Tras tres días de un paro que, con el rótulo de “indefinido”, empezaría a amenazar el normal abastecimiento de productos en la capital, esta tarde el Ejecutivo llegó a un acuerdo con el gremio de transportistas interprovinciales y de carga, quedando suspendida la medida de fuerza adoptada. En la negociación se fijó que el gobierno devolverá a dichos transportistas el 30% del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).
Alfonso Rivas, dirigente del Consejo Nacional del Transporte, lamentó que hubiera llegado la situación a este punto a fin de conseguir la devolución total de este impuesto, pidiendo perdón a los viajantes por las molestias causadas, y asegurando que sus servicios de transporte se restablecerían en el más breve plazo. De esta forma, quedaron atrás las sanciones de suspensión de rutas y concesiones que podrían recaer sobre las empresas huelguistas, como informó el premier Velásquez Quesquén en la víspera.
Si bien medidas paliativas como el trasporte gratuito de 100 toneladas de alimentos por medio del Ferrocarril Central de productos de esta parte del país hacia Lima y los vuelos cívicos de emergencia a 25 soles para personas varadas en los terminales ya no serán necesarias, hacen falta directivas concretas desde el propio Ejecutivo para que negociaciones como estas no tengan que esperar hasta que los demandantes excusen tomar medidas radicales y que el ciudadano de a pie las sufra en carne propia.