación, la salud y la seguridad ciudadana.

2. ¿Es algo natural o común que suceda una baja en la popularidad para un presidente?

En Perú es común porque nuestros partidos políticos son instituciones aún en proceso de maduración; eso implica que no haya amplios públicos cautivos o grandes militancias de fuerzas políticas que se mantengan fieles a ellas por largo tiempo. Una meta pendiente en nuestro país es pasar de una lógica caudillista a una lógica partidaria. Mientras rija lo primero las encuestas suben y bajan y la temperatura es muy variable de acuerdo con la coyuntura.

Por eso yo apunto a que el debate político trate los grandes temas nacionales y su proyección al futuro. Dentro de eso, el fortalecimiento de nuestras instituciones es un imperativo que debe abordarse con prioridad.

3. A dos años de haber asumido la presidencia y de haber impulsado soterradamente la carrera de su mujer, ¿Es esto algo influyente y algo que se pueda revertir?

Para mí se trata de un punto negativo, y se relaciona con lo que he mencionado en mi respuesta anterior. En Perú aún nos desesperamos mucho por quien será el candidato, pensamos que sin tal o cual líder la agrupación política fracasará electoralmente y esa es una idea equivocada que debemos ir cambiando con el paso del tiempo. Esa perspectiva es la que ha motivado los problemas con la Primera Dama Nadine Heredia.

El problema es que en la búsqueda de un candidato del partido de gobierno para 2016, se le expuso demasiado en las pantallas televisivas y en visitas al interior del país. Aquello generó un ambiente de incertidumbre e inestabilidad porque la ley le impide postular. Finalmente, la situación afectó su aprobación y la del presidente.

4. ¿Por qué fue necesario que Nadine Heredia aclarase que no postulará a la presidencia en el 2016?

Es muy importante y es una muy buena decisión. La Señora Nadine Heredia tiene mucho potencial político y puede ser una excelente cabeza de lista parlamentaria para el partido de gobierno en 2016. Es una mujer joven y emprendedora que, si orienta bien su trayectoria, puede ser muy beneficiosa para al país pero esto tiene que hacerse promoviendo el respeto a las reglas del juego democráticas.

Es verdad que ni el Presidente Humala ni la Primera Dama dijeron nunca que ella postularía en 2016, pero la publicidad a su imagen hacía pensar eso y el no desmentido empeoraba las cosas. Por eso, el anuncio que ha realizado le permitirá al gobierno retomar la iniciativa política y redirigir la gestión hacia los temas urgentes cuya solución es reclamada por la población.

En lo particular yo estoy contento de su anuncio, no por el hecho de que ella no postule a la Presidencia el 2016, sino porque la misma sociedad, a través de las encuestas de opinión, está señalando el camino de la institucionalidad y del respeto a las reglas del juego y es muy valorable que la pareja presidencial haya prestado atención a este mensaje.

5. ¿De qué manera positiva o negativamente afectará a Humala que el fallo de la Haya sea dado a conocer en septiembre?

No faltarán, a un lado y otro de la frontera, quienes intenten utilizar el fallo para azuzar nacionalismos u obtener réditos políticos pero se trata de voces que hasta ahora se han dejado oir muy poco y es deseable que las relaciones bilaterales continúen por la buena senda que han emprendido. En Perú existe conciencia de que no hay sentencia mala, sino solo sentencia y de que ésta debe acatarse guste o no guste, por lo que el anuncio del fallo en julio, setiembre u octubre no tendría por qué afectar especialmente la imagen presidencial.

Ciertamente, un fallo favorable mejoraría el humor político de la nación, como lo haría igualmente en Chile. Sin embargo, tratándose de dos países maduros y decididos a acatar la sentencia creo que más importante es proyectar lo mucho que podemos mejorar en la relación bilateral una vez que el fallo sea ejecutado y lo mucho que dicha ejecución, incluso simbólicamente, puede acercar a ambas sociedades.

6. ¿La demanda marítima ha favorecido la presidencia de Humala? ¿Por qué?

Yo creo que más que a un presidente en particular, la demanda marítima ha mejorado la autovaloración de los peruanos en el sentido que ha aportado una cuota de unidad que se ha mantenido en el tiempo como política de Estado. Ninguno de los políticos implicados en la larga historia del proceso ha intentado beneficiarse en lo personal o en su imagen pública con el litigio y ello también genera cierta satisfacción. En general, existe la valoración de que, independientemente del resultado, las cosas se han hecho bien.

En esa línea, la fase oral del proceso fue positivamente apreciada por la sociedad, la que valoró la performance peruana y también pudo conocer los argumentos de la contraparte, todo en un escenario en el que los mandatarios de ambos países hablaban de integración. Por eso quiero insistir en la importancia de acatar el fallo porque peruanos y chilenos nos merecemos la integración y, quizá sin darnos cuentas, hemos estado sembrando las bases para ella.

7. ¿Cómo definiría el momento por el cual está pasando el presidente Humala? Por ejemplo, ¿Un momento inestable, controversial, malo?

Es un momento difícil, pero no es el fin del mundo ni mucho menos. Más allá de la baja en el precio de los metales preciosos, el Perú ha sabido mantener el mismo modelo económico durante ya casi un cuarto de siglo y lo que se requiere es recuperar la tranquilidad política y voltear la mirada hacia temas harto postergados y requeridos.

Queremos ver a nuestro presidente más propositivo, identificando y encarando las grandes urgencias nacionales, pero al mismo tiempo, apuntando hacia metas de largo plazo y cuestiones que no por inmateriales son menos importantes. En tal sentido, el desarrollo de la educación y la construcción de una ciudadanía formada en valores democráticos y en el respeto a la institucionalidad deberían convertirse en meta fundamental de todo gobierno en el Perú. Las repúblicas se hacen con ciudadanos, no sin ellos.

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LA HAYA: TODO FALLO SE AJUSTA A DERECHO

LA HAYA: TODO  FALLO SE  AJUSTA  A  DERECHO
Daniel Parodi Revoredo

La semana pasada, una nota publicada en El Mercurio de Chile cuestionó las iniciativas bilaterales que han tomado diferentes sectores de la política y la sociedad civil, con la finalidad de generar una atmósfera serena frente al venidero fallo de la CIJ y propiciar su acatamiento. Al contrario, para el matutino santiaguino un fallo ajustado a derecho solo puede favorecer la posición de su país, mientras que una sentencia distinta a sus intereses supondría una aberración jurídica.


Sus fallos siempre se ajustan a derecho

La nota de El Mercurio fue replicada, en Chile, por el internacionalista José Rodríguez Elizondo quien deslizó una tesis fundamental: “la ganancia real –del proceso de La Haya– está en el cambio, desde la desconfianza previa y coetánea a la presentación de la demanda, hasta el día de hoy, cuando ambos gobiernos firman el valor de su contigüidad geográfica y se integran a la Alianza del Pacífico”.

Debe comprenderse que aquí se están enfrentando dos cosmovisiones del mundo que colisionan, porque representan una lo viejo y la otra lo nuevo. La primera es el nacionalismo del siglo XIX, tan dado a fronteras inexpugnables, a gestas heroicas y a guerras fratricidas. La segunda tiene que ver con el fin del siglo XX y la crisis de los nacionalismos. Tiene que ver con la globalización económica, que es un escenario que Perú y Chile han sabido aprovechar. Y tiene que ver con el buen ambiente binacional, tal vez el mejor en nuestras largas relaciones, el cual se ha logrado gracias al encomiable esfuerzo de las partes.

Por todo ello, el impacto en la sociedad peruana de un improbable desacato chileno al fallo de La Haya sería devastador; supondría el triunfo del pasado, el regreso de sus fantasmas y, una vez más, el advenimiento de la desconfianza mutua. Esta opción implicaría sabotear el presente e ir en contra del futuro integracionista que le debemos a las nuevas generaciones.

Defensa y seguridad, migraciones, historia en común, integración comercial y energéticas, colaboración entre pueblos fronterizos son algunos de los aspectos de la relación bilateral que se potenciarán n veces, si los gobiernos de Perú y Chile comprenden que acatar la sentencia es la clave de muchas cosas objetivas y subjetivas. Es la diferencia entre el nacionalismo y la globalización, entre el pasado y el futuro, entre el recelo y la integración. Aquí no hay fallo malo, aquí solamente hay fallo; de acatarlo devendrá la integración de dos pueblos con la masa crítica, vocación e historia suficientes para caminar juntos hacia el siglo XXI.

Publicado hoy en Diario16

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Una república sin ciudadanos

Una república sin ciudadanos

Daniel Parodi Revoredo

Hace casi tres décadas, el destacado historiador Alberto Flores Galindo publicó el ensayo “república sin ciudadanos” en el que analizó los orígenes y evolución del discurso racista en la sociedad peruana. En sus páginas, el desaparecido y entrañable hombre de letras sostuvo que el racismo peruano es heredero del orden colonial que dividió la población en españoles e indios. Señaló además que la independencia consolidó a las élites blancas en el poder por lo que la naciente república optó por mantener a la mayoría indígena al margen de la participación política. De todo ello se desprende el título de su análisis pues la república que fundamos en 1821 inició su recorrido sin su protagonista principal: el ciudadano.


Siempre vigente, Tito Flores Galindo

Por razones distintas tanto que similares, en estas líneas voy a defender la tesis de que el Perú sigue siendo una república sin ciudadanos porque esto es lo que veo en el día a día de mi labor profesional que se desarrolla en las aulas universitarias. Yo siempre he rechazado las críticas dirigidas a estudiantes que no poseen una sólida formación conceptual, pero aquello no obsta que podamos realizar un diagnóstico de la situación.

Parecerá que cambio de tema pero no debe sorprendernos que Nadine Heredia lidere las encuestas presidenciales para el 2016 -en las que se supone que no puede postular- ni que Alberto Fujimori goce hasta el día de hoy de gran aceptación. Sorprendente sería lo contrario en un país que sigue produciendo caudillos que “patrimonializan” el Estado para encausar multitudinarias clientelas políticas. Por eso tampoco puede sorprendernos el recuerdo de cien mil personas, la noche del 5 de abril de 1992, vociferándole al hoy preso ex dictador que gobierne sin parlamento si, por lo general, un universitario de primer año, de cualquiera de las mejores universidades privadas de Lima, no logra definir algunos de los siguientes conceptos: república, democracia, ciudadanía, Estado, liberalismo político, constitución, división de poderes, gabinete etc.

Entendámonos con un sencillo ejemplo: en una república compuesta de ciudadanos es inaceptable que una autoridad nacional o local coloque su nombre en cada una de las obras que ejecuta la jurisdicción que él representa. Lo es porque en ese caso -que no es el nuestro- el ciudadano sabe que esa es la labor que le corresponde realizar a dicha autoridad y sabe además que no la realiza de su peculio sino de los impuestos que paga el mismo ciudadano o de otros ingresos tales como canon o regalías. Más bien, el ciudadano se pronuncia si y sólo sí la autoridad incumple la labor para la que fue elegida.

Refresquémonos con otro ejemplo simple: ¿ha visto Ud. como los peatones en nuestras ciudades retroceden aterrorizados ante el vehículo, incluso cuando hay colocados semáforos peatonales y la luz verde les está indicando que tienen el pase? En otras palabras, si en la calle no existe la mínima consideración por el otro o el vecino, es decir, el ciudadano, el igual en derechos y en deberes ¿cabe esperar que las multitudes tomen las calles para defender la democracia o que, al contrario, no las invadan para aclamar al caudillo cesarista que restableció alguna sensación de orden?

Volviendo a Flores Galindo, o a los historiadores, o a los imaginarios, o a los mitos urbanos, yo siempre escuché el estribillo de que las élites preferían no invertir en educación pues una población mejor instruida es más difícil de someter. Parece mentira pero con conciencia de ello o sin ella, este boyante y recientemente enriquecido Perú sigue siendo uno de los países con menor inversión y peor nivel educativo del planeta. La conclusión que se desprende es tautológica, un país cuyos nacionales no saben que es la democracia no está preparado para defenderla; un país así –como el nuestro- sigue siendo una república sin ciudadanos, como lo fue en el siglo XVIII y en 1821, como lo será hasta que queramos que así sea.

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