“Nosotros, el pueblo de Sudáfrica, reconocemos las injusticias del pasado/
honramos a aquellos quienes sufrieron por la justicia y la libertad en nuestra tierra/
respetamos a aquellos que han trabajado para construir y desarrollar nuestro país/ y
creemos que Sudáfrica pertenece a todos quienes habitan en ella, unidos en nuestra diversidad”.

–Preámbulo de la Constitución de Sudáfrica

A un sector de los peruanos aún le sorprende la elección de Ollanta Humala en las últimas presidenciales debido a que su propuesta no representaba la continuidad incondicional del modelo económico que ha significado un crecimiento sostenido en los últimos 10 años. En realidad, la posición política adoptada por un tercio de los electores en la primera vuelta y por más de la mitad en la segunda refleja la dimensión identitaria del voto en el Perú, la que trasciende su connotación ideológica y remite a aspectos no resueltos de nuestro pasado nacional.

Cierto es que la CVR realizó un esfuerzo encomiable por reivindicar a las víctimas del periodo más violento de nuestra historia, pero también lo es que en ésta existen otras heridas que vienen de tiempos más antiguos y de las que aún se duelen poblaciones secularmente olvidadas y maltratadas, así como sectores medios y emergentes que –allende la mejora de su situación material– aún se perciben como excluidos. Sobre estos particulares, una iniciativa loable fue el perdón histórico del gobierno peruano –otorgado en 2009– a los pueblos afroperuanos por los abusos cometidos en su contra desde los tiempos coloniales, pero llama la atención que no se haya hecho lo propio con el mundo andino.

Una somera revisión histórica solo nos puede llevar a la conclusión de que en nuestra historia republicana la situación del poblador andino empeoró con relación al periodo virreinal. Así, la legislación bolivariana de los albores republicanos desprotegió la comunidad campesina –reconocida por el régimen español– mientras que la debilidad del Estado naciente supuso su abdicación frente a los poderosos gamonales locales que establecieron un sistema paternalista con rasgos feudales en el medio rural. Solo con Leguía (1920), cien años después, la propiedad comunal fue protegida por la Constitución.

En los temas político y educativo la situación no fue mejor. En el Perú republicano la alfabetización llegó a la sierra rural bien avanzado el siglo XX y el voto le fue negado a los analfabetos hasta 1980. Con ello, la exclusión y maltrato de la población andina completaron un cuadro que amerita su revisión desde la óptica de las políticas del perdón y de la reconciliación.

No se trata, ciertamente, de promover el odio racial ni la confrontación entre los diferentes sectores socioculturales del país. De lo que se trata, más bien, es de colocar a los actores del pasado en su respectivo contexto temporal para comprender nuestra historia y a sus protagonistas. No se trata, tampoco, de señalar sin más a los responsables, sino de entender que inclusive el desempeño controversial de grupos de poder –como la oligarquía– es el resultado de un proceso complejo y que remite, en sus orígenes remotos, a los días de la Conquista.

En suma, lo que se requiere es una política de perdón y de reconciliación entre los protagonistas de la historia del Perú. Es preciso comprender que la inclusión trasciende la cuestión económica y pasa por gestos, palabras, símbolos y señales. En suma, por decirle al otro que ya nunca más lo será e invitarlo a formar parte de una sociedad pluricultural, cimentada en la igualdad y en el reconocimiento de la diversidad.

(*) Historiador, profesor del
Dpto. de Humanidades de la PUCP.