Con el tema de Conga, pretendida explotación de oro en una cabecera de cuenca en Cajamarca, el gobierno de Ollanta Humala ha tenido uno de sus principales retos sobre cómo quiere gobernar el país, su relación con la inversión privada y el modo de relacionarse con las poblaciones del interior del país que no son Lima (la capital).

Lo decimos así porque, una manera de gobernar que pone el diálogo y la concertación al centro de todo procedimiento de gestión, es una cuestión que no es fácil. Pero es clave para afianzar una conducción democrática que pretenda profundizar su contenido y no se quede sólo en una forma referencial más o en una mera formalidad. Sin embargo, no es fácil llevar a efecto dicho propósito, más aún en un medio donde no existen partidos políticos consistentes y donde la institucionalidad democrática es bastante débil porque el Estado funciona de manera limitada y no se reconoce una validez permanente a las reglas de juego con las que se intenta conducir la función pública.

Ahora bien, ¿es posible dialogar sobre una decisión ya tomada o una postura inflexible como opción de principio a fin? Tal pareciera ser la situación que ha estado en juego cuando la discusión se tornó sobre “Conga va” (minería sí) o “Conga no va” (minería no), cuestiones afirmadas tanto por el presidente Humala y minera Yanacocha (en el primer caso) y los líderes de Cajamarca (en el segundo caso). Porque no se trata de que el diálogo se reduce a cómo yo busco convencer al otro de mi opinión y sacarla adelante solamente; se trata de cómo uno tiene la capacidad de incorporar en su respectiva propuesta, la propuesta que considero menos válida (por cierto la del contrario). Dilucidando por qué es valido lo que uno defiende y cómo se relaciona con los planes de gobierno que se tiene entre manos como responsabilidad.

En todo esto, vemos que las dificultades pueden ser a la vez oportunidades y posibilidad de desarrollar canales adecuados para resolver conflictos; posesionarse más cerca de la población en cuanto a sus demandas y sentimientos; generar conciencia de que todos somos responsables de los pasos que podemos dar y dejar de dar. Que vivimos también en un mundo de negocios donde las inversiones buscan generar ganancias para que tengan sentido, lo cual supone entablar criterios de responsabilidad compartida con el medio ambiente local, las necesidades de la población involucrada y la manera cómo se aprovechan los recursos naturales.

A lo que vamos es a que los conflictos que están emergiendo (viejos y nuevos) por distintos puntos del país –más allá de Cajamarca- tienen que ver con un debate más de fondo pendiente en nuestro país. ¿Qué significa la responsabilidad social hoy en el país, como cuestión que nos implica a todos y debe abarcar una complejidad mayor? No sólo debe ser un tema de políticas sociales o beneficios económicos (por ejemplo, el canon) que se otorga, o quedar reducido a un tema propagandístico. ¿De qué modo nos afecta a todos el hecho de que se busque soluciones debidamente técnicas al manejo de los recursos naturales (y otros) que recojan activamente las necesidades de las poblaciones?

¿De que manera el Estado juega un papel más neutral frente a las partes en conflicto y desarrolla la capacidad de facilitar elementos de juicio para que se puedan tomar las mejores decisiones? ¿De qué manera el Estado puede, en todo caso, empoderar mejor a las poblaciones en conflicto para negociar en condiciones de mayor equilibrio frente a empresas transnacionales con mucho poder? ¿Cómo se revisan las políticas públicas pertinentes y se piensan más allá de los impuestos que pueden corresponder a cada actividad económica y se pone como preocupación central el cómo se hace y el cómo se relaciona con la población? ¿Cómo damos mayor institucionalidad a todos estos vaivenes, los cuales se viven en pequeño en muchos aspectos de los cuales recién empezamos a hacernos conscientes?

De hecho, algo falla cuando sectores muy importantes de la población se resisten a algo y salen a protestar. Uno diría pero con el gobierno de Humala no debía darse esas protestas porque él salió elegido con los votos de esas poblaciones. Lo que la historia también enseña es que dichas circunstancias suelen multiplicar las expectativas de cambio y de mejora en muchos sectores de la población. Por tanto, dirigentes populares como autoridades a todo nivel tienen que manejarse con mucho tacto de cómo se satisface ciertas demandas claves y se combina con políticas sociales, acompañando todo ello de inversiones más de fondo (educación, salud, etc.) y el dinamismo de los mercados para facilitar también la inversión privada y la posibilidad de generación de empleo e iniciativas de emprendedurismo a todo nivel.

Volviendo sobre el tema de Conga, las cuestiones importantes serán de cómo la gente siente que la minería le beneficia. Cómo el agua, recurso tan vital, no va a desaparecer por la presencia de la mina. Cuestión que le va a permitir seguir en sus actividades agropecuarias e incrementar mejor sus ingresos (y no sólo inflación de precios que le afectan). Que los cambios climáticos son de responsabilidad más amplia pero, donde el tema ecológico, tiene que ser mejor tomado en cuenta y asumido más allá de la formalidad de un EIA (estudio de impacto ambiental). Cómo la población siente que son parte de las decisiones y no solamente piezas de un juego de justificación de negocios privados. El diálogo bien realizado, así demore un poco más las decisiones, serán mejores decisiones y gestación de una cultura distinta para afrontar los conflictos y las decisiones de fondo.

Guillermo Valera Moreno
Lima, 4 de diciembre de 2011