La publicación de “El expediente Prado” concluyó con una denuncia a su autor, el congresista Víctor Andrés García Belaunde, para quien se ha solicitado una sanción de la Comisión de Ética del Congreso por supuestamente ofender la memoria de un prócer de la patria. La acusación es absurda. De proceder, todos los que escribimos sobre el pasado tendríamos que andar en puntillas para evitar “pisar algún huevo” y acabar demandados por agraviar el legado de Julio César, Nerón o La Perricholi.

Es claro que García Belaunde no es historiador. En su investigación prevalece la disquisición jurídica sobre la reflexión histórica: el autor de “El expediente Prado” es un “fiscal” que acusa a Mariano Ignacio Prado de traición a la patria. Este, a su vez, cuenta con varios “abogados defensores” como Víctor Izquierdo Prado y Antonio Garatea. Pero la historia hace cien años superó este modelo de análisis. Hoy los historiadores buscamos comprender el pasado en su contexto. De allí que nos interese la sociedad, la mujer, la vida cotidiana y muchas otras manifestaciones del ayer.

Lo dicho no le quita rigor a la investigación de García Belaunde, la que sustenta con información inédita. “El expediente Prado” demuestra que el ex presidente fue un político astuto que aprovechó el ejercicio de la función pública para tejer una red de influencias y amasar fortuna, no siempre lícitamente. Por ejemplo, ya como presidente, en el período 1865-1868, Prado se ve comprometido en la compra de dos barcos de guerra (Atahualpa y Manco Cápac) a un precio que triplicaba su valor real.

Este hecho, y otros parecidos, lo habrían provisto de un importante capital que invierte en Chile, país con cuyas élites traba amistad durante la Guerra contra España (1864-1866). En el vecino país, Prado adquiere minas de carbón y una hacienda; además funda un banco. García Belaunde es muy crítico de estas inversiones pero entonces la Guerra del Pacífico no se había producido y existía gran familiaridad entre las elites del Perú y Chile.

El controversial “viaje de Prado”, quien de manera inaudita abandona el país en plena Guerra del 79, es neurálgico en la investigación de Vitocho. De sus páginas podemos extraer tres conclusiones: una implícita es que Prado no se embolsicó el dinero de la colecta nacional para comprar armas, acusación muy difundida en el imaginario nacional. Otra explícita, y no completamente demostrada, es que Prado abandona el Perú porque la guerra perjudicaba sus inversiones en Chile. Una última, y perfectamente demostrada, es que durante la guerra Prado siguió administrando sus negocios en Chile, cuyas ganancias se incrementaron debido a la derrota del Perú.

García Belaunde ha respondido la denuncia de los descendientes de Prado solicitando al Congreso derogar el título de “prócer de la patria” que le fuera conferido a Mariano Ignacio durante el primer gobierno de su hijo Manuel (1939-1945). Estoy de acuerdo con el congresista. No voy a llamar traidor a la patria al general Prado, pues no voy a oficiar de juez del pasado. Sin embargo, su trayectoria es lo suficientemente controversial como para no colocarlo al nivel de nombres de la talla de Cáceres, Bolognesi y Grau.

Un héroe tiene un lado mágico y otro humano, pero debe ser genuinamente adoptado por su colectividad. Este no es el caso de Mariano Ignacio Prado, téngase presente.

Publicado el lunes 17 en Diario El Comercio

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