Finalmente, la otra cara de la moneda en el escádalo de los petroaudios fue corroborada: agentes de la Policía Nacional, luego de un exhaustivo trabajo de inteligencia, intervinieron en días recientes la empresa Business Track S.A.C., entidad desde donde se realizaba -presuntamente- chuponeo y espionaje industrial. En el operativo se detuvieron a cinco personas, incluyendo a dos marinos en activo, y se incautaron equipos de interceptación.

De hecho, se espera que haya novedades en torno a este caso, dado que uno de los presuntos implicados acaba de acogerse a la colaboración eficaz. Se trata del oficial Martín Fernández Virhuez, destacado en la Dirección de Inteligencia Naval, quien decidió contar toda la información concerniente a las ilícitas actividades de la mencionada empresa.

Su testimonio, al cual podría sumársele el de otro marino, Jesús Ojeda Angles, pondría en situación muy comprometida a los representantes de Business Track: el contralmirante (r) Elías Ponce Feijoo, Carlos Tomasio de Lambarri y Guiselle Giannotti Grados. Sin embargo, el castigo no sería el adecuado, porque el artículo 162 del Código Penal sólo contempla penas de 1 a 3 años, incrementados de 3 a 5 si el infractor es funcionario público.

Ante el panorama presentado, la pregunta es la siguiente:

Nota de redacción: A pesar de tocar este tema, eso no significa que se haya olvidado otros temas importantes. De hecho, hacerles recordar que el plan de Egipto (para una tregua entre Israel y Hamas) fracasó, y el número de víctimas sigue ascendiendo y ya se acerca al millar.

Por otro lado, la homologación de sueldos y ministros, que pretendía mejorara el salario de los cuadros técnicos en los ministerios, ha quedado sin efecto. Por tanto, debe nacer un entendimiento para separar las remuneraciones de los cargos políticos de los cargos técnicos, haciendo que estos últimos se enriquezcan con gente de mayor calidad profesional.