Desde mi serena terraza sanisidrina parece tan sencillo como irreal analizar la compleja situación que hoy enfrenta a los poderes central y regional en el Perú, la que ya levanta el escenario de la lucha sociopolítica de las próximas décadas. Me veo, pues, como los berlineses en tiempos de la Primera Guerra Mundial, la que comentaban en los cafés de la vieja capital germánica sin despeinarse ni perder la compostura; los mismo berlineses que un día se toparon con la ingrata sorpresa de que la habían perdido para así comprender, finalmente, que acababan de participar en un conflicto que se llevó 12 millones de personas.

Con todo, no logro encontrar otro prisma más que el mío, y desde él sigo aterrado las campañas de satanización dirigidas en contra de dirigentes regionales, alcaldes, sacerdotes, comuneros, simples manifestantes, y toda ONG que opera en el país, azul, roja o amarilla, da igual. A pesar de ello, no cometo la ingenuidad de creerme el estridente victimismo que emiten algunos representantes de los sectores aludidos. Creo, más bien, que en ocasiones su propia intemperancia torna inaceptables las condiciones para el diálogo.

Así por ejemplo, a mí me perturba imaginar la sede de un gobierno regional o municipal sitiada por una multitud vociferante que espera impaciente el resultado de la negociación para convertirse en turba, yo ni a palos dialogaría así. Creo que si no se quiere negociar en Lima, las partes deberían trasladarse a una tercera ciudad para así distender la atmósfera y generar un clima de confianza que es imprescindible para avanzar.

Sin embargo, es verdad también que en el Perú subsisten inercias históricas que remiten a siglos enteros de sobre explotación a la población campesina. Lo digo pensando en la imponente imagen de los terratenientes de antaño que para el poblador rural puede hoy mimetizarse –equivocadamente o no- con la de los empresarios mineros o las autoridades del Estado Central. Me parece que detrás del conflicto está la memoria colectiva de la civilización rural andina, secularmente abusada, la que, al no existir adecuados mecanismos para el diálogo, se opone casi sistemáticamente a los proyectos de explotación minera. Patética realidad, pues sus regalías son las que hoy financian el desarrollo del país.

¿Qué hacer entonces? La respuesta es compleja pero tengo claro que la represión estatal es la solución más torpe, primaria y primitiva. Mucha literatura hay al respecto, la que requiere de interlocutores capacitados que establezcan las reglas del juego para negociar. Lastimosamente, el Premier Valdez no parece contar con esa mano izquierda tan necesaria para acercar a las partes en una coyuntura de gran sensibilidad.

Al culminar estas líneas, me queda la esperanza de que Javier Pulgar Vidal y Gabriel Quijandría, ministro y viceministro del Ambiente respectivamente, asuman un mayor protagonismo en las negociaciones entre el poder central y las regiones. Ambos están plenamente capacitados en temas ambientales, así como dotados de la formación y el sentido común suficientes como para fomentar un clima de confianza, promover el diálogo y sentar un buen precedente para las negociaciones venideras. Que les vaya bien en Espinar, el Perú necesita que las partes se comuniquen.