Archivo de la categoría: defensa de la autonomía PUCP

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FALLO EN FAVOR DE LA PUCP

FALLO EN FAVOR DE LA PUCP

Ojalá que esta sentencia marque el inicio de un punto de quiebre en la disputa con el Arzobispado. Ya es hora de que las aguas recuperen su nivel y de que la PUCP se afirme en su línea católica a través de una conducción laica, plural y tolerante.

5ª Sala Superior emite fallo a favor de nuestra Universidad

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La PUCP y la Iglesia siempre se llevaron bien, manteniendo cada quien sus fueros

Se rechaza pedido de la defensa del Arzobispado de cortar juicios sobre el testamento de Riva-Agüero, amparándose en la sentencia del TC de 2010.

El reciente fallo, emitido por la 5ª Sala de la Corte Superior de Lima, ratifica que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), emitida en marzo del 2010, no tiene validez para la interpretación del testamento de don José de la Riva-Agüero. Esta decisión es definitiva en el proceso del 16 juzgado Civil de Lima. El juicio sobre interpretación de testamentos seguirá su curso.

Como se recordará, en marzo del 2010, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia donde interpretaba arbitrariamente los testamentos de don José de la Riva-Agüero. La defensa del Arzobispado pretendía usar esa sentencia en el 16 juzgado Civil de Lima como cosa juzgada para evitar que continúe el legítimo juicio sobre la interpretación de los testamentos en el fuero civil.

El Poder Judicial ya le dio la razón a la PUCP anteriormente
Ya en abril del 2011, el 16 Juzgado Civil de Lima había denegado el pedido del Arzobispado para que el juicio sobre el testamento concluyera anticipadamente y suscribiera los argumentos del fallo del TC. El Arzobispado apeló esta decisión. En septiembre pasado, la Quinta Sala Civil de Lima rechazó la apelación. Es decir, es la segunda vez que se deniega el pedido del Arzobispado.

Publicado en .Edu en 20 de septiembre de 2012 » Leer más

Por la separación entre Iglesia y Estado

Por la separación entre Iglesia y Estado

Estimados lectores: convencido de que es necesario revisar la actual relación entre Iglesia y Estado en el Perú, cedo mi presente columna al constitucionalista Roberto Pereyra quien sostiene la inconstitucionalidad de los beneficios que el Estado peruano le otorga a la Santa Sede.

Daniel Parodi Revoredo.

El 19 de julio del 1980, la democracia peruana sufrió una emboscada. El saliente gobierno militar de entonces y la Santa Sede suscribieron un acuerdo internacional, impidiendo de este modo que los términos del mismo se debatieran democráticamente en el Congreso que se instalaría pocos días después. Así, se evitó que sus contenidos se discutan públicamente a la luz del derecho a la libertad de conciencia y la cláusula del Estado aconfesional y laico, reconocidos en la Constitución de 1979 y reiterados en la Carta de 1993.


Roberto Pereira

El acuerdo establece una serie de privilegios incompatibles con tales preceptos constitucionales y con el principio de igualdad que constituye una de las bases del Estado constitucional. Le impone al Estado colaboración con fines religiosos. Involucra al Presidente de la República – y por ende al Estado – en la creación de jurisdicciones eclesiásticas y en el nombramiento de autoridades religiosas por la Santa Sede en el Perú.

Si en el menor respeto por el dinero de los contribuyentes, el gobierno militar comprometió al Estado a la entrega de subvenciones mensuales a obispos, demás personal eclesiástico y civil al servicio de la Iglesia. El Estado también otorga pensiones a obispos, subvenciona curias, seminarios y becas para el Seminario Santo Toribio. Además, tales subvenciones se encuentran exentas del pago de tributos. En esa misma línea, la Iglesia, sus jurisdicciones y comunidades religiosas gozan de un régimen inusitado de exoneraciones y beneficios tributarios, que contrariamente a lo que sucede en otros ámbitos, no ha sido materia de cuestionamiento alguno por el Ministerio de Economía, tan preocupado por combatir estas distorsiones.

Por si esto no bastará para estar al margen de la Constitución, el acuerdo impone al Estado la existencia de un enclave religioso católico en la estructura de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Así, el Vicario Castrense goza de las prerrogativas de un General de Brigada y los capellanes las de un Capitán. A través de este sistema medieval, el Estado se compromete a brindar asistencia religiosa católica a los miembros de sus cuerpos de seguridad. Lo curioso es que estos funcionarios castrenses no son nombrados por el Estado como debería corresponder a su soberanía constitucionalmente garantizada, sino por la Santa Sede.

Estos no son los únicos funcionarios públicos sobre los que el Estado no ejerce su soberanía. Si un profesor civil del curso de religión católica de un colegio público no tiene la venia del obispo, entonces no podrá enseñar. Por el acuerdo de marras también se explica por qué la impartición del curso de religión católica es obligatoria en los colegios públicos, contraviniendo la prohibición constitucional de que el Estado promueva alguna fe religiosa.

Sería bueno de que en virtud de la transparencia y la verdad que tanto llenan los discursos del actual Arzobispo de Lima, se informara a la opinión pública sobre las ventajas concretas que se han derivado para el Estado como consecuencia de este acuerdo. También sobre el monto, el destino y los resultados de las subvenciones que pagamos todos los contribuyentes – católicos o no, creyentes o no – para que un grupo importante de sacerdotes católicos imponga su fe religiosa.

Todo esto sin perjuicio de la necesaria revisión de este acuerdo a la luz de la Constitución, sobre todo en la coyuntura actual en la que el Secretario de Estado Vaticano, manipulándolo, pretende expropiar a una persona jurídica de derecho privado interno –la PUCP- alegando una discrepancia religiosa que encubre ilegítimas pretensiones patrimoniales y de poder terrenal.

Roberto Pereira Chumbe
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LA PUCP NO ES DE LA IGLESIA

LA PUCP NO ES DE LA IGLESIA
Daniel Parodi Revoredo

En el litigio que le sigue a la PUCP, el arzobispado de Lima se ha posicionado en los frentes político e ideológico a través de hábiles psicosociales. Por ejemplo, se ha difundido la errónea idea de que la PUCP es propiedad de la Iglesia y que un piquete de comunistas recalcitrantes la ha tomado por asalto. De esta manera, gracias a una campaña de miedo y desinformación, se ha propiciado una cierta atmósfera de solidaridad con la Iglesia, la que habría sido víctima de un arbitrario despojo.

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que se separen por completo

Por suerte la realidad es absolutamente otra: en primer lugar, quienes hoy dirigen la PUCP no son marxistas ortodoxos salvo que por esto se entienda velar por el estado de derecho, la institucionalidad democrática y la vigencia de los derechos humanos. En segundo lugar, las actuales autoridades de la Universidad han sido elegidas democráticamente y de acuerdo con la ley universitaria. Con estas mismas reglas, hace dos décadas, la PUCP eligió gobiernos más conservadores e igual de respetables.

Por otro lado, es importante aclarar que LA PUCP NO LE PERTENECE A LA IGLESIA. Más bien, la Universidad se formó como una asociación civil conformada por laicos y religiosos que quisieron crear un centro de estudios superiores inspirado en valores católicos. A esta asociación (la Universidad) el Dr. José de la Riva Agüero le legó sus bienes por lo que se encuentra en litigio la modalidad de administración de dicha herencia, mas no su propiedad.

Al respecto, igual parece poco lo que le toca al Arzobispo. En su testamento de 1938, Riva Agüero indicó que si a 20 años de su muerte la PUCP hubiese dejado de existir, entonces una junta creada para tal fin debía administrar su herencia. Como en 1964 -dos décadas después de su deceso- la PUCP seguía existiendo le tocó heredar los bienes del mecenas cuyos títulos de propiedad, sin contratiempos, inscribió la Universidad en registros públicos.

Cierto es que este asunto dista de ser sencillo y que a mis argumentos la contraparte antepone otros, pero me pregunto si en la motivación del Cardenal Cipriani no se manifiesta el encono hacia los críticos de su olvidable performance en materia de derechos humanos, tanto como el interés por las ingentes rentas que plaza San Miguel y otros bienes le deparan a la Universidad más prestigiosa del Perú.

Pero lo hecho hecho está y hoy una comunidad de más de veinte mil personas, entre profesores y alumnos, vive contaminada por una agresión cuyo fin no parece cercano. Mientras tanto, a la usanza de los grandes canónigos decimonónicos, el Arzobispo de Lima sigue utilizando el púlpito con fines proselitistas contradiciendo así la antigua tradición occidental que fundara Nicolás Maquiavelo. Por ello he pensado, últimamente, que más que una universidad confesional lo que necesitamos es un Estado absolutamente laico.
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LO QUE DEFIENDO DE LA PUCP

LO QUE DEFIENDO DE LA PUCP
Daniel Parodi Revoredo

Cuando ingresé a la PUCP en 1986, las autoridades de la Universidad eran de tendencia conservadora y lo digo con el mayor de los respetos. Entonces el ingeniero Tola Pasquel era rector y Pedro Rodríguez –entrañable maestro- decano de Estudios Generales Letras. En la década de 1990, la PUCP alcanzó un alto consenso versus el golpe del 5 de abril de 1992 y lideró una importante campaña moral a favor de la reinstauración de la democracia y de denuncia de las violaciones de derechos individuales y humanos.

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Con Cipriani peligra el pensamiento crítico en la PUCP

Una consecuencia política de esos tiempos fue que la correlación de fuerzas al interior del claustro se invirtió y ganaron posiciones sectores políticamente liberales, provenientes de las letras y las ciencias sociales. El cambio comenzó desde la destacada gestión rectoral del filósofo Salomón Lerner, cuyas calidades profesionales y humanas lo llevaron luego a presidir la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, esfuerzo de paz que no encuentra aún un país con la madurez suficiente para comprenderlo.

El denominador común de ambos escenarios, el conservador y el liberal, es que la vida universitaria se desarrollaba en una atmósfera de respeto a las diferentes posiciones políticas y científicas, siempre bajo una orientación católica general. Las reglas de juego que permitían la alternancia entre ideas y personas se ceñían a las formas democráticas pues las altas autoridades universitarias se elegían, y se siguen eligiendo, vía la votación universal o de la Asamblea.

No quiero caer en estas líneas, en la ingenuidad de presentar la PUCP como una institución perfecta en la que no se cuecen habas. Claro que se cuecen, tanto como existen grupos rivales que pugnan entre sí por aumentar su influencia en el gobierno universitario. Pero el diálogo entre escuelas, cosmovisiones y áreas de conocimiento fecunda en la PUCP gracias a sus claras reglas de juego democráticas y es ese el principio que está en riesgo ante la agresión del arzobispo y, lastimosamente, también del Vaticano.

Ciertamente, los tribunales tendrán mucho que deliberar en los próximos años en torno al nombre y posesión de los bienes de la Universidad. Sin embargo, en estas líneas quiero dirigirme a quienes no pertenecen o no han pertenecido a la comunidad PUCP y creen que respaldar al arzobispado es una buena manera de oponerse ideológicamente a la izquierda en el Perú.

No es así. La PUCP es un escenario en donde las ideas y el conocimiento están en permanente cambio y trasformación por lo que no podemos predecir las coyunturas futuras, ni saber quien la conducirá de aquí a algunos años. Más bien, el actual desafío consiste en preservar una universidad que provee al país de profesionales de alta calidad, sin importar su línea política.

Nos guste o no su actual gobierno, la libre circulación de ideas está hoy segura en la PUCP, lo que no ocurrirá si pasa a manos de sectores ultramontanos, amigos del pensamiento único y vertical. No perderá la izquierda si gana Monseñor Cipriani este largo y penoso conflicto, será el país el que pierda la “gallina” de los profesionales críticos, capaces de reflexionar el entorno para transformarlo.

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DEFENSA DE LA AUTONOMÍA PUCP se pronuncia

Estimados amigos:

DEFENSA DE LA AUTONOMÍA PUCP está constituído por un conjunto amplio y abierto de docentes cuya posición frente a la situación del litigio entre la PUCP y el arzobispado se desarrolla en el pronunciamiento que adjunto. Para suscribir el pronunciamiento hay que escribir a defensadelaautonomiapucp@gmail.com. Esperamos que muchos más profesores y alumnos se sumen a esta iniciativa de defensa de nuestros estatutos y nuestra autonomía, y suscriban el pronunciamiento

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
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LA PUCP DEBE UNIRSE EN DEFENSA DE SU AUTONOMÍA
Saludamos la convocatoria del Rectorado a dialogar al interior de la comunidad universitaria sobre el pre-acuerdo con el Arzobispado de Lima, puesto que, si bien su aprobación compete a la Asamblea Universitaria, es fundamental que sus términos y posibles consecuencias sean comprendidos a fondo por todos los involucrados.

Asimismo, pensamos que es imprescindible contar con información clara y exacta sobre lasituación actual de los procesos judiciales para poder evaluar adecuadamente los pros y los contras del mencionado pre-acuerdo. Conviene recordar, en esta difícil coyuntura, que por ser una universidad en la que nos sentimos comprometidos en formar ciudadanos libres que contribuyan al progreso del país, tenemos la obligación moral que nos impone nuestra historia y tradición, de no ceder ante escenarios legales adversos.

Así como es necesario fortalecer el frente judicial, lo es también recordar que no será la primera vez que la PUCP tenga que hacer valer sus derechos en condiciones adversas. Si tenemos razón en loque reclamamos, habremos de luchar por ello. Sólo así podremos ser coherentes con la excelencia académica a la que aspiramos, y, sobre todo, con la formación en valores que promovemos.
Frente a la actual situación de la controversia con el Arzobispo de Lima por la modificación del estatuto incluida la administración de los bienes de la universidad, consideramos importante recordar y expresar lo siguiente:

1. En septiembre del año pasado la Asamblea Universitaria rechazó las pretensiones del Cardenal Cipriani de modificar los estatutos de la PUCP por considerar que vulneraban su autonomía. Entonces, se reafirmó el carácter católico de la PUCP, y se encargó al Rectorado propiciar espacios de diálogo con las autoridades eclesiásticas para buscar una solución integral al conflicto que respetara la autonomía universitaria. El rectorado llegó a un pre-acuerdo con el Arzobispado y lo expuso ante los diversos estamentos que componen la Asamblea Universitaria para obtener su eventual aprobación en el momento en que se lo ponga formalmente a votación.

La semana siguiente el Cardenal Cipriani desconoció el pre-acuerdo alcanzado con el Rector yafirmó públicamente que la discusión sobre la herencia de Riva Agüero debe ser tratada independientemente de las modificaciones al estatuto. Este impasse generó la postergaciónindefinida del diálogo. Además, suscitó razonables dudas sobre la transparencia de la otra parte en la negociación.

2. Consideramos que el pre-acuerdo entre el Cardenal Cipriani y el equipo rectoral propone algunospuntos que colisionan con la autonomía universitaria e implican una concesión inadmisible ante las pretensiones de un sector de la Iglesia. Estos puntos son:
a. Elección del Rector y Vicerrectores (punto 2.1. del pre-acuerdo): incorporar en el estatuto el derecho del Gran Canciller a pronunciarse sobre la catolicidad de los candidatos a Rector y Vicerrector y sobre su fidelidad al Magisterio de la Iglesia es concederle un derecho al “veto moral”, lo que generaría una indeseable autocensura. Podría colisionar incluso con el derecho constitucional de mantener en reserva ideologías y creencias religiosas. Esto es totalmente distinto al requisito que contempla el estatuto actual de identificarse con los principios de la PUCP.
Asimismo, al establecer entre las atribuciones del Gran Canciller la de “recibir la profesión de fe del Rector y de los Vicerrectores para empezar a ejercer sus cargos” se está aceptando un derecho de veto estrictamente jurídico.

b. La Comisión Económica Especial (punto 2.2. del pre-acuerdo): su conformación (2 miembros de la Iglesia y un representante del Rector) es absolutamente desproporcionada, y, en los hechos, niega, contra toda evidencia jurídica, que los bienes sean propiedad de la PUCP. Si bien esta Comisión autorizará operaciones financieras de mayor envergadura y por tanto poco frecuentes (p.ej., venta del Centro Cultural, CC San Miguel, Centrum), son precisamente esas operaciones las que determinan el éxito o fracaso financiero de la universidad. Esa decisión debe estar en manos de la PUCP. Pero más importante aun es el sentido de la cesión de derechos implicada en la creación de una instancia mayoritariamente externa a la propia universidad, que podría tomar decisiones vinculantes.

c. La autorización de la Iglesia para modificar el estatuto si se “modifica en alguna forma la relación Iglesia-Universidad” (punto 2.3. del pre-acuerdo): Todo, o casi todo en esta universidad, tiene que ver con la Iglesia, y aunque no fuera así, siempre habrá una forma de alegar lo contrario.Constituye pues un gravísimo riesgo de pérdida de autonomía: ¿quién decidirá si el cambio afecta o no la relación con la lglesia? Cualquier controversia al respecto nos sometería a un nuevo conflicto. Esta cláusula candado es un veto explícito e indeseable.

d. Concepto de educación (punto 2.6.6. del pre-acuerdo): la propuesta señala que la educación en la PUCP debe “integrar la dimensión académica y profesional con la formación en los principios morales y religiosos católicos y con el estudio de la doctrina social de la Iglesia, respetando la libertad de las consciencias”. De nuevo, ¿quién decidirá qué entender por principios morales y religiosos católicos?, ¿qué pasará cuando se debate o tan sólo se hable de algún tema sensible para la Iglesia en donde haya sentado ya su postura (aborto, eugenesia, planificación familiar,igualdad de género, etc.?), y por tanto quien tenga una opinión distinta se aleje del Magisterio actual de la Iglesia?

e. Obligación de la PUCP de tomar medidas legales y velar por el debido respeto a las autoridades eclesiásticas (punto 2.6.7. del pre-acuerdo). Esta cláusula contraviene el derecho de libre crítica que es esencial en una comunidad académica: una autoridad eclesiástica que no admite críticas ni comentarios se valdrá de esta cláusula. Las autoridades eclesiásticas tienen abogados que bien
podrían reclamar judicialmente contra cualquier comentario que considerasen inadecuado.

f. La ambigüedad de diversos términos empleados y lo abierto de muchas cláusulas del pre-acuerdo no garantizan una interpretación que resguarde nuestra autonomía, y, en caso de conflicto, es de esperarse que, aprobadas las modificatorias al estatuto que propone el pre-acuerdo, las autoridades eclesiásticas tendrían potestad para imponer su punto de vista.

g. El pre-acuerdo le otorga derechos a la Iglesia en la Universidad (punto 2.3.) que desconocemos y que no están expresamente sancionados en el estatuto de la PUCP.

3. Finalmente, lo que está en juego es la supervivencia, en el Perú, de una institución académica de calidad que ha sido por muchos años un centro de pensamiento crítico y pluralista, que ha contribuido a la formación de la élite intelectual y política del país y que ha prestado valiosos servicios a su desarrollo. En su defensa, suscribimos este pronunciamiento y convocamos a la comunidad universitaria a expresar su adhesión.

Abril de 2012

Para suscribirse, por favor enviar un mensaje a
defensadelaautonomiapucp@gmail.com

Giovanna Aguilar
Ciro Alegría
Mariana Alvarado
Luis Andrade
Carlos Eduardo Aramburú
Laura Balbuena
María Paz Ballén
Martín Beaumont
Marcial Blondet
Jorge Bossio
Juan Fernando Bossio
Juan Carlos Callirgos
Federico Camino Macedo
Gisela Canepa
José Canziani
Gerardo Castillo
Omar Cavero
Mariana Chu
Marta Cisneros
Omar Coronel
Norma Correa
Rodolfo Cortegana
Jesús Cosamalón Aguilar
Alonso Cueto
Gerardo Damonte
Oscar Dancourt
Levy Del Aguila
Francesca Denegri
Carmen Díaz Bazo
Silvia Espinal
Alan Fairlie Reinoso
Jacqueline Fowks
Susana Frisancho
Pedro Francke
Fabricio Franco
Leisy Freitas
Norma Fuller
Cecilia Garavito
Luis García-Zapatero
Juan Gargurevich
Romina Gatti
Miguel Giusti
Rocío Gómez
Estrella Guerra
Johanna Hamann
Kathia Hanza
Narda Henríquez
Isabel Hidalgo
Natalia Iguiñiz
Lorena Izaguirre
Lupe Jara
Félix Jiménez
Farid Kahatt
Víctor J. Krebs
María Isabel La Rosa
Javier La Rosa Calle
Alejandro León Cannock
Rogelio Llerena
Sinesio López
Erich Daniel Luna
Ignacio Macha
Omar Manky
Nelson Manrique
Betzabé Marciani Burgos
Cristina Mazzeo
Iván Meini
Diego Mendoza García
Sarah Moll
Mario Montalbetti
Yvan Montoya Vivanco
Fanny Muñoz
Isabel Murga
Héctor Omar Noejovich
Juan Luis Orrego
José Oscátegui
Daniel Parodi
Sergio Pavletich
María Angélica Pease
Roberto Pereira
Jorge Pérez Silva
Sonia Prager
Gonzalo Ramírez
Margarita Ramírez
Juan Reicer
Susana Reisz
Alvaro Rey de Castro
Cecilia Rivera
Guillermo Rochabrun
María Ana Rodríguez
Eduardo Romero Dianderas
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Abelardo Sánchez-León
Adriana Scaletti
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María Eugenia Ulfe
Marcel Valcarcel
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Héctor Velásquez
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Eduardo Villanueva Mansilla
Valeria Villarán
Virginia Zavala

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