Eso tienen las mentiras, según reza el refrán, y lo sucedido en la semana no puede ser menos que elocuente. Ingrid Suárez, candidata a la Contraloría y con un nombramiento casi asegurado, fue denunciada por el parlamentario humalista José Urquizo por los presuntos delitos contra la fe pública, usurpación de título y falsa declaración jurada. Esto a raíz de las informaciones que señalaban cuestionamientos en sus estudios cursados en España.

En efecto, como informa El Comercio en su edición sabatina, la pretendiente a contralora no presentó ningún certificado sobre sus estudios en la Escuela Politécnica de Ingeniería en Gijón (España), tan sólo dos documentos enviados al presidente del Congreso, en las que se afirma su asistencia en cursos de dicha institución, en calidad de alumna libre. Incluso, se afirma que el curso vía on-line en la Universidad de California en Berkeley (Estados Unidos), no fue calificado y no genera créditos.

Por lo pronto, Javier Velásquez Quesquén, titular del Parlamento, retiró su firma de la resolución legislativa, que autorizaba su nombramiento, y que no llegó a ser ratificada por el presidente de la República quien, en declaraciones desde Madre de Dios, espera que un nuevo candidato a contralor “pueda presentar todos sus títulos y méritos sin necesidad de este escándalo que desacredita la buena fe de las personas”.

Sin embargo, la cuestionada candidata se declaró víctima de una campaña mediática “dura y despiadada”, argumentando pagar el precio de no contar con malicia política ni contacto con los medios. Ante tamaño escándalo, Rafael Rey, ex ministro de Producción y principal propulsor de Suárez al cargo, se mostró “decepcionado y sorprendido” por lo sucedido en los últimos días. La pregunta, por tanto, es la siguiente: