Según ha publicado recientemente un medio local, las inversiones entre el Perú y Chile superarán los 24.000 millones de dólares el presente año, de ellos 14 son inversiones del vecino y 10 nuestras, con lo que la balanza comercial entre ambos países es cada día más pareja y la interdependencia económica una realidad que debemos impulsar.

Por ello, a dos meses de conocerse el fallo de La Haya es pertinente señalar que, si por una parte la anuencia del canciller chileno Alfredo Moreno a acatar la sentencia es bienvenida, por la otra preocupan las reiteradas declaraciones del presidente Piñera, quien insiste en defender hasta el último centímetro su soberanía de acuerdo con los “tratados internacionales”. Por “tratados internacionales” el mandatario sureño se refiere a la Declaración de Santiago de 1952 que, según su posición, fijó el límite marítimo binacional en el paralelo geográfico, postura que el Perú rechaza.

Más allá de la contradicción entre las declaraciones referidas, cabe aclarar que acatar el fallo no es suficiente y que lo que el Perú espera es que la sentencia se ejecute en cuanto se conozca y en el menor tiempo posible. Esto no será complicado si es que existe de las partes la voluntad política de cumplir con el mandato de la CIJ, para así iniciar un largo periodo de paz y concordia entre ambas naciones. Sin embargo, la dilación es un elemento a tener en cuenta. Es poco probable que Chile patee el tablero y se coloque en abierta rebeldía frente a la justicia internacional. No obstante, sería penoso un escenario en que se trabe la ejecución del fallo apelando, por ejemplo, a tecnicismos jurídicos con la intención de mantener por décadas la situación en status quo; en suma, obstaculizando su cumplimiento.

Por eso quiero subrayar el daño que le haría a la relación bilateral en sus aspectos político, comercial y social una larga coyuntura como la que he descrito, máxime en tiempos en los que las comunicaciones facilitan la unidad nacional y es esperable el desengaño de la colectividad peruana ante el indeseado aplazamiento en la ejecución de la sentencia. Al contrario, lo que requiere el Perú es percibir la explícita voluntad del gobierno chileno de que aplicará el fallo y ver realizarse dicha voluntad.

Entonces la lección sería de Chile al Perú; la lección de que estábamos equivocados en desconfiar. Sólo un fallo ejecutado de inmediato promoverá la auténtica reconciliación peruano-chilena, la que merecen las generaciones del futuro que no tienen por qué heredar nuestros rencores y desconfianzas. Por tal motivo, sigo abogando por una sentencia acompañada de una declaración conjunta de los dos mandatarios en la frontera, asumiendo el compromiso de ponerla rápidamente en práctica. A estas alturas del camino es deseable que los líderes de dos sociedades económicamente complementarias estén a la altura de tan alta responsabilidad.