Maquiavelo y los derechos humanos

No cabe duda de que El Príncipe de Nicolás Maquiavelo constituye el inicio de la política moderna. En sus páginas, el florentino excluye a Dios de cualquier intervención en la política. Más bien, el príncipe es responsable sólo ante el Estado y sus acciones persiguen la utopía del buen gobierno, incluso a través de actos reñidos con la moral cristiana. Maquiavelo escribió El Príncipe en 1513, en pleno Renacimiento, y su obra es arquetípica del pensamiento humanista que desarrolla la capacidad creadora del hombre. Desde Maquiavelo, Occidente rompió sus ataduras teocéntricas y construyó una teoría política laica e individualista.

No podemos volver a él

Pero la política laica que inició Maquiavelo siguió evolucionando en los siglos posteriores debido al advenimiento del liberalismo político que tuvo su primera puesta en escena en la revolución liberal Inglesa del siglo XVII, que culminó con la coronación de Guillermo de Orange como monarca constitucional en 1689. En ese contexto de afirmación de los derechos individuales se reglamentó un principio jurídico fundamental: el habeas corpus.

El habeas corpus se instituyó en el Reino Unido en 1679 para garantizar la integridad del súbdito frente a los abusos de la monarquía. Gracias a él cualquier detenido por la autoridad debe comparecer pronto ante un juez para que dictamine si será juzgado u ordene su inmediata libertad. Además, el habeas corpus garantiza a la familia el contacto visual con el detenido para constatar su integridad física, entiéndase, que no haya sido torturado.

Cien años después, en 1789, los franceses proclamaron los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Este último concepto –ciudadano- fue fundamental porque un ciudadano es igual a otro en derechos y deberes. A diferencia del súbdito, que está sometido a la autoridad del monarca, al ciudadano el Estado le garantiza libertad, seguridad e igualdad ante la ley.

Ya en 1948, a tres años de concluida la II Guerra Mundial, la ONU proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos que sostiene, en su artículo quinto que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes” y en el octavo que “toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”. Parece preciso remarcar que la referida declaración inicia su artículo 5 con el sustantivo nadie y el 8 con toda persona. La declaración no discrimina, no dice toda persona exceptuando tales o cuales casos: por eso es universal.

Con todos estos antecedentes a mí solo me queda lamentar que en el Perú existan sectores que intenten retirarnos de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tanto como revisar las conclusiones de la CVR a través de insanas psicosociales. A 20 años de la feliz captura de Abimael Guzmán –con respeto a los derechos humanos del propio detenido quien jamás tuvo clemencia hacia sus víctimas- debe quedarnos claro que SL y MRTA son los únicos responsables de la guerra asesina que iniciaron.

Sin embargo, es innegable que en su lucha por defendernos de la agresión terrorista, el Estado cometió excesos no sólo contra los subversivos sino también contra la población civil. Frente a esta triste realidad, es inútil intentar tapar el sol con un dedo y la impugnación, reiterada, de la CVR es una manera torpe de hacerlo. Negar los excesos perpetrados por el Estado durante la guerra interna, o justificarlos bajo el argumento del mayor beneficio o el bien común, es volver a Maquiavelo y flirtear con Hitler, Polpot y Mao Tse Tung. Creo, más bien, que 500 años de evolución de los derechos humanos justifican plenamente su definitiva incorporación en la cultura política peruana. Nuestra sociedad se lo merece, no la confundamos más.