LOS BONOS DE VELASCO II
Muchos de los despojados por Velasco a su vez despojaron abusivamente a campesinos desprotegidos
La Reforma Agraria de Velasco es un tema que pegó fuerte en mi generación, porque somos los hijos de los implicados, por supuesto que es aún más sensible en las generaciones que nos anteceden, aunque he notado, en clase, que lo es menos para los jóvenes contemporáneos. De hecho nunca olvidaré un debate que tuve en una sesión de UPC hace cuatro o cinco años, en la que dos alumnos contaron sus historias de lo más tranquilos, uno de su abuelo perjudicado y el otro de sus abuelos beneficiarios de la expropiación. Esta es una maravilla del Perú de hoy y en la que Velasco ciertamente tiene que ver: un nieto de campesinos estudia en una universidad privada de prestigio y comparte su testimonio con sus compañeros. De más está decir que los relatos se expusieron en una atmósfera de absoluto respeto, eran dos jóvenes hablando de sus abuelos, tan sencillo como eso.
Mi reciente nota sobre los Bonos de Velasco ha generado gran polémica en mis redes, una polémica, debo señalarlo, de mucha calidad y en la que los debatientes han defendido con pasión sus posiciones sin ofender al otro. Es como un retazo del Perú político que no existe sino en algunos rincones de la realidad virtual. Tratando de realizar el difícil ejercicio de sintetizar todo lo que se ha dicho y al mismo tiempo mantener mi posición es que aquí planteo la “tesis del columpio”.
Por “tesis del columpio” refiero dos procesos consecutivos del Perú Republicano que apuntan a direcciones opuestas. Uno, la concentración de tierras en manos de los terratenientes que se genera desde la Independencia y se prolonga hasta la década de 1910; dos, la paulatina pérdida de propiedades de los susodichos terratenientes desde las políticas anti-gamonalistas de Leguía (1919-1930) hasta su despojo definitivo (1969-1979, durante esos 10 años se expropiaron fundos).
Del primero de los dos periodos a pocos les gusta hablar, menos a los afectados por la Reforma Agraria. Con honrosas excepciones, como las de Don Hernán Villacorta, quien con firmeza me escribió que su familia poseía sus tierras en Chota desde el siglo XVII y expresó su orgullo de propietario que hasta hoy conserva la heredad familiar (entrañable personaje, de estos que suele regalarnos el Perú para beneplácito de los historiadores), muchos latifundios se formaron en un periodo que abarca desde los draconianos decretos anti-españoles de Monteagudo, que supusieron la partida masiva de los peninsulares en los tiempos de San Martín -pasando por los decretos bolivarianos de 1826 que desprotegen la propiedad comunal- hasta las muy discutidas abolición de la esclavitud y ley de consolidación de la deuda externa (década de 1850). Estas últimas medidas se pusieron en marcha en medio de denuncias de fraude masivo contra el Estado en el que se transfirió al sector privado una suma mucho mayor que la que se le debía por la tenencia de bonos de la Independencia y la manumisión de los afrodescendientes.
En todo caso, la capitalización de un sector socioeconómico y la ausencia (por incapacidad o complicidad) del Estado en las zonas rurales explican el proceso de concentración de la propiedad rural en pocas manos, tanto como la radicalización de formas de servidumbre en contra del indígena heredadas del periodo colonial. Este proceso se frenó en 1920 cuando Leguía entiende que el Estado está para ejercer su autoridad en todo el territorio y no solo fuera de las haciendas por lo que promulga una constitución que finalmente reconoce la propiedad comunal, así el latifundio serrano no pudo avanzar más.
Pero es un factor más bien sociodemográfico el que cambia la tendencia; desde la década de 1920 los nacimientos son más que los decesos y los niños rurales acceden a programas de vacunación que reducen drásticamente la mortalidad infantil, que en los Andes fungía de barrera demográfica. Entonces el campo se llena de gente y los campesinos que se quedan sin tierra o invaden latifundios o migran a las ciudades. Claro que aquí tenemos que analizar muy bien la palabra invasión; porque en muchos casos los pobladores rurales en realidad comenzaron a recuperar tierras que les fueron arrebatadas durante el proceso de concentración de la propiedad. Algunos, durante las oleadas de invasiones en el primer gobierno de Belaúnde, incluso mostraron sus títulos comunales coloniales, que durmieron por siglos el sueño de los justos.
De esta manera, para el caso de la sierra rural, Velasco liquidó el orden de los gamonales, un orden que, en realidad, había caducado al menos un par de décadas antes. Luego está el debate sobre los hacendados costeños, modernos, agroexportadores, productivos aunque abusivos muchas veces también. Al general piurano le sugirieron no expropiarlos pero, a contracorriente, Velasco comenzó la Reforma Agraria con ellos pues quería liquidar a la oligarquía como clase. Para él, dejar incólume la costa agroexportadora hubiese supuesto su futuro retorno.
Volviendo al debate en mis redes, un aspecto insoslayable es el legal. Por defecto profesional, yo no puedo dejar de mirar históricamente el proceso y encuentro mucha injusticia en darles entre el 5 y el 10% de nuestras reservas a unos señores que de pronto no lo merecen, o no en todos los casos. Pero deudas, como se me ha recordado, deudas son e hizo bien aquel que observó que contradigo mi discurso usualmente institucionalista al sugerir que el Estado no honre las suyas. Con esto el panorama está completo.
Mi conclusión, o sugerencia final, como quieran: que el Estado apruebe, financie y fiscalice la ejecución de proyectos de desarrollo presentados por los tenedores de bonos de la reforma agraria y que les pague de esta manera pero de ninguna otra más. Así habremos ganado todos.
Puede pagarse los bonos asociandolos con proyectos de desarrollo
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