Hay sectores de la población que se van convenciendo que hacer una movilización puede valer más argumentos que 10 memoriales juntos, incluso para defender las playas veraniegas de los alrededores de Paita en Piura u otros lares. Es cierto que de por medio están no sólo veraneantes poseedores de alguna casita de playa y asiduos disfrutadores acuáticos del mar de Grau. Más importante puede ser la gente que vive de los recursos marinos –dígase los pescadores de distinto tamaño- que pueblan desde fechas inmemoriales algunas zonas del litoral y viven de dichos recursos. Legítimamente defendibles y necesario de retomar atención sobre sus derechos.
Del mismo modo, con diferentes detonantes, lo han hecho en diversos años aquellos que reaccionan frente al abuso de invasión de sus territorios, como ha sido la experiencia con diversas empresas mineras o petroleras, las cuales, por no considerar las buenas formas y “las buenas costumbres” para concordar criterios de explotación de los recursos naturales, han terminado derivando en diversos conflictos sociales, llamados algunas veces socio-ambientales, de intereses sobre la propiedad y uso de los recursos naturales, o la llamada “consulta previa” que existe como ley pero se aplica con tantas dificultades que no termina de ser un real instrumento para ayudar a negociar los temas que compromete.
De ellos se han derivado situaciones que, en los últimos años, marcaron la experiencia política de nuestro país. Uno de ellos fue el llamado conflicto de Bagua, el cual condujo a una catástrofe de muertes inútiles (más de 30), donde la responsabilidad política y negligencia de las autoridades comprometidas desencadenaron lo que se veía como obvio. Ello trajo consigo, como era natural, la búsqueda de responsabilidades y el deslinde de hechos que nos devolvieron al drama adicional sobre qué tan integrados estamos como país y cómo ciertas poblaciones indígenas siguen desconfiando (muchas veces con razón) de su condición de ciudadanos con iguales derechos.
Santiago Manuin, líder indígena Awajun, no murió de milagro en esa gresca, luego de ser baleado y rescatado agonizante. La intervención relativamente diligente que tuvo, hizo posible que no muriera, aunque dolencias como la diabetes que se ensañaron en él, posteriormente, le han llevado a perder una pierna y la movilidad que tenía como dirigente. Sin embargo, le habrá alegrado una primera sentencia habida en los últimos días declarando a favor de los pobladores Awajun y Wampis enjuiciados. Es probable que sea todavía necesaria alguna investigación adicional y establecer algunas otras responsabilidades individuales. Ojalá este casi nos ayude a poder confiar mejor en el sistema de justicia y cerrar el mismo con la sensación de que se hace justicia y las cosas no quedan impunes.
Como lo anterior uno podría mencionar casos diversos que, por falta de un Estado más capaz en plantear las condiciones de negociación con los implicados, termina sesgando la defensa de derechos hacia quienes manejan el poder económico y, con corrupción o sin ella, se desampara a los más débiles, dígase comunidades campesinas o poblaciones indígenas. Ya es tiempo de aprender de todo ello. Esperemos que un gobierno como el de PPK, conocedor del manejo con empresas y de los tratados o acuerdos internacionales, tenga el tino para ayudar a encaminar propósitos de inversión y crecimiento económico (necesarios) con defensa de los intereses legítimos de la población, los recursos naturales (que les son vinculantes) y el medio ambiente, siendo éstos últimos –además- patrimonio de todos los peruanos.
El Acuerdo Nacional vigente aún en nuestro país podría ser un espacio de tratamiento de éstos y otros problemas y la búsqueda de soluciones más consensuadas.
Guillermo Valera Moreno
Magdalena del Mar, 25 de septiembre de 2016