El pasado sábado se informó sobre el negligente estado en que se envió armamento de guerra al valle de los ríos Apurímac y Ene. Envueltos y empaquetados en bolsones de arroz y tubérculos, los 150 fusiles AKM y 34 mil municiones viajaban en la bodega de un ómnibus rumbo a la zona de combate. Tras el destape periodístico, el general PNP Percy Rivera Paiva, encargado de dicha zona policial, fue inmediatamente relevado de su cargo y enfrenta un proceso administrativo.

Sin embargo, en declaraciones recogidas por El Comercio en su edición dominical, el general Rivera ha hecho un deslinde con dicho “envío”, señalando que desde hace unos días se encontraba con permiso por “razones personales” y que la responsabilidad de tamaña acción recae sobre el coronel PNP Jesús Caman Farge, cabeza de la Unidad Logística de dicho puesto policial. El destituido oficial, quien se encuentra en Huamanga reuniendo documentación para realizar sus descargos, afirmó también que, a la fecha, el coronel Caman continúa en su puesto.

Mientras tanto, la ministra del sector, Mercedes Cabanillas, ha desmentido enfáticamente que la mencionada “encomienda” sea un supuesto tráfico de armas al narcoterrorismo. Igualmente, sostuvo que la separación de Rivera de dicha jefatura es merecida, y que politizar el tema “no es necesario ni responsable”.

Ante la situación descrita, la pregunta viene a continuación: