Yo comprendo al Presidente Ollanta Humala respecto de la prisión de su hermano. Primero por el vínculo fraterno que los une, y segundo porque el proyecto etnocacerista lo emprendieron juntos y el “Andahuaylaso” fue parte de él. Sin embargo, dicha insurrección fue también el ataque de un comando de hombres armados a una dependencia policial, es decir, al Estado. Además, para este caso no existe el atenuante de la insurgencia contra una dictadura. No, en enero de 2005 gobernaba el Perú Alejandro Toledo, mandatario de incuestionable vocación democrática.

Es por ello que el actual Presidente de la República debe evaluar el daño que le hace a la lucha contra la corrupción, la abierta campaña desplegada en favor de la liberación de Antauro. Por ella se han pronunciado –directa o indirectamente- el segundo Vice-Presidente, el Ministro de Defensa y hasta un juez de la Corte Suprema. Ollanta debe valorar también el “doble filo” del argumento de Daniel Mora sobre la “no empuñadura de las armas”, porque tampoco las empuñaron Alberto Fujimori, Abimael Guzmán, varios capos del narcotráfico y cantidad de prontuariados tras las rejas.

No discuto la particularidad de cada uno de los casos mencionados y me resultan comprensibles las razones que han esgrimido los etnocaceristas. Pero aceptada una excepción, aceptadas todas. De este modo podríamos justificar los crímenes de Fujimori porque “acabó con el terrorismo”, los de Guzmán porque propugnaba la “democracia popular” y así sucesivamente.

Permítaseme ser coloquial. Hace algunos años fui testigo de la mala maniobra al volante de un menor, por la cual fue intervenido por una unidad motorizada. La discusión que se suscitó entre el joven sin brevete y el agente policial llamó poderosamente mi atención. Aquel argumentaba que su padre era militar y éste le solicitaba un carnet que lo demostrase. El adolescente no portaba dicha credencial porque en realidad su papá no era militar, pero el agente dio su brazo a torcer por temor a que realmente lo fuera. El consejo final del agente al muchacho cerró con broche de oro la patética escena: “si tu papá es militar, lleva siempre tu carnet contigo”. De más está decir que las reglas de tránsito, y la cuestión de la responsabilidad frente a la propia vida y a la ajena, en ningún momento tuvieron algo que hacer en la discusión. Demasiada filosofía.

El anterior ejemplo refiere la existencia en el Perú de personas situadas por encima del orden jurídico gracias a su estatus político, económico o militar. Por ello es fundamental que el Presidente y su entorno comprendan que la inclusión que pregonan pasa por garantizar la igualdad ante la ley. Si las actuales autoridades políticas favorecen desde su posición de poder a personas particulares, habremos dado tempranamente en el traste con las luchas contra la corrupción y por la inclusión que el gobierno se ha propuesto.

Es esencial comprender que el logro de ambas metas requiere de una base de principios éticos y valores ciudadanos que en el Perú siempre han dormido el sueño de los justos. No es posible pregonar la inclusión social, ni la política, si como punto de partida no somos iguales ante la ley. El Presidente todavía tiene la palabra, pero para transformar el país debe situarse sobre un pedestal de autoridad moral desde el cual se difumine el estado de derecho, sin excepciones para nadie. Las distancias que en sus últimas declaraciones ha manifestado respecto del accionar y la ideología de su hermano son un paso positivo, que siga así.