Estimados amigos:
LA PUCP DEBE UNIRSE EN DEFENSA DE SU AUTONOMÍA
Asimismo, pensamos que es imprescindible contar con información clara y exacta sobre lasituación actual de los procesos judiciales para poder evaluar adecuadamente los pros y los contras del mencionado pre-acuerdo. Conviene recordar, en esta difícil coyuntura, que por ser una universidad en la que nos sentimos comprometidos en formar ciudadanos libres que contribuyan al progreso del país, tenemos la obligación moral que nos impone nuestra historia y tradición, de no ceder ante escenarios legales adversos.
Así como es necesario fortalecer el frente judicial, lo es también recordar que no será la primera vez que la PUCP tenga que hacer valer sus derechos en condiciones adversas. Si tenemos razón en loque reclamamos, habremos de luchar por ello. Sólo así podremos ser coherentes con la excelencia académica a la que aspiramos, y, sobre todo, con la formación en valores que promovemos.
Frente a la actual situación de la controversia con el Arzobispo de Lima por la modificación del estatuto incluida la administración de los bienes de la universidad, consideramos importante recordar y expresar lo siguiente:
1. En septiembre del año pasado la Asamblea Universitaria rechazó las pretensiones del Cardenal Cipriani de modificar los estatutos de la PUCP por considerar que vulneraban su autonomía. Entonces, se reafirmó el carácter católico de la PUCP, y se encargó al Rectorado propiciar espacios de diálogo con las autoridades eclesiásticas para buscar una solución integral al conflicto que respetara la autonomía universitaria. El rectorado llegó a un pre-acuerdo con el Arzobispado y lo expuso ante los diversos estamentos que componen la Asamblea Universitaria para obtener su eventual aprobación en el momento en que se lo ponga formalmente a votación.
La semana siguiente el Cardenal Cipriani desconoció el pre-acuerdo alcanzado con el Rector yafirmó públicamente que la discusión sobre la herencia de Riva Agüero debe ser tratada independientemente de las modificaciones al estatuto. Este impasse generó la postergaciónindefinida del diálogo. Además, suscitó razonables dudas sobre la transparencia de la otra parte en la negociación.
2. Consideramos que el pre-acuerdo entre el Cardenal Cipriani y el equipo rectoral propone algunospuntos que colisionan con la autonomía universitaria e implican una concesión inadmisible ante las pretensiones de un sector de la Iglesia. Estos puntos son:
a. Elección del Rector y Vicerrectores (punto 2.1. del pre-acuerdo): incorporar en el estatuto el derecho del Gran Canciller a pronunciarse sobre la catolicidad de los candidatos a Rector y Vicerrector y sobre su fidelidad al Magisterio de la Iglesia es concederle un derecho al “veto moral”, lo que generaría una indeseable autocensura. Podría colisionar incluso con el derecho constitucional de mantener en reserva ideologías y creencias religiosas. Esto es totalmente distinto al requisito que contempla el estatuto actual de identificarse con los principios de la PUCP.
Asimismo, al establecer entre las atribuciones del Gran Canciller la de “recibir la profesión de fe del Rector y de los Vicerrectores para empezar a ejercer sus cargos” se está aceptando un derecho de veto estrictamente jurídico.
b. La Comisión Económica Especial (punto 2.2. del pre-acuerdo): su conformación (2 miembros de la Iglesia y un representante del Rector) es absolutamente desproporcionada, y, en los hechos, niega, contra toda evidencia jurídica, que los bienes sean propiedad de la PUCP. Si bien esta Comisión autorizará operaciones financieras de mayor envergadura y por tanto poco frecuentes (p.ej., venta del Centro Cultural, CC San Miguel, Centrum), son precisamente esas operaciones las que determinan el éxito o fracaso financiero de la universidad. Esa decisión debe estar en manos de la PUCP. Pero más importante aun es el sentido de la cesión de derechos implicada en la creación de una instancia mayoritariamente externa a la propia universidad, que podría tomar decisiones vinculantes.
c. La autorización de la Iglesia para modificar el estatuto si se “modifica en alguna forma la relación Iglesia-Universidad” (punto 2.3. del pre-acuerdo): Todo, o casi todo en esta universidad, tiene que ver con la Iglesia, y aunque no fuera así, siempre habrá una forma de alegar lo contrario.Constituye pues un gravísimo riesgo de pérdida de autonomía: ¿quién decidirá si el cambio afecta o no la relación con la lglesia? Cualquier controversia al respecto nos sometería a un nuevo conflicto. Esta cláusula candado es un veto explícito e indeseable.
d. Concepto de educación (punto 2.6.6. del pre-acuerdo): la propuesta señala que la educación en la PUCP debe “integrar la dimensión académica y profesional con la formación en los principios morales y religiosos católicos y con el estudio de la doctrina social de la Iglesia, respetando la libertad de las consciencias”. De nuevo, ¿quién decidirá qué entender por principios morales y religiosos católicos?, ¿qué pasará cuando se debate o tan sólo se hable de algún tema sensible para la Iglesia en donde haya sentado ya su postura (aborto, eugenesia, planificación familiar,igualdad de género, etc.?), y por tanto quien tenga una opinión distinta se aleje del Magisterio actual de la Iglesia?
e. Obligación de la PUCP de tomar medidas legales y velar por el debido respeto a las autoridades eclesiásticas (punto 2.6.7. del pre-acuerdo). Esta cláusula contraviene el derecho de libre crítica que es esencial en una comunidad académica: una autoridad eclesiástica que no admite críticas ni comentarios se valdrá de esta cláusula. Las autoridades eclesiásticas tienen abogados que bien
podrían reclamar judicialmente contra cualquier comentario que considerasen inadecuado.
f. La ambigüedad de diversos términos empleados y lo abierto de muchas cláusulas del pre-acuerdo no garantizan una interpretación que resguarde nuestra autonomía, y, en caso de conflicto, es de esperarse que, aprobadas las modificatorias al estatuto que propone el pre-acuerdo, las autoridades eclesiásticas tendrían potestad para imponer su punto de vista.
g. El pre-acuerdo le otorga derechos a la Iglesia en la Universidad (punto 2.3.) que desconocemos y que no están expresamente sancionados en el estatuto de la PUCP.
3. Finalmente, lo que está en juego es la supervivencia, en el Perú, de una institución académica de calidad que ha sido por muchos años un centro de pensamiento crítico y pluralista, que ha contribuido a la formación de la élite intelectual y política del país y que ha prestado valiosos servicios a su desarrollo. En su defensa, suscribimos este pronunciamiento y convocamos a la comunidad universitaria a expresar su adhesión.
Abril de 2012
Para suscribirse, por favor enviar un mensaje a
defensadelaautonomiapucp@gmail.com
Giovanna Aguilar
Ciro Alegría
Mariana Alvarado
Luis Andrade
Carlos Eduardo Aramburú
Laura Balbuena
María Paz Ballén
Martín Beaumont
Marcial Blondet
Jorge Bossio
Juan Fernando Bossio
Juan Carlos Callirgos
Federico Camino Macedo
Gisela Canepa
José Canziani
Gerardo Castillo
Omar Cavero
Mariana Chu
Marta Cisneros
Omar Coronel
Norma Correa
Rodolfo Cortegana
Jesús Cosamalón Aguilar
Alonso Cueto
Gerardo Damonte
Oscar Dancourt
Levy Del Aguila
Francesca Denegri
Carmen Díaz Bazo
Silvia Espinal
Alan Fairlie Reinoso
Jacqueline Fowks
Susana Frisancho
Pedro Francke
Fabricio Franco
Leisy Freitas
Norma Fuller
Cecilia Garavito
Luis García-Zapatero
Juan Gargurevich
Romina Gatti
Miguel Giusti
Rocío Gómez
Estrella Guerra
Johanna Hamann
Kathia Hanza
Narda Henríquez
Isabel Hidalgo
Natalia Iguiñiz
Lorena Izaguirre
Lupe Jara
Félix Jiménez
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Víctor J. Krebs
María Isabel La Rosa
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Alejandro León Cannock
Rogelio Llerena
Sinesio López
Erich Daniel Luna
Ignacio Macha
Omar Manky
Nelson Manrique
Betzabé Marciani Burgos
Cristina Mazzeo
Iván Meini
Diego Mendoza García
Sarah Moll
Mario Montalbetti
Yvan Montoya Vivanco
Fanny Muñoz
Isabel Murga
Héctor Omar Noejovich
Juan Luis Orrego
José Oscátegui
Daniel Parodi
Sergio Pavletich
María Angélica Pease
Roberto Pereira
Jorge Pérez Silva
Sonia Prager
Gonzalo Ramírez
Margarita Ramírez
Juan Reicer
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Alvaro Rey de Castro
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