Es un lugar común afirmar que el Perú se caracteriza por ser un país que cuenta con una gran diversidad cultural. Sin embargo, históricamente, no ha habido mucha preocupación por parte del Estado para establecer políticas que fomenten, con eficacia, la preservación de las lenguas originarias y, por ende, de la diversidad lingüística del país. Por ello, resulta al menos esperanzadora la reciente promulgación (al final del periodo parlamentario pasado) de la Ley N° 29735, o Ley de Lenguas Originarias, que aborda la regulación, uso, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del país. Se considera como originarias a todas aquellas lenguas anteriores a la difusión del castellano. Dicha ley fue impulsada por la ex congresista María Sumire, quien impulsó otros proyectos legislativos relacionados a la diversidad cultural. En el presente artículo, se mencionará los principales objetivos y medidas que se propone esta ley y, en un segundo momento, algunas de las dificultades que deben ser superadas para una verdadera implementación de la misma.

La Ley de Lenguas Originarias, como su mismo nombre lo dice, tiene el objetivo principal de preservar y fomentar la difusión de las lenguas originarias del país históricamente relegadas. Para que este objetivo se consolide, se han planteado diversas medidas en las que intervienen diversos organismos públicos y privados. Una de ellas es la elaboración de un Mapa Etnolingüístico del Perú que permita identificar a las comunidades que utilizan alguna lengua originaria para poder así plantear soluciones eficaces ante la problemática particular de cada una. Para esta labor, el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Estadística (INEI) deberán trabajar en coordinación para determinar los procedimientos adecuados que seguir. Otra de las medidas pretende brindar a cada lengua originaria registrada la categoría de Lengua Oficial en su lugar de influencia, lo cual tiene como intención reivindicar a estas minorías lingüísticas y brindarles un prestigio social que en la actualidad no poseen. Dicha condición de lengua oficial que se otorgará a las lenguas originarias conlleva una serie de medidas mucho más amplias. Una de estas es la posibilidad de utilizar la lengua originaria en todo tipo de institución o documentos públicos dentro de la comunidad en la que se hable. Además, todas las instituciones educativas de la zona en las que se utilice alguna lengua originaria (tanto de nivel primario y secundario, como de nivel superior) deberán implementar una educación bilingüe para el desarrollo de sus actividades académicas.

Si bien esta ley, en teoría, es muy importante pues fomenta nuestra diversidad cultural, es innegable que existen muchas dificultades para su implementación efectiva y el logro de sus objetivos. Por un lado, se puede afirmar que varias de estas medidas son muy difíciles de aplicar, como ejercer el derecho de ser atendido en lengua originaria por parte de cualquier institución del Estado (en la zona donde predomina esta). Ello podría lograrse solo a partir de una política de estímulos (incentivos económicos) a los profesionales del Estado (jueces, profesionales de la salud, educadores, etc.) que laboran en dichas zonas para que aprendan dichas lenguas. Asimismo, se genera un problema con aquellas lenguas que no tienen escritura, pues la ley no ha contemplado medidas distintas para estos casos, lo que acarrea la necesidad de contar con expertos que estandaricen y formalicen la escritura de estas lenguas (expertos que el Estado no tiene en la actualidad). Por otro lado, probablemente el tema más importante tenga que ver con la relación entre las medidas adoptadas y sus objetivos. Se busca preservar las lenguas originarias pues, como afirma la misma ley, son la expresión de una identidad colectiva y de una manera distinta de concebir y de describir la realidad. No obstante, cabe preguntarse si estas medidas realmente pueden brindarles un prestigio importante a estas. La respuesta a esta interrogante es, en efecto, negativa, ya que el prestigio de una lengua no puede ganarse por un pronunciamiento estatal o una ley. En este caso, hace falta mucho trabajo para convencer, incluso a las mismas comunidades, que aprender su lengua sí puede tener una finalidad práctica (y no va a ser un obstáculo para su desarrollo, que es como perciben la educación bilingüe en su mayoría).

En conclusión, la promulgación de la Ley 27935 resulta imprescindible para la preservación de la diversidad lingüística y, en consecuencia, cultural de la nación. Sin embargo, debería tomarse como un primer paso en el camino de la revaloración de las culturas originarias. El prestigio y la revaloración solo se podrán lograr cuando existan espacios para las personas que hablan estas lenguas (por ejemplo, la educación superior o los medios de comunicación). Crear estos espacios y mayores oportunidades para estas comunidades no es solo una labor del Estado (y del gobierno entrante), sino un compromiso de la sociedad en general. De esta manera, se evitará la vergüenza que sienten algunos hablantes respecto de su propia lengua y la futura extinción de muchas de ellas.