En un tremendo desatino terminó el proyecto de ley del congresista del PAP, José Vargas, al pretender regular el derecho de rectificación. Dicho proyecto comprende tres aspectos modificatorios. Primero, rebajar el plazo para que el afectado por una información inexacta pida la rectificación periodística de 15 a 7 días. Segundo, la reducción del periodo para la publicación de la rectificación, de 10 a 3 días, la cual se extiende a los medios de comunicación electrónicos. Y por último, la reparación civil (multa) es asumida por el medio de prensa, siempre y cuando el periodista autor de una nota falsa no se rectifica.
Es probable que tengan algunos tiempos de rectificación puedan reducirse, pero no de forma exagerada: cierto es que los grandes medios de comunicación pueden asesorarse con sus áreas legales, beneficio con que no cuentan periodistas que trabajan por su cuenta en el ciberespacio. Quizá el tercer punto sea el más controvertido, por cuanto lesiona, de algún modo, el derecho al trabajo de un periodista, el cual podría verse vetado por los yerros en su labor. Por este polémico item es que la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) decidió emitir un comunicado, expresando una “enérgica protesta” ante la que consideran una “seria amenaza” a la libertad de expresión.
Como comentó un congresista el martes 18, es preferible que la prensa sea un poco injusta en sus apreciaciones a que pueda verse limitada en su capacidad de comunicar y formar opinión. De hecho, ya el primer ministro, Javier Veláquez, calificó de inoportuno e innecesario tal proyecto de ley, enmendando la plana a sus colegas Vargas y Cabanillas, quien secundó la moción. Se espera, entonces, que la Comisión de Constitución del parlamento, instancia ante la que se presentó el descartado proyecto, haga noticia por avanzar en sus otras 200 mociones y no por reverendas metidas de pata.