Hoy el diario La República vuelve a publicar un artículo de César Romero en el que se da a conocer la forma en que supuestamente se articulaba una red de corrupción vinculada con arbitrajes relacionados con procesos de expropiación. Es lamentable ver como drena la pus, pero esto puede ser una oportunidad también de dotar al arbitraje de controles más eficaces. Y es que el arbitraje es una herramienta muy importante de solución de controversias a pesar de todos estos problemas. En todo caso, lo importante es que estos temas que se denuncian a nivel de medios de comunicación se investiguen a fondo y con eficacia a nivel del Ministerio Público y del Poder Judicial, sin incurrir en generalizaciones que lo único que promueven es al final la impunidad, a fin de que se logren determinar las responsabilidades específicas, tanto en el ámbito público como privado y se sanciones como corresponde.

Procuradores promovieron demandas contra el MTC
Investigación. Consejo de Defensa Jurídica del Estado denuncia que los exprocuradores del MTC se coludieron con particulares para perjudicar al Estado en millonarios procesos arbitrales.

César Romero

Un procurador es un funcionario encargado de representar y defender a una institución pública. En el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), desde el año 2009 hasta julio del 2017, los procuradores habrían sido todo lo contrario: los enemigos legales del Estado.

Esta es la conclusión de una auditoría realizada por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, cuyos resultados fueron entregados a las Fiscalía para la investigación respectiva.

Según la auditoría, los procuradores del MTC, Alan Alarcón Canchari e Israel Stein Lavarello “estructuraron una organización con personas de su confianza, quienes desempeñaron distintos roles, en condición de abogados de la procuraduría, árbitros, secretarios arbitrales o titulares en sedes arbitrales”, quienes “habrían concertado determinadas actividades ilícitas en (…) detrimento del Estado”.

Promotores
Así, se precisa que los abogados de la procuraduría convencieron a personas particulares, a las que les habían expropiado terrenos para el metro de Lima y otras obras, para demandar al Estado, en sede arbitral.

De este modo, el abogado de la procuraduría, Carlos Gonzales Lecca, convenció a Lucila Pacheco, propietaria de un inmueble en La Victoria, que ya había aceptado recibir un pago de 4.6 millones de soles por su terreno, para demandar al MTC por supuestos daños y perjuicios, que incrementaron los gastos para el Estado.

Algo parecido sucedió con los terrenos de la empresa Megabalanza. Provías Nacional ofreció pagar el valor de mercado más un incentivo del 10%. El representante legal de dicha empresa rechazó la oferta y presentó un proceso arbitral. Entonces, el procurador Israel Stein aceptó el arbitraje y comprometió al MTC a pagar todos los gastos que, de acuerdo a ley, son compartidos por las partes.

En otro caso, en la ejecución de una expropiación, el procurador Alarcón convino con Mario García Quijano para contratar un peritaje privado sobre dos terrenos expropiados por Provías Nacional, y que el Estado pague todos los gastos arbitrales.

Para ese momento, las dos áreas del terreno requeridos por Provías Nacional ya había sido tasados por peritos oficiales. Una de las áreas, en 2’989.753.07 soles. El peritaje de parte de esa misma área fue por S/ 6’065.547.30, que la sentencia arbitral concedió a García Quijano.

Árbitros a la medida
También se advirtió que la procuraduría no recusó a presidentes arbitrales, evidentemente parcializados, o propuso como árbitros a expracticantes de la procuraduría.

En un proceso arbitral promovido por la constructora Neica, aceptó que el presidente sea Juan Rojas Ascón, exabogado de la procuraduría y en ese momento representante legal de constructora ICCSA. Además, Rojas designó como secretario arbitral al otro apoderado de ICCSA, Roberto Lara Bravo.

Luego, en un arbitraje promovido por el consorcio Vial Quinua, integrado por las constructoras Graña y Montero, ICCGSA y EIVI, se permitió que se designará presidente arbitral a Edgar Gonzales Samaniego, otros expracticante.

Gonzales Samaniego también presidió otro tribunal arbitral que prohibió la ejecución de cartas fianzas por 18’028.009.00 soles, aceptando como garantía una caución juratoria. Rojas Ascón, el exabogado de la procuraduría y representante legal de ICCGSA, fue designado por Alarcón como árbitro del MTC en otros cinco procesos.

El exprocurador José Vales también es cuestionado por designar como árbitros a Weynden García y Randol Campos en nueve casos promovidos por Odebrecht, que tenían como presidente a Horacio Cánepa. En todos estos casos, el Estado perdió millones de soles.

El centro de arbitraje de los exabogados de la procuraduría
El Consejo de Defensa Jurídica también pidió investigar la relación de los exprocuradores del MTC con Arbitre Soluciones Arbitrales, uno de los centros arbitrales más importantes del país y que fue fundado el 5 de abril del 2013 por Katty Mendoza y Mónica López Casimiro, exabogadas de la procuraduría del MTC.

Mendoza fue designada 24 veces como árbitro del MTC, a la vez que su centro de arbitraje lleva adelante diversos procesos arbitrales contra el MTC donde se evidencia “un incremento de honorarios y gastos exorbitantes”.

En un proceso promovido por Deviandes, la procuraduría del MTC permitió modificar su demanda en varias oportunidades. Esto provocó que a mediados del 2017 los honorarios de los árbitros aumentaran a S/ 1,749.000 y los de la secretaria, exasistente de la procuraduría, en S/ 308 mil.