Yo en la PUCP soy un profesor contratado que renueva su vínculo cada semestre y por ello soy el lado más débil de la cuerda. Sin embargo somos lo que somos y es en estos momentos cuando debemos dar la cara con nuestra integridad en defensa de nuestros principios.

Miguel Giusti defiende la autonomía de la PUCP

Yo no concibo una PUCP que no sea autónoma, yo no concibo el aula si no es el lugar en donde alumnos y profesores vivenciamos una experiencia intelectual de libertad. Por todo ello suscribo el pronunciamiento adjunto de Miguel Giusti, en todos sus extremos.

Creo, verdaderamente, que la autonomía de la PUCP está en riesgo y que debemos luchar por defenderla; por eso me opongo a los contenidos del pre-acuerdo con el arzobispado que se ha difundido y cuestiono la celeridad en la convocatoria a la Asamblea del 13 próximo; yo espero que el Rector nos convoque a todos al auditorio como ha hecho en otras ocasiones y espero, dentro del espíritu plural que tanto se ha invocado ultimamente, que las opiniones divergentes sean respetadas.

Saludos cordiales

Daniel Parodi Revoredo

Queridos amigos:

La situación ante la que se encuentra nuestra universidad en estos momentos me parece sumamente grave porque creo que está en serio riesgo nuestra autonomía. Sin desconocer el esfuerzo del Rectorado por alcanzar un acuerdo que respete la posición tomada por la Asamblea en septiembre del año pasado, creo que el documento que nos ha alcanzado no reúne las condiciones como para ser aceptado, ni en la forma ni en el fondo, y quisiera explicarles por qué soy de esta opinión. Lamento tener que opinar en contra de lo que nos pide expresamente el Rectorado, por cuya conducción de la universidad he tenido y tengo el máximo respeto, pero me parece que es el momento de dar a conocer nuestros pareceres, o de disentir, sobre lo que pueda ser mejor para nuestra universidad.

La forma

El Rectorado solicita de la Asamblea un voto a favor del acuerdo, en bloque y en un plazo muy próximo. Pero el documento está muy lejos de ser claro en muchos puntos, o de ser en todos sus aspectos aceptable, por lo que una aprobación en bloque nos obligaría a aceptar lo inaceptable. El plazo tan próximo, además, impide una reflexión más seria o un proceso de maduración sobre la naturaleza y las consecuencias de los cambios propuestos. Conviene recordar que los plazos perentorios no han sido puestos por nosotros y que su fijación, al modo de un ultimátum, no se condice con el espíritu de diálogo que debería primar en las relaciones que mantenemos con la Iglesia.

El fondo. La elección del Rector

Si se analizan y complementan entre sí todos los cambios propuestos con respecto a la elección del Rector, el resultado me parece un serio recorte a la autonomía de la Universidad. En apariencia, se preserva la atribución de la Asamblea para elegir al Rector, aun cuando se concede al Arzobispo el derecho de emitir una opinión-valoración de los candidatos. Ya esta concesión es obviamente una suerte de derecho de veto o al menos de presión de la comunidad universitaria.

Pero si se hubiese quedado ahí, quizás habría podido pese a todo aceptarse. El problema es que ahora se añade un requisito para poder ser rector o vicerrector, a saber: “llevar una vida en fidelidad al Magisterio de la Iglesia”. Este requisito conlleva un serio peligro, porque, aun cuando no se dice nada acerca de a quién le corresponde la competencia para decidir si un candidato cumple o no ese requisito, es claro que sobre el Magisterio de la Iglesia solo puede decidir el propio Magisterio de la Iglesia. El “Magisterio” no es la doctrina, ni el espíritu, ni los principios o los valores del cristianismo o la Iglesia (en un sentido genérico), sino la enseñanza de la Iglesia tal como la comprende, registra y administra la autoridad de los obispos[1]. Si la autoridad episcopal es por definición la competente en la materia, entonces esto quiere decir, en buen castellano, que el Arzobispo podrá decidir (o creerá tener la autoridad legítima para decidir) quién podrá ser candidato a Rector en nuestra universidad. Quien haya escuchado a Monseñor Cipriani en su intervención en el programa La Hora N de Jaime de Althaus el 4 de abril, habrá visto claramente cómo interpreta él esta prerrogativa. Se comprende entonces por qué ha renunciado a su propuesta anterior de elegir al Rector de una terna: porque eso ya no le hace falta, dado que para ser candidato a Rector habrá que contar con la autorización episcopal, vale decir, del “Magisterio” de la Iglesia. Pero además, sorprende que se haya aceptado una fórmula que exige “llevar una vida en fidelidad a”, porque eso equivale a someter a evaluación la vida personal y las ideas de los candidatos. En efecto, aquí entra a tallar el segundo aspecto de la noción de “Magisterio”: el de la enseñanza ortodoxa, porque, repito, esa noción designa al bagaje de enseñanzas de la Iglesia tal como lo interpreta la autoridad episcopal. En otras palabras: un profesor que haya escrito cualquier tesis o expresado cualquier idea en algún libro (sobre cualquier asunto de moral, política, vida eclesial, ciencia, filosofía o cualquier materia problemática), o uno que no se haya casado por la Iglesia o sea divorciado o que en cualquier otro sentido, siempre según interpretación de los obispos, no sea “fiel” al “Magisterio”, no podrá ser candidato a Rector. El Rectorado comenta que este nuevo requisito no sería sino una “especificación” del artículo ya existente, que dice: “identificarse con los principios, valores y fines de la Universidad”. Por lo dicho, es obvio que no se trata de una especificación sino de algo muy diferente. El artículo de nuestro Estatuto es mucho más sobrio y no conlleva censura alguna de la vida y las ideas de los profesores.

Por si ello fuera poco, se ha aceptado además incluir entre las atribuciones del Gran Canciller: “Recibir la profesión de fe del rector y los vicerrectores, para empezar a ejercer sus cargos”. Un acto de sumisión de esta naturaleza, que no ha estado nunca presente en nuestro Estatuto, me parece extemporáneo y de mal gusto, y está reñido con la dignidad del oficio de profesor universitario. Para colmo, queda por precisar aún el tenor (el texto) de esa profesión, pero, dado el contexto en el que se está introduciendo, no cabe pensar sino en lo peor.

La Comisión Económica Especial

Con respecto a la creación de la Comisión Económica Especial, me pregunto hasta qué punto ella no equivale a un reconocimiento implícito (y voluntario) de que nuestra universidad no es plena propietaria de sus bienes, pues admite que debe rendir cuenta de ellos ante otra institución privada (la Iglesia), a la que se concede entonces el derecho de pedir cuentas. Concuerdo con el documento cuando afirma que no deberíamos temer el rendir cuentas porque no tenemos nada que ocultar. Pero para eso existen, en los sistemas democráticos, mecanismos o instancias legales que no alteran los derechos de propiedad, como la Contraloría, o la SUNAT, o las auditorías externas. Mejor (menos equívoco y más coherente) sería, en ese sentido, obligarse a rendir cuentas ante alguno de estos organismos y permitir el acceso a dichas cuentas a los representantes de la Iglesia.

De otro lado, sorprende que la composición de la Comisión Económica sea de 1 miembro de nuestra universidad y 2 miembros del episcopado. Estamos aceptando, en el contexto de este conflicto, ser siempre minoría. Y ello se vuelve más problemático todavía cuando leemos que esta Comisión tendrá voto dirimente cuando haya desacuerdos en el seno de la Junta Administradora. (El documento sostiene que el Arzobispo ha “renunciado voluntariamente” a ejercer la función dirimente en la Junta; a la luz de lo expuesto, es obvio que esa renuncia se da porque ya no necesita ese voto, dado que lo tiene en la Comisión Económica).

En el documento se intenta restar importancia a las atribuciones de la Comisión, argumentando que ésta supuestamente solo intervendría en casos de inversiones de gran monta, pero se incluye entre ellas la aprobación del plan trienal de inversiones de la Universidad. Dado que la Comisión tiene mayoría del episcopado y posee además voto dirimente en los asuntos de la Junta Administradora, no me parece nada desdeñable el poder que se le estaría concediendo.

Las reformas del Estatuto

Se ha incluido un punto en el acuerdo según el cual en el futuro las reformas de nuestro Estatuto “que afecten los derechos de la Iglesia en la Universidad”, “requerirán de la aprobación del Dicasterio para su entrada en vigencia”. También aquí hay el peligro de una seria cesión de autonomía. El propio documento reconoce que este artículo “técnicamente, es un derecho a veto”, pero presume que ello no sería un problema porque solo tendría vigencia “en los temas que la involucran (a la Iglesia)”, mas no en todos los demás, sin precisar cuál sería la diferencia entre unos y otros. Pero, como es obvio, la Iglesia podría considerar que todos los temas de la vida universitaria “la involucran” o “afectan sus derechos”, porque eso puede inferirse fácilmente de las diversas atribuciones genéricas que se le conceden, empezando por la elección del Rector, la administración de los bienes, la profesión de fe o la fidelidad al Magisterio de profesores, administrativos y alumnos. En resumidas cuentas, el artículo en cuestión extiende virtualmente de manera indefinida el derecho a veto de nuestros cambios estatutarios.

La Junta Administradora

En relación con la Junta Administradora parecería haberse llegado a un acuerdo razonable y aceptable, con algunas salvedades, pero sobre este punto el propio arzobispado ha dado marcha atrás, de manera que no sabemos a qué atenernos. Ya se ha señalado, sin embargo, que, en el acuerdo, las discrepancias de interpretación que ocurran en la Junta serán dirimidas por la Comisión Económica Especial, en la cual el episcopado tiene mayoría. Si, por hipótesis, el representante del arzobispo en la Junta Administradora decidiera bloquear sistemáticamente todas nuestras iniciativas, ello obligaría a recurrir continuamente al voto dirimente de la Comisión Económica, en la cual tenemos siempre minoría. Esto daría carta blanca a los obispos para decidir a voluntad y de manera sistemática sobre los asuntos de la marcha administrativa de nuestra universidad.

El “carácter” pontificio y católico

Se ha añadido una breve frase al art. 1 de nuestro Estatuto que dice: “Por su carácter pontificio y católico… la PUCP es una comunidad de maestros, etc.…” Si entiendo bien (o mal, que es mejor), esta breve frase es un modo de insertar en nuestro Estatuto que la PUCP tiene una vinculación de dependencia institucional, o jurídica, o canónica o de otro tipo en relación con la Iglesia, vinculación que podría dar pie a que dicha frase fuera utilizada por la Iglesia para reclamar propiedad o sujeción canónica. No tengo argumentos suficientes para sostener que esto vaya a ocurrir, pero temo que su mera posibilidad es la razón por la que debe haberse incluido esta frase.

El argumento pragmático

En el documento del Rectorado se nos invita a considerar pragmáticamente la situación y a tener en cuenta que los beneficios del acuerdo serían considerablemente más altos que sus costos, pues de esa manera se pondría fin a un conflicto desgastante que mantiene ocupada y en tensión a la Universidad desde hace muchos años. Para hacer más persuasiva la invitación, se nos advierte que en caso de no aprobar el acuerdo, no seríamos ya nosotros sino los tribunales peruanos los que tendrían la última palabra. Y se da a entender, claro está, que el acuerdo preserva la autonomía de la Universidad y la libertad de cátedra, además de que las concesiones estarían ya de algún modo enraizadas en nuestro Estatuto vigente.

Hay que reconocerle, por cierto, al Rectorado, que haya respetado y hasta consignado en el documento la necesidad de someter el acuerdo a la decisión de la Asamblea. Pero quisiera hacer dos consideraciones sobre esta invocación pragmática.

En primer lugar, sorprende el repentino cambio de política por parte del Rectorado. Durante varios años, se ha mantenido una línea principista dura (y hasta inflexible) en la confrontación con la jerarquía de la Iglesia y se ha enviado un mensaje tranquilizador a la comunidad universitaria, asegurándole que teníamos una posición jurídica sólida en los dos frentes del conflicto. Esa política ha dado sus frutos, es decir, ha fortalecido la cohesión de la comunidad universitaria en la defensa de su autonomía y ha transmitido a los profesores la convicción de que estamos en condiciones de preservar con buenos argumentos y políticas inteligentes los valores fundamentales de nuestra vida universitaria. Ahora, en cambio, se nos pide ser más flexibles con los principios y se sugiere que nuestra posición jurídica es débil.

Pero aun en sentido pragmático, tengo la impresión de que el acuerdo no nos es favorable. Por lo que he expuesto antes, creo que es más lo que perdemos que lo que ganamos. En la elección del Rector, en la propiedad de los bienes, en la cesión de la mayoría a la Comisión Económica Especial, en el procedimiento de reforma de nuestros estatutos, como en otros puntos, se hacen concesiones que, por decir lo menos, ponen en serio peligro nuestra autonomía.

No está dicho, por cierto, que los cambios del Estatuto hayan de interpretarse o aplicarse de una manera desfavorable para nosotros, pero esa posibilidad existe y de ella deberíamos defendernos. En las consideraciones de tipo pragmático, no puede dejar de tenerse en cuenta con quién estamos haciendo el trato. Por sus convicciones religiosas y políticas, así como por su vieja y militante posición contra nuestra universidad, Monseñor Cipriani no ha ocultado nunca sus intenciones ni ha tenido reparos en utilizar los medios a su alcance para tratar de imponerlas. Suponer ahora que ha cambiado de opinión o que hará uso cándido de las atribuciones o las posibilidades de intervención que le otorga el acuerdo, sería pecar de ingenuidad pragmática. De esto tenemos ya pruebas más que suficientes en sus primeras declaraciones en el programa mencionado de Jaime de Althaus.

Qué hacer entonces

Por la forma en que ha sido presentado el documento, pareciera que nos encontráramos ante una encrucijada de vida o muerte, de todo o nada. Y esta sensación está difundiéndose entre la comunidad universitaria, razón por la cual algunos están dispuestos a ceder por temor y otros por resignación. Me parece muy importante que tratemos de contrarrestar esta impresión.

Lo primero que deberíamos hacer, me parece, es no aceptar el acuerdo, al menos no en bloque y no en el plazo fijado. La decisión que tomó la Asamblea en septiembre del año pasado fue no aceptar la propuesta de modificación enviada por el Vaticano, reafirmar nuestra autonomía y mantener la disposición al diálogo con la Iglesia. Esta decisión era y sigue siendo firme y prudente, y no me parece que hayan cambiado las condiciones lo suficiente como para modificarla. Corresponde, creo, reafirmar ese acuerdo: no aceptar la actual propuesta por lesionar nuestra autonomía y mantener nuestra disposición al diálogo.

De aquella decisión de la Asamblea hay dos puntos que destacar. El primero es que nuestra universidad posee ya un Estatuto que reconoce inequívocamente su filiación católica y su vinculación con la doctrina de la Iglesia, y que con él hemos vivido durante décadas sin tener conflictos con la jerarquía. Los conflictos tienen lugar y fecha de inicio, y nombre y apellido. El segundo punto a destacar es que la Asamblea no ha cortado la comunicación con la Iglesia, sino ha declarado expresamente su voluntad de dialogar y de llegar a un acuerdo. Pero no a cualquier precio.

La sensación de estar en una encrucijada vital proviene sin duda de los plazos que se nos han impuesto. Pero no me parece que debamos someternos a ellos ni aceptar la precipitación en la toma de decisiones o la amenaza velada. Puede ser que reafirmar en estos momentos el acuerdo de la Asamblea del año pasado, nos lleve a una confrontación mayor o hasta a una ruptura. Pero puede ser también que esto no ocurra. Así como no tenemos por qué aceptar plazos, tampoco tenemos por qué terminar nosotros con la disposición al diálogo.

¿Volveremos entonces a los conflictos con la jerarquía y continuaremos con los juicios pendientes, quién sabe por cuánto tiempo? Si ello tiene que ocurrir por defender nuestra autonomía y la calidad de nuestra universidad, o por impedir que el pensamiento católico más reaccionario penetre de algún modo en nuestro campus, tendremos que hacerlo. Es nuestro deber hacerlo, cueste lo que cueste. Hay mucha gente honesta y competente entre nosotros que puede prestar su ayuda para defender de manera inteligente nuestra causa en todos los frentes, como lo ha venido haciendo precisamente el equipo rectoral en los últimos años con el respaldo de la comunidad universitaria.

Finalmente, quisiera también decir que no deberíamos tener miedo a una agudización del conflicto. No creo que se produzca una ruptura, porque el resultado podría ser muy destructivo, o tanático, para el país y para la propia Iglesia. También la Iglesia hará su propia reflexión pragmática, no lo dudemos. Pero si la ruptura llegara, haríamos bien en asumirla, no con temor, sino con tranquilidad y conciencia histórica. Hay muchos casos, en el pasado y en la historia reciente, de instituciones académicas o científicas que han tenido que pasar por un cambio radical para poder madurar o mantener su vitalidad. Y ello ha ocurrido también en los últimos años entre varias universidades católicas y la jerarquía de la Iglesia. Cuando los cambios son necesarios, porque está en juego algo muy valioso y esencial que defender, como en nuestro caso, los costos son ciertamente mucho menores que los beneficios. Mantengamos la firmeza y la calma. Creo que tenemos el viento de la historia a nuestro favor.

Miguel Giusti
Profesor del Departamento de Humanidades
5 de abril del 2012

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[1] Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: “El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escritura (sic), ha sido encomendado sólo al Magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo” (DV 10), es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. (Parte 1ª, Secc. 1ª, cap. 2, art. 2, III)