En 1995, Alberto Fujimori resultó reelecto Presidente del Perú en primera vuelta con más del 50% de los votos. La elección, en el nivel presidencial, fue indiscutible pero quienes engrosábamos las filas de la oposición teníamos claro que el régimen que acababa de reelegirse no era democrático. No lo era porque su “legalidad” provenía del autogolpe del 5 de abril de 1992 que le permitió cerrar el Congreso, convocar uno nuevo, aprobar una Constitución a su medida en 1993 y, en el trayecto, controlar desde el SIN a todos los poderes del Estado.   

A estas políticas se le sumaron otras como el copamiento de los entes electorales, el cierre de canal 2, la persecución judicial a Ricardo Belmont, que concluyó con el cierre de RBC, el control de la línea editorial de casi todos los medios de prensa restantes, las campañas de demolición a los candidatos opositores y la ley que le restó 70% de sus rentas a los municipios para frenar eventuales candidatos como el señalado Belmont y el recordado Alberto Andrade Carmona.

Sin independencia de poderes, con los poderes judicial y electoral copados, con la prensa clausurada o sobornada y con la oposición política arrinconada, al fujimontesinismo le fue sencillo ganarse un gran respaldo popular. Lo logró a través de políticas públicas de asistencia directa a las poblaciones más vulnerables, tales como comedores populares (que también le arrebató a los municipios), la masiva construcción de colegios, la repartición de títulos de propiedad y la construcción de obras de infraestructura, siendo el gobierno central el único ente en el país con la capacidad política y económica de implementarlas. A lo dicho deben sumársele su acertada política económica y la percepción, discutida, de que fue Fujimori quien derrotó al terrorismo, tras la captura de Abimael Guzmán, el 12 de septiembre de 1992. Por ello, su inobjetable triunfo electoral de abril de 1995 no significó, para muchos, la expresión de un régimen democrático, a pesar de parecerlo.

Por todo eso no entiendo a la izquierda que combatió conmigo al fujimorismo en las calles, no la entiendo en su respaldo al chavismo, en su apoyo a Nicolás Maduro, no la entiendo cuando dice que el autoritarismo venezolano es democrático porque ganó “cuchumil” elecciones. ¿No es acaso lo mismo que el fujimorismo? ¿No convenimos cuando recién se advino Hugo Chávez al poder que este era un aplicado alumno de Vladimiro Montesinos? ¿Cuándo cambiamos de parecer? ¿Cuando se alió con Cuba? En suma, no la entiendo cuando, para defender al chavismo, adopta el mismo razonamiento del régimen que tanto combatió en la década de 1990.

Del chavismo poco más que decir, nueva Constitución en 1999, a la medida de Chávez, referéndum constitucional en 2009 para aprobar la reelección indefinida, a pesar de que se realizó uno en 2007 que lo desaprobó. Más obstáculos a la realización de consultas populares convocadas por la oposición, cuando el también copado Consejo Nacional Electoral promovió que los firmantes en favor de dichas consultas retirasen su firma, de lo que se ocupó el gobierno amenazando a los funcionarios públicos con el despido si no la retiraban. Reforma del Tribunal Supremo aumentando el número de jueces de 20 a 32 para poder coparlo y controlarlo, control absoluto del poder legislativo al que, mediante reforma constitucional, se le atribuye la potestad de nombrar y destituir jueces con mayoría simple; el cierre de RCTV en 2007, para no hablar de los paramilitares, hoy supuestamente fuera de control, y, en fin, de los hechos recientes que están en boca de todos.

Algunos me cuestionaron cuando hace una semana le pedí a la izquierda peruana que se definiese frente al chavismo. Hoy lo han hecho, en favor del chavismo, el PCP y el FAI, y en defensa de las libertades civiles FS y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Por lo visto, el momento de las definiciones recién comienza para la izquierda. Todo indica que nos quedaremos con una fracción en el sistema y con otra fuera de él.

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