No deja de llamar la atención que una entidad que surgió en la transición política del “fujimorismo” a una renovada democracia en los años 2000 – 2002, se pueda haber convertido en un capital político que cada vez valoramos más todos los peruanos y nos permite contar con un foro permanente para hacer viable políticas de Estado. Nos referimos al aún llamado así “Acuerdo Nacional”.

Es normal que entidades de éste tipo se constituyan para ayudar a las transiciones políticas, de modo especial cuando se ha tenido una larga (o no tan larga, según como se le vea) dictadura militar o civil, o cosa equivalente como lo que nos tocó vivir con el llamado “fujimorismo”. En Chile, Argentina, Uruguay y otros países se vivió a su modo la transición de experiencias de gobiernos dictatoriales o autoritarios. España es un caso muy referencial después de los 40 años de la dictadura Franquista. En el caso de Perú se trata de una reincidencia ya que nos tocó vivir en tiempos diferentes una dictadura militar (en los años ‘70s) y una posterior cuasi dictadura civil – militar (en los años ‘90s).

Suele ser que, cuando se estabiliza el funcionamiento del sistema político, las “comisiones” o fórmulas que ayudaron a la transición pasaban a quedar sin efecto. En el caso del Perú, alrededor del año 2000 se gestó una instancia (el Acuerdo Nacional) que se continuó valorando como un espacio de diálogo político, confluyente de la mayor parte de fuerzas políticas y, desde la cual, se logró gestar consensos muy significativos a diverso nivel, en especial, con la formulación de políticas de Estado que pudieran ser referenciales a todos los actores sociales y políticos, pese a no ser de carácter vinculante.

En ese sentido, el Acuerdo Nacional pasó a complementar de modo muy interesante a organismos como el Congreso de la República, como ámbito para el necesario diálogo sobre problemas nacionales claves y desde el cual se siguió trabajando necesarios puntos de concordancia sobre temas diversos. Permitiéndose que prime en él un interés por dar salidas adecuadas a temas de común interés y puntos que requieren de horizontes de mediano y largo plazo, como sana proyección de políticas estatales y de gobierno.

Ya son 34 las políticas de Estado que se encuentran consensuadas y, quiérase o no, son una referencia ineludible para plantearse la gestión de gobierno en nuestro país. Por ello, entre otras cosas, sería muy importante (y deseable) que para las siguientes elecciones generales del 2016, todas las fuerzas políticas pudieran alinear sus respectivos planes de gobierno en torno a dichas 34 políticas. Ellas no agotan la realidad del país (ni su problemática) pero son un marco desde el cual nos debiéramos acostumbrar a debatir. Centrando la atención no tanto ya en qué es lo que hay que hacer, sino el cómo debiéramos hacerlo, entendiendo que existe concordancia sobre unos mínimos recogidos en las políticas de estado en mención.

Al propio Estado (desde el gobierno de turno) le cabe la responsabilidad por poner el máximo de atención en cómo se viabiliza su cumplimiento, gestión, recursos, acuerdos complementarios y otros para que las cosas avancen en la misma dirección, entendiendo que no es una “camisa de fuerza” pero es algo muy necesario para alimentar un norte común desde nuestra propia historia. A la sociedad civil también nos corresponde tomar responsabilidad directa en dicho propósito, tanto para recordar su cumplimiento, alimentar el desarrollo de las actuales políticas ya establecidas, aportar al desarrollo eventual de nuevas y ejercitarlas desde los espacios en los que nos movemos cotidianamente (la familia, la escuela, el trabajo, las universidades, el barrio, entre otros).

Ojala, desde el Ministerio de Educación en especial, haya un interés más directo en incorporar dichas orientaciones, metodología y significado de instancias como El Acuerdo Nacional en la manera como debemos construir la política, su quehacer y el interés público y de país que corresponde, superando esa mirada tan negativa de robo y corrupción a la que está tan asociada la política (y con razón).

De alguna manera, el Acuerdo Nacional es algo que a todos nos compete (o debería). Cada uno podrá revisar lo que le puede corresponder y colaborar en dicho propósito. Una gran cuestión es hacer del Acuerdo Nacional una referencialidad válida y hasta un pretexto para las decisiones y proyectos que nos corresponda encaminar. Alimentando desde ello un marcado sentido de solidaridad para encaminarlo y un sentido de indignación para exigir su cumplimiento.

Guillermo Valera Moreno
Magdalena del Mar, 6 de mayo de 2015