Nuevamente el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado se encuentra en el centro de atención pública, pero por un escándalo mediático: el contrato de arrendamiento de un local por S/ 15 000 000,00, por un plazo de 3 años. Aparentemente se previó en ese caso incluso el pago adelantado de la renta. En el programa de televisión Panorama saltó a la luz pública un asunto que ya era objeto de críticas en el ámbito más interno. Políticamente, esto fue aprovechado por personajes vinculados a la más oscura de las gestiones de esa Entidad, quienes aparecen como “expertos” en la materia; sin embargo, ese es un asunto de costos de oportunidad en la política, que otros líderes políticos no maximizan.
Desde una perspectiva técnica, considerando además que dicha Entidad funciona en dos edificios independientes, lo que le resta eficiencia, esa contratación era posible; pero, en un contexto de austeridad, que una Entidad pública alquile un local de 6 000 metros cuadrados en un edificio de oficinas en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, es totalmente impertinente y, además, resulta claro que no se cuida del principio de mayor valor del dinero público. Por tanto, las consecuencias de esto eran previsibles: “El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que ha aceptado la renuncia de Blythe Muro Cruzado a la presidencia del Organismo Supervisor de las Contrataciones del estado (OSCE)” informó anoche el diario La República.
El OSCE ha sido víctima de sus propias normas y procedimientos. ¿No existe realmente pluralidad de proveedores para oficinas con las características requeridas? El costo, a partir de lo que se aprecia, incluye la implementación de los ambientes, es decir, no será “en gris”, sino con toda la implementación correspondiente.
No es el primer caso de un contrato de arrendamiento que genere ese nivel de escándalo. Lamentablemente esto es consecuencia de un Estado que funciona como si se tratara de entidades desmembradas y completamente aisladas; se requiere de una planificación integral para que se constituya una sede para todas las Entidades que conforman el sector público, al menos en su nivel central. Es decir, debería pensarse en destinar un complejo urbano (una suerte de pequeña ciudad para el funcionamiento del Estado) en el que funcionen todas las entidades del sector público que forman parte del gobierno central, por lo menos. Esto permitiría incluso actuar decididamente en línea con la descentralización de las funciones del Estado.
Lamentablemente, como las Entidades actúan como compartimentos estancos, cada unidad debe velar por una sede adecuada para el funcionamiento de la misma, garantizando, entre otras cosas, la seguridad de los trabajadores. Y esto implica mayores costos a destinar por ese concepto y genera, además, incentivos perversos tanto para el sector público como privado.
Ya el gobierno, por intermedio del Premier, ha anunciado que se investigará el contrato que suscribió el OSCE. Según informa Gestión (página 16 de la edición del día de hoy, 17 de abril de 2018) “no habría pruebas sobre presuntos daños estructurales y riesgo en su actual sede —de ocurrir un sismo de mediana magnitud—, que es la justificación de esa entidad para el alquiler en Surco”. Esto, seguramente, dará lugar a identificación de responsabilidades, pues se está cuestionando directamente lo que habría sido la justificación central para esa contratación.
En tanto, el cambio de directivos en el OSCE, en tan breve tiempo, seguramente seguirá afectando el funcionamiento de una Entidad tan importante como esta. Esperemos que la persona designada para sustituir a la Presidenta Ejecutiva renunciante tenga la capacidad de liderar una reforma necesaria desde hace mucho tiempo para recuperar el liderazgo institucional del OSCE, con atención también a los requerimientos actuales del país, sin mantenernos atados a formas y procedimientos muchas veces anticuados. El reto es enorme.
Este es un cuestionamiento adicional contra la entidad. Sin duda, los nuevos responsables, tendrán que llevar a cambio diversos ajustes estructurales, funcionales y de personal.Por otro lado, comparto tu opinión respecto a la centralización de entidades; incluso este planteamiento fue propuesto, en algún momento por un presidente de la República; ojala se retome el planteamiento.
Gracias, Juan Manuel, por leer el blog, y por tu comentario.
Este es un reflejo de lo inconsistente de nuestras instituciones, para el caso quien está obligado de orientar, interpretar y velar por las mejores y sanas aplicaciones de la norma de Contrataciones caiga en semejante situación.
¿La vacuna más peligrosa que la enfermedad?
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Gracias, Jorge, por leer el blog, y por tu comentario. La interrogante que formulas es super compleja.
Después de leer el requerimiento, hay que precisar que las bases si contienen indicios de direccionamiento:
* Limitar la antigüedad de la fábrica a 5 años cuando el RNE establece la antigüedad media en hasta 50 años (mayores antigüedades con verificación, como el caso de Centro Cívico, la torre Petroperu, Palacio de Justicia, etc).
* Pedir pisos de porcelanato: de acuerdo a la tabla de valores únicos de edificación corresponde a la categoría 1 de 8 (las siguientes incluyen cerámico, laminado, parquet, tapizón).
* Sistema de rociadores: de acuerdo a la NFPA (aplicable supletoriamente) no son obligatorios y admiten alternativas como la dotación de extintores.
Etc, etc.
Gracias, Ricardo, por leer el blog. Se trata de una contratación directa, pero claro, coincido en que hay requerimientos que no se entienden o no resultan razonables.
Muy buen artículo Derik!, ojalá pongan a un responsable que conozca de Contratación Pública, que tenga capacidades gerenciales, sepa de gestión pública y tenga cintura política, y no a un improvisado.
Hola, César. Gracias por leer el blog y por tus palabras. Coincido con tu apreciación. Abrazo
Buenas noches Derik (disculpa la familiaridad): considerando que el requerimiento contenía disposiciones exorbitantes y que la contratación directa se justificó por ser proveedor único, lo primero que viene a la cabeza es que se trata de una causal “creada”.
Si fue con buena o mala fe, no lo podría decirlo, sobre todo luego de revisar otras 30 contrataciones directas de los últimos 12 meses en las cuales la constante es el requerimiento de infraestructura muy por encima por encima del estándar del Reglamento de Edificaciones.
Gracias, Ricardo, nuevamente. Creo que los servidores públicos debería poder trabajar en óptimas condiciones y, por tanto, la infraestructura debería ser lo mejor posible. Sin embargo, creo que también los estudiantes de colegios públicos y universidades públicas debieran tener esas condiciones óptimas. Lamentablemente, el Estado peruano, además de débil, es sumamente ineficiente. Y el que se encuentre desperdigado, hace que cada Entidad tenga que agenciárselas. Creo que deberían crearse centros de infraestructura pública para el funcionamiento centralizado de las diferentes Entidades. Mientras esto no sea real, seguiremos teniendo estos problemas que van más allá de la buena o mala voluntad.