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“Desarme”, la felicidad desde la infelicidad

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El día de hoy se publica en el Diario Oficial El Peruano un artículo mío en el que, a partir de un documental argentino sobre el homicidio de un muchacho en el que se reflexiona cómo el dolor puede motivar la movilización social para mejorar la convivencia, planteo algunas ideas para no perder la viada en el control de armas de fuego. Transcribo el referido artículo. En cuanto a la imagen, si quiere poder leer el texto en ella, basta con hacer click encima.

Desarme

El sábado (24/09/2016) se transmitió por TV Perú, Desarme, documental del argentino Hernán Fernández, en el que se narra el proceso de la familia Marcenac —tras el asesinato de su hijo por un legítimo usuario de armas de fuego (AF)— de encaminar su dolor con tal vigor y resiliencia, que fue el motor de una movilización colectiva, que dio lugar a la Ley que vincula la idea del desarme con la construcción de la paz y que, en palabras de Lucía Gómez Consoli, “cambió la forma de pensar con respecto a las armas en la república Argentina”.

“Una sociedad que usa armas, es una sociedad dispuesta a matar”, resalta la película. Vemos luego imágenes de niños con armas de juguete, que juegan a matarse. Violencia naturalizada, mercantilizada. La madre del chico asesinado dice que la muerte de su hijo “significó una gran conmoción, pero también un fuerte impulso a querer hacer algo”; por ello, se propusieron buscar la felicidad a partir de un hecho que desencadenó su infelicidad absoluta.

En Argentina, a partir de esa política de desarme, se creó el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas que ha retirado de circulación y destruido más de 180000 AF, y que recibió la distinción “Política del Futuro 2013”, otorgada por la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA). Fernández destaca también la creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), con autarquía económica, que sustituye al RENAR, el organismo de control más destacado de la región, pero que tenía como una profunda debilidad que su financiamiento dependía de la industria regulada, incluidos fabricantes y comercializadores de armas. Esta decisión política de vanguardia en la Argentina, sin dudas, tiene como uno de sus modelos, al menos en lo normativo y en lo institucional, al Perú y la decisión de crear la Sucamec en 2012.

Siguiendo esa importante iniciativa, a propuesta de esa Superintendencia, la Ley N° 30299, Ley de armas y explosivos, creó el Programa de entrega voluntaria de AF, con cargo a un incentivo económico, y se estableció la necesidad de empadronamiento de armas no registradas. Esto ha quedado en el limbo ahora, pues el punto de vista de los usuarios de armas se ha inoculado directamente en el discurso oficial del sector, tan así que hoy, sobre la base de tautologías y con criterio autocomplaciente, se afirma que “preferiría que no haya ningún arma adicional a las que hay de la policía, pero hay armas legales que la gente tiene todo el derecho de tener”. ¿Derecho a portar AF? Mientras en EEUU el debate social va en sentido contrario, aquí de manera totalmente irreflexiva se le hace un guiño a quienes propugnan la proliferación de AF como una solución al problema de la seguridad. No vaya a ser que, alienados, pretendan incorporar una “segunda enmienda” en la Constitución, para dar sustento a aquello del “derecho”.

Nuevas reglas, nuevos tiempos

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El día de hoy el Diario Oficial El Peruano publica un artículo mío en el que detallo algunas de las ventajas y virtudes de la nueva Ley de armas y explosivos, recientemente reglamentada. También me refiero a algunos temas pendientes en esas normas, toda vez que la regulación debe ser mejorada. Sin embargo, es muy importante que un tema tan sensible como el de armas y explosivos cuente con un cuerpo normativo moderno. Detractores habrán, de todas maneras, pero lo importante es que se ha avanzado de manera importante.

Nuevas reglas, nuevos tiempos

Nuevas reglas, nuevos tiempos

Ciudadanos que quisieran un mundo sin armas de fuego (AF) y los que quisieran que todos profesemos pasión delirante por ellas. Ciudadanos todos. La Ley 30299 y su Reglamento (D.S. 8-2016-IN) son realidad; su finalidad última, la convivencia pacífica. Una sociedad sana procura que la circulación de AF se dé entre quienes asumen su uso y porte con responsabilidad. Con estas normas tenemos esa oportunidad.

La SUCAMEC puede denegar y cancelar licencias; tendrá acceso a las bases históricas de antecedentes penales del Poder Judicial para decidir si autoriza o no la tenencia de AF, pues quienes hayan cometido delitos dolosos, violencia familiar y otras conductas lesivas, están inhabilitados definitivamente.

Además, se requiere que los ciudadanos que accedan al uso de AF actúen con una diligencia mayor a la ordinaria; por ello, la pérdida o robo reiterativos de sus AF, dará lugar a inhabilitación temporal. Deben mantenerse vigentes las licencias; si no, se suspende el porte y puede cancelarse si vencimiento supera los 90 días.

Respecto a las armas que no son de fuego, SUCAMEC controla solo la fabricación y comercialización, no su uso personal. El PJ, para bien, ha establecido mediante Acuerdo Plenario Nº 5-2015/CIJ-116, como agravante del robo, el uso de armas ciertas o falsas.

En el caso de defensa personal, se ha limitado el número de armas a 2, aunque el número de municiones permitidas por mes (600) y su tipo (punta hueca o blanda) es excesivo o discutible; el Reglamento establece como límite para porte 60 municiones, número igual de elevado.

Queda pendiente mejor regulación del porte y un control específico de las municiones. Se requieren mayores competencias de la SUCAMEC para el control de AF de uso particular de miembros de las fuerzas del orden, e incluso de las armas pequeñas y ligeras de esas instituciones.

En cuanto a los explosivos, se modernizan y desburocratizan los procedimientos para facilitar el acceso a usuarios en actividades económicamente relevantes, como minería, hidrocarburos y construcción. Se mejora criterios de control, con la codificación y la custodia de su transporte por la PNP o empresas de seguridad privada.

Queda pendiente en este campo abrir el mercado de la comercialización de los explosivos, ahora permitido solo a fabricantes. Esta restricción, opino, promueve circuitos de comercio informales.

Finalmente, se desarrolla la potestad sancionadora de la SUCAMEC de manera muy precisa y técnica, estableciendo sanciones efectivas pero sin consecuencias confiscatorias.

El reto como país, en línea con la implementación del Tratado de Comercio de Armas, es fortalecer la SUCAMEC y lograr liderazgo a nivel regional en esta materia.

Alcohol y armas de fuego: cóctel explosivo

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Hoy en la página 12 del Diario Oficial El Peruano se publicó la versión corta del artículo que posteo aquí. Coincidentemente, se publicó también hoy el Decreto Supremo N° 008-2016-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil. Este es un logro del Gobierno y, fundamentalmente, de la SUCAMEC, institución que bregó duro, primero, por lograr la aprobación de la Ley N° 30299 y, luego, su Reglamento, pese a que diversos actores con poder económico y político se opusieron desde el comienzo.

Alcohol y armas de fuego

Ciudades como Bogotá (Colombia) o Diadema (Brasil) son modelos de gestión del espacio público con resultados concretos de reducción de los niveles de violencia e inseguridad ciudadana. Las políticas allí implementadas consideraron la defensa de la vida como un elemento central.

Una de las estrategias que se desarrolló en Bogotá, según Llorente y Rivas, fue la del control de factores de riesgo como el consumo de alcohol y el porte de armas de fuego, medidas que nacen del diagnóstico de que la mayoría de las muertes ocurrían de noche y se concentraban los fines de semana; una buena parte de las muertes por accidentes de tránsito tenían que ver con el consumo de alcohol y entre los homicidios con armas de fuego, las personas muertas registraban alto consumo de alcohol. A partir de experiencias como estas, el PNUD (Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014) recomienda “Regular y reducir los disparadores del delito, tales como alcohol, drogas y armas, desde una perspectiva integral y de salud pública”.

En el Perú, Costa y Romero señalan que el consumo de alcohol entre los sentenciados —previamente a la comisión de un delito— es de 88,6%, la incidencia más alta de los países que comparan en su estudio. El uso de armas de fuego es comparativamente bajo, el segundo menor (28%). El consumo de alcohol o drogas asociado a la comisión de un delito, tiene una incidencia de 46% en el caso de homicidios; 41,8% en delitos patrimoniales y 33,4% en delitos sexuales. Por su parte, el uso de armas de fuego tiene una incidencia de 46% en el caso de homicidios (según el informe Homicidios en el Perú y 38 países de las Américas, del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad, el 62,6% de homicidios fueron con armas de fuego) y de 37,3% en el caso de delitos patrimoniales. Resulta interesante el análisis desagregado por tipos de delito, pues se concluye que estos factores de riesgo tienen alta incidencia concurrente en caso de homicidios y delitos patrimoniales, por lo que es razonable establecer medidas de control sobre ambos.

Sin negar lo controversial de medidas de este tipo, creo que correspondería ensayarlas en nuestro país, como parte de una política integral, que incluya medidas sociales, económicas, educativas y punitivas. Así, en Lima debería impulsarse la réplica y aplicación efectiva de la Ordenanza N° 1568, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que establece horarios límite de expendio de bebidas alcohólicas, lo que permitiría reducir su consumo. Del mismo modo, debería restringirse, de manera general, el porte de armas de fuego en fines de semana y feriados; debería prohibirse temporalmente, de manera particular, el porte de armas de fuego en determinadas zonas de mayor inseguridad, con un control exhaustivo del cumplimiento de estas medidas.

Con respecto a las medidas relacionadas con el expendio y consumo de alcohol, el rol de los gobiernos locales es fundamental, pues depende de estas instancias estatales todo lo referido al funcionamiento de locales autorizados para ello. En Lima, las Municipalidades Distritales deberían emitir Ordenanzas que impulsen la aplicación local de la Ordenanza N° 1568.

En relación con el porte de armas de fuego, debe precisarse que la Ley N° 30299 (cuyo Reglamento se aprobó con Decreto Supremo N° 008-2016-IN, publicado el día 6 de julio de 2016) establece que está prohibido portar armas de fuego bajo el consumo de alcohol o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, así como en manifestaciones públicas, espectáculos con afluencia de público y centros de esparcimiento.

Sin perjuicio de que estas medidas son positivas, al ser el porte de armas de fuego una potestad pública y no un derecho, resulta factible establecer restricciones generales de carácter temporal, así como prohibiciones temporales de porte en determinadas circunscripciones territoriales. Esto procedería a través de normas aprobadas mediante Decreto Supremo por parte del Gobierno Central; podría ser también a través de normas regionales o municipales, pero en estos casos el concurso del gobierno central es fundamental para la eficacia de las medidas.

¿Un derecho constitucional a portar armas de fuego en el Perú?

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Inauguro con la publicación de un muy interesante artículo de José Saldaña, la sección de post referidos a Seguridad Pública. En este caso, el artículo es publicado en este blog con expresa autorización de su autor y tiene por finalidad el promover un alturado debate sobre un tema de mucha relevancia como el que se desarrolla.

Copio el artículo que fue publicado originalmente en Enfoque Derecho, portal web de actualidad jurídica de THEMIS.

¿Un derecho constitucional a portar armas de fuego en el Perú?

Por José Saldaña Cuba, Abogado y Adjunto de Docencia  del curso Derecho Constitucional II del Dr. Abraham Siles Vallejos en la PUCP.

Hace pocas semanas, Lucía Dammert ‒destacada especialista en temas de seguridad y crimen‒ nos recordaba que la regulación y fiscalización de las armas de fuego debería estar en el centro de las políticas públicas de seguridad ciudadana, puesto que comprar un arma potenciaba el ciclo productor de más inseguridad y más violencia[1]. Alertaba también sobre cómo las armas cortas ingresaban al mercado por vías legales (permisos de importación, licencias de uso y porte, etc.) para luego terminar en manos de la delincuencia, haciendo de América Latina una de las regiones con mayor proliferación de armas de fuego y, como consecuencia, una región sumamente violenta.

Atendiendo a estos riesgos, la Superintendencia de control de armas[2] ha elaborado una propuesta de ley[3] que, sumada a otros dispositivos legales, apuntaría a limitar y controlar más estrictamente la posesión y uso de armas de fuego por parte de civiles. Entre las medidas propuestas encontramos: (i) mayores requisitos para la expedición de licencias; (ii) renovación permanente obligatoria; (iii) trazabilidad de las armas para su identificación y rastreo; (iv) procesos de empadronamiento; (v) programas de entrega voluntaria; (vi) control de armas de fuego que no son de reglamento en el caso de policías y militares; entre otros.

Debido a que en el comercio de armas de fuego, están comprometidos diversos y poderosos intereses internacionales ‒los principales exportadores de armas en el mundo son potencias mundiales tales como Estados Unidos, Alemania, Israel, entre otros‒ y nacionales ‒empresas comercializadoras y asociaciones de usuarios‒, estas limitaciones legales han sido duramente criticadas en tribunas mediáticas de alcance masivo[4] e incluso se ha sostenido que vulneran el derecho fundamental a la seguridad personal y la legítima defensa. Cabe entonces preguntarse si la posesión y uso de armas de fuego en nuestro ordenamiento jurídico forma parte del mencionado derecho fundamental o si acaso es en sí mismo un derecho constitucional.

Al respecto, podemos señalar que existen dos perspectivas teóricas en el derecho comparado: (i) una que la asimila a un derecho, a partir de la cual se entiende que este tipo de licencias debe ser autorizado automáticamente salvo que se presenten circunstancias específicas (antecedentes criminales, inaptitud por falta de salud mental, entre otras); y (ii) otra que la concibe como un privilegio concedido por el Estado, a partir de la cual se establece una presunción en contra de que los civiles posean armas salvo que concurran ciertas condiciones y requerimientos (prohibición de algunos tipos de armas, obligaciones de registro, requisitos de edad, constancias de buena salud mental, entre otros). Sin embargo, no es correcto hablar de tendencias pues de la revisión de 28 legislaciones nacionales de distintas regiones del mundo, 26 se enmarcan dentro de la segunda perspectiva y solo dos (Estados Unidos y Yemén) en la primera[5]; de ahí, se puede concluir que la perspectiva predominante es de las licencias de posesión y uso de armas como un privilegio, mientras que la primera es una excepción manifiesta.

De hecho, aún en Estados Unidos, tanto a nivel de la academia como en el debate jurídico-político, se mantiene abierta la discusión acerca de si se ha reconocido propiamente un derecho constitucional a portar armas. En concreto, la Corte Suprema norteamericana ha ido variando su posición, desde visiones más restrictivas a más permisivas, y viceversa. La Segunda Enmienda de la Constitución norteamericana reconoce un derecho fundamental a tener armas, pero en el contexto de una “milicia adecuadamente regulada”, ambigüedad que ha dado pie a intensos debates sobre si se trata de un derecho fundamental generalizable o más bien solo un derecho localizado en el contexto histórico de conformación de milicias[6].

Por nuestro lado, contamos, entre los instrumentos internacionales de carácter universal, con el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2001, el Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y el eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos de 2001, y el Instrumento Internacional que permite a los Estados identificar y rastrear, de forma oportuna y fidedigna, las armas pequeñas y ligeras ilícitas de 2005; y entre los de carácter regional tenemos la Convención Americana contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados de 1997.

Y del lado de las normas constitucionales, contamos con el artículo 175° de la Constitución. Aunque este mandato puede ser visto inicialmente como neutro (“La ley reglamenta la fabricación, el comercio, la posesión y el uso, por los particulares, de armas distintas de las de guerra”), lo cierto es que, siguiendo el principio de unidad de la Constitución, debe ser leído en conjunto con otras disposiciones constitucionales como el artículo 2, inciso 24 (“Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personales”), el artículo 44 (“Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad”) y el artículo 58° (“el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura”).

De la revisión del marco jurídico nacional e internacional en el Perú, se puede deducir que la posesión y uso de armas de fuego también debe ser entendida como un privilegio sujeto a regulaciones, pues las armas son consideradas objetos de riesgo que amenazan la seguridad ciudadana (de hecho, hay obligaciones concretas derivadas de forma explícita de las normas citadas). Concluimos afirmando que en el ordenamiento peruano poseer y usar armas no es un derecho fundamental, por lo que es admisible constitucionalmente y deseable políticamente la existencia de limitaciones intensas.

[1]     “Armas pequeñas, grandes problemas”, en: La República, 6 de julio de 2014.

http://www.larepublica.pe/columnistas/agenda-internacional/armas-pequenas-grandes-problemas-06-07-2014

[2]     El nombre oficial completo es Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad Privada, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC, organismo adscrito al Ministerio del Interior.

[3]     La propuesta legislativa puede ser descargada en:http://www.sucamec.gob.pe/web/index.php/dispositivos-generales/11-informacion/dispositivos-generales/85-anteproyectos-de-ley

[4]     Véase las editoriales de El Comercio del 5 y del 28 de abril de 2014.

En ese orden:

(1)    http://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-desarmados-noticia-1720644

(2)    http://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-legitima-defensa-noticia-1725596

[5]     PARKER, Sarah. States of Security. Chapter 9: “Balancing Act: Regulation of Civilian Firearm Posession”. Small Arms Survey. 2011: Cambridge.

[6]     Cfr. http://www.loc.gov/law/help/second-amendment.php, visitada el 15 de abril de 2014; TUSHNET, Mark. “Interpreting the Right to Bear Arms – Gun Regulation and Constitutional Law”, en: The New England Journal 358 14, 2008; HENIGAN, Dennis. Book Review: Out of Range: Why the Constitution Can’t End the Battle over Guns; entre otros.

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