La madrugada del miércoles 16 un gran alud de lodo y piedras, producto de las fuertes lluvias que ocurren en la sierra en esta parte del año, inundó la ciudad de Huamanga, matando al menos a diez personas, destruyendo cerca de 150 viviendas y afectando otras 200, además de colapsar el sistemas de tuberías para el agua potable. Sin embargo, la tragedia no parece haber terminado sino que apenas inicia.
Y es que, a pesar de que el Gobierno ha decretado en la zona el estado de emergencia para agilizar la reconstrucción, hay decenas de familias en extrema pobreza que no desean ser reubicadas en un campo del IPD ya que piensan que les pueden quitar los terrenos o robarles sus pertenencias y han decidido quedarse en sus mismos hogares, pese al peligro que representan.
Si a eso le agregamos el hecho que muchas de estas fueron construidas en terrenos donde se produjo tala ilegal, nos encontramos con un escenario complicado que ahondaría el desastre. Así que, si bien se ha garantizado que la policía resguardará dichas áreas, lo importante es convencer a estos damnificados para que desistan de su actitud y no se conviertan en nuevas cifras de una tragedia que pudo evitarse.