Súbitamente, Jorge Glenni, el asesino confeso de Marco Antonio Gallego, “recordó” que el famoso estilista, en el momento del crimen, admitió tener SIDA. Desde que se conoció el resultado de la autopsia de Gallego, la prensa especuló que con este dato Glenni – bajo la estrategia de defensa de su abogado – cambiaría su versión inicial sobre lo ocurrido aquella noche de julio, con el fin de variar el móvil del asesinato y, por ende, recibir una pena menor a la cadena perpetua: esta última condena aplicable de hallarle culpable de homicidio posterior al robo.
Ni en las más denigrantes argumentaciones que observé en algunos capítulos de la serie estadounidense “La ley y el orden” pude imaginar tan grosera estrategia, que sobrepasa la ficción, por parte del defensor del joven criminal. Si bien en un juicio se busca saber la verdad sobre hechos, es probable que, a falta de detalles completos, se busque completarlos con versiones “verosímiles” (es decir, que parecen verdaderas y son creíbles).
Lo cierto es que con esta infidente información que rompió la Ley de Confidencialidad, la cual data de la década pasada y otorga el derecho exclusivo de revelación al portador del SIDA sobre su estado de salud, Marco Antonio no puede descansar en paz: su asesino utiliza tal revelación para librarse del justo castigo que debiese recibir.