En su última edición dominical, el diario La República, ha publicado un artículo de César Romero en el que se pone en evidencia una mala práctica de empresas brasileras a cargo de la ejecución de las obras de la Interoceánica Sur.
Se trata de una modalidad de inflar los costos de la obra, incluyendo en las valorizaciones (y seguramente también en la liquidación de la obra) mayores metrados de algunas partidas específicas. En este caso, se trata de las partidas de “voladura, remoción de roca y material suelto” que, aunque estuvieron a cargo de un subcontratista, son incluidas en las valorizaciones y posterior liquidación de la obra a cargo del contratista. Por tanto, el consorcio conformado por las empresas Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa y Queiroz Galvão habrían inflado los costos de las partidas realmente ejecutadas (señalando que se habría tenido que ejecutar las mismas respecto a un “metrado” bastante mayor al que realmente se consideró).
Un tema que me preocupa es que , desde la perspectiva mediática, se presenten estos casos como si estas prácticas tuvieran su punto de partida en las empresas brasileras. ¿Se habrá incluido en las auditorías de las obras en general estos criterios al analizar las prestaciones adicionales o incluso los mayores metrados?
Esta denuncia es sumamente seria y debería dar lugar a una auditoría seria y profunda de las obras, especialmente de las de mayor significación económica, pero sobre todo, debería dar lugar a que las Entidades y los funcionarios tengan mayores cuidados al evaluar los metrados realmente ejecutados. En ese sentido, no se trata de un asunto de nacionalidad, sino de transparencia en la gestión contractual.
Aumentaron tamaño de cerro para estafar al Estado por US$ 1,1 millones
César Romero
El dedo de Dios. En la construcción del tramo 4 de la carretera Interoceánica Sur, a cargo de Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa y Queiroz Galvão. Al sobredimensionar las medidas, cobraron por un trabajo no realizado.En la construcción del tramo 4 de la Interoceánica Sur, a cargo de Intersur Concesiones –Andrade Gutierrez, Construcoes e Camargo Corrêa y Constructora Queiroz Galvão–, se habrían exagerado las medidas de diversos puntos geográficos por donde pasa la carretera para cobrarle más al Estado.
En el engaño también habrían participado el Consorcio Supervisor Interoceánica Sur, Hos Consultores y CPS Ingenieria SAC, y Ositran, según las primeras indagaciones del Equipo Especial del Ministerio Público que investiga los actos de corrupción de las empresas brasileñas en el Perú.
Hasta el momento se ha verificado el sobredimensionamiento en las medidas de un cerro en Carabaya, Puno, al comparar la liquidación de obras declaradas por Intersur Concesiones con los planos del Instituto Geográfico Nacional.
Se sospecha que esta situación se podría repetir en al menos 11 puntos de los 305,9 kilometros que tiene de extensión el tramo 4, que recorre los departamentos de Puno y Madre de Dios.
El dedo de Dios
El cerro denominado “El dedo de Dios” tenía una altitud de 131,21 metros, pero se reportaron y cobraron al Estado trabajos de voladura, remoción de roca y material suelto como si hubiera tenido una altitud de 185 metros.
Los 54 metros de exceso generaron un perjuicio al Estado de 1’188.707,31 dólares. Este fue el dinero que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) le pagó a Intersur Concesiones por trabajos de remoción de roca, que nunca se realizaron.
Así concluye el peritaje realizado, a pedido del Ministerio Público, por el ingeniero civil Víctor Raúl Villanueva Villanueva.
Denuncia
Este hecho fue descubierto a partir de una denuncia presentada por el gerente de la empresa “Voladura y Chancado de Rocas Chanchani SRL”, Luis Fernández Abarca, subcontratado por Intersur Concesiones, el 13 de mayo del 2006, para la voladura y remoción de “El dedo de Dios”.
Se trataba de un cerro que se encuentra ubicado entre las ciudades de Macusani y Olaechea, en la provincia de Carabaya, Puno.
“Voladura y Chancado de Rocas Chanchani SRL” realizó el trabajo y retiró unos 64.978,83 metros cúbicos de material. Intersur Concesiones canceló una parte y quedó un saldo pendiente de aproximadamente 27 mil metros cúbicos, que a la larga permitió que se descubra el engaño en perjuicio del Estado.
Diferencias
Luis Fernández refiere que al acercarse a cobrar a Intersur Concesiones, en diciembre del 2010, le pidieron firmar diversos documentos, consistentes en planos de progresiva, valorización mensual y cierre de contratos, donde el recuadro para sustento de metrados trabajados estaba en blanco.
El 15 de octubre del 2011, al subsistir un saldo pendiente volvió a requerir el pago, momento en que le respondieron que debía esperar que el MTC cancele el avance de obra para que le puedan pagar y que si había una controversia se sometería a arbitraje.
Ante esa respuesta, el 14 de setiembre del 2012 solicitó a Ositran que le muestre los documentos de los volúmenes ejecutados y reconocidos por el MTC a favor del consorcio. Y observa que en la copia del expediente que le entregan ya no había casillas en blanco y que se había pagado por 135.861,70 metros cúbicos de remoción de roca fija y material suelto, mucho más de lo que había trabajado.
En busca de aclarar lo que estaba pasando, Fernández pidió a Ositran los planos de levantamiento topográficos realizados por Intersur Concesiones antes de la voladura del cerro.
En los documentos que le entregaron encontró que las medidas no eran las reales, no solamente respecto a “El dedo de Dios”, sino en otros 11 diferentes puntos de la carretera Interoceánica.
Fernández refirió en la Fiscalía que en la Contraloría y el MTC quisieron justificar las diferencias a favor del consorcio, antes que esclarecer lo que había sucedido y recuperar el dinero pagado de más. Ositran llegó a emitir nuevos documentos con las medidas reales. Fernández, entonces, los llevó a la Fiscalía.
Es increíble la astucia de esta clase de empresas para enriquecerse ilícitamente y esto ocurre por la pasividad del Estado y sus instituciones. Tenemos un marco normativo de contratación estatal simplemente deficiente que por un lado se vuelve engorroso al permitir distintas modalidades de contratación, que incluso permite contratos de gobierno a gobierno como el caso del satélite que se compró a Francia, de lo cual hasta ahora solo se sabe que se pagó demasiado por una tecnología que no se justifica ni se ajusta a nuestras necesidades como Estado. Por otro lado la acción de los órganos de control del Estado no son concurrentes cuando los contratos están en su fase de ejecución contractual, por el contrario es un control casi siempre posterior, cuando los actos de corrupcion ya están consumados, y finalmente tenemos un Poder Judicial simplemente en caos que con su decidía y lentitud alientan a que más funcionarios corruptos se vean tentados y caigan en prácticas corruptas, bajo la premisa de que en el Perú todo se arregla luego con dinero y que todo tiene su precio. Es necesario en esta coyuntura que atraviesa el Perú por las corruptelas que hoy destapa la prensa que exista una reforma profunda de todo el sistema de contratación estatal que el Estado actúe con mano firme, que este tipo de empresas y sus propietarios, directores o gerentes lo piensen muy bien antes de verse tentados a caer en prácticas corruptas porque recibirán una drástica y ejemplar sanción. En este punto sería conveniente revisar los tipos penales y reformarlos para que todo delito que atenten contra los recursos económicos que siempre son escasos en un país como el nuestro reciban de manera sumaria una pena muy alta y todo el Sistema de Contratación estatal tendría que contribuir aportando las pruebas necesarias, haciendo que cada vez todo necesariamente se ingrese por una plataforma informática única que sea ineludible y que detecte las inconsistencias técnicas y económicas en pocos instantes y lance alarmas para que la Contraloría actúe conforme a sus atribuciones. Para nadie es un secreto que en el tema de los adicionales de obra ocurren casi siempre actos irregulares y corruptos, ello por ejemplo debería ser detectado por el este sistema informático y generar automáticamente una auditoría in situ en el acto. Para ello la Contraloría requerirá de cuadros técnicos suficientes para atender rápidamente las acciones de control pertinentes.
Gracias, Walter, por leer el blog. Tus planteamientos son interesantes pero totalmente generales. La idea es cómo se aterrizan esos controles. Eso es lo más difícil en la gestión pública y también en las actividades de control.