Si algo me molesta de nuestra camada congresal más que la corrupción, el peculado, el tráfico de influencias y los vínculos con el narcotráfico -que compiten arduamente con folklóricos desmadres tipo “come pollo” y “roba luz”- es que, encima, les falte calle o lectura del país, que para efectos prácticos viene a ser lo mismo. Es que de otra manera no me explico cómo creen que prohibiendo la reelección inmediata de presidentes regionales y alcaldes van a elevar la calidad de nuestra política.

Pareciese, pues, que la representación parlamentaria no supiese que hasta la pareja presidencial intentó saltarse la norma postulando a la Primera Dama y que las autoridades de nuestras 25 regiones y cientos de provincias hallarán más temprano que tarde la manera de burlar un obstáculo que, por ridículo, no merece mayores adjetivos. ¿O acaso no han pensado los “Padres de la Patria” que nuestras autoridades regionales provienen, en el mejor de los casos, de la economía informal y que poco les costará candidatear a un paniaguado con una campaña millonaria y grandes posibilidades de salir victorioso? Pero pensemos positivamente; digamos que no gana el paniaguado sino el contrario ¿hay algo en la nueva ley que nos invite a pensar que la flamante autoridad será mejor que la anterior y que no intentará mantenerse en el poder también a través de un paniaguado?

Hace poco más de un año, en un sugerente artículo, Steve Levitsky habló de los “límites del diseño institucional” y analizó cómo algunas leyes bien intencionadas tienden, en el Perú, a transformarse en todo lo contrario. El destacado polítologo puso como ejemplo la votación calificada que el Congreso requiere para elegir a los miembros del TC, impuesta para garantizar que los candidatos respondan a una trayectoria intachable pero que, al contrario, propició la grosera repartija que todos recordamos.

El punto es sencillo y complejo a la vez: el Perú necesita políticos, partidos políticos, clase política profesional. Mientras no los tenga, ningún impedimento a la reelección de autoridades los hará brotar de la tierra cuales flores primaverales. A lo sumo, la ley recién aprobada puede hacernos pasar de una continuidad en la corrupción a un tobogán de la corrupción y el cambio, en todo caso, no cambiará nada.

Dos propuestas para concluir. La primera: 25 universidades de calidad, una por región (si pensamos hacer un tren de 10.000 millones $ no estaría demás gastar otros 10.000 en formar una casta profesional capacitada). La segunda: fortalecer los partidos políticos, financiarlos más mientras más cumplan con requisitos básicos de institucionalidad y democratización interna. Este es el camino para una buena política en el país porque la ley recientemente aprobada sólo demuestra lo mal que estamos.