Esta nota es compleja porque trata asuntos nebulosos de la democracia latinoamericana cuya institucionalidad se yergue aún sobre una superficie frágil e inestable. Pero creo que es momento de decir algunas cosas para que a tirios y troyanos les quede clara mi posición, la que tan difícil se le hace a quienes ven la política como una guerra entre barras bravas.

El Congreso debe ser equitativo

En primer lugar, creo que la gestión de todo funcionario es susceptible de investigarse en los fueros pertinentes, pues lo público nos compete a todos y la sociedad tiene derecho a exigir rendición de cuentas. Es más, los más altos funcionarios del Estado deberían rendirlas de oficio al culminar su gestión, como se hacía en los tiempos coloniales con los recordados juicios de residencia.

En segundo lugar, a mí me gusta que el juicio anteceda la sentencia, no al revés, y aunque prejuzgar a las personas es un hábito de la prensa a nivel mundial, yo no voy a cruzar esa línea. A mí reiteradamente se me ha instado a condenar a miembros de mi partido –el APRA- por las investigaciones que se les siguen. Al respecto yo creo que éstas deben seguir su curso hasta el final, pero por lo mismo no voy a levantar ningún dedo acusador mientras no concluyan, como tampoco lo he hecho con políticos de otras agrupaciones.

Sin embargo, un problema que atraviesa los dos puntos que acabo de desarrollar es que las instituciones que promueven o ejecutan dichas investigaciones no gozan de una prístina credibilidad, pues se presume que actúan con finalidades distintas a la investigación misma, como pueden serlo el beneficio de uno u otro sector de la política. Por ello la comparación del tratamiento recibido por los ex -presidentes Alan García y Alejandro Toledo se cae de madura.

A mí me llamó poderosamente la atención la virulenta reacción de ciertos voceros de la prensa local cuando el primero de ambos adquirió un inmueble en Chacarilla (a pesar de que rindió cuentas de motu propio) y que no haya sucedido lo mismo con la compra de otro predio de mayor valor vinculado al segundo, aunque la transacción la efectuase su suegra. Por la misma razón, me extraña que la mega-comisión que investiga al gobierno anterior en el Congreso decida acusar constitucionalmente a Alan García y que la comisión de fiscalización del mismo poder del Estado exima a Alejandro Toledo de toda indagación, la que, por principios, él mismo debería promover.

Que no se me malentienda y que se recuerde mis premisas: yo aquí no acuso a nadie. Pero si queremos un país cuyas instituciones democráticas sean legítimas –máxima que defiendo por encima de cualquier otra consideración- la población debe creer en ellas y para lograrlo se tiene que tratar a todos por igual.

No soy iluso en mis afirmaciones: lo que ocurre hoy ha ocurrido antes y mi partido presenta los mismos problemas que aquejan al conjunto de la política peruana. Pero valga esta nota para deslindar mi posición de otras que sentencian anticipadamente cuando las investigaciones se encuentran en fases incipientes. Otra política es posible en el país y es hacia ella adonde debemos apuntar.