Estimados lectores: convencido de que es necesario revisar la actual relación entre Iglesia y Estado en el Perú, cedo mi presente columna al constitucionalista Roberto Pereyra quien sostiene la inconstitucionalidad de los beneficios que el Estado peruano le otorga a la Santa Sede.
El 19 de julio del 1980, la democracia peruana sufrió una emboscada. El saliente gobierno militar de entonces y la Santa Sede suscribieron un acuerdo internacional, impidiendo de este modo que los términos del mismo se debatieran democráticamente en el Congreso que se instalaría pocos días después. Así, se evitó que sus contenidos se discutan públicamente a la luz del derecho a la libertad de conciencia y la cláusula del Estado aconfesional y laico, reconocidos en la Constitución de 1979 y reiterados en la Carta de 1993.
Roberto Pereira
El acuerdo establece una serie de privilegios incompatibles con tales preceptos constitucionales y con el principio de igualdad que constituye una de las bases del Estado constitucional. Le impone al Estado colaboración con fines religiosos. Involucra al Presidente de la República – y por ende al Estado – en la creación de jurisdicciones eclesiásticas y en el nombramiento de autoridades religiosas por la Santa Sede en el Perú.
Si en el menor respeto por el dinero de los contribuyentes, el gobierno militar comprometió al Estado a la entrega de subvenciones mensuales a obispos, demás personal eclesiástico y civil al servicio de la Iglesia. El Estado también otorga pensiones a obispos, subvenciona curias, seminarios y becas para el Seminario Santo Toribio. Además, tales subvenciones se encuentran exentas del pago de tributos. En esa misma línea, la Iglesia, sus jurisdicciones y comunidades religiosas gozan de un régimen inusitado de exoneraciones y beneficios tributarios, que contrariamente a lo que sucede en otros ámbitos, no ha sido materia de cuestionamiento alguno por el Ministerio de Economía, tan preocupado por combatir estas distorsiones.
Por si esto no bastará para estar al margen de la Constitución, el acuerdo impone al Estado la existencia de un enclave religioso católico en la estructura de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Así, el Vicario Castrense goza de las prerrogativas de un General de Brigada y los capellanes las de un Capitán. A través de este sistema medieval, el Estado se compromete a brindar asistencia religiosa católica a los miembros de sus cuerpos de seguridad. Lo curioso es que estos funcionarios castrenses no son nombrados por el Estado como debería corresponder a su soberanía constitucionalmente garantizada, sino por la Santa Sede.
Estos no son los únicos funcionarios públicos sobre los que el Estado no ejerce su soberanía. Si un profesor civil del curso de religión católica de un colegio público no tiene la venia del obispo, entonces no podrá enseñar. Por el acuerdo de marras también se explica por qué la impartición del curso de religión católica es obligatoria en los colegios públicos, contraviniendo la prohibición constitucional de que el Estado promueva alguna fe religiosa.
Sería bueno de que en virtud de la transparencia y la verdad que tanto llenan los discursos del actual Arzobispo de Lima, se informara a la opinión pública sobre las ventajas concretas que se han derivado para el Estado como consecuencia de este acuerdo. También sobre el monto, el destino y los resultados de las subvenciones que pagamos todos los contribuyentes – católicos o no, creyentes o no – para que un grupo importante de sacerdotes católicos imponga su fe religiosa.
Todo esto sin perjuicio de la necesaria revisión de este acuerdo a la luz de la Constitución, sobre todo en la coyuntura actual en la que el Secretario de Estado Vaticano, manipulándolo, pretende expropiar a una persona jurídica de derecho privado interno –la PUCP- alegando una discrepancia religiosa que encubre ilegítimas pretensiones patrimoniales y de poder terrenal.
Roberto Pereira Chumbe
11 septiembre, 2012 at 7:28 pm
Gentita de la PUCP no se preocupen que la calidad y experiencia de sus profesores les garantiza la primacia como mejor universidad del Peru.
Cambien de nombre, y separense de la Iglesia para evitarse discrepancias religiosas, cuestionamientos y expropiaciones.
Parece que no se dan cuenta que el nombre actual los hace vulnerables. Contradictoriamente es el nombre que ustedes defienden y consideran una fortaleza.
19 septiembre, 2012 at 9:25 am
En lugar de ser mezquinos y buscar "separar" deben rescatar lo bueno que si tiene la iglesia e "integrar" a la nación. No hay duda que los más beneficiados con esa separación son los que manipulan a las masas. A los incultos les gusta ser gobernados y no preocuparse de la vida, solo vivirla, a los cultos nos preocupa la libertad y la responsabilidad que esta implica. Ojalá pronto aparezca más gente que en lugar de ver a su projimo como "el otro" lo vea como "su hermano". Este es el momento histórico del Perú para crecer, si no lo aprovecha se perderá mucho. No dividan a la gente, intégrense y únanse, busquen la conciliación!!! el trabajo conjunto!!! no la desunión ni la imposición de poderes. ¿Hasta cuando?
19 septiembre, 2012 at 12:23 pm
El bien ganado prestigio de la PUCP se debe a meritos propios.
No necesitan a la Iglesia Catolica, sino muy por el contrario, el buen nombre de la PUCP se ve comprometido por los desaciertos del Cardenal.
LM.
19 septiembre, 2012 at 1:51 pm
La Iglesia y la PUCP
Por: José Agustín de la Puente Candamo
Historiador
Ante el enfrentamiento entre las autoridades de la Universidad Católica y la Iglesia, y considerando que mi vida ha estado siempre ligada a esa casa de estudios, me veo en la obligación de no ocultar mi pensamiento. ¿Por qué la Iglesia participa en la vida y en las decisiones de esta universidad? Esta fue fundada por el padre Dintilhac con el fin de formar cristianamente a la juventud.
El arzobispo de Lima reconoció a la nueva institución y le concedió todo su apoyo. Recuerdo muy bien cómo, un domingo de setiembre de cada año, se realizaba en todas las Iglesias del Perú –no solo en Lima- una colecta entre los fieles para el sostenimiento de dicha universidad.
Puedo citar muchos otros hechos como este, que confirman cómo la Universidad Católica era y aparecía institucionalmente como parte de la Iglesia. No se entiende la historia ni la identidad de esta universidad sin la presencia fundacional y permanente de la Iglesia. Esta, pues, no puede violar la autonomía de esta universidad, porque no es una entidad ajena.
Nunca la Iglesia pretendió que esta universidad fuera un convento; sin embargo, tampoco es una institución laica. Tiene una confesión intelectual, que anuncia con su propio nombre. El título de "católica" no es un adorno del vocabulario, sino un compromiso intelectual y moral.
Lamento que hay miembros de la comunidad universitaria que estén planteando una ruptura con la Iglesia, lo cual generaría una institución distinta de la que se fundó en 1917. Esto implicaría desconocer una historia muy limpia de servicio a la Iglesia y al Perú, y en la cual participaron hombres de diversas generaciones y tendencias intelectuales, pero que reconocían el magisterio de la Iglesia. Una universidad católica no pretende imponer su pensamiento, sino proponerlo a los estudiantes.
Recuerdo que en 1942, a los 25 años de su fundación, el padre Dintilhac, en un acto solemne en el Teatro Municipal, con asistencia del presidente de la República, escuchó con gran emoción la lectura del documento papal por el cual Pío XII le concedía a nuestra universidad el título de "pontificia". ¿Qué significa este título? Al igual que el de "católica", tampoco es un adorno. Entraña obligaciones y derechos.
El hecho de ser "pontificia" y "católica" no limita a nuestra universidad en su calidad académica, y más bien le concede un espíritu de amplitud y de tolerancia, sin olvidar su raíz fundamental y su origen e historia como institución. Es más, hay universidades pontificias y católicas en América Latina que están mejor situadas que la nuestra en los registros internacionales, y que son fieles a la Santa Sede.
Con la única autoridad que me conceden mis 90 años de vida y mis 65 de docencia, no puedo callar, y por tanto debo manifestar que estoy asombrado y profundamente apenado por la actitud de rebeldía de las autoridades de la universidad al no aceptar las disposiciones de la Santa Sede; más que aún cuando estas no revelan una sorpresa, sino que son consecuencias de un planteamiento que Roma ha formulado desde la década de 1990: el acatamiento a la Constitución Apostólica "Ex Corde Ecclesiae", que obliga a nuestra institución. Siempre he visto con la mayor complacencia el liderazgo de la Universidad Católica en la vida peruana. No destruyamos, por apasionamientos del momento, una trayectoria ejemplar y una fama bien ganada.
Miremos la "larga duración" y la posición rectora de esta universidad en la vida del país. Debemos dar un ejemplo de conducta y de coherencia. Yo sigo siendo parte activa de la universidad; sigo dando mis clases; el contacto con los jóvenes siempre me anima. Invoco al rector, a las autoridades y a los miembros de la Asamblea Universitaria –en cuyas manos están las decisiones- a reflexionar seriamente sobre la responsabilidad que enfrentan, ante la Iglesia y ante el país.
19 septiembre, 2012 at 7:41 pm
Creo que sería bueno aclarar a los lectores que ahora el problema no radica exactamente en un conflicto por el nombre de la institución (El cual, a pesar de los derechos de la iglesia sobre el título "Pontificia" y "Católica", la universidad, como institución privada Peruana, pude seguir utilizandolo el nombre) sino en los derechos y la influencia administrativa que ha de tener la iglesia dentro de la universidad después del úlimo fallo del tribunal constitucional y las consecuencias que podría traer para la univerisdad. De todas formas, el prestigio ganado por la universidad se debe a su propia historia, no a su nombre y ningún cambio evitará que este perdure.
19 septiembre, 2012 at 10:41 pm
En este absurdo e incrible pleito entre el Cardenal Cipriani para que la PUCP termine siendo una Univeridade del Opus Dei, y la PUCP que quiere conservar su autonomia, tal como lo han expresado los jesuitas en su carta, el principal riesgo que se corre, es que la PUCP.se pierda para la Iglesia Catolica.Ultima provocacion insultante del Cardenal contra la PUCP es: "el ladron cree que todos son de su condicion". Insulto a la administracion economica de la PUCP, y ademas es insulto intemporal, no se sabe desde cuando lo aplica el.Mientras, las finanzas del Arzobispado de Lima son secretisimas, y la Revista "CARETAS", ha descubierto en la SUNARP que el Arzobisppado es dueño de inhumanos tugurios,donde en 40 años no ha aperecido un solo sacerdote!