Archivo por meses: diciembre 2009

Los nuevos umbrales para procesos de selección

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Como señalaba el boletín Propuesta Nº 63, el martes 8 de diciembre “fueron publicadas en el diario oficial El Peruano las Leyes 29465, 29466 y 29467 de Presupuesto, de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero del Sector Público para el Año 2010 y al día siguiente, el miércoles 9, apareció el Decreto de Urgencia 113-2009 modificando la quincuagésima segunda disposición final de la primera de ellas, que generó muchas críticas, para permitir el nombramiento de personal con más de 3 años de servicios consecutivos que ocupen una plaza vacante y que reúnan los requisitos para el cargo pero en forma progresiva y previo concurso público de méritos”. De ese modo, “ha sido aprobado por 81 mil 857 millones 278 mil 697 nuevos soles lo que representa 9 mil 501 millones 780 mil 813 nuevos soles más que el presupuesto de partida considerado en la Ley 29289 para el Año 2009”.

Ahora bien, en vista de que la Unidad Impositiva Tributaria ha sido establecida, para el año 2010, en S/. 3600, los montos que deben tenerse en cuenta para determinar qué procesos de selección corresponde convocar son los siguientes:

Umbrales para determinar procesos de selección
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Un nuevo blog de derecho público

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Hace unos días, Cristiam León ha lanzado su blog, en el que abordará, según reseña, “las inagotables experiencias en el mundo del Derecho Público. Sus infortunios y demás encuentros y desencuentros. Opiniones, críticas y meditaciones”.

Ha publicado, entre otros temas, un artículo en el que reseña la tesis de Isabel Reig Fabado sobre el Régimen Jurídico del Contrato Internacional de Ingeniería y que publicó en la Revista colombiana E-Mercatoria. Es un terreno que se requiere explorar y que, por tanto, constituye una aventura sumamente atractiva.

En todo caso, me parece muy importante el que sigan apareciendo foros de discusión de derecho público en el Perú. Esto muestra que estamos evolucionando, en el ámbito académico, de manera favorable. Leer más »

Feliz Navidad y un mejor año 2010

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Desearles una Feliz Navidad, pero al mismo tiempo que estas fiestas en las que algunos tenemos la suerte de poderla pasar bien, pensemos también en todos los que no tienen los recursos mínimos para subsistir. En esa medida, que el próximo año sea un año en el que más que en el “gasto público” se piense en la necesidad de una adecuada “inversión pública” que logre la reducción de la pobreza y, simultáneamente, el desarrollo de nuestro país. Leer más »

La corrupción más allá de la percepción

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Hace unos días publiqué un post en relación con el índice de percepción de la corrupción. Pues bien, he tenido la oportunidad de leer un artículo de opinión publicado en el diario El País de España por Emilio Sánchez Ulled, titulado La ciénaga de la corrupción. En dicho artículo, el autor, presidente de la Unión Progresista de Fiscales y Fiscal Anticorrupción en Barcelona, explora y trata de describir el terreno real de la corrupción, aquel que trasciende el terreno de la pura percepción.

Comienza su artículo con un golpe contundente: “Hemos asistido al afloramiento de repugnantes ejemplos de corrupción pública, germinados en esa zona en la que confluyen el desarrollo de las políticas públicas y la actividad económica privada, zona que corre el riesgo de convertirse en una auténtica ciénaga”. Desde el inicio nos manifiesta que eso que él llama ciénaga se ubica en la zona en que se intersecan las políticas públicas y la actividad económica privada. Es decir, no se trata de un patrimonio exclusivo del sector público, sino que, por el contrario, es un constructo producido por la “colaboración” de funcionarios corruptos y agentes económicos privados corruptos también, en el que se comprometen una serie de intereses de alto nivel.

Sánchez concluye que “estamos ante un fenómeno que va más allá de la tradicional mordida, es algo distinto y más sutil. Algo que presenta dimensiones cualitativa y cuantitativamente muy peligrosas y, desgraciadamente, también cierta vocación estructural. Se trata de corrupción de alto nivel, de la utilización ilícita de las potestades, la información -privilegiada- y los recursos públicos para aplicarlos a finalidades particulares, individuales o corporativas, propias o ajenas, siempre en perjuicio del interés general. No es algo que deba sorprendernos especialmente a estas alturas del desarrollo político-social, pero lo cierto es que hasta ahora su verdadera magnitud resultaba inversamente proporcional a su visibilidad para los ciudadanos”. Ojo, se trata de un país europeo (España), ubicado en el puesto 32 del Índice de percepción de la corrupción. Y, de manera concluyente, este Fiscal nos manifiesta que esta faceta nueva de la corrupción es, en términos generales, imperceptible para la población.

Es más identifica algunas formas en que se presenta este nuevo fenómeno: “Ya conocemos prácticas que son verdaderos “clásicos” en la materia: la facturación por servicios inexistentes o descaradamente inútiles -informes o estudios, por ejemplo-; la interposición de sociedades pantalla destinadas a hinchar o rellenar los costes de una determinada actuación pública, o a justificar una subvención; el desvío de dinero público a entidades -muy señaladamente fundaciones- vinculadas a formaciones políticas y a su puro servicio más que al de las finalidades formales de aquéllas; la degeneración de los convenios de colaboración entre entidades públicas y privadas -urbanísticos, por ejemplo- a fin de encubrir simples procesos de enriquecimiento”.

En este tiempo el Perú tiene una nueva oportunidad para despegar. Estemos atentos para que la corrupción no gane espacio y sea la verdadera beneficiada Leer más »

El arbitraje en la contratación pública

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Este es el título del libro que han publicado Mario Castillo Freyre y Rita Sabroso Minaya, que constituye, además, el Volumen 7 de la Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freyre. Pues bien, como le indiqué a Castillo en un correo de agradecimiento por el libro, este constituye el primer libro que aborda de manera integral un tema de la importancia del arbitraje en el ámbito de las contrataciones del Estado.

El libro fue presentado hoy 14 de diciembre de 2009 por Alexander Campos, en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta obra tiene 276 páginas y está dividido en 5 capítulos.

El primero dedicado a la naturaleza del arbitraje en las contrataciones del Estado (obligatorio y de derecho).

El segundo dedicado a un tema altamente sensible, como es el de la materia arbitrable y, por tanto, también de la no arbitrable (he dado una rápida mirada a este capítulo y me parece que no se ha tomado en cuenta, para el desarrollo del mismo, el punto de vista, por ejemplo, de Julio Martín Wong Abad, Presidente de la Sala Comercial que declaró la nulidad de un caso que exponen los autores y que luego dio lugar a un artículo titulado “Comentario a la sentencia casatoria Nº 825-2006-Lima”, publicado en la revista JUS Jurisprudencia, N° 9, Setiembre 2008, pp. 83-101, que comenté en un post anterior; asimismo, no se ha revisado tampoco el Proyecto de Ley Nº 3653-2009-CR, de noviembre de 2009, en el que, entre otros, se modifica el artículo 41 de la Ley de Contrataciones del Estado, poniendo punto final a la no arbitrabilidad de los adicionales de obra).

El tercero, está dedicado al estudio del Proceso Arbitral, abordando temas cruciales como el del plazo de caducidad (incongruentemente regulado en la Ley y el Reglamento), la acumulación de procesos y excepciones.

El cuarto está dedicado al análisis de los árbitros, tema también esencial para el desarrollo de un buen arbitraje. En este capítulo se aborda un tema importante y, al mismo tiempo, controversial como es el de los conflictos de interés y la ética en el arbitraje.

El último capítulo está dedicado al Laudo Arbitral.

A este libro le dedicaré varios comentarios. Hoy quiero empezar comentando la introducción de esta obra, en la que los autores plantean desde el inicio algunos puntos de vista interesantes, aunque no por ello menos polémicos. Uno primero es que se analiza el carácter “obligatorio” del arbitraje en contrataciones del Estado, aunque, en otra línea, se sostiene que se trata de un arbitraje originado en relaciones contractuales standar. Ahora bien, Castillo y Sabroso nos informan que el 70% del total de arbitrajes tiene como una de las partes, por lo menos, al Estado. Esto es muy importante y sería interesante conocer si esta estadística tiene una fuente oficial.

Al mismo tiempo, los autores señalan que “tanto las entidades públicas como las empresas contratistas se encuentran satisfechas con la implantación de este mecanismo de solución de controversias” (p. 16). Esta afirmación, me parece, es más un deseo que una realidad, al menos en cuanto refiere al sector público. Y es justamente el descontento en la administración pública con relación al arbitraje (por sus resultados) lo que debe merecer un análisis cuidadoso de quienes creemos en el futuro de este medio de solución de conflictos. Justamente para que no se afecte su legitimidad. Leer más »