¿Son posibles horizontes compartidos?

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Se suele considerar las elecciones regionales y municipales como eventos más vecinales y es real; al plantear elección de autoridades en circunscripciones electorales más específicas y acotadas, permiten una mayor cercanía con el electorado, lo cual resulta positivo para efectos del control ciudadano y posibilidad de fiscalización.

Es importante, de otro lado, que vayamos generando una sana costumbre de “elegir a nuestras autoridades” de modo consecutivo. Que nos vayamos acostumbrando sobre la existencia de reglas de juego y procedimientos para decidir sobre quiénes deben de representarnos en el gobierno, al nivel que corresponda. Más aún, si se trata de autoridades del gobierno nacional y con una rotación de líderes diversos como volveremos a tener el 2016.

Parece algo obvio, pero nuestra historia republicana está plagada de circunstancias distintas. Sin ir muy lejos, en los últimos 50 años, tuvimos la dictadura militar de Manuel Odría (1948-56); le siguió el segundo gobierno de Manuel Prado (1956-62), el mismo que no concluyó por un golpe militar que convocó elecciones un año después, ascendiendo Fernando Belaúnde (1963-68); éste no concluyó tampoco su mandato, por un nuevo golpe militar que se perennizó 12 años (a través de Juan Velazco y Francisco Morales Bermúdez). En 1980 regresó nuevamente Fernando Belaúnde (1980-85), seguido de Alan García (1985-90) y Fujimori (1990-2000).

Éste último volvió a interrumpir la democracia con un auto golpe en 1992, generando una democracia figurativa y autoritaria, basada en su alianza con los militares y el Fondo Monetario Internacional. La democracia sólo se recuperaría por el desborde que tuvo la corrupción y las denuncias a las que se dio lugar, trayendo consigo la huida del país del entonces presidente Fujimori y su renuncia por fax. A partir de allí, se siguió una importante secuencia de gobiernos de origen y conducta democrática más consecuente, con Valentín Paniagua (2000-01), Alejandro Toledo (2001-06), Alan García (2006-11) y Ollanta Humala (2011-16).

Si todo sigue adecuadamente encaminado y las instituciones del Estado y de la sociedad civil se fortalecen, tendremos (como muy pocas veces) un quinto mandato consecutivo, transferido con los usos democráticos correspondientes. A ello también colabora que haya elecciones y continuidades electorales como las habidas el 5 de octubre pasado, más allá de quiénes resultaron elegidos. Vamos creando conciencia de alternancia, de que “mi voto” vale para decidir, de que puede ser uno mismo, eventualmente, candidato y ganar (o perder) una elección.

Lo anterior no resuelve todos los temas de una elección ni el tipo de autoridades que finalmente resultan electas. De hecho, pese a lo que significó la corrupción durante la década fujimorista y la condena unánime que tuvo de casi toda la sociedad peruana, vemos que no han dejado de reproducirse corruptos de todo tamaño, origen y emprendimiento. Sigue siendo un problema latente. Digno de plantearse políticas más serias de parte del gobierno central y a todo nivel del Estado y de la sociedad. No puede ser que aceptemos como normal que la gente robe cuando se hace de un cargo; confundir lo que es legal con lo que atenta el interés público; o aceptarse temas como la coima porque “todos lo hacen” y “así funciona la cosa”. De hecho, ello no es nuevo y es algo con lo que se lidia también en la esfera privada y en el mundo empresarial, lo cual muchas veces ha llevado al fracaso a organizaciones como lo fue el poderoso cooperativismo cafetalero en su momento.

Incluso, junto con la mayor conciencia ciudadana que puede haber, por la continuidad electoral que vamos teniendo, emergen otras deformaciones como la existencia de verdaderas mafias que buscan hacerse del poder para lucrar del Estado; para servir a intereses privados diversos y generar redes de delincuencia y narcotráfico que faciliten sus operaciones. En ello compiten (y a veces se confunden) otros temas sociales como el de las explotaciones mineras y petroleras, siendo el caso de Cajamarca el más saltante (con su reelecto presidente regional, Gregorio Santos). Temas políticos como el de la propia regionalización y la sensación de que Lima sigue actuando tan centralistamente como siempre, proceso que no se ha sabido continuar de modo adecuado con el gobierno actual.

En ese tinglado, un nuevo acuerdo entre fuerzas políticas para plantearse un derrotero más convergente como país, al estilo del Acuerdo Nacional (firmado hace tres lustros) podría ser pertinente y deseable. ¿Será posible? Después de dos siglos de República, ¿qué país les queremos entregar a las nuevas generaciones? ¿Podremos dar una respuesta con horizontes compartidos?

Guillermo Valera Moreno
Magdalena del Mar, 12 de octubre de 2014

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