El origen de esta problemática se remonta a la Guerra del 79, en la que Chile no solo le arrebató Tacna, Arica y Tarapacá al Perú, sino también la provincia litoral de Atacama a Bolivia, sentenciando desde entonces la pérdida de su cualidad marítima. Solo 25 años después Chile y Bolivia alcanzaron la paz a través de la firma del Tratado de 1904, en el que el segundo cedía al primero la provincia de Atacama a cambio de la construcción, a costas chilenas, de un ferrocarril que uniese Arica y La Paz, y que Chile edificó pasando por alto que entonces la soberanía del referido puerto aún se disputaba con el Perú y que debía realizarse un plebiscito para dilucidarla.

A pesar de que el Tratado de 1904 fue firmado por ambas partes, también es cierto que Bolivia ha reclamado una salida soberana al océano Pacífico prácticamente desde que las fuerzas chilenas ocuparon Antofagasta en febrero de 1879 y que la diplomacia de Chile se ha mostrado errática frente a dicha expectativa, ofreciendo o disuadiendo, en función del estado de sus relaciones diplomáticas con el Perú. Un caso especial lo constituye el acuerdo de Charaña de 1975, en el que los presidentes Hugo Banzer y Augusto Pinochet acordaron la sesión soberana a Bolivia del litoral al norte de Arica más un corredor de acceso. De acuerdo con el Tratado de Lima de 1929, el Perú debe aprobar cualquier cesión de territorios ariqueños que antes le pertenecieron, por lo que nuestro país propuso en 1976 la creación de una región trinacional en la que tuviese participación. Sin embargo, la propuesta no fue aceptada y finalmente no se alcanzó ningún acuerdo.

Desde su llegada al poder en 2005, Evo Morales ha mantenido un discurso reivindicacionista respecto de la salida al mar de su país, y ahora, en marzo de 2013, anuncia que demandará a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Difícil para Bolivia porque el estatuto de la CIJ, en su artículo 38, señala que un tratado se antepone a los principios generales del derecho, y Chile y Bolivia lo tienen. Complicado, además, porque en el supuesto negado de proceder la demanda altiplánica, decenas de países del orbe quedarían en posición de solicitar al tribunal holandés la rectificación de sus fronteras a pesar de existir tratados que las establecen.

Para lo que nos toca, la demanda boliviana a Chile parece inoportuna cuando nos encontramos a pocos meses de obtener nuestra sentencia al litigio que mantenemos con este país en el mismo tribunal. No se trata de que la reclamación de Bolivia pueda afectar el criterio de los jueces de La Haya, pero sí constituye un elemento manipulable por las voces periféricas que en Chile abogan por el desacatamiento de un fallo contrario a sus expectativas. Por otro lado, y desde una mirada histórica, Bolivia debió considerar que el Perú también perdió la guerra que la confinó territorialmente y por ello pudo esperar el desenlace de nuestra causa para proceder con la suya. Finamente, el elemento positivo de acudir a La Haya es que podría solucionarse judicialmente un problema que genera constante tensión en el subcontinente.

Recientemente he señalado que Bolivia debe reclamar menos y negociar más, y aquí ratifico esta posición. La comprensiblemente difícil renuncia boliviana a una salida al océano Pacífico con soberanía podría colocarla en situación de negociar la adjudicación de varias franjas costeras sin soberanía en Chile –como Boliviamar en Perú– en las que erigir puertos, aduanas y zonas francas desde las cuales conectarse directamente con el comercio asiático. Para ello, Chile debe enviarle señales más claras y menos ambiguas que las que históricamente ha proyectado. Desde esta columna esperamos que a través del diálogo sincero y transparente se resuelva una vieja controversia para beneficio de las partes y de la región sudamericana en su conjunto.

Publicado el 2 de abril de 2013 en DIARIO16